Felipe Escobar Pineda y Otros.

Expediente 535/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
535/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
27/04/2023

Partes del expediente

  • Felipe Escobar Pineda y Otros.
  • Arturo Martínez Oliva
  • Felipe Escobar Pineda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Se autoriza el acceso al expediente electrónico al Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia de terminada de engrosar el diez de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se negó el amparo, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado ejecutoria; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Se hace constar que este juicio carece es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa no se encontraron valores ni documentos originales exhibidos por las partes. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN - una vez transcurran tres años- al haberse negado la protección constitucional y carecer de relevancia documental. Al resultar innecesaria la conservación del disco remitido por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número nueve, devuélvasele sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  3. Principal

    CITATORIO.-Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte tercero interesados ANDRES EFREN LUNA V y ANDREA CABRERA RUIZ la resolución de diez de noviembre del año en curso, que en lo conducente dice: "VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a . por los fundamentos y motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente." toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.

  4. Principal

    AVISO.Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa la resolución de diez de noviembre del año en curso, que en lo conducente dice: "1 VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 535/2021; y, RESULTANDO: ÚNICO. El treinta de junio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo que . defensores particulares de ., presentaron oportunamente; tramitado el juicio, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio, conforme con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; así como, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. El acto reclamado lo constituye el auto de vinculación a proceso de once de junio dos mil veintiuno, que atribuyeron a la licenciada Elizabeth Alejandra Flores Gaytán, Juez de Control Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Nueve. Autoridad que aceptó el acto reclamado al señalar que decretó auto de vinculación a proceso a . por los hechos que la ley señala como delito de contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis de suministro, cohecho y portación de arma de fuego sin licencia y, a . por los hechos que la ley señala como contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis de posesión con fines de comercio y cohecho, todos dentro de la carpeta judicial 009/1147/2021, lo que se acredita con el disco compacto que exhibió, medio de almacenamiento digital que por tratarse de documental pública lato sensu, adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, motivo por el cual se tiene probado. TERCERO. Las partes no hicieron valer causal de improcedencia, ni este juzgador advierte la existencia de alguna. CUARTO. Para mejor comprensión del asunto, se estima pertinente destacar algunos antecedentes que originaron el acto reclamado. 1. Aproximadamente a las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos del siete de junio de dos mil veintiuno, cuando los policías Waldo René Alvarado Collazo y Juan Carlos Torres Ocampo se encontraban circulando sobre avenida Ingeniero Eduardo Molina, entre Oriente 87 y Oriente 91, colonia Nueva Tenochtitlán, alcaldía Gustavo A. Madero en esta ciudad, realizando funciones propias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, una persona del sexo femenino de aproximadamente cincuenta años, se les acercó refiriéndoles que era vecina del lugar y estaba harta de los hechos delictivos que se cometían, pues a la vuelta de Norte 80, casi esquina con Oriente 91, afuera de la segunda casa, siempre estaban personas a las que se les conoce como santeros vendiendo droga, los cuales eran muy violentos, siempre estaban armados y en ese momento su líder estaba surtiéndola, por lo que ante el temor de alguna represalia les pidió que su denuncia fuera anónima. 2. Por lo anterior, ambos servidores públicos se dirigieron a pie a corroborar el dicho de la denunciante y, al llegar alrededor de las diecisiete horas a calle Norte 80, esquina Oriente 91, a una distancia aproximada de siete metros, observaron que fuera del número 4706, se encontraba ., a quien se le asomaba entre sus ropas un arma de fuego, suministrando diversas bolsas transparentes con vegetal verde en su interior y que metió a una diversa de franjas negras con rosa que sostenía ., motivo por el cual los interceptaron y aseguraron. 