Felipe de Jesus Patjane Martinez
Expediente 956/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 956/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Felipe de Jesus Patjane Martinez
- Jueza Unitaria Estatal de Enjuiciamiento Penal, del Tribunal de Enjuiciamiento Con Jurisdicción Estatal En el Estado de Puebla (Ana Alicia Ponce Frías)
- FELIPE DE JESUS PATJANE MARTINEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. I. Informe de autoridad. Intégrese a los autos el oficio 1175/2023 signado por la autoridad responsable Director del Centro Penitenciario Regional de Tehuacán, Puebla, a través del cual, en cumplimiento al auto de dieciséis de noviembre del año en curso, remite copia certificada del expediente penitenciario del aquí quejoso ***. II. Pruebas. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba documental de la citada autoridad responsable la que anexa a su oficio de cuenta; y, dese vista a las partes con las mismas. III. Diferimiento anticipado. Por tanto, se aprecia que no transcurrirán los ocho días que deben mediar entre la vista otorgada a la parte quejosa, y la fecha de la audiencia constitucional, conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, la audiencia constitucional que debería tener verificativo para las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, se difiere anticipadamente, y se señala como nueva fecha para su celebración las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del doce de diciembre de dos mil veintitrés. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." IV. Integración del expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar únicamente el oficio de cuenta y la presente determinación al expediente impreso, por la importancia de su contenido, dejando las constancias que la autoridad responsable anexó al mismo, disponibles en el expediente electrónico dada la voluminosidad de su contenido. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. I. Autoridad cumple requerimiento. Intégrense a los autos los oficios -recibidos vía correo electrónico oficial- signados por el Director del Centro Penitenciario Regional de Tehuacán, Puebla, a través de los cuales, en cumplimiento al auto de siete de noviembre de dos mil veintitrés, remite la copia certificada del oficio 1129/2023 y de su respectiva constancia de notificación realizada al aquí quejoso; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el mencionado auto. II. Estado procesal de autos. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, se requirió al Director del Centro Penitenciario Regional de Tehuacán, Puebla, para que remitiera copia certificada del expediente penitenciario del aquí quejoso ********************, de donde se advierta la anotación que, por cuanto hace a la causa penal ********************, del índice de la Jueza Unitaria Estatal de Enjuiciamiento Penal en Puebla, Puebla (********************), el quejoso obtuvo su libertad virtual o jurídica; sin que a la fecha obre en autos, siendo ello necesario para resolver el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase, al citado Director del Centro Penitenciario de Tehuacán, Puebla, para que en el improrrogable plazo de veinticuatro horas, contado a partir de su legal notificación, remita copia certificada de lo especificado en el párrafo anterior; asimismo, hágase saber a la autoridad requerida que dichas copias certificadas deberán contener las constancias de las cuales se advierta a disposición de qué autoridades judiciales ha quedado el quejoso de referencia desde septiembre de dos mil veintitrés, a la fecha. Bajo el apercibimiento que, de no dar cumplimiento al presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, por impulsar el procedimiento. Notifíquese por oficio a la autoridad requerida; y, por lista a las demás partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Intégrese a los autos el oficio signado electrónicamente por la autoridad responsable Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, por medio del cual, informa que por auto de seis de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal 359/2023 de su índice, tuvo por recibida la resolución del conflicto competencial 14/2023 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en la que, en su punto resolutivo segundo dice: "(.) SEGUNDO. Se declara legalmente competente a la Jueza Unitaria de Enjuiciamiento con jurisdicción en el Estado de Puebla, para continuar conociendo de la causa penal 29/2022/JO/SUR-ORIENTE, relacionada con la carpeta judicial administrativa 39/2021/TEH, que se instruye en contra del aquí quejoso ***, en atención a las consideraciones plasmadas en el último considerando de esta ejecutoria." De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, no ha lugar a integrar el presente auto ni la promoción de cuenta, al expediente impreso, dado que esta última se recibió electrónicamente y este proveído no se considera de trascendencia para la etapa procesal en la que se encuentra este juicio. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de noviembre de dos mil veintitrés. I. Autoridad Informa. Intégrese a sus autos el oficio signado por la Jueza Unitaria Estatal de Enjuiciamiento Penal en el Estado de Puebla, a través del cual, comunica que los Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del conflicto competencial 14/2023, declararon legalmente competente a dicha autoridad del fuero común para continuar con el trámite de la causa penal 29/2022/JO/SUR-ORIENTE; asimismo, por auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, dictado en la mencionada causa, se reservó continuar con el trámite del juicio oral hasta en tanto se resuelvan los juicios de amparo 50/2023 del índice del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Tercer Circuito y 956/2023 de esta estadística; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. II. Informe en alcance a informe justificado. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado por el Director del Centro Penitenciario Regional de Tehuacán, Puebla, a través del cual, en alcance a su informe justificado, informa que dio contestación a la petición realizada por el quejoso ***[materia de este juicio]; y, para comprobar su dicho remite copia simple del oficio 1129/2023, así como su debida notificación. En ese sentido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con las constancias antes aludidas, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. III. Requerimiento a autoridad. Por otra parte, toda vez que la documental remitida por la referida autoridad responsable carece de valor probatorio, al tratarse de una copia simple, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, remita copia certificada del oficio 1129/2023 y su respectiva constancia de notificación Apercibido que, de no dar cumplimiento al presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. IV. Diferimiento anticipado. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional que debería tener verificativo para las nueve horas con cuarenta y seis minutos del nueve de noviembre del año en curso, se difiere anticipadamente, y se señala como nueva fecha para su celebración las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." III. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, por impulsar el procedimiento. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a la autoridad requerida; y, por lista a las demás partes.
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