Felipe de Jesus Osorio Montalvo

Expediente 1126/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1126/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
26/10/2017

Partes del expediente

  • Felipe de Jesus Osorio Montalvo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    MESA II.Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa. Asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y la sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    MESA II. Agréguense a estos autos el informe justificado rendido por el Director de Seguridad Pública y Tránsito de Ticul, Yucatán, sin hacer pronunciamiento al respecto, toda vez que por proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, se sobreseyó el presente juicio de amparo por cambio de situación jurídica.

  3. Principal

    MESA II. Visto el estado que guardan los autos, se acuerda: agréguese a los autos oficio signado por el Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, con sede en esta ciudad y anexo que acompañó, mediante el remite las constancias que le fueron solicitadas el acuerdo dictado el veintidós de septiembre del año en curso. Ahora bien, de la revisión de las constancias de referencia, se aprecia que el once de septiembre de del año en curso, el Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República puso a disposición del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Yucatán al directo quejoso Feliciano Chan Cámara, como probable responsable de la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de posesión de los narcóticos denominados cannabis sativa L., clorhidrato de cocaína y clorhidrato de metanfetamina, con fines de comercio, en su connotación de venta, previsto y sancionado en el artículo 195, primer párrafo, en relación con los números 193 y 194, del Código Penal Federal y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, con relación en el diverso 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en autos de la carpeta de investigación FED/YUC/MER/0000368/2017. Dicha documental tiene valor probatorio pleno, de conformidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2º de la Ley de Amparo en vigor. Por tanto, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Esto es así, puesto que mediante oficio de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, consignó la carpeta de investigación F2-F2/312/2015, instruida contra Feliciano Chan Cámara al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Yucatán, como probable responsable de los hechos contemplados como delitos descritos en párrafos precedentes. De lo anterior se aprecia que, las consecuencias jurídicas del acto consistente en la incomunicación y la privación de la libertad fuera de procedimiento reclamada quedó insubsistente y no pueden ser analizada por encontrarse la causa de origen en un estado procesal diferente; pues en el caso, la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del juez de control que tendrá a cargo la instauración del juicio respectivo y por ende no puede analizarse en el presente juicio de amparo la constitucionalidad del actuar de la responsable en la averiguación de origen sin afectar el nuevo estado procesal que guarda el nuevo procedimiento penal. Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis 2ª.CXI/96, con el rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Por consiguiente, este Juzgador de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Sirve de orientación a la determinación anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro y texto son: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional. " Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados a las autoridades que fueron señaladas responsables en el escrito de demanda de amparo. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por otro lado, toda vez que de autos se advierte que al directo quejoso Feliciano Chan Cámara, manifestó haber sido objeto de tortura, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 1 Constitucional, en el que se establecen las obligaciones de las autoridades en el ámbito de su competencia de garantizar el respeto y protección de los derechos humanos; y, a las manifestaciones del quejoso en las que hacen denuncia por hechos probablemente constitutivos del delito de tortura, acto prohibido por el artículo 22 Constitucional. En consecuencia, dese vista a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado con las manifestaciones formuladas por el quejoso, en torno a los actos de tortura que refiere haber sufrido al momento de la detención, a fin de que determine lo que a su representación social corresponda, pues de comprobarse tal extremo, los quejosos podrán ejercer adecuadamente su derecho de defensa efectivo en proceso. Finalmente, una vez hecho lo anterior, informe a este órgano a este órgano jurisdiccional las acciones tomadas.

  4. Principal

    MESA II. Visto el estado que guardan los autos, se acuerda: agréguese a los autos oficio signado por el Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, con sede en esta ciudad y anexo que acompañó, mediante el remite las constancias que le fueron solicitadas el acuerdo dictado el veintidós de septiembre del año en curso. Ahora bien, de la revisión de las constancias de referencia, se aprecia que el once de septiembre de del año en curso, el Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República puso a disposición del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Yucatán al directo quejoso Feliciano Chan Cámara, como probable responsable de la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de posesión de los narcóticos denominados cannabis sativa L., clorhidrato de cocaína y clorhidrato de metanfetamina, con fines de comercio, en su connotación de venta, previsto y sancionado en el artículo 195, primer párrafo, en relación con los números 193 y 194, del Código Penal Federal y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, con relación en el diverso 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en autos de la carpeta de investigación FED/YUC/MER/0000368/2017. Dicha documental tiene valor probatorio pleno, de conformidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2º de la Ley de Amparo en vigor. Por tanto, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Esto es así, puesto que mediante oficio de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, consignó la carpeta de investigación F2-F2/312/2015, instruida contra Feliciano Chan Cámara al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Yucatán, como probable responsable de los hechos contemplados como delitos descritos en párrafos precedentes. De lo anterior se aprecia que, las consecuencias jurídicas del acto consistente en la incomunicación y la privación de la libertad fuera de procedimiento reclamada quedó insubsistente y no pueden ser analizada por encontrarse la causa de origen en un estado procesal diferente; pues en el caso, la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del juez de control que tendrá a cargo la instauración del juicio respectivo y por ende no puede analizarse en el presente juicio de amparo la constitucionalidad del actuar de la responsable en la averiguación de origen sin afectar el nuevo estado procesal que guarda el nuevo procedimiento penal. Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis 2ª.CXI/96, con el rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Por consiguiente, este Juzgador de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Sirve de orientación a la determinación anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro y texto son: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional. " Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados a las autoridades que fueron señaladas responsables en el escrito de demanda de amparo. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por otro lado, toda vez que de autos se advierte que al directo quejoso Feliciano Chan Cámara, manifestó haber sido objeto de tortura, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 1 Constitucional, en el que se establecen las obligaciones de las autoridades en el ámbito de su competencia de garantizar el respeto y protección de los derechos humanos; y, a las manifestaciones del quejoso en las que hacen denuncia por hechos probablemente constitutivos del delito de tortura, acto prohibido por el artículo 22 Constitucional. En consecuencia, dese vista a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado con las manifestaciones formuladas por el quejoso, en torno a los actos de tortura que refiere haber sufrido al momento de la detención, a fin de que determine lo que a su representación social corresponda, pues de comprobarse tal extremo, los quejosos podrán ejercer adecuadamente su derecho de defensa efectivo en proceso. Finalmente, una vez hecho lo anterior, informe a este órgano a este órgano jurisdiccional las acciones tomadas.

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