3. En tal virtud, procedieron a su traslado a efecto de ponerlos a disposición del ministerio público y durante el trayecto, de manera espontánea . les dijo "polis hagan paron, ya me agarraron, la neta si me ponen me voy a chingar, mejor ayúdenme, dejenme hacer una llamada y ahorita les consigo cincuenta mil peso, así cada quien se lleva veinticinco mil, me hacen paro y no digo nada", instante en el que . les indicó "jefe no hay pedo, nosotros somos de palabra, si nos hace el paro se lleva su lana y aquí no pasó nada, nosotros le conseguimos cincuenta mil, te los damos y no hubo ningún problema". 4. Por tal motivo, la representación social inicio en su contra la carpeta de investigación . por los hechos con apariencia de los delitos de contra la salud y cohecho, por lo que hace a los dos promoventes del amparo; así como, portación de arma de fuego sin permiso contra espontánea . 5. El once de junio del año en curso, la juez de control responsable dictó auto de vinculación a proceso, respecto a . por los hechos constitutivos de los delitos de contra la salud, en su modalidad de suministro agravado, previsto y sancionado sustancialmente en los artículos 475, párrafo tercero, fracción II; 473, fracciones IV, VII y VIII, de la Ley General de Salud1; portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81, párrafo primero, en relación con el 9, fracción I de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos2; a 1"Artículo 475. Se impondrá prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a cuatrocientos días multa, a quien sin autorización comercio o suministre, aún gratuitamente, narcóticos previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla. (.) Las penas que en su caso resulten aplicables por ese delito, serán aumentadas a una mitad, cuando: (.) II. Se cometan en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, o dentro del espacio comprendido en un radio que diste a menos de trescientos metros de los límites de la colindancia del mismo con quienes a ellos acudan, o (.) "Artículo 473. Para los efectos de este capítulo se entenderá por: (.) V. Narcóticos: los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen esta Ley, los convenios o tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia: (.) VII. Suministro: la transmisión material de forma directa o indirecta, por cualquier concepto, de la tenencia de narcóticos, y VIII. Tabla: la relación de narcóticos y la orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato prevista en el artículo 479 de esta Ley." 2"Artículo 81. Se sancionará con penas de tres a ocho años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente." . por hechos constitutivos de los delitos de contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio, previsto y sancionado en los numerales 476, 473, fracciones V, VI y VII de la Ley General de Salud3 y, a ambos por los hechos con apariencia del delito de cohecho previsto y sancionado en el ordinal 278, fracción I del Código Penal para la Ciudad de México4 -acto reclamado-. La parte quejosa señaló que dicha resolución vulnera en su perjuicio los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la juez de control: 1. Inadvirtió que el órgano acusador no ofertó datos de pruebas suficientes, pertinentes e idóneos para acreditar los hechos con apariencia de los delitos que se les atribuyen. "Artículo 9. Pueden poseerse o potarse, en los términos y con las limitaciones establecidas por esta Ley, armas de las características siguientes: I. Pistolas de funcionamiento semi-automático de calibre no superior al .380 (9mm.), quedando exceptuadas las pistolas calibres .38 Super y .38 Comando, y también en calibre 9mm. Las Mausser, Luger, Parabellum y Comando, así como los modelos similares del mismo calibre de las exceptuadas, de otras marcas." 3"Artículo 476. Se impondrá de tres a seis años de prisión y de ochenta a trescientos días multa, al que posea algún narcótico de los señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización correspondientes a que se refiere esta Ley, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos, aún gratuitamente. "Artículo 473. Para los efectos de este capítulo se entenderá por: (.) V. Narcóticos: los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen esta Ley, los convenios o tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia: VI. Posesión: la tenencia material de narcóticos o cuando éstos están dentro del radio de acción y disponibilidad de la persona: VII. Suministro: la transmisión material de forma directa o indirecta, por cualquier concepto, de la tenencia de narcóticos, y VIII. Tabla: la relación de narcóticos y la orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato prevista en el artículo 479 de esta Ley." 4"Artículo 278. Al particular que de manera espontánea le ofrezca dinero o cualquier dádiva u otorgue promesa a un servidor público o a interpósita persona, para que dicho servidor haga u omita algún acto relacionado con sus funciones, se les impondrán las siguientes sanciones: I. De seis a tres años de prisión y de veinte a doscientos días multa cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente a cien veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable; o." 2. Reclasificó el hecho con apariencia del delito de narcomenudeo en su hipótesis de suministro agravado, no obstante que no se acreditó la existencia de centros escolares, asistenciales o policiacos y, que el narcótico fuera adquirido por personas que tiene injerencia en dichos lugares. 