Felipe de Jesús Pozos García

Expediente 225/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
225/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
24/05/2021

Partes del expediente

  • Felipe de Jesús Pozos García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue la falta de notificación del procedimiento por el cual se autorizó la expedición de los títulos de concesión de la ruta identificada con la clave 578000046, conocida como "santiaguense", que coincide en más del cuarenta por ciento con la concesión de la ruta 35 autorizada a las quejosas, mismo que se atribuyó a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla. Por resolución dictada el veintiocho de febrero de dos mil veinte, por el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa María de los Ángeles Apolonia Velasco Jiménez y Rosa Bárbara Merino Velasco por propio derecho y Autobuses Tres Estrellas de Tehuacán Sociedad Anónima de Capital Variable, contra los actos de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, para los siguientes efectos: "[.] 1. Deje insubsistente los títulos de concesión de la ruta identificada con la clave 578000046, conocida como "santiaguense", y reponga el procedimiento administrativo a efecto de que llame a los concesionarios de la ruta 35 para que en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación respectiva acrediten su interés jurídico y expongan por escrito lo que a su derecho convenga, como lo ordena el artículo 60, párrafo segundo, de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla. 2. Hecho lo anterior, con libertad de facultades, continúe con el procedimiento administrativo respectivo y resuelva lo que en derecho corresponda." En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; y, sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, el quince de octubre de dos mil veinte, la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento respetivo a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla. Posteriormente, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, realizó las siguientes gestiones: Por oficio SMT/DOAJ/9142/2020 recibido el veintidós de octubre de dos mil veinte, la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, informó que el veinte de octubre de dos mil veinte, se dejó sin efectos la determinación jurídica administrativa R-060/2018 de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, misma que sirvió de base para determinar técnicamente procedente la creación de la nueva Ruta San Pedro Chapulco-El Carmen-Santiago Miahuatlán-La Calera Comunidad San José las Minas-Tehuacán y viceversa con el otorgamiento de diez concesiones; en la misma data, solicito que la Dirección de Ingeniería y Geomántica diera vista a los quejosos con el contenido del citado estudio técnico y posteriormente resolviera conforme a sus facultades legales correspondientes. En el oficio SMT/DAJ/9449/2020 de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, hizo del conocimiento que mediante los diversos SPF-SI-CGENyASF-DI-1452/2020 y SPF-SI-CGENyASF-DI1475/2020, suscritos por la Directora de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas la Directora de Soluciones Tecnológicas dependiente de la Secretaría de Administración informo que los registros de las concesiones 24693, 29085, 29093, 30026, 30027, 30053,30054, 30055 y 30056 a nombre de la empresa moral denominada "Auto Transportes Santiaguenses Grupo Ramos", Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, fueron afectadas con el movimiento "133 Reactiva STV", deslingando las unidades vehiculares quedando sin tipo formato y sin placas de circulación a fin de que las concesiones puedan ser reasignadas. Mediante oficio SMT/DAJ/9763/2020 recibido el dieciséis de diciembre de diciembre de dos mil veinte, informó que mediante memorándum SMT/DIG/DIE/102/2020 de quince de diciembre de dos mil veinte, se determinó vigente el estudio técnico D.I.III.3.3/249/2013.E.T. A través del oficio SMT/DAJ/0097/2021 recibido el veinte de enero de dos mil veintiuno, remitió los oficios SMT/DIG/0075/2021, SMT/DIG/0076/2021, SMT/DIG/0077/2021 y SMT/DIG/0078/2021 todos de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, por medio de los cuales se dio contestación a las manifestaciones presentadas como consecuencia de la vista otorgada con el estudio técnico D.I.III.3.3/249/2013.E.T. Por oficio SMT/DAJ/0590/2021 de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de los oficios SMT/DIG/387/2021 al SMT/DIG/392/2021 de cinco de marzo de dos mil veintiuno, mismos que fueron notificados el nueve siguiente, con los que se llamó al procedimiento a los concesionarios integrantes de la ruta 35 San Vicente-Peñafiel-Centro-Purísima, con clave de ruta ETSN15607760029. Asimismo por oficio SMT/DAJ/759/2021 recibido el siete de abril de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de los oficios SMT/DIG551/2021 al SMT/DIG/553/2021 por los que se dio contestación a los escritos de inconformidad presentados el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, por Norberto Sarabia Rosas, Noé Saravia Rosas, Rosa Bárbara Merino Velasco y María de los Ángeles Apolonia Velasco, con contra de la vista del estudio técnico. Finalmente, mediante oficio SMT/DAJ/1033/2021 recibido el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la resolución definitiva emitida dentro del expediente 052/2021, antes 243/2021 por la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla. Por lo anterior, el seis de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, el cual se notificó a la quejosa el trece de mayo siguiente Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Del examen de las documentales exhibidas por la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que la citada autoridad responsable realizó lo siguiente: Dejó insubsistente los títulos de concesión de la ruta identificada con la clave 578000046, conocida como "santiaguense". Repuso el procedimiento administrativo y llamó a los concesionarios de la ruta 35 para que en el plazo de tres días hábiles acreditaran su interés jurídico y expusieran por escrito lo que a su derecho convenga, como lo ordena el artículo 60, párrafo segundo, de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla. Finalmente, con libertad de facultades, continuo con el procedimiento administrativo respectivo y el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, emitió la resolución correspondiente en el expediente administrativo 52/2021, de su índice. Lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]. Sin que haya lugar a ordenar el archivo del presente asunto, toda vez que en auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, José Luis Eulalio Ramos Pérez, quien se ostenta como parte tercera interesada en representación de la moral denominada "Autotransportes Santiaguenses Grupo Ramos", Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio. En consecuencia, se ordena girar atento oficio al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito para su conocimiento y efectos legales procedentes en el toca R.A.-355/2020, de su índice. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado en el Estado de Puebla, a través del cual remite copia certificada de las constancias de notificación practicadas a las partes respecto del laudo de quince de abril de dos mil veintiuno emitido en el juicio laboral 5/2019 de su índice. Atento a lo anterior, agréguese para que obre como corresponda en atención a que por auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente sumario constitucional. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Ricardo Hernández Rugerio, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mediante el cual rinde el informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que surta los efectos legales procedentes. Ahora, de las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías y en específico de las constancias remitidas por la autoridad responsable con que justifica el informe, -las que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, se advierte que el quejoso Felipe de Jesús Pozos García, señaló como acto reclamado la omisión de dictar el laudo dentro del expediente laboral 5/2019. La Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, al rendir el informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado; además, en el oficio indicó que, el quince de abril de dos mil veintiuno, dictó la resolución en forma de laudo en el expediente laboral 5/2019. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Felipe de Jesús Pozos García acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión de dictar el laudo dentro del expediente laboral 5/2019. Así, de las constancias remitidas por las responsables a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el quince de abril de dos mil veintiuno, dictó la resolución en forma de laudo en el expediente laboral 5/2019. Bajo esa óptica, es dable concluir que cesaron los efectos de la omisión de la que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Felipe de Jesús Pozos García reclamó de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con treinta y seis minutos del veintiocho de abril de dos mil veintiuno, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Notifíquese, y personalmente a las partes. Lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Ricardo Hernández Rugerio, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio remitido vía correo institucional por la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Sexto Circuito, por medio del cual remite la papeleta de turno correspondiente al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, el cual fue turnado al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito; de lo que este Juzgado toma conocimiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Nelly Guillermina Contreras Torres, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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