Felipe de Jesús Sánchez Gutiérrez
Expediente 1627/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1627/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/12/2019
Partes del expediente
- Felipe de Jesús Sánchez Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO EL PROVEÍDO EN EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, EN CONSECUENCIA, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO, MISMO QUE ES DESTRUIBLE.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente ***-1-B. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en la omisión de acordar el escrito presentado ante la Junta responsable el siete de noviembre del año en curso, en el juicio laboral ***, del índice de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el cual la aquí parte quejosa solicitó a la responsable que le requiera a la parte demandada en el juicio natural que cancele el cheque número *** por la cantidad de veinticinco mil pesos girado a su favor, y le expida uno nuevo, solicitando que se le entregue personalmente ante esa autoridad; asimismo, solicitó copia certificada de todo lo actuado. En ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos invocados, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". En efecto, de las manifestaciones del quejoso, realizadas bajo protesta de decir verdad, se advierte que se duele de la omisión de acordar el escrito presentado ante la Junta responsable el siete de noviembre del año en curso, en el juicio laboral ***, de su índice, luego, como la demanda de amparo se presentó el tres de diciembre del presente año, según se advierte del sello de recibido estampado en la misma (foja 2), es inconcuso que no existe una abierta dilación para considerar la procedencia del juicio biinstancial, dado que el acto reclamado no actualiza las causas de procedencia establecidas en el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo. Es así, porque dada la naturaleza jurídica del acto generador de molestia, en sí mismo no conlleva una ejecución de imposible reparación, pues no causa daño jurídico que no sea reparable y que, además, produzca afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos del titular de la acción constitucional y, en esa medida, cualquier afectación que pudiese resentir, dependerá de actuaciones posteriores que se deben verificar dentro del procedimiento de ejecución y cumplimiento de la determinación que puso fin al juicio, en la cual se encuentra el juicio laboral. De la lectura al artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, se aprecia la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; y que, si se trata de actos de ejecución de sentencia, el amparo solamente podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida ésta como la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; o, b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, c) En su defecto, ordena el archivo definitivo del expediente. Sin embargo, tratándose de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, excepcionalmente pueden reclamarse sin necesidad de esperar hasta la última resolución, aquellos que afectan de manera directa a bienes sustantivos, aplicando por analogía, lo dispuesto en la fracción V del referido artículo 107 de la propia legislación de amparo, el cual se transcribe a continuación: Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . No obstante lo anterior, para que prospere el amparo tratándose de actos de imposible reparación en la fase de ejecución de sentencia, es necesario también que dichos actos sean ajenos o extraños a la cosa juzgada. Lo anterior, así se refleja en la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XXXIII, enero de 2011, página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo texto es del siguiente tenor: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." No es óbice, el hecho de que lo estatuido en el anterior criterio derive de la interpretación del artículo 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo abrogada, pues dicha disposición encuentra correlativo en el diverso 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo en vigor. Bajo ese esquema argumentativo, es de considerar que el acto de molestia reclamado en el juicio de amparo no actualiza las hipótesis de procedencia establecidas en las fracciones IV y V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, puesto que la omisión reclamada, no puede considerarse constituya una abierta dilación o paralización del procedimiento, dado que de la fecha en que se presentó el citado escrito al de la presentación de la demanda de amparo indirecto, sólo transcurrieron dieciséis días hábiles, lo que no significa de manera implícita que la referida etapa esté suspendida o paralizada por una abierta dilación procesal y, por ende, la afectación a derecho sustantivo alguno que determinara la procedencia del juicio biinstancial por actualizarse las excepciones indicadas. Es por ello, que el acto reclamado, no obstante encontrarse en la etapa de ejecución de la determinación que puso fin a juicio, a criterio de este juzgador, no genera un impacto en sentido negativo a los intereses del actor en el juicio natural, ya que la actitud omisiva de la junta responsable de acordar el escrito del quejoso, no impide, suspende, obstaculiza, detiene o paraliza en modo alguno la ejecución de la determinación que puso fin al juicio, en infracción al derecho que tiene de acceso a la justicia en su vertiente de ejecución del laudo de manera pronta y expedita de la condena líquida reconocida en su favor, al tenor de lo dispuesto en el artículo 17 constitucional. Es ilustrativa a ese respecto, la tesis I.16o.T.24 L (10a.) del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo contenido se comparte, publicada en Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2488 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, que señala lo siguiente: "LAUDO. CONTRA LOS ACTOS QUE IMPIDAN, SUSPENDAN, OBSTACULICEN O DETENGAN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, POR GENERAR CONSECUENCIAS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deriva el derecho de acceso a la justicia, en su vertiente de ejecución de los laudos de manera pronta y expedita de la condena líquida reconocida a favor de un trabajador. Consecuentemente, todos aquellos actos dictados durante la etapa de ejecución que impiden, suspenden, obstaculizan o detienen la ejecución del laudo, pueden reclamarse en amparo indirecto, por ser actos de imposible reparación, toda vez que se trata de una excepción a la regla de procedencia contenida en la fracción IV, segundo párrafo, del artículo 107 de la Ley de Amparo, relativa a que dicho medio de defensa extraordinario sólo procede contra la última resolución en la etapa de ejecución. En tal virtud, es indubitable que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu; por lo que, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la ley de la materia. Similar criterio sostuvo el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el recurso de queja ***, de su índice, en sesión de quince de agosto de dos mil diecinueve, el cual este órgano jurisdiccional considera adecuado y orientador para desechar la demanda en el presente asunto, por las razones expuestas. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como autorizadas en los términos que indica, a las personas que refiere. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones "la lista de acuerdos", lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y, por tanto, con apoyo en la fracción III, inciso a), del citado precepto, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la tesis XXII. 1°. 22K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que se lee a foja 1067, del Tomo VII, Diciembre 1998, Novena Época, registro 195064, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción 111 y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquello derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En otro contexto, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias.
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