Felipe De Jesús Patjane Martínez

Expediente 883/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
883/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
01/09/2023

Partes del expediente

  • Felipe De Jesús Patjane Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 883/2023-III. Puebla, Puebla, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto; lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, promovida por * por propio derecho, contra actos de ".*Juez Unitario Estatal de Enjuiciamiento Penal, del Tribunal de Enjuiciamiento con jurisdicción estatal en el Estado de Puebla." sic, y otra autoridad responsable. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Se descarta urgencia Previo a proveer lo relativo a la competencia planteada de la demanda de amparo, es necesario emitir un pronunciamiento en torno a la urgencia del acto reclamado que pudiera considerar la parte promovente. Lo anterior con motivo de que la demanda de amparo fue recibida durante la guardia a cargo de la respectiva secretaria de este juzgado, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; sin embargo, pese a dicha circunstancia debe descartarse la urgencia del caso de que se trata, por las razones que esta juzgadora advierte. De la lectura integral efectuada a la demanda, permitió visualizar que el directo quejoso señaló como actos reclamados: * Sin embargo, el reclamo de la parte quejosa deriva de una relevación de la defensa particular y de las cuestiones de internamiento, y de ello hace depender los diversos actos de incomunicación, tratos crueles, degradantes e inhumanos. Lo anterior, como se evidencia del apartado de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, en los que se advierte que la incomunicación que reclama consiste en que no se le dé oportunidad de volver a nombrar al defensor particular que fue relevado; por ende, tal cuestión no encuadra en la connotación de "incomunicación", a que se refieren los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tan es así que *, es quien firma la demanda de amparo, luego entonces, ello devela que no se encuentra aislado sin poder comunicarse con persona alguna. En tanto, esta juzgadora al realizar el análisis integral de la demanda de amparo, de los datos objetivos contenido en la misma, advierte que los actos que señala como tratos crueles, degradantes e inhumanos, solo son afirmaciones subjetivas del promovente del amparo que hace depender de cuestiones de internamiento de carácter temporal -en casa de justicia-, cuando asiste a la realización de alguna diligencia relacionada con su proceso; por ende, queda claro que no está siendo objeto de actos que impliquen un menoscabo, privación o alteración de sus derechos, como consecuencia de una conducta ilícita. Lo anterior, se refuerza por lo asentado en el apartado de la suspensión del acto reclamado, en el que se solicitó * Sin embargo, tales manifestaciones resultan insuficientes para actualizar la urgencia que sostiene en su demanda. Es así, pues los actos reclamados esencialmente derivan de la audiencia celebrada el quince de agosto del año en curso, dentro del juicio oral 32/2023, donde el juez responsable resolvió revocar al defensor particular del quejoso y designarle una defensora pública; así como de las cuestiones de internamiento transitorias cuando acude a casa de justicia a la realización de alguna diligencia relacionada a su proceso. Como se ve, dichos actos reclamados no implican por sí mismos, de manera directa o indirecta, la afectación a su derecho de entablar comunicación con su defensora pública o familiares y los diversos actos tienen relación directa con las cuestiones de internamiento momentáneas; lo cierto, es que ello no converge en algún acto de hipótesis de urgencia. Es menester precisar que relevación de la defensa particular y de las cuestiones de internamiento de carácter temporal, de las que se duele no están comprendidos como actos prohibidos por el artículo 22, de la constitución, ya que no implica una pena de muerte, ni una mutilación o una infamia, ni una marca o un azote, ni tormento de cualquier especie, desde luego, salvo que en algún caso muy particular, se ponga en evidencia una situación de esa naturaleza -lo que en el caso particular no acontece-, además, la parte quejosa tampoco se encuentra privada de su libertad fuera de procedimiento judicial, o sea sujeta de deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, conforme dispone el numeral 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, en la especie, el reclamo de la parte promovente no corresponde a algún acto de los prohibidos por el artículo 22, de la constitución, ni los referidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por ello resulta inviable considerar la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa. * Además, tampoco se está en el supuesto en el que el directo quejoso se encuentre