Felipe Escobar García
Expediente 927/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 927/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Felipe Escobar García
Actuaciones
- Principal
PRAL.927/2021 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Firmeza de resolución -por no presentada-. De la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso *** interpusiera recurso de queja contra la resolución de trece de septiembre de dos mil veintiuno, por la cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no obstante su notificación el diecisiete siguiente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. II. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. III. Archivo del expediente. Considerando que en la resolución de trece de septiembre de este año se tuvo por no presentada la demanda de amparo, y en esta fecha queda firme, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. IV. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del acuerdo general en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. V. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. VI. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique 1º que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, 2º que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya agregado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese.
- Principal
pral.927/2021 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Fenece plazo para cumplir prevención. Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de cinco días concedido al quejoso *** en el proveído de uno del mes en curso, a efecto de que cumpliera con la prevención formulada, sin que lo hiciera, no obstante su notificación el dos de este mes. Por no presentada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en ese acuerdo y, ante el incumplimiento de la parte quejosa a la prevención formulada, que repercute determinantemente en la acción de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese mediante lista de acuerdos al quejoso.
- Principal
pral.927/2021.mesa-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de septiembre de dos mil veintiuno. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo depositada el treinta y uno de este mes en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, turnada a este Juzgado en la misma fecha, promovida por Felipe Escobar García, por propio derecho, contra la orden de aprehensión y su ejecución, que reclama del juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, y de otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 927/2021. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Prevención. A fin de proveer sobre su admisión, con fundamento en el artículo 108, fracción I, en relación con el 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito y con las copias necesarias del mismo, bajo protesta de decir verdad, aclare su instancia constitucional, en los términos siguientes: 1) Precise qué acto (s) es (son) el (los) que le atribuye a las autoridades que señala como responsables, es decir, si la orden de aprehensión o detención. Requerimiento que se efectúa tomando en consideración que en el capítulo relativo señala la orden de aprehensión y su ejecución; sin embargo, en el apartado de conceptos de violación de la demanda de amparo, el quejoso refirió textualmente que: "estas autoridades tratan de detenerme y privarme de mi libertad, con lo cual se me causa un acto de molestia en mi persona y en mis derechos." 2) Por otra parte, a efecto de precisar la competencia de este Juzgado (que es de orden público), bajo protesta de decir verdad, deberá indicar su domicilio particular (lugar en donde se pretende ejecutar el acto reclamado) ya que en los hechos que narra únicamente precisa que se presentaron en su domicilio particular personas que dicen ser agentes de la Fiscalía General del Estado, con el propósito de privarlo de su libertad, llevando una orden consigo; pero, en el apartado referente a su domicilio, manifiesta que fue señalado al inicio de su escrito inicial de demanda; en tanto que en el proemio del citado escrito señala para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Así como la diversa tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 393 tomo CVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con el rubro: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". Se precisa que la prevención se realiza a fin de determinar si este órgano jurisdiccional es competente para conocer de los actos reclamados; pues tal circunstancia es de orden público, y en relación con el numeral 37 de la Ley de Amparo, se aprecia que es juez competente el que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar el acto, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio y, en el caso, es en dicho lugar donde el quejoso asegura que se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado. 3.1. Apercibimiento. En el entendido que de no cumplir con la prevención formulada dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. 3.2. Hechos falsos. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que la Ley de Amparo, en su artículo 261, fracción I, sanciona la afirmación de hechos falsos en relación con el acto reclamado, esto es, aportar datos que no le conste con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida; motivo por el cual se le exhorta que, al cumplir con la prevención antes formulada, se conduzca con verdad. 4. Forma de recibir notificaciones. Debido a que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de acuerdos y notificaciones, los estrados de este Juzgado; con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en este asunto, hágansele mediante lista de acuerdos, como así lo ilustra la tesis XXII.1o. 22 K. publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". 4.1 Autorizados para recibir notificaciones. Se tienen por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a Eduardo González Aparicio y Otilio Silva Sánchez Con la precisión que no se concede autorización en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, debido a que no se encontró registro a su favor en la base de datos del sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales (http://ciber.cjf.gob.mx/RegProf), como se hizo constar en la certificación de cuenta. Aunado a que en la demanda tampoco se señalaron datos con los que tales personas acrediten su profesión de licenciados en derecho o abogados. Sin embargo, una vez que acrediten tal carácter con la información o documental idónea, si es que a sus intereses así conviene, se les tendrá por autorizados en los términos amplios que establece el numeral indicado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. VIII/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 77, agosto de 2020, tomo V, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, con registro 2021840, de rubro: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. 5. Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Con apoyo en los artículos 22, 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en su vigencia por el diverso 9/2021, se exhorta a la parte quejosa para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrán llevar a cabo en cualquier momento. 6. Precisión. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que respecto a cuestiones relativas a la a) atención al público en general, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación en listas, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberán estarse a lo indicado en el citado acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones que en su caso se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 10. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 11. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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