Felipe de Jesús Zamudio Vigueras
Expediente 1815/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1815/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Felipe de Jesús Zamudio Vigueras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Atento a lo informado en la cuenta que antecede, en el sentido que por auto de treinta y uno de mayo dos mil veintidós, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada; en consecuencia, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con el auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito; con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 196 de la invocada Ley de la Materia, se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el presente asunto, se concedió el amparo solicitado a la parte quejosa, la cual se tuvo por cumplida por la autoridad responsable; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. V i s t o s los autos del juicio de amparo indirecto 1815/2019, para resolver si se ha cumplido o no la sentencia ejecutoriada; y, R e s u l t a n d o: Primero. En dicha sentencia ejecutoriada, se concedió el amparo en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, autoridad responsable, para los efectos siguientes: ". Efectos del amparo. Tomando en cuenta que el derecho humano a la impartición de justicia se vio afectado con el actuar de la Junta, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; y atendiendo a que la fecha señalada para la audiencia trifásica ya transcurrió, sin que se tenga conocimiento si se llevó a cabo o no, o si se señaló una nueva fecha; en tales condiciones, el efecto de la presente sentencia es para que la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, desahogue la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del plazo legal establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral número 654/2019, que promovió la parte quejosa, esto es, se deberá verificar si la fecha señalada está dentro del plazo legal, y de no ser así, se deberá dejar insubsistente la que ya se encuentra señalada y se deberá fijar en el plazo de ley..." Segundo. Por oficio número 835/2021, la autoridad responsable informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para acreditarlo exhibió diversas constancias relacionadas con el referido cumplimiento. Mediante proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con tales documentos para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera; y, C o n s i d e r a n d o: Único. Las partes no hicieron manifestación alguna respecto a la vista que se les otorgó. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este órgano de control constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Del examen de la documental antes descrita, que merece pleno valor, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende que la responsable realizó lo siguiente: - El dos de febrero de dos mil veintiuno, desahogó la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del plazo legal establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral número 654/2019, que promovió la parte quejosa. De lo anterior, se advierte el cumplimiento de la ejecutoria, para los efectos del artículo 192 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de la Materia, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos de los artículos 201 y 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifiesten ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por el Secretario en la razón que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia de catorce de diciembre de dos mil veinte, dictada por este Juzgado Federal, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio de amparo y en el segundo punto resolutivo se concedió el amparo de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dentro del término de tres días siguientes contados desde que reciba el oficio en el que se le transcribe este acuerdo, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo o bien, los actos realizados para ese fin, en el entendido de que los efectos concedidos en el presente juicio de amparo fueron los siguientes: ".Tomando en cuenta que el derecho humano a la impartición de justicia se vio afectado con el actuar de la Junta, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; y atendiendo a que la fecha señalada para la audiencia trifásica ya transcurrió, sin que se tenga conocimiento si se llevó a cabo o no, o si se señaló una nueva fecha; en tales condiciones, el efecto de la presente sentencia es para que la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, desahogue la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del plazo legal establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral número 654/2019, que promovió la parte quejosa, esto es, se deberá verificar si la fecha señalada está dentro del plazo legal, y de no ser así, se deberá dejar insubsistente la que ya se encuentra señalada y se deberá fijar en el plazo de ley." En ese sentido, la autoridad responsable deberá remitir a este tribunal federal las constancias relativas a todo lo actuado con motivo de dicho cumplimiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del término legal que para tal efecto se le señala, se procederá conforme al artículo 193 de la Ley de Amparo y acorde a lo estipulado en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal, esto es, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado de este acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, de la Ley de la Materia, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.
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Vistos, para resolver el juicio de amparo 1815/2019-II, promovido por Felipe de Jesús Zamudio Vigueras, contra el acto que reclaman de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y Actuario adscrito a la misma, por violación a los artículos 14, 16, 17 y 123, Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Felipe de Jesús Zamudio Vigueras solicitó el amparo contra actos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, y Actuario adscrito a dicha junta. Segundo. Admisión de demanda. Por auto de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo y se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en el presente caso el acto que se reclama es con ejecución material dentro de la jurisdicción de este Juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se precisa que la parte quejosa reclama: ( De la Junta Especial número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje la omisión de fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia, en su etapa de conciliación, demanda, y excepciones, en los tiempos que la Ley federal de Trabajo establece, dentro del expediente laboral 654/2019. Del Actuario adscrito a dicha junta, la omisión de emplazar a la parte demandada en el expediente laboral 654/2019. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado; por tanto, debe tenerse por existente el mismo. Por otro lado, el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje al rendir su informe manifestó que no son ciertos los actos que se le atribuyen; sin embargo de las constancias que remitió la Presidenta de la citada Junta, y a las cuales se adhirió el Actuario adscrito, se advierte que el acto reclamado es cierto, por tanto se tiene por existente el mismo. Cuarto. Causas de improcedencia. Previamente al estudio del fondo, deben analizarse las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En primer lugar, la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, hizo alusión a una causal de improcedencia, que según se advierte es la prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, argumentado que el acto impugnado no constituye una violación autónoma al procedimiento natural, sino que se trata de una violación adjetiva que se presenta dentro de éste por razones externas, lo que no produce una violación a sus derechos sustantivos y torna improcedente el juicio de amparo, sustentando este argumento en la jurisprudencia con registro 2011580, que es en relación con el acto que no son de imposible reparación, como interpreta la tesis de número 48/2016 (10a.), que fue aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, mayo de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, visible en la página 1086, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación materia a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Al respecto, cabe señalar que en la ejecutoria de la contradicción de tesis 325/2015, de la que derivó la tesis señalada por la autoridad responsable, el Alto Tribunal sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total. Entonces, al ser precisamente el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio, la omisión por parte de la autoridad responsable al no acatar los términos establecidos por los artículos 893 y 895 fracción IV y demás relativos y aplicables establecidos en la Ley Federal del Trabajo al haber fijado una fecha lejana para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral 654/2019, esto es, con una lapso mayor a seis meses, fuera de los quince días de que disponía para ello de conformidad con el artículo 893 de la Ley Federal del Trabajo, es la razón por la que no resulta aplicable en el caso la jurisprudencia citada por la autoridad, pues se encuentra en el caso de excepción al advertirse que se reclama una dilación excesiva; y por tanto, se advierte que no se actualiza la causa de improcedencia invocada con base en aquel criterio. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2019, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1643, Tomo II, Marzo de 2019, Materia(s): Común, Laboral, Laboral, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Por otra parte, en relación al acto reclamado al actuario adscrito a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada en el expediente laboral 654/2019, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que la parte quejosa reclama la falta de emplazamiento a la parte demandada en el juicio laboral 654/2019 del índice de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Sin embargo, de las constancias remitidas por la Presidenta de dicha junta, a las cuales se adhirió el Actuario responsable, mismas a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el día diez de enero de dos mil veinte el Actuario adscrito a la Junta emplazó al Instituto Mexicano del Seguro Social, parte demandada en juicio reclamatorio de origen. Notificación que fue posterior a la fecha de presentación de la demanda, que lo fue el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que es evidente que cesaron los efectos del referido acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio respecto al acto reclamado consistente en el emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. A continuación se pasa al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones, lo que se efectúa con apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010, visible en la página 830. Es esencialmente fundado el concepto de violación expuesto por el quejoso, que consiste básicamente en la violación por parte de la autoridad responsable del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la Junta de origen, en acuerdo de dos de septiembre de dos mil diecinueve, fijó para el catorce de abril del dos mil veinte a las nueve horas con treinta minutos, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; por tanto, es evidente que no ha tramitado el juicio laboral 654/2019 en los términos y condiciones que marca la Ley, lo que se corrobora con las constancias que la Presidenta en representación de la Junta adjuntó a su informe justificado, las cuales les asiste valor probatorio plena de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud que de las referidas constancias se advierte que no ha dado cumplimiento con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, 685 y 873 de la Ley Federal del Trabajo. Para evidenciar lo anterior, es pertinente transcribir lo establecido en el artículo 17 Constitucional en la parte que interesa: "ARTÍCULO 17.- "...Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales...". Por otra parte, los diversos artículos 685 y 873, de la Ley Federal del Trabajo aplicables al presente caso, disponen que: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley." "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor". De los anteriores preceptos legales podemos advertir que las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, asimismo, se citará a una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la que deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya presentado la demanda. De lo anteriormente narrado salta a la vista la omisión de la autoridad responsable de ajustar su actuación para tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, por lo que indefectiblemente ha tenido como consecuencia que dentro del juicio laboral de origen no se respeten los términos que señala la Ley Federal del Trabajo, si se toma en cuenta que las actuaciones que lo rigen son de tracto sucesivo y, con la omisión de la responsable de llevar a cabo el procedimiento respetando los plazos señalados por la ley, se produce una continuidad en el incumplimiento del derecho humano cuya violación se duele la parte quejosa, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, por tanto, se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias, porque, a la postre, retarda la expeditez que debe regir en los procedimientos laborales, impidiendo su culminación mediante el oportuno pronunciamiento del laudo respectivo. Bajo esta perspectiva, la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, ha dilatado el procedimiento de origen, toda vez que en acuerdo de dos de septiembre de dos mil diecinueve, señaló como fecha el catorce de abril del dos mil veinte a las nueve horas con treinta minutos, para llevar a cabo la audiencia trifásica en el juicio laboral de origen, esto es, fuera de los quince días de que disponía para ello de conformidad con el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. De ahí, es evidente que la autoridad laboral ha tramitado el juicio laboral de origen fuera de los plazos y términos establecidos en la Ley Federal de Trabajo. Por ello debe estimarse que existe contra la parte quejosa, violación al derecho humano de impartición de justicia pronta y expedita, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, porque la autoridad responsable no lleva a cabo el procedimiento dentro de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Al advertirse la violación al artículo 17 de la Constitución Federal es procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Felipe de Jesús Zamudio Vigueras. Finalmente, no pasan inadvertidas para el suscrito, las manifestaciones que en vía de alegatos hizo valer el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en virtud que no es imperativo para el suscrito analizar las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues no forman parte de la litis en el juicio de amparo, además que no hacen valer causal de improcedencia alguna. Procede citar como apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Sexto. Efectos del amparo. Tomando en cuenta que el derecho humano a la impartición de justicia se vio afectado con el actuar de la Junta, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; y atendiendo a que la fecha señalada para la audiencia trifásica ya transcurrió, sin que se tenga conocimiento si se llevó a cabo o no, o si se señaló una nueva fecha; en tales condiciones, el efecto de la presente sentencia es para que la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, desahogue la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del plazo legal establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral número 654/2019, que promovió la parte quejosa, esto es, se deberá verificar si la fecha señalada está dentro del plazo legal, y de no ser así, se deberá dejar insubsistente la que ya se encuentra señalada y se deberá fijar en el plazo de ley. Séptimo. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 76 al 78 de la Ley de Amparo aplicable, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, en relación al acto reclamado al actuario adscrito a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Felipe de Jesús Zamudio Vigueras, en contra del acto que reclama a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, para los efectos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Tercero. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.
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