imposibilitado para promover el amparo, para que pueda hacerlo a su nombre cualquiera otra persona. Por el contrario, la demanda de amparo recibida contiene la firma del directo quejoso, lo cual evidencia que aquél no se encuentra restringido para ejercer su derecho de entablar comunicación con sus abogados. Por tanto, debe descartarse la urgencia en la tramitación de este juicio de amparo * Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo,2 establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso *, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el quejoso reclama dentro del juicio oral *, al Juez Unitario Estatal de Enjuiciamiento Penal, comprende: 1. La resolución recaída al recurso de revocación interpuesto en la audiencia de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, en la cual confirmó el señalamiento de la continuación de la audiencia de juicio para el día quince de agosto de dos mil veintitrés. 2. La determinación dictada en la audiencia de quince de agosto de dos mil veintitrés, mediante la cual, negó interrumpir el debate, declarar nulo todo lo actuado, y remitir el asunto a distinto Tribunal de Enjuiciamiento a efecto de que se reinicie el juicio. 3. La resolución emitida en audiencia de quince de agosto de dos mil veintitrés, en que revocó al defensor particular * y designó a la defensora pública * y negó al procesado volver a designar al defensor particular en cita. 4. Las cuestiones de internamiento, cuando acude a casa de justicia, como es la estancia que refiere estar desaseada, y los alimentos que le son proporcionados. Sustitución procesal. * Por cuanto hace a la resolución recaída al recurso de revocación interpuesto en la audiencia de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, en la cual confirmó el señalamiento de la continuación de la audiencia de juicio para el día quince de agosto de dos mil veintitrés, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, como a continuación se verá. * La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de este, al haber quedado insubsistente. En ese sentido, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación, y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Mientras que el segundo supuesto (sustitución) se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. El supuesto de cesación de efectos por sustitución se actualiza cuando la autoridad emite una nueva determinación efectuando un nuevo análisis del tópico sujeto a su potestad. La nueva determinación sustituye a la inicialmente dictada, aun cuando no varíe la situación que tenía el sujeto; por lo que, cualquier violación a derechos ya no la origina la resolución primigenia, sino emitida en segundo término. Así, los efectos del acto cesan, debido a que son cancelados jurídicamente y aunque materialmente sigan produciendo consecuencias semejantes a las derivadas del acto reclamado, ahora éstas emanan del nuevo pronunciamiento, debido a que la situación jurídica ahora depende de la determinación que la sustituyó. * Así, se tienen acreditados los requisitos para actualizar la causa de improcedencia analizada, como se relatará a continuación: En primer término, el acto reclamado se hace consistir en la resolución recaída al recurso de revocación interpuesto en la audiencia de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, en la cual confirmó el señalamiento de la continuación de la audiencia de juicio para el día quince de agosto de dos mil veintitrés; de ahí que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial. Asimismo, la parte aquí quejosa acudió a la audiencia verificada el quince de agosto de dos mil veintitrés, en la cual presentó un escrito en el que solicitó al juez de enjuiciamiento dejar de conocer del asunto, al considerar que al no haber reanudado la audiencia al undécimo tendría que interrumpir el debate, declarar nulo todo lo actuado y turnar los autos a diverso juez de enjuiciamiento; a lo cual el juez responsable estimó consentida la resolución de veintiocho de julio de dos mil veintitrés y declaró improcedente el recurso intentado. Por ende, en determinación de quince de agosto de dos mil veintitrés, el juez de control continuó en el desahogo de la audiencia; lo cual se corrobora con lo manifestado en la página 26 del libelo de amparo. Como se ve, se actualiza la causal de improcedencia de cesación de efectos por sustitución, toda vez que no puede analizarse la resolución de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, ya que fue reemplazada procesalmente por la resolución de quince de agosto de dos mil veintitrés, pues la situación que reclama la parte impetrante ahora se rige por lo resuelto el quince de agosto de dos mil veintitrés. Por ende, no puede decidirse sobre su constitucionalidad, en razón de que en materia penal, la situación jurídica imperante deviene de la audiencia de quince de agosto de dos mil veintitrés, en