Felipe de Jesús Ríos Ramos

Expediente 1384/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1384/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
14/06/2019

Partes del expediente

  • Felipe de Jesús Ríos Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de junio de dos mil diecinueve. RESOLUCIÓN QUEJA Intégrese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio del cual remite testimonio de la resolución emitida en el recurso de queja 272/2018, en la cual se determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja.". Acúsese recibo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. En acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de noviembre de dos mil dieciocho. Intégrese el escrito de la parte quejosa, por el cual interpone recurso de queja contra el auto que desechó la demanda. Con fundamento en los artículos 97, fracción I y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso. Como hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse la presentación de ese medio de defensa, ríndase el informe respectivo, al que se anexará el escrito de agravios en original y copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio. Háganse las anotaciones respectivas.

  3. Principal

    Intégrese el oficio de la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en el conflicto competencial 12/2018, en la cual se determinó: "ÚNICO. Se declara legalmente competente para conocer del juicio de amparo promovido por Felipe de Jesús Ríos Ramos, por propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables transcritos en el primer resultando de la presente ejecutoria, al titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca." Acúsese el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas; glósense sólo las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes motivo del conflicto competencial. DESECHAMIENTO Del análisis íntegro al escrito de demanda, se obtiene que la parte quejosa reclama del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Xalatlaco, Estado de México, así como de su Tesorero: El citatorio y la razón de notificación de siete de ese mismo mes y año, así como la diligencia de requerimiento de pago y embargo ejecutada el ocho siguiente, en el domicilio ubicado en Avenida Vicente Guerrero, número 51, Barrio de Santiago, municipio de Tezoyuca, Estado de México, como consecuencia del procedimiento administrativo de ejecución SMDIFZAL/TES/PAE/01/2017. La resolución de diez de mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Tesorero del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Xalatlaco, Estado de México, en la que reconoce el cumplimiento total del crédito fiscal fincado a través del mandamiento de ejecución con número de oficio SMDIFXAL/TES/017/2016, y ordena el archivo del procedimiento administrativo de ejecución SMDIFZAL/TES/PAE/01/2017. Atento a lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Constitución Federal y los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; (.)" De la hipótesis normativa reproducida con antelación se advierte que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que se estimen violatorios de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios de defensa común; principios previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal, entre los que se contempla el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Ciertamente, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga al quejoso a agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues como ya se dijo, el juicio constitucional se concibió como un medio extraordinario de impugnación, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. Lo anterior, siempre que conforme a la ley aplicable se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o a petición de parte, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que en ésta se consignan, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Y que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando:  El acto reclamado carece de fundamentación;  Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución;  Cuando el recurso o medio de defensa esté previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Al respecto, es importante destacar que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México prevé como medios ordinarios de defensa contra los actos y resoluciones de las autoridades locales o municipales administrativas y fiscales de dicha entidad federativa, el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad, o el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo" En ese tenor, respecto al acto reclamado consistente en la resolución de diez de mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Tesorero del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Xalatlaco, Estado de México, en la que reconoce el cumplimiento total del crédito fiscal fincado a través del mandamiento de ejecución con número de oficio SMDIFXAL/TES/017/2016, y ordena el archivo del procedimiento administrativo de ejecución SMDIFZAL/TES/PAE/01/2017, como ya se dijo la parte quejosa estaba obligada a agotar los recursos ordinarios que la ley establece previo a acudir a esta vía constitucional, lo que en el caso concreto no aconteció. Se arriba a tal aserto, pues en contra del acto reclamado en estudio procede el juicio contencioso administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 384 Ter, fracción III último párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios (aplicable al caso en concreto), que establece: "Artículo 384 Ter.- Una vez que el crédito fiscal quede firme, la autoridad fiscal competente procederá como sigue: I. Si la autoridad fiscal tiene inmovilizadas cuentas en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, y el contribuyente no ofreció otra forma de garantía del interés fiscal suficiente, antes de que el crédito fiscal quedara firme, la autoridad fiscal ordenará a la entidad financiera o sociedad cooperativa la transferencia de los recursos hasta por el monto del crédito fiscal, o hasta por el importe en que la garantía que haya ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir el mismo. La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo deberán informar a la autoridad fiscal, dentro de los tres días posteriores a la orden de transferencia, el monto transferido y acompañar el comprobante que acredite el traspaso de fondos a la cuenta que señale la autoridad fiscal. II. Si cuando el crédito fiscal quede firme, el interés fiscal se encuentra garantizado en alguna forma distinta a las establecidas en las fracciones I y III del artículo 35 de este Código, la autoridad fiscal procederá a requerir al contribuyente para que efectúe el pago del crédito fiscal en el plazo de cinco días. En caso de no efectuarlo la autoridad fiscal podrá, indistintamente, hacer efectiva la garantía ofrecida o proceder al embargo de cuentas en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores procediendo en los términos de la fracción anterior, a la transferencia de los recursos respectivos. En este caso, una vez que la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo o de inversiones y valores informe a la autoridad fiscal haber transferido los recursos a la cuenta que señale dicha autoridad suficientes para cubrir el crédito fiscal, la autoridad fiscal deberá proceder en un plazo máximo de tres días, a liberar la garantía otorgada por el contribuyente. III. Si cuando el crédito fiscal quede firme, el interés fiscal se encuentra garantizado en alguna de las formas establecidas en las fracciones I y III del artículo 35 de este Código, la autoridad fiscal procederá a hacer efectiva la garantía. IV. Si cuando el crédito fiscal quede firme, el interés fiscal no se encuentra garantizado, la autoridad fiscal podrá ordenar la inmovilización de cuentas y la transferencia de recursos en los términos de la fracción I de este artículo. En cualesquiera de los casos indicados en este artículo, si al transferirse el importe a las autoridades fiscales competentes el contribuyente considera que éste es superior al crédito fiscal, deberá demostrar tal hecho ante la autoridad fiscal con prueba documental suficiente, para que dicha autoridad, en su caso, proceda a la devolución de la cantidad transferida en exceso en términos del artículo 42 de este Código. Las inconformidades que se presenten por la aplicación del presente artículo, solo podrán ser impugnadas mediante el Juicio Contencioso Administrativo." Como se ve del citado precepto legal, en específico la fracción III, en contra de la resolución o auto que dejó firme el crédito fiscal desarrollado en forma de procedimiento, procede el juicio contencioso administrativo que forma parte de un sistema de impugnación en la vía ordinaria, conforme al cual, los actos de autoridad regidos por el Código Financiero del Estado de México y Municipios pueden impugnarse a través del citado juicio, y aún más contra la resolución que se dicte procede el juicio de nulidad. En consecuencia, se arriba a la conclusión de que la parte quejosa debió promover el medio ordinario que la ley del acto establece; por tanto, resulta inconcuso que respecto del aludido acto reclamado, procede un medio de defensa por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado; de ahí que, resulta exigible que la parte quejosa, previo a acudir al amparo indirecto, agote el recurso previsto por la ley de la materia, el cual se encuentra a su alcance y, si no agotó dicho medio de defensa, la presente demanda de amparo en la que esgrime que es ilegal la sanción impuesta, carece de definitividad para efectos del juicio de amparo. Por consiguiente, atento a lo dispuesto por los artículos 61 fracción XX, 62, en relación con los artículos 112, 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Felipe de Jesús Ríos Ramos, en virtud de ser notoriamente improcedente.

  4. Principal

    Intégrese el oficio del Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por medio del cual informa que recibió la misiva 30756/2018, dirigida al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl y que la remitió al mismo por ser su correcto destinatario; atento a ello, este órgano de control constitucional toma conocimiento. Cúmplase.

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