Felipe de la Cruz Díaz García
Expediente 2188/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2188/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Felipe de la Cruz Díaz García
Actuaciones
- Principal
V I S T O S los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo 2188/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y; (...) En consecuencia, ante lo fundado del concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, procede conceder el amparo y protección de la justicia Federal, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. La presente resolución se emite a pesar de que no ha transcurrido el plazo de ocho días que otorga el artículo 117 de la Ley Amparo a las partes, para imponerse del contenido del informe con justificación rendido por la responsable; sin embargo, retrasar el dictado de la sentencia por un aspecto formal permitirá la subsistencia de un acto que vulnera el derecho humano de impartición de justicia. Por las razones que la integran, apoya lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS." SÉPTIMO. Efectos de la protección constitucional El amparo que se concede es para el efecto de que la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado realice lo siguiente: a) De vista a la parte demandada (aquí tercera interesada) respecto la razón actuarial negativa de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés y le reitere el apercibimiento hecho en audiencia de siete de septiembre último (que quede a su cargo la presentación del ratificante ********************, en la siguiente audiencia). 2) Notifique a la ratificante ********************, a fin de hacerle de su conocimiento el desahogo de la prueba a su cargo, o en su caso, manifieste la imposibilidad que se tiene para ello. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 74 y 77 y demás relativos a la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra la omisión de la responsable Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando sexto de este fallo, para los efectos señalados en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito presentado vía electrónica, por Rey David Plata Servín, apoderado de la parte quejosa, mediante el cual solicita la apertura del incidente de inejecución de sentencia y que se turnen los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para continuar con su trámite. Al respecto, no se accede a lo solicitado por el quejoso por los motivos que a continuación se expondrán. En principio, cabe resaltar que el incidente de inejecución de sentencia, encuentra asidero en el artículo 193 de la Ley de Amparo, que a la letra señala lo siguiente: (.) De la anterior transcripción, se desprende que en el trámite del incidente de inejecución, tratándose de amparo indirecto como en el presente caso, deben seguirse los pasos siguientes: i) El órgano judicial de amparo debe hacer el pronunciamiento respectivo de que la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado. ii) Hecho lo anterior, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, debiendo formar un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria; iii) El tribunal colegiado de circuito, notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda. iv) Si el tribunal colegiado de circuito reitera que hay incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Como puede verse, antes de enviar los autos al tribunal colegiado de circuito para el dictado de la resolución que corresponda, debe existir el pronunciamiento por parte del órgano judicial de amparo indirecto, en el sentido de que la autoridad responsable incumplió con la ejecutoria de amparo. Por tanto, si bien la Ley de Amparo no descarta expresamente la posibilidad de que la parte quejosa plantee el incidente de inejecución de sentencia; ante la solicitud que en ese sentido realiza el apoderado de la parte quejosa en el presente asunto, lo procedente es determinar en primer término si existe o no, incumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, a juicio del suscrito hasta este momento no existe incumplimiento a la ejecutoria de amparo, por los motivos que a continuación se exponen. En principio, es importante establecer que el incumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo fijado, a que se refiere el artículo 193 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, debe ser injustificado. Asimismo, el referido numeral en su segundo párrafo, establece que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Ahora bien, para determinar si en el caso el retraso en el cumplimiento de la sentencia de amparo ha sido o no justificado, es necesario analizar los efectos plasmados en la sentencia de amparo y la actuación de la autoridad responsable para dar cumplimiento al fallo protector. (...) Así, el suscrito juzgador hasta este momento no advierte motivos para establecer que ha existido una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales, como se establece en el artículo 193 de la Ley de Amparo, al advertirse una serie de actuaciones tendentes a cumplir la sentencia protectora. En efecto, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Por otra parte, debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. De lo que se concluye que para continuar con el trámite del incidente de inejecución deberá ocurrir alguna o ambas de las condiciones apuntadas (actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales), que retarden el cumplimiento de la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia. Lo anterior se determina en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado criterio en el sentido de que la intención que subyace en el procedimiento de cumplimiento de sentencia de amparo no es, de manera preponderante, la asignación de sanciones y responsabilidades a las autoridades, sino lograr el total cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), con registro digital 2007914, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Así como la diversa jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), con registro digital 2007914, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ESTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En ese orden de ideas, conforme a la última jurisprudencia mencionada, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero este no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo. Para lo cual, se especificará qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último solo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. En mérito de lo anterior, no procede remitir los autos al tribunal colegiado de circuito para continuar con el trámite respectivo, dado que, como ya se ha dicho, hasta este momento no se advierten actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales que hayan retardado el cumplimiento de la sentencia de amparo. No obstante, toda vez que en auto de veintiocho de julio del año en curso, este Juzgado de Distrito determinó que a fin de restituir al quejoso íntegramente sus derechos violados, es necesario que se le restituya materialmente el predio *** de esta ciudad; lo cual no ha sido posible. En consecuencia, tomando en consideración la última actuación informada por la autoridad responsable Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, requiérasele para que en el plazo de tres días informe lo actuado en relación el apercibimiento que decretó en auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en contra de ***. Esto es, deberá informar si el referido *** ha cumplido con entregar completamente desocupado el bien inmueble de referencia a ***, y de no ser así, si hizo efectivo el apercibimiento de desalojarlo con el auxilio de la fuerza pública. Para lo cual, deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho o las causas que se lo impidan. Se apercibe a la responsable, que en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo señalado se les impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. Finalmente, en cuanto a la petición del apoderado del directo quejoso, en el sentido de que se dicte como medida de protección el resguardo del inmueble materia del presente juicio de amparo, por medio de la Guardia Nacional, para que no sea invadido, vandalizado; no se accede a lo solicitado, toda vez que los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional no tienen los alcances de ordenar dicho resguardo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se aprecia que mediante determinación de dos de octubre de este año, se requirió al Dirección General de Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México, para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en su calidad de autoridad vinculada al cumplimiento del fallo; sin que hasta la fecha haya realizado pronunciamiento alguno al respecto. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones, se requiere a dicha responsable para que, dentro del plazo de tres días, computado a partir de su notificación, informe el cumplimiento que ha dado a la ejecutoria de amparo, conforme le fue requerido en providencia de dos de octubre de la anualidad. Con el apercibimiento, que de no hacerlo dentro del término fijado o no informar el impedimento legal que tengan para hacerlo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I en relación con los diversos numerales 238 y 259, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
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