la cual tuvieron verificativo diversos actos procesales con motivo de la continuación de juicio oral y descubrimiento del desfile probatorio, esto es, en las consideraciones que se expusieron en la audiencia relativa en ejercicio del derecho a la contradicción de las partes. Se afirma de ese modo, debido a que la audiencia ya se celebró e incluso en esa audiencia de quince de agosto de dos mil veintitrés, el juez responsable emitió una nueva determinación en la que, se continuó en el desahogo de la audiencia de juicio, y los motivos de esa subsistencia se basaron en un nuevo planteamiento realizado vía impugnación que realizó el defensor, en atención a las manifestaciones que formuló en la audiencia relativa. En ese sentido, cualquier violación a derechos ya no la origina el inicial no ejercicio de la acción penal, sino la determinación de quince de mayo de dos mil veintitrés y por ende, puede afirmarse válidamente que los efectos del acto aquí reclamado cesaron por sustitución procesal, debido a que, éstos provienen de un nuevo pronunciamiento. * Si bien la anterior jurisprudencia fue integrada conforme a la Ley de Amparo anterior, continúa vigente y aplicable, en tanto no se opone a la actual Ley de Amparo, conforme lo establece su artículo Sexto Transitorio del decreto de su expedición, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En tales condiciones, la determinación de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, ha sido sustituida procesalmente por la diversa de quince de agosto de dos mil veintitrés, emitida por el juez responsable, en consecuencia es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Actos intraprocesales. Por otra parte, la determinación dictada en la audiencia de quince de agosto de dos mil veintitrés, mediante la cual, negó interrumpir el debate, declarar nulo todo lo actuado, y remitir el asunto a distinto Tribunal de Enjuiciamiento a efecto de que se reinicie el juicio. No encuadra en los actos de imposible reparación que pueden combatirse en amparo indirecto durante el trámite de un proceso, motivo por cual se advierte desde este momento una causal manifiesta e indudable de improcedencia. En particular la que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen * De los anteriores preceptos se obtiene para efectos del juicio de amparo indirecto, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Es más, las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos fundamentales de la persona * Luego, los actos intraprocesales que no reúnan esas características, deben estimarse insuficientes para visualizar una afectación a los gobernados, porque sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá el afectado interponer los medios de defensa conducentes. Así, puede decirse que los actos procesales no tienen el carácter de irreparables, mientras la afectación jamás incida directamente en derechos sustantivos y en su caso, exista la posibilidad legal que el gobernado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalar expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo que ahora, en la legislación citada, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación el espectro para estimar cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una afectación jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación* Esas premisas conducen a visualizar que el acuerdo combatido por el quejoso, no encuadra en los actos de imposible reparación. A fin de demostrarlo, se hace notar que la audiencia de quince de agosto de dos mil veintitrés, mediante la cual, negó interrumpir el debate, declarar nulo todo lo actuado, y remitir el asunto a distinto Tribunal de Enjuiciamiento a efecto de que se reinicie el juicio, reclamado al juez de control responsable, sólo negó la petición de interrumpir el debate, en etapa de descubrimiento probatorio; lo cual atendió al señalamiento de la audiencia para su desahogo derivado de las vacaciones que gozó el juez de conocimiento. Lo cual de ninguna forma implica que se haya establecido la plena culpabilidad del quejoso en el hecho con apariencia de delito por el cual habrá de celebrarse la audiencia de juicio oral. Entonces, el único efecto del citado acuerdo es que continúe el trámite de la causa penal, a fin de celebrar la etapa de juicio. De modo que si la eventual sentencia definitiva que se pronunciara en la causa penal, resultara favorable a los intereses del quejoso, ninguna repercusión habrá tenido el que se haya negado la petición de interrumpir la audiencia. Ello impide considerar que el acuerdo combatido en la demanda de amparo, tenga las características de los actos de imposible reparación, pues los antecedentes relatados en la demanda reflejan que esa decisión judicial, quedó acotada a lo siguiente: Negar la petición de declarar nulo todo lo actuado, y remitir el asunto a distinto Tribunal de Enjuiciamiento a efecto de que se