3. No existe dato alguno en torno a que a los peticionarios del amparo ofrecieron dinero para que no fueran llevados ante las autoridades correspondientes, por el contrario obra la declaración de los imputados que se sitúan en circunstancias de modo, tiempo y lugar diferentes a las narradas por el órgano técnico de investigación, lo que se corrobora con el video que fue incorporado por la testigo . del que se observa que . fue subido a un vehículo blanco y a . a uno rojo, por lo que no es factible el ofrecimiento a fin de evitar una consignación. QUINTO. Los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen diversas garantías, entre ellas, la de legalidad, conforme a la cual, la actuación de las autoridades debe estar adecuada y suficientemente fundada y motivada5, así como efectuada dentro del marco de sus facultades legales; de seguridad jurídica, que se constituye como una prerrogativa para los gobernados de conocer, dentro del texto de la ley, cuáles son los elementos con que cuenta para hacer valer sus derechos frente a la autoridad y cuáles son las consecuencias de su inobservancia; de debido proceso, 5 Entendiéndose como tal que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable y señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. es decir, el respeto a las "formalidades esenciales del procedimiento", que implica la certeza de que el asunto se decidirá con una resolución que dirima las cuestiones planteadas; y, de presunción de inocencia que implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito atribuido, ya que dicha carga le corresponde a quien acusa. De lo anterior, se tiene que la audiencia inicial en la que se dictó el auto de vinculación a proceso, se desahogó de conformidad con lo previsto en el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales6 sin advertirse violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, ya que la responsable expuso con claridad los fundamentos legales, argumentos y razones a partir de los cuales construyó las consideraciones en que sustentan el sentido de la determinación reclamada. En efecto, la autoridad judicial analizó lo establecido en los citados preceptos al tenor de los siguientes requisitos: 6 "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." 1) Se haya formulado imputación. Requisito que se configura a cabalidad, pues del acto reclamado se advierte que la agente del ministerio público en presencia de la juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México adscrita a la Unidad de Gestión Judicial número Nueve formuló imputación contra . haciéndoles de su conocimiento que aproximadamente a las diecisiete horas del siete de junio del año en curso, sin autorización de la autoridad sanitaria, se encontraban suministrando aún gratuitamente. 163.3 gramos de marihuana a menos de trescientos metros de una primaria, hechos constitutivos de los delitos de contra la salud, en su modalidad de suministro, previsto y sancionado en los artículos 475, párrafo tercero, fracción II, en relación con el 473, fracciones IV, VII y VIII de la Ley General de Salud; así como, haber ofrecido a los elementos aprehensores cincuenta mil pesos a efecto de que no fueran llevados ante la autoridad competente, constitutivo del hecho con apariencia del delito de cohecho previsto y sancionado en el ordinal 278, párrafo primero del Código Penal para la Ciudad de México y, a . haber portado un arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81, párrafo primero y 9, fracción I de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 2) Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Posterior a la formulación de la imputación por parte de la autoridad ministerial, la juez de control dio el uso de la voz a ., previa asistencia de su defensa para preguntarles si les quedaban claros los hechos materia de la imputación que se les atribuyen y rindieron declaración de manera libre. 3) Se exprese el hecho que la ley señala como delito, estableciendo el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Este requisito se cumple en el presente asunto, puesto que la juez de control indicó dichas circunstancias, precisando que tuvieron verificativo aproximadamente a las diecisiete horas del siete de junio del año en curso, en el número 4706 de calle Norte 80, esquina Oriente 91, colonia Nueva Tenochtitlán, alcaldía Gustavo A. Madero en esta ciudad, cuando los policías Waldo René Alvarado Collazo y Juan Carlos Torres Ocampo después de recibir una denuncia ciudadana, se dirigieron a dicho sitio en donde encontraron a ., a quien se le asomaba entre sus ropas un arma de fuego, suministrando diversas bolsas transparentes con vegetal verde en su interior y que metió a una diversa de franjas negras con rosa que sostenía ., motivo por el cual los interceptaron y aseguraron y, al trasladarlos a la agencia del ministerio público correspondiente, el