Felipe de Jesús Montaño Valenzuela
Expediente 419/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 419/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Felipe de Jesús Montaño Valenzuela
Actuaciones
- Principal
Se declara que el auto que desechó la demanda por notoriamente improcedente, promovida por Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Envíese al archivo. Una vez analizado el presente asunto, se establece que no es de relevancia documental. Juicio en línea Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea "juicio en línea"; quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Así, quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, contra actos de la Comisión para la Atención a las Comunidades Indígenas de Sinaloa del Gobierno del Estado, con residencia en Culiacán y otras autoridades, fórmese el expediente respectivo, regístrese en el libro uno de juzgado, correspondiente de registro de juicios de amparo, con el número 419/2020-1B, que es el que cronológicamente le corresponde y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Actualización de causa de improcedencia De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, antes de admitir una demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo, sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que este motivo sea manifiesto e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexen, y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción, de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.". En la especie, de oficio se advierte que se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia, la cual se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos y omisiones reclamados tienen naturaleza eminentemente electoral. El artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; (.)" Conforme al artículo transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se impugnan resoluciones o declaraciones en materia electoral, causa de inejercitabilidad que, también, resulta aplicable cuando se reclaman en tal sumario constitucional normas generales de tal materia. Ello, pues dichas actos, omisiones o normas generales deben ser reclamadas a través de los medios de defensa del sistema integral de justicia electoral, previsto en los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, por razón de especialidad, los actos u omisiones cuya naturaleza sean esencialmente electoral como en el caso al reclamarse actos u omisiones acaecidas dentro del proceso de designación de nombramiento de Gobernador Tradicional del Centro Ceremonial "Virgen del Carmen de Ohuira", Municipio de Ahome, Sinaloa deben ser combatidas a través de los medios de defensa previstos en el sistema integral de justicia electoral, de ahí que el juicio de amparo resulte improcedente en su contra. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 61/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, abril del 2011, página 323, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal.". Asimismo, es aplicable al caso la tesis aislada P. LX/2008, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 5, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables.". En la especie, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.- A).- C. COORDINADOR GENERAL de la comisión para la atención de comunidades indígenas del Estado de Sinaloa (COPACIS), con domicilio ampliamente conocido en el palacio de Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa.- B).- CONSEJO SUPREMO MAYO DE GOBERNADORES TRADICIONALES, con domicilio bien conocido por la calle Niños Héroes número 777, casi esquina con calle Bienestar, fraccionamiento Cuauhtémoc, de esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa.- EJECUTORAS.- C).- CONSEJO DE ANCIANOS DEL CENTRO CEREMONIAL "VIRGEN DEL CARMEN" formado por el c. LIBRADO BACASEHUA ELENES, en la comunidad indígena de ohuira Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, con domicilio ampliamente conocido en la zona urbana de dicha comunidad indígena.- IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Es ACTO RECLAMADO, de las Autoridades señaladas como Responsable ejecutoras, el cumplimiento que le pretenda dar a Las órdenes, acuerdos disposiciones y/o determinaciones que de propia autoridad dicto ya sean escritas o verbales, al Consejo de ancianos del Centro Ceremonial "Virgen del Carmen". De la comunidad indígena de Ohuira, Ahome, Sinaloa, para que Expida Convocatoria para la elección de Kobanaro y/o Gobernador Tradicional de dicho centro ceremonial.- Es ACTO RECLAMADO, de las Autoridades señaladas como Responsables ejecutoras, el cumplimiento que le pretenda dar a Las órdenes, acuerdos disposiciones y/o determinaciones que le hayan girado las responsables ordenadoras, ya sean escritas o verbales, mediante la expedición de la Convocatoria de fecha 15 de agosto del presente año 2020, con la cual se está convocando a una asamblea para elegir al Gobernador Tradicional para el periodo 2020 al 2023. ." En suma, en el presente caso, la parte quejosa reclama diversos actos surgidos dentro del proceso de designación de nombramiento de Gobernador Tradicional del Centro Ceremonial "Virgen del Carmen" de la Comunidad indígena de Ohuira, Ahome, Sinaloa, al reclamar las órdenes, acuerdos disposiciones y/o determinaciones ya sea escritas o verbales con relación a la expedición de la convocatoria para la elección de Kobanaro y/o Gobernador Tradicional de dicho centro ceremonial y su ejecución. En ese sentido, conforme a la naturaleza de los actos reclamados, se puede decir que éstos pertenece al derecho electoral que es la rama del derecho público que tiene por objeto regular el recambio de gobernantes o los plebiscitos por medio de la reglamentación del sistema electoral, sus órganos, la división del territorio en zonas electorales, los procedimientos para la inscripción de electores y candidaturas, su financiamiento y propaganda, la votación, el escrutinio, la observación electoral y todos los asuntos contenciosos derivados de ellos. Sin que obste a lo anterior que en el caso, el quejoso sea un integrante de un grupo indígena, sin embargo, derivado del reconocimiento efectuado por la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, se establece que los pueblos originarios cuentan con derechos a la participación en la toma de decisiones que afectan a sus derechos y entorno, ya sea de manera directa o por medio de representantes elegidos de acuerdo con las instituciones, normas, procedimiento o tradiciones por ellos reconocidas. Lo anterior se encuentra