reinicie el juicio, reclamado al juez de control responsable, sólo negó la petición de interrumpir el debate, en etapa de descubrimiento probatorio; lo cual atendió al señalamiento de la audiencia para su desahogo derivado de las vacaciones que gozó el juez de conocimiento. Aparte, el citado acuerdo tampoco impuso restricciones a los derechos sustantivos que tiene el quejoso como imputado en la causa penal; y como se dijo, nunca fue examinado (en el acto reclamado) la materialidad del hecho delictivo o la plena responsabilidad penal. Por consiguiente, no pueden visualizarse atributos de imposible reparación en el acto reclamado, pues el juez responsable nunca afectó derechos sustantivos del quejoso. Máxime que los antecedentes relatados en la demanda bajo protesta de decir verdad, y los conceptos de violación expuestos contra el mencionado acto, permiten descartar que este hubiera trascendido a derechos sustantivos del quejoso en la causa penal. Luego, no existen los atributos necesarios para estimar una afectación directa a algún derecho fundamental del quejoso, que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Así, debe afirmarse que la resolución reclamada representa una decisión de mero impacto a derechos procesales en la causa penal, es decir, una violación procesal que si llegara a trascender al dictado de la sentencia definitiva, podrá alegarse en la instancia de apelación y eventualmente hasta el juicio de amparo directo, conforme al artículo 173, apartado B, fracción I, de la Ley de Amparo, que dice * De ahí que no pueda considerarse que el acto reclamado, haya afectado derechos sustantivos del quejoso en la causa penal, que es la condición indispensable para generar un acto de imposible reparación. Entonces, debe estimarse que la resolución combatida en la demanda, sólo puede generar violaciones de naturaleza adjetiva en el trámite de la causa penal y por ende no constituye un acto de ejecución irreparable, porque únicamente negó interrumpir el debate, declarar nulo todo lo actuado, y remitir el asunto a distinto Tribunal de Enjuiciamiento a efecto de que se reinicie el juicio, cuyo motivo atendió a las vacaciones de las cuales gozó el juez de enjuiciamiento, por lo cual no se generó afectaciones directas a algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal, pues de declararse nulo lo actuado provocaría una mayor dilación en la etapa procesal correspondiente. Así, debe concluirse que el quejoso pretende combatir una resolución que sólo generó afectaciones de naturaleza adjetiva en el procedimiento jurisdiccional, y por ende, no puede visualizarse que encuadre en los actos de ejecución irreparable. Por tanto, se declara que el acuerdo combatido por el quejoso, encuentra la causal de improcedencia que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, con las características de indudable y manifiesta. En tanto, la resolución emitida en audiencia de quince de agosto de dos mil veintitrés, en que revocó al defensor particular * y negó al procesado volver a designar al defensor particular en cita, encuadra en la hipótesis de actos intraprocesales, que también contempla la fracción V, artículo 107 de la Ley de Amparo, porque estos son de aquéllos que sólo generan consecuencias de naturaleza procesal, y no una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable; de manera que sólo están destinados a regir el exterior del juicio. Se dice lo anterior, porque no puede calificarse como de "imposible reparación" en la medida en que con ello no se produce una afectación material a derechos sustantivos; es decir, no se impide en forma actual el ejercicio de un derecho, sino que en todo caso, solamente se ocasiona una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, tal como se pone de manifiesto con lo expresado por el quejoso en su demanda de garantías, en el que el quejoso estima que se le priva de su derecho de defensa, en tanto no confía en ningún defensor por parte del Estado. Entonces, resulte evidente que no se le está privando del derecho de defensa, sino que en todo caso, solo se está en el supuesto de una indebida defensa, * violación que como lo reconoce el quejoso conforme a lo que se reprodujo, solo incide en el desarrollo del proceso, produciendo una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, puesto que puede darse el caso que no obstante la asignación de defensor a de oficio, los efectos intraprocesales por esa designación producidos, puedan ser reparados de dictarse en favor del quejoso una sentencia favorable a sus intereses. Así entonces, debe distinguirse entre una falta de defensa y una indebida defensa; y es la primera, la que sí ocasionaría la afectación a un derecho sustantivo - privación de ese derecho-; pero no la segunda -indebida defensa-, supuesto en el cual se encuentra el acto que el quejoso reclama, puesto que tiene efectos formales dentro del proceso de origen, que