primero de los citados, de manera espontánea les dijo a los oficiales: "polis hagan paron, ya me agarraron, la neta si me ponen me voy a chingar, mejor ayúdenme, dejenme hacer una llamada y ahorita les consigo cincuenta mil peso, así cada quien se lleva veinticinco mil, me hacen paro y no digo nada", instante en el que . les indicó "jefe no hay pedo, nosotros somos de palabra, si nos hace el paro se lleva su lana y aquí no pasó nada, nosotros le conseguimos cincuenta mil, te los damos y no hubo ningún problema". Así, el juzgador después de realizar un ensayo argumentativo simple, logró identificar, en esos hechos, aspectos estructurales que lo llevaron a considerar con un grado de aproximación que incursionaban en el campo de lo ilícito, esto es, que tenían la apariencia de delito, cuya clasificación jurídica preliminar, estableció era la siguiente: Por el hecho constitutivo del delito de cohecho atribuibe a ambos, señaló se encuentra previsto y sancionado en el ordinal 278, fracción I del Código Penal para la Ciudad de México, relacionado con los preceptos legales 15, 17, 18 y 22 fracción I del Código Penal de esta ciudad. Respecto a ., indicó se le imputaba el hecho con apariencia de delito de contra la salud, en su modalidad de suministro agravado, previsto y sancionado sustancialmente en los artículos 475, párrafo tercero, fracción II; 473, fracciones IV, VII y VIII, de la Ley General de Salud, en relación con los diversos numerales 15, 17, 18 y 22 fracción I del Código Penal de esta entidad; portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81, párrafo primero, en relación con el 9, fracción I de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en relación con los numerales 7, 8, 9 y 13, fracción II del Código Penal Federal. En cuanto a ., estableció que los hechos eran constitutivos del delito de contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio, previsto y sancionado en los numerales 476, 473, fracciones V, en concordancia con los artículos 15, 17, 18 y 22 fracción I del Código Penal de esta entidad, no así de suministro. 4) Se dicte por el hecho que fue motivo de la imputación. La juez de control al emitir el auto de vinculación a proceso se ciñó a los hechos que motivaron la imputación, tal y como fueron narrados por el agente del ministerio público, sin variarlos o complementarlos, haber introducido nuevos temas que no fueron materia de discusión, ni tomando en cuenta el contenido de la carpeta de investigación, resolviendo sólo conforme a lo que expusieron la representación social y su defensa.7 En consecuencia, deviene infundado el segundo concepto de violación consistente en que la autoridad reclasificó el hecho a narcomenudeo en su hipótesis de suministro agravado; habida cuenta que la autoridad judicial responsable lo único que reclasificó fue el encuadramiento jurídico del hecho atribuido a ., no el hecho en sí, circunstancia que no vulnera derecho alguno en su contra, toda vez que el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta al juez de control otorgar una clasificación distinta a los hechos que fueron motivo de la imputación realizada por el órgano técnico de investigación8, siendo que en el caso, se itera, ello 7 Jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Materia Constitucional, Penal, visible a página 2377, cuyo rubro es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRA-ARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)." 8 Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J.30/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 204, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 79, octubre de 2020, tomo I, Décima Época, materia penal, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "MODIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL HECHO DELICTIVO MATERIA DE LA IMPUTACIÓN. LA FACULTAD DEL JUEZ DE CONTROL AL únicamente aconteció en relación a la hipótesis del injusto, no al hecho, pues sin variar la imputación, estableció que por lo que hacía a . se le atribuía el hecho con apariencia del delito de contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio, porque . fue el que le entregó a aquel la bolsa de plástico con franjas negras con rosa que en su interior contenía cincuenta tres envoltorios, siendo así que indicó, poseyó los citados narcóticos en términos del artículo 476 de la Ley General de Salud. Lo anterior, toda vez que los hechos materia de la imputación que formula el ministerio público constituye el límite de la actividad jurisdiccional, de modo que por regla general, motu proprio, el juez de control no puede variar los hechos para modificar su clasificación, pues al hacerlo ejercería funciones de órgano acusador, lo que implicaría reunir dos funciones antagónicas en una sola personas, en clara transgresión a la naturaleza del sistema. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.31/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, tomo I, página 201, de rubro siguiente: "MODIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL HECHO DELICTIVO MATERIA DE LA IMPUTACIÓN. LA FACULTAD DEL JUEZ DE CONTROL AL DICTAR AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN QUE RIGE EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO (INTERPRETACIÓN DEL PENÚLTIMO DICTAR AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD, EN SU VERTIENTE DE DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES (INTERPRETACIÓN DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). 5) Se expresen los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La juzgadora, a partir de la relatoría de los hechos por parte del agente del ministerio público, determinó que se tuvieron por colmados los requisitos constitucionales relativos al establecimiento de que se han cometido diversos hechos que la ley señale como delito; y, que existe la probabilidad de que los imputados los cometieron o participaron en su comisión, sin que hubiese realizado juicio de valor alguno en relación con los datos de prueba expresados por la representación social ni los de aportado de la defensa, toda vez que, es hasta la etapa de juicio en la que, con igualdad de condiciones, se lleva a cabo la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso.9 De aquí que, resulte incorrecto hablar de suficiencia probatoria, pues de hacerlo, se rebasarían las directrices constitucionales que rigen el sistema penal acusatorio, ya que en esta estancia, se itera, sólo se cuenta con datos y no propiamente con pruebas, debiendo el juez de control sujetarse a los antecedentes de la investigación que expresa la autoridad ministerial y 9 Jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro electrónico 2014800, de texto y rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). en su caso su refutación por parte del imputado y/o su defensa, valorando su razonabilidad. En consecuencia, son infundados el primer y tercer concepto de violación atinente a que la autoridad judicial resolvió vincularlos a proceso no obstante que el ministerio público no ofertó datos de pruebas suficientes, pertinentes e idóneos para acreditar los hechos con apariencia de los delitos que se les atribuyen y que no existe dato alguno en torno a que a los peticionarios del amparo ofrecieron dinero para que no fueran llevados ante las autoridades correspondientes. Lo anterior es así, toda vez que de la interpretación de los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apartado A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la audiencia inicial el juzgador tiene la prohibición de revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria, con el fin de evitar que prejuzgue, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; de aquí que el sustento de su determinación lo constituya la valoración de la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por el representante social y, en su caso, la contraargumentación o refutación del imputado o su defensor y el decantamiento por alguna de esas hipótesis, tal como ocurrió en el caso. Siendo que en el caso, los datos de pruebas reseñados por la representación social y que la juez de control responsable estimó suficientes, pertinentes e idóneos para establecer los hechos con apariencia de los delitos imputados a los aquí quejosos consistieron en: a) entrevistas de los policías Waldo René Alvarado Collazo y Juan Carlos Torres Ocampo que refirieron la mecánica de los hechos; b) informe de policía homologado; c) inspección ocular de individuos; d) opinión técnica en materia de química forense en la que se estableció que los cincuenta tres envoltorios se trataba de cannabis marihuana, con un peso de 163.3 gramos; e) dictamen en materia de balística forense respecto de la arma encontrada a . concluyendose que era una pistola escuadra calibre 22, prevista en la fracción I, del artículo 9 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; f) treinta y un impresiones fotográficas; g) opinión en materia de arquitectura e ingeniería, en el que se establece que a trescientos metros de donde los imputados fueron detenidos existe una escuela primaria; h) informe del lugar de los hechos, un vecino se le acercó y le dijo ahí vendían droga y se encontraban personas drogandose y que a unos trescienso metros se encuentra una parroquia; i) informe de . en el sentido de que estuvo interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur por narcomenudeo, mientras que . tiene indagatoria por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y violencia familiar; j) informe de identificación donde aparecen más antecedentes de .. Ahora, si bien durante la diligencia los imputados al rendir declaración se situaron en circunstancias de modo, tiempo y lugar diferentes a las narradas por el órgano técnico de investigación y se ofreció el testimonio de Yatziri Ameyalli Martínez Ramírez, quien incorporó cinco video grabaciones a efecto de acreditar su teoría del caso, consistente en que no era factible el ofrecimiento de alguna dádiva a fin de evitar una consignación, en razón que de ellos se observa que aproximadamente veinte personas ingresaron al número 4706 de Norte 80, de donde sacaron a los imputados, siendo . subido a un vehículo blanco y . a uno