Felipe Fragoso Saavedra
Expediente 324/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 324/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Felipe Fragoso Saavedra
Actuaciones
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso d), en relación con el 86, de la citada Ley de Amparo, contra el proveído emitido dentro del presente juicio de amparo, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación invocada, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, y se ordena archivar el presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. Por otra parte, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordeno su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa por este conducto se procede a notificar el proveído de veinticuatro de marzo actual, que en lo conducente dice: Por recibido el oficio signado por el Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato, mediante el cual rinde informe justificado y hace distintas manifestaciones. Sobre el particular, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde. De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la citada ley, téngase por ofrecida, exhibida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que la autoridad adjuntó al citado oficio. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda los presentes autos, se advierte que mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Partes Común de los Juzgados Quinto, Sexto y Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, residentes en Celaya, y turnado a este Órgano Jurisdiccional el día siguiente, ***, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Juez de Oralidad Penal, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato, y otras autoridades, mismo que se admitió a trámite el nueve de marzo de dos mil diecisiete, por el acto que se indica: De la lectura de dicha demanda se advirtió que el quejoso se dolía de la privación ilegal de la libertad, por parte del Director de Seguridad Pública (barandilla), toda vez que después de ser detenido por Agentes de la Policía Ministerial de Apaseo el Grande, Guanajuato, y dejado en barandilla no se respetaba el trámite de la ley, para ese tipo de casos, o bien, puesto a disposición del Agente del Ministerio Público correspondiente. Lo cual consideró el quejoso violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Respecto a lo anterior, el Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, al rendir su informe justificado niega el acto que se le atribuye, afirmando que el ocho de marzo de dos mil diecisiete, el quejoso Felipe Fragoso Saavedra, fue detenido por Agentes de la Policía Ministerial a su cargo, y que al realizarle una revisión física se le encontraron diversos narcóticos, un cartucho útil y uno percutido, siendo puesto a disposición del Agente del Ministerio Público I, dentro de los separos de la Dirección de Seguridad Pública, mediante oficio AIC/372/2017, el cual anexa en copia simple. Documental a la cual con fundamento en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, parte final, se le concede pleno valor probatorio. En mérito de lo anterior, este Órgano de Control Constitucional, advierte de oficio, de manera indudable y manifiesta, la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, acorde con las razones jurídicas siguientes: El precepto legal y fracción invocados con antelación, literalmente disponen: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción mencionados, se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto reclamado en la vía de amparo, pero además con su actuación destruye todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En la especie es evidente que el acto reclamado en esta vía cesaron los efectos reclamados, toda vez que el quejoso Felipe Fragoso Saavedra, en fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete, fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público I, de Apaseo el Grande, Guanajuato, ya que al realizarle una revisión física por parte de los Agentes de la Policía Ministerial, se le encontraron diversos narcóticos, un cartucho útil y uno percutido. De ahí que el acto reclamado (privación de libertad sin causa justificada) quedó sin efectos. Lo que provoca que jurídicamente no sea posible abordar el estudio de las omisiones referidas, ya que la causa de improcedencia en examen se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total e incondicional, restituyendo a la quejosa en el goce de la garantía infringida, tal y como sucede en la especie. En mérito de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XLIX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, abril de 1988, materia Común, visible a página 242, del siguiente tenor: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". También resulta aplicable la tesis de Jurisprudencia 2a./J.9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, febrero de 1998, consultable en la página 210, del siguiente contenido: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así mismo, es ilustrativa la tesis II.1o.C.T.217K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, octubre de 1994, página 313, de rubro y texto siguiente: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." Atento al contenido del artículo 17, segundo párrafo, primera parte, Constitucional, resulta innecesario esperar a que llegue la fecha que se encuentra señalada en el juicio en que se actúa para que tenga verificativo la audiencia constitucional y ahí mismo se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado; ello en atención a que con independencia de que sea en este momento o cuando tenga verificativo la audiencia constitucional, el sentido de la determinación tomada no cambiaría, motivo por el cual procede el sobreseimiento apuntado, fuera de la audiencia constitucional. Es aplicable la Jurisprudencia número 10/2003, emitida al resolver la Contradicción de Tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de fecha siete de febrero del dos mil tres, por unanimidad de votos, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del dos mil tres; cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, haciéndoles saber que por los motivos expuestos, no tendrá verificativo la audiencia constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas con dos minutos del dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Por lo expuesto y fundado en los artículos 61 fracción XXI y 63 fracción V, 73, 74, 75 y 217, aplicables y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.- SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, de conformidad con las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Vistos los presentes autos se advierte que aún no obra el informe justificado solicitado a las autoridades responsables Director de Seguridad Pública Municipal (barandilla), y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, ambos residentes en Apaseo el Grande, Guanajuato, ni el acuse de recibo con el que se les solicitó. DIFERIMIENTO. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con dos minutos del dieciocho de abril de dos mil diecisiete, para que la misma tenga verificativo.