serían reparados en caso de que se dictara en su favor sentencia absolutoria y por ende, el juicio de amparo indirecto, es improcedente. * En consecuencia, al actualizarse de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII y el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Condiciones de internamiento. Por otra parte, resulta notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto de los actos que hace consistir en no permitirse la entrevista con su abogado particular; las cuestiones de internamiento cuando acude a casa de justicia, como es la estancia que refiere estar desaseada, y los alimentos que le son proporcionados. Lo anterior, porque el directo quejoso pretende reclamar aspectos relacionados con las condiciones de internamiento, en las que se encuentran las omisiones de que se le proporcione atención médica, se le permita visita de su abogado particular y de las instalaciones en las que provisionalmente guarda reclusión en casa de justicia. Sin embargo, de acuerdo a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, como en este caso la falta de atención médica Es así porque dicho Pleno de Circuito estableció, en primera instancia, que la Ley de Ejecución Penal prevé varios regímenes con el tema que regula el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, entre las cuales destacó que el régimen de internamiento, en el que se reglamentan las condiciones de reclusión, deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de la legislación especial citada. De esa forma, se consideró que las instalaciones, servicios que provee el centro de internamiento así como la atención médica forma parte de las condiciones de internamiento (dentro de lo que podemos incluir el reclamo de la parte quejosa que a su decir es la estancia desaseada, sin colchoneta, sin alimentos dignos, que tampoco se le proporciona agua y la negativa a que su padre le provea alimentos), por ser un medio necesario para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad; tanto es así, que se encuentran reguladas en el mismo capítulo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, artículos 30 y 34. Para salvaguardar lo anterior, la legislación especial en cita prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria contra los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, entre ellas la atención médica adecuada, y que se permitan las visitas de defensores particular o públicos, así como de familiares, de la persona recluida; ello en términos de lo que se establece en el título cuarto, capítulo III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En efecto, la citada legislación prevé un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran cuestiones relativas a su salud, así como visitas de sus abogados y de las instalaciones en las que guarda reclusión; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. Además la legislación citada establece de manera específica, cómo deben efectuarse los escritos y la forma en que deben sustanciarse las peticiones, lo cual pone de manifiesto la existencia de un procedimiento administrativo de peticiones, destinado a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a vulneración de sus condiciones de internamiento, como es la atención médica adecuada, el cual se estima ágil y eficaz para que el interno pueda ver satisfechas sus necesidades, entre ellas, la falta o negativa de atención médica, incluso, de carácter urgente, como también las visitas de sus defensores. De igual forma, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues en su artículo 114 dispone que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste puede formular controversia ante el Juez de Ejecución, dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la citada resolución, o bien, en cualquier momento si los efectos del acto son continuos o permanentes. Es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal también prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria, de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del término legal, la parte promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esa omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la ley, y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. Por otra parte, es menester precisar que, por sí misma, la falta de protocolos y la negativa de atención médica, no constituye, en automático, un acto prohibido por el artículo 22 de la constitución federal, ya que no se puede establecer que esa falta o negativa de atención médica sea, en todos los casos, un acto que implique una pena de muerte, una mutilación o una infamia, ni una marca o un azote, ni tormento de cualquier especie, desde luego, salvo que en algún caso muy particular, se ponga en evidencia una situación de esa naturaleza, supuesto en el cual, la procedencia del amparo no sería, en sí, por la falta o negativa de atención médica, sino porque