rojo; no menos cierto es que, la juez de control estimó que partiendo del dicho del propio . se advierte que la citada testigo es su esposa, quien no se encontraba en el domicilio al momento de su detención y se enteró de dicha situación porque un vecino le indicó que se quedó grabada en sus cámaras. Agregando respecto al dicho de la referida testigo, que el ministerio público hizo valer algunas inconsistencias, tales como la discrepancia de la edad que se asentó un día antes en una entrevista a los defensores; que primero dijo que no la realizó el día anterior y después si; que de su dicho pareciera que extrajó el video, pero aclaró que no fue así, pues ella compró el dispositivo USB y se lo entregó al vecino, que es la persona que extrajó videograbaciones y se las entregó. Luego, indicó la responsable, ella nada más acudió a manifestar lo que se reprodujo, sin que le constaran los hechos ni la forma en que se extrajeron, pues no es perito en la materia, sino que únicamente los recibió y observó, lo que primero dijo hizo en casa de su vecino pero posteriormente afirmó que en su computadora. La juez de control continuó señalando, que al no ser Yatziri Ameyalli Martínez Ramírez perito, no puede establecer si las videograbaciones fueron alteradas o no ni cómo fueron sustraídas, por lo que en todo caso, debió haberse presentado como dato, al dueño de aquellas para estar en posiblidad de darles veracidad respecto a su origen y, a fin de tener certeza respecto a su contenido, se tuvo que verificar la posibilidad de que fueran analizadas a través de una opinión técnica en materia de videoforense y establecerser si fueron manipuladas o no, lo anterior dijo, porque la información fue vertida por una persona que no le constaron los hechos y con ello se pretende desmerecer el contenido de las entrevistas de los elementos policiacos; sin embargo, no se aportó información pertinente, suficiente e idónea que indicara que aquellos tuvierna algún sentimiento de animadversión contra las personas que detuvieron o algún motivo que diera lugar a emitir una entrevista falaz, pues sólo se aportó video que es reproducido por un testigo ajeno diferente al extractor. En suma a lo anterior, la responsable precisó que la testigo sólo refirió las personas de los videos eran su esposo y su papá por sus vestimentas, pero no logró dar mayor información respecto a sus rasgos fisónomicos de cada una de las personas que se aprecia abordan un vehículo o son detenidos y tampoco se pudieron escuchar. Concluyendo la juez de control, que al no tener certeza sobre el origen de los videos y la testigo no proporcionó información física sobre las personas que se aprecian en aquellos, no era factible desmerecer los contenidos de las entrevistas de Waldo René Alvarado Collazo y Juan Carlos Torres Ocampo, elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que participaron en la detención . No se soslaya la admisibilidad y desahogo de la testimonial y videos ofrecidos como medios de prueba por la defensa de los imputados "para el esclarecimiento de los hechos" y "la verdad histórica de lo ocurrido el siete de junio del año en curso", lo cual se encuentra reservado para otro momento procesal, en atención a que el juez de control para resolver sobre la vinculación o no a proceso del imputado, solo debe estudiar y valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social y, en su caso, la contraargumentación o refutación del imputado o su defensor, considerando ambas hipótesis o teorías del caso, respaldadas con datos de pruebas provenientes de la carpeta de investigación del ministerio público o de la investigación de la defensa y, los aportados por el imputado y su defensor. Sin embargo, la responsable atendiendo a la naturaleza de la audiencia, derechos de los imputados y privilegiando la resolución del asunto, con fundamento en los artículos 17 y 20 constitucionales estimó procedente admitir la testimonial y videos ofertados por la defensa, los cuales si bien debían valorarse domo datos de prueba, lo cierto es que en el particular, la autoridad judicial no les confirió mayor valor, pues estimó que con ellos no se aportó información que desmereciera el contenido de aquellos que integran la carpeta, entre estos, las entrevistas de los elementos aprehensores. Siendo estos últimos, precisamente los motivos por los que la representación se opuso a su desahogo, al señalar que si bien se le corrió traslado con los videos; también lo era, que se desahogarían a través de la esposa de uno de los imputados y no de su propietario de quien se dijo fue el que recabó las videograbaciones, por lo que indicó debían excluirse al no reunir las disposiciones del artículo 4, en relación con el 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de que no contaban con el registro de cadena de custodia correspondiente que diera la certeza de la forma en que se realizó la aportación, al tratarse de diversa persona el propietario, ello con el fin de garantizar las condiciones de recolección y preservación de aquellas. Adicionando que, el sistema se juega conforme a las mismas reglas