recogido por la justicia electoral, por lo que las comunidades indígenas y sus integrantes pueden acudir a ésta para proteger sus derechos en diversas situaciones, entre ellas, cuando se ven afectados sus derechos a elegir a sus autoridades bajo sistemas normativos internos. La libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas incluyen la posibilidad de elegir el sistema bajo el cual pretenden elegir a sus autoridades. Lo anteriormente dicho encuentra sustento en el Manual sobre los derechos político- electorales de los pueblos y las comunidades indígenas, publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México 2007. En ese tenor, es evidente que los actos reclamados por la parte quejosa, al tener su origen en el proceso de designación de nombramiento de Gobernador Tradicional del Centro Ceremonial "Virgen del Carmen" de la Comunidad indígena de Ohuira, Ahome, Sinaloa, son propias de la materia electoral, cuyo objeto de estudio abarca, entre otras cuestiones, las normas y principios que rigen los procesos de participación ciudadana, como en el caso, cuando se ven afectados los derechos a elegir a sus autoridades bajo sistemas normativos internos. En esos términos, es fácil advertir que la improcedencia del juicio de garantías contra actos en materia electoral que establece el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, sin embargo dicha afirmación por sí sola, no determina que esas actuaciones se encuentren exentas del cumplimiento y respeto a las garantías que a favor de todo gobernado consagra la Constitución General de la República, dado que sólo implica que dentro del ámbito de justicia que establece la Carta Magna, existe un órgano especializado para conocer de la reclamación por violaciones a derechos fundamentales que sean de contenido medularmente electoral. Dicho en otras palabras, también los actos en materia electoral deben observar todos los derechos fundamentales que consagra el Pacto Federal y, por ende, no sólo es permitido, sino necesario, que al examinarse su juridicidad se vinculen y estudien argumentaciones no sólo relacionadas con derechos político electorales, sino también con cualquier derecho constitucional de los gobernados, pero dada su naturaleza esencialmente electoral y la existencia del órgano especializado para resolver al respecto, no debe ser la justicia constitucional común la encargada de pronunciarse en esa materia, sino el Tribunal Electoral el que debe resolver íntegramente sobre el particular. Se cita en apoyo a lo anterior, lo expuesto la tesis I.15o.A.136 A sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, julio del 2009, página 1859, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. LA IMPROCEDENCIA DE ESE JUICIO EN MATERIA ELECTORAL NO IMPLICA QUE LOS ACTOS RELATIVOS ESTÉN EXENTOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE SU EXAMEN CORRESPONDE AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN AL CONOCER DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN ESA MATERIA. De la interpretación sistemática de los artículos 3, 4, párrafo primero, 8, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 43 Bis, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 61, 64, 79, 83, 86 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que existe una estructura de defensa que puede aplicarse a quien tenga el interés jurídico para hacerlo, contra actos y resoluciones de las autoridades electorales que no se sujeten a los principios de constitucionalidad y de legalidad; y que corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el conocimiento de los procedimientos respectivos, destacando el juicio de revisión constitucional y los recursos de apelación y reconsideración, así como los juicios de inconformidad y para la protección de los derechos político electorales del ciudadano. En esos términos, es fácil advertir que la improcedencia del juicio de garantías contra actos en materia electoral que establece el artículo 73, fracción VII, de la Ley de Amparo, no determina que esas actuaciones se encuentren exentas del cumplimiento y respeto a las garantías que a favor de todo gobernado consagra la Constitución General de la República, dado que sólo implica que dentro del ámbito de justicia que establece la Carta Magna, existe un órgano especializado para conocer de la reclamación por violaciones a derechos fundamentales que sean de contenido medularmente electoral. En otras palabras, también los actos en materia electoral deben observar todos los derechos fundamentales que consagra el Pacto Federal y, por ende, no sólo es permitido, sino necesario, que al examinarse su juridicidad se vinculen y estudien argumentaciones no sólo relacionadas con derechos político electorales, sino también con cualquier derecho constitucional de los gobernados, pero dada su naturaleza esencialmente electoral y la existencia del órgano especializado para resolver al respecto, no debe ser la justicia constitucional común la encargada de pronunciarse en esa materia, sino el Tribunal Electoral el que debe resolver íntegramente sobre el particular.". Asimismo, se cita por su poder vinculante el criterio adoptado en el amparo en revisión 4/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, en el que se reclamaban actos surgidos dentro del proceso de designación de nombramiento de Gobernador Tradicional de un Pueblo Indígena de Sinaloa, como en el caso que nos ocupa, en la que se advierte de manera destacada que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el seis de noviembre de dos mil diecinueve, dictó ejecutoria en la que resolvió no ejercer la facultad de atracción, sin embargo, determinó que ya había pronunciamiento del Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la forma en que los juzgadores de amparo deben resolver estos asuntos, citando la tesis P. LX/2008, de rubro "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS." y, que también ha habido pronunciamientos respecto de casos similares, lo que originó la jurisprudencia 2ª/J 61/2011, de rubro "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL." Por lo anteriormente expuesto al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, al versar los actos reclamados a la materia electoral, se desecha de plano la demanda de amparo, instaurada por FELIPE DE JESÚS MONTAÑO VALENZUELA, contra actos del Coordinador de la Comisión para la Atención a las Comunidades Indígenas de Sinaloa del Gobierno del Estado, con residencia en Culiacán y otra autoridad. Finalmente, atendiendo al desechamiento de la demanda, no ha