se actualiza alguna de las hipótesis prohibidas por el artículo 22 constitucional. Pero las manifestaciones realizadas por el promovente en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, no reflejan que la dieta que solicita en contenido calórico, así como las instalaciones en las que temporalmente guarda reclusión en casa de justicia, impliquen un necesario, inmediato e inminente peligro a su vida, pues se trata de las condiciones de internamiento en las que se encuentra inmerso y que son objeto de revisión ante un juez en la ejecución de sentencia, conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover juicio de amparo. Entonces, los actos reclamados a favor del quejoso no corresponden a los prohibidos por el artículo 22, de la constitución federal, ni los referidos en el artículo 15, de la Ley de Amparo, y por ende, deberán ser objeto de estudio en la "petición administrativa" que prevé el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De modo que al reclamarse cuestiones relacionadas con cualitativas del internamiento (omisión de proporcionar atención médica de carácter urgente, omisión de permitir las visitas de abogados y de las instalaciones en las que guarde reclusión), cuya ruta ordinaria de impugnación se encuentra prevista en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es válido considerar la improcedencia del presente juicio a partir de la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de forma parcial la demanda de protección de derechos que originó este juicio, porque las omisiones referidas, encontraron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas Finalmente, como se indicó al inicio de este acuerdo, la pretendida incomunicación que alegó el quejoso se hace depender de que no se le permita entrevista con su defensor particular, entonces, tal acto queda subsumido en los actos por los cuales previamente se desechó, puesto que no se advierte un acto de incomunicación, tan es así que el quejoso promovió por derecho propio y plasmó su firma. Por lo cual, se reitera que de los datos objetivos contenido en la demanda, resulta claro que los actos que señala como tratos crueles, degradantes e inhumanos, solo son afirmaciones subjetivas del promovente del amparo que hace depender de cuestiones de internamiento de carácter temporal -en casa de justicia-, cuando asiste a la realización de alguna diligencia relacionada con su proceso; por ende, queda claro que no está siendo objeto de actos que impliquen un menoscabo, privación o alteración de sus derechos, como consecuencia de una conducta ilícita. Por tanto, se desecha de plano la demanda de protección de derechos, porque los actos que pretende reclamar el quejoso, encontraron diversas causales de improcedencia manifiestas e indudables. Anotaciones internas. Se instruye a la encargada de los libros de gobierno y a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones personales, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, porque solicitó de manera expresa ser notificado por la vía electrónica. Además, se detectó su petición de acceder al expediente electrónico. Por tanto, se instruye a la secretaria encargada del presente asunto, que habilite el mecanismo de notificación electrónica y el acceso al expediente electrónico, con el usuario "f.javier.gomez.m". Asimismo, se tiene autorizado en términos amplios al profesionista de nombre Francisco Javier Gómez Mendiola, porque así lo solicitó el quejoso y éste tiene registrada su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Por último, se tienen como medios de contacto no procesal, la dirección de correo electrónico y el número telefónico proporcionados en la segunda página de su demanda. Autorización de copia. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la parte promovente que podrá descargar el presente proveído que contiene la concesión de la suspensión de plano del expediente electrónico -con su respectiva evidencia criptográfica-; pues, de conformidad con el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dicha determinación judicial no se integran al presente expediente. Lo anterior, previa razón e identificación oficial que por su entrega y recibo se asiente en autos, por lo que el interesado deberá proporcionar un dispositivo de almacenamiento externo tipo USB. Es importante destacar que, dichas constancias pueden ser descargadas desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el usuario que, en su caso, haya sido autorizado para la consulta del expediente electrónico. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al promovente y a el quejoso el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa, a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes a lo determinado en este acuerdo. Habilitación de días y horas inhábiles. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias

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