para las partes, debiéndose respetar las medidas para la incorporación de los medios de prueba debidamente, sino se encuadraría en la hipótesis segunda del artículo 357 de la citada legislación, acerca de la legalidad en su incorporación y, la testigo que se ofreció no es la persona que pueda acreditar o dar cuenta sobre los videos, al no ser la propietaria sino que un tercero se las dio, sin que tampoco se le corriera cadena de custodia, la cual es obligación no solo para la fiscalía sino para la defensa. Además, debe destacarse que el auto de vinculación a proceso se trata de una etapa preliminar de la investigación en la cual no se resuelve el fondo del asunto, sino que tiene como finalidad determinar si se justifica la continuación del proceso que se ha de llevar a una etapa posterior intermedia de depuración, por ello la autoridad constitucionalmente facultada para determinar si existen datos suficientes para continuar con el proceso, es el juez de control; consecuentemente, en el amparo no se puede sustituir esa valoración. Máxime que, dicha etapa inicial dentro de la ampliación del término constitucional no es oportuna para oponer pruebas contradictorias y dar prevalencia a unas sobre otras, ya que esa evaluación queda reservada, en su caso, para la etapa intermedia, toda vez que en el sistema penal acusatorio no se otorga a las primeras etapas una fase determinante, sino se itera, meramente preliminar. Por tanto, toda vez que para el dictado de un auto de vinculación a proceso no se requiere de un cúmulo probatorio amplio, pues el ministerio público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino que sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión, por ende, si esa determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico pone de conocimiento del juez de control y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado y su defensor, deben apreciarse como indicios que sólo sirven para integrar datos, que al ser valorados como parte del ejercicio racional del juzgador, expresan el grado de credibilidad que le proporcionan; de ahí que es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo. En suma a lo anterior, cuando se dicta la citada resolución, no es momento oportuno para oponer pruebas contradictorias que obren en autos y dar prevalencia a unas sobre otras, ya que esa evaluación queda reservada, en su caso, para la etapa intermedia, toda vez que se itera, en el sistema procesal penal acusatorio no se otorga a las primeras etapas una fase determinante, sino meramente preliminar, al no resolverse el fondo del asunto, sino que su finalidad es determinar si los datos de prueba justifican la continuación del proceso que se lleva a una etapa posterior intermedia de depuración. Sin que en el caso, como quedó establecido la juez de control inadviritiera las manifestaciones de los ahora quejosos atinentes a que no ofrecieron dinero a fin de evitar una consignación; empero a juicio de la autoridad, su dicho no se encuentra soportado por algún dato de prueba, pues a efecto de establecer el origen del video no se llevó a la persona idónea y la testigo no estuvo presente en los hechos y la información que proporcionó es la que observó de los videos, respecto de los que no indicó rasgos físicos de las personas que ahí aparecen. Máxime que la investigación constituye la fase en la que se recopilan datos de pruebas, no pruebas en sí mismas, los cuales deben entenderse como el contenido o indicios probables que provienen de los actos de investigación que fueron recabados y registrados por el ministerio público para el esclarecimiento de un hecho que la ley señala como delito, por lo que la integración de la carpeta de investigación no requiere de una tarea reforzada. 6. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito. La juez de control no advirtió alguna causa de extinción de la acción penal ni causas excluyentes de los delitos previstos. Por otra parte, debe decirse que, en el presente caso no se viola en perjuicio de la parte quejosa el principio de presunción de inocencia, toda vez que, como ya ha sido expuesto en párrafos que preceden, el auto de vinculación a proceso se dicta en una etapa preliminar no determinante para el proceso penal, por lo que no hay pronunciamiento de fondo en cuanto a la culpabilidad del imputado. En efecto, el auto de vinculación a proceso tiene como única finalidad determinar preliminarmente si los datos de prueba justifican la continuación del proceso por establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado, lo cometió o participó en su comisión, como aconteció en el caso. Por lo anterior, se arriba a la conclusión de que el acto reclamado cumple con la regularidad constitucional que exigen los artículos 14, 16, 19 y 20 constitucionales, sin que se adviertan violaciones a sus derechos humanos. En consecuencia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a . por los fundamentos y motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. " toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.

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