Felipe de Jesús Romero González

Expediente 430/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
430/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
12/05/2023

Partes del expediente

  • Felipe de Jesús Romero González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de mayo de dos mil veintitrés. Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual, el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, en atención al proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés, remite un dvd certificado que contiene la audiencia de veintiséis de abril pasado, en la que se determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada al quejoso Felipe de Jesús Romero González, imponiéndose la diversa consistente en la colocación de brazalete electrónico, medida cautelar que tendrá vigencia durante el tiempo que dure el procedimiento. Ahora bien, con la recepción de las constancias en comentario, este Juzgador considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de amparo. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido del artículo antes mencionado de la Ley de Amparo el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De un análisis gramatical de tal disposición de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, este juzgador arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto tildado de inconstitucional; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En esas condiciones, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo cual implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así de la interpretación de dicho ordinal, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto, acontece cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Así, partiendo de la base que en términos generales, un acto reclamado cesa en sus efectos cuando con posterioridad a su emisión se suscita una circunstancia de hecho o de derecho que elimina toda afectación que éste produjo con su existencia; tal situación es aplicable al caso en estudio. En ese orden de ideas, como se dijo, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional combatiendo: La determinación de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, emitida en la revisión de medidas cautelares en los autos de la causa 287/2019. Como consecuencia, la continuación de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa, impuesta el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en los autos de la causa 287/2019. Sin embargo, de las constancias remitidas por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, se advierte que el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada al quejoso Felipe de Jesús Romero González, por lo que se le impuso la diversa consistente en la colocación de brazalete electrónico; medida cautelar que tendrá vigencia durante el tiempo que dure el procedimiento dentro de la causa de control 287/2019. Circunstancia, de la que se advierte que han cesado los efectos de los actos combatidos en este sumario, pues lo aquí reclamado se encamina a la solicitud de revisión de la determinación de medidas cautelares que había tenido como consecuencia la continuación de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa; sin embargo, dichos actos fueron sustituidos por la determinación de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, que declaró procedente el cambio de medida cautelar y permitió que el quejosa pudiera llevar a cabo la prisión preventiva oficiosa en su domicilio. Apoya lo anterior, por las razones que la informan, la tesis relevante I.3o.C.92 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, materia común, Página: 1491, Registro: 165870 del contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En ese contexto, como se mencionó con anterioridad se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y toda vez que el diverso 63, fracción V, de la misma ley, es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél; por consiguiente, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad ejecutora responsable pues el acto no se le reclama por vicios propios sino en vía de consecuencia. Es aplicable la jurisprudencia publicada con el número quinientos dieciséis, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos treinta y nueve, tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllas, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las once horas del veintidós de mayo de dos mil veintitrés, se deja sin efectos en razón a la determinación anterior.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, informa que dentro de la causa de control 287/2019 de su índice, se determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada al aquí quejoso, imponiéndose la diversa consistente en la colocación de brazalete electrónico, medida cautelar que tendrá vigencia durante el tiempo que dure el procedimiento, salvo que varíen de manera objetiva las condiciones de su imposición. En consecuencia, toda vez que del oficio que se atiende, no se advierte que la responsable haya remitido las constancias para acreditar su dicho, y que éstas pudieran acreditar la actualización de una causa de improcedencia; en consecuencia, con fundamento en los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad oficiante para que en el término de tres días, remita las constancias en comento. Lo anterior, en el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, relativo a la obligación de las responsables de informar causas de improcedencia , así como remitir las constancias relativas.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, rinde su informe justificado, asimismo adjunta cuatro discos en formato dvd certificados, relativos a la causa de control ********************, de su índice. Atento a lo anterior, con el contenido del informe que se recibe dese vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. Luego, con fundamento en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas, admitidas y desahogadas las constancias que reciben, asimismo; se ordena glosar los cuatro discos en formato DVD, al expediente en una mica para su protección. Por otra parte, de las constancias que se reciben, se advierte que de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, le recae el carácter de tercera interesada a la víctima de identidad resguardada de iniciales O.D.L.A.; por tanto, a efecto de lograr su emplazamiento, solicítese de manera atenta al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, para que por su conducto la emplace a este sumario constitucional, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, auto admisorio, informe justificado que se recibe y este proveído; asimismo, le haga de su conocimiento el derecho con que cuenta para apersonarse en este juicio, ofrecer pruebas y formular alegatos; además, para que dentro del término tres días, contados a partir de su legal emplazamiento, proporcione domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este Juzgado de Distrito; apercibida que de no hacerlo así, las posteriores, e incluso las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le realizarán por medio de lista en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, debiendo remitir la constancia respectiva dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba este auto. En ese mismo orden, también se observa que, en términos del numeral 5, fracción III, inciso e) de la ley citada, se tiene como tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, que intervino en la causa de control ********************, de ese juzgado; por lo que se ordena librar oficio para emplazarlo al presente asunto, sin perjuicio de que dicho representante social pueda aportar su correo electrónico, del cual se hará uso en caso de ser necesario, a fin de privilegiar los medios electrónicos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XXVII.3o. J/3 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, página 2713, Décima Época, del contenido literal siguiente: "NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesado el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual emana el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Por otra parte, los procedimientos penales del sistema tradicional son: a) averiguación previa a la consignación a los tribunales, b) preinstrucción, c) instrucción, d) primera instancia o juicio, e) segunda instancia, f) ejecución y, g) procedimientos especiales. En cada uno de ellos, la ley prevé la participación de la institución ministerial federal como representante de la sociedad (parte acusadora de carácter público), empero, materialmente no es un solo agente quien participa en cada etapa del proceso, sino que la propia institución, con base en su organización interna, designa mediante adscripción, a los encargados de solventar las facultades que corresponden al Ministerio Público en cada procedimiento mencionado. Así, es claro que esa intervención está acotada en atención al procedimiento en que se genera el acto reclamado; por tanto, la calidad de tercero interesado se actualiza para el Ministerio Público de la Federación que intervino en el procedimiento respectivo. De ahí que, si el acto reclamado es la sentencia de segunda instancia, tendrá el carácter de tercero interesado el Ministerio Público adscrito al tribunal de alzada (Tribunal Unitario o Sala Penal) señalado como responsable, al ser el representante social que intervino en la fase del proceso penal de la que deriva el acto reclamado y, además, no tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo. Por consiguiente, basta con la notificación que la autoridad responsable practique al agente del Ministerio Público de su adscripción, para tener por satisfecho el emplazamiento en su carácter de parte tercero interesada, sin que sea necesario notificar también al agente ministerial que fungió en otros procedimientos, como el de primera instancia". Finalmente, para dar oportunidad a lo anterior se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de la fecha y, en su lugar, se fijan las once horas del veintidós de mayo de dos mil veintitrés, para su verificativo.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta; a través del cual Erick Vicente Plata Gutiérrez, defensor particular del quejoso Felipe de Jesús Romero González, solicita acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo y proporciona el usuario "Chavalex1" para tal efecto. Atento a lo anterior, no se emite mayor pronunciamiento, en razón de que mediante proveído de dieciocho de abril del año en curso, se recibió similar información y se acordó favorable el acceso al expediente electrónico con el usuario que refiere.

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