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve *** mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez de Oralidad Penal, Agentes del Ministerio Público Investigadores del Fuero Común I y II, Y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, todos con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato; Juez de Oralidad Penal, Agentes Investigadores del Ministerio Público del Fuero Común I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, Agencia del Ministerio Público denominada PULL, y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, y Subprocurador de la Región "C" de la Procuraduría General de Justicia del Estado, todos con residencia en Celaya, Guanajuato; Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE) y Procurador General de Justicia del Estado, ambos con sede en Guanajuato, Capital, por violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los que se hacen consistir en una detención ilegal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 324/2017-II.1, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Ahora, no obstante, que el quejoso manifiesta en su demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, que se encuentra incomunicado en barandilla de la Policía Municipal de Apaseo el Grande, Guanajuato, no es el caso de proceder conforme a las reglas que para este tipo de asuntos dispone el artículo 15 de la Ley de Amparo, dado que Felipe Fragoso Saavedra, firma dicha demanda. Circunstancia que implica que tiene contacto con familiares o terceros que lo asistan, pero sobre todo que no está incomunicado. Asimismo, toda vez que de los antecedentes de la demanda se advierte que Felipe Fragoso Saavedra, el día ocho de marzo de dos mil diecisiete, a las diecinueve horas, fue detenido por elementos de la Policía Ministerial y llevado a barandilla de Apaseo el Grande, Guanajuato. Bajo ese escenario, con fundamento en los artículos 5°, fracción II, en relación con el 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de autoridad responsable en el presente juicio de amparo al Director de Seguridad Pública Municipal, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato, por ser el encargado de lo que el solicitante de amparo denomina como "barandilla" de Apaseo el Grande, Guanajuato.l Sin perjuicio de que una vez rendido el informe que corresponda a las citadas como responsables, se advierta la participación de diversa autoridad en la emisión o ejecución del acto reclamado, se proveerá lo que en derecho sea procedente en cuanto a la ampliación de la demanda de amparo. Por tanto, conforme a los artículos 112, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, SE ADMITE la demanda de amparo promovida por Felipe Fragoso Saavedra, contra actos del Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, y Director de Seguridad Pública Municipal, ambos con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, deberán rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita; sin embargo, deberán de tomar en consideración el artículo 25, 1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra establece: "Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su respetivo informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Apercibidas que de ser omisas en rendir su informe justificado, se les impondrá una multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la citada Ley de Amparo. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para llevar a cabo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el presente juicio de amparo. Ello a virtud de que las labores del juzgado así lo permiten y para favorecer la pronta impartición de justicia a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con apoyo en el artículo 75 de la Ley de la Materia, se requiere a las autoridades responsables, para que en caso de ser cierto el acto que se les atribuye, en el mismo lapso de tiempo concedido en el párrafo que antecede, remitan a este Juzgado Federal, copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias que tomaron en consideración para la emisión del acto reclamado, o bien, manifiesten el impedimento legal que tienen para ello, apercibidas que de no hacer manifestación alguna o no rendir su informe justificado, se les impondrá una multa, en términos del artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual manera, se ordena requerir a las autoridades responsables, para que en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, informen de inmediato a este órgano de control constitucional, si durante el trámite del presente juicio de amparo, se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento en el mismo, en especial si por cualquier circunstancia se da un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por la fracción XVII, del numeral 61, del mismo ordenamiento legal; bajo el apercibimiento que de no cumplir con la anterior obligación, se le impondrá a la autoridad que incumpla una multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Tomando en consideración que los actos reclamados están relacionados con la detención ilegal de ***, con apoyo en el artículo 164, párrafo primero, de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO de los mismos, esto es, para el efecto de que sí la detención de que fue objeto no tiene relación con la comisión de un delito, sea puesto en inmediata libertad; de lo contrario, es decir, que sí la tenga deberá ser puesto a disposición del Ministerio Público. La medida cautelar en cita no surtirá efectos en favor del quejoso sí se le sorprende en flagrante delito, o bien, si se trata de cumplimentar una orden de detención, presentación, aprehensión o reaprehensión dictada por autoridad distinta de las señaladas por el peticionario del amparo. Al respecto resulta aplicable la tesis 1a./J. 58/2016 (10a.), que en Contradicción resolviera la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, viernes 18 de noviembre de 2016 10:29 h, registro 2013066 , cuyo texto y rubro son: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta." Sin que sea necesario fijar garantía alguna para que surta efectos la presente medida cautelar, en atención a que no se advierte, de momento, la participación de algún tercero interesado. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponda. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse al quejoso copias certificadas del presente proveído, y por autorizados para recibirlas a las personas que indica en su demanda. Una vez que la persona que comparezca ante esta Secretaría para los efectos precisados en supralíneas, deberá hacerlo debidamente identificada con credencial oficial vigente con fotografía, y una vez hecho lo anterior, se asentara la razón de recibo correspondiente. Se comunica a las partes, que en términos de la Circular 12/2009, signada por el Secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante, en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Es aplicable a lo anterior la Tesis: I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1830 del libro 17, Abril de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el número de registro: 2008986, Materia común que establece: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran." Dado que resulta un hecho notorio para este Órgano de Control Constitucional, que generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este Juzgado Federal, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes, obstaculizando el manejo físico y estudio de los mismos, y dado que el artículo 28 de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado por los medios correspondientes, o bien a través del funcionario adscrito designado para ello, quien recabará recibo de los mismos, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Luego, a fin de evitar el exceso que se menciona, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y/o terceras interesadas, que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación proveniente de este Tribunal Federal, salvo aquéllos casos en los que de manera expresa les sea solicitado acuse de recibo. Se hace del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando Décimo Quinto del Reglamento de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ***de esta ciudad. Asimismo, se tiene como autorizado de su parte al licenciado ***, en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo; y, a ***, en términos restringidos de dicho numeral. Lo anterior, en atención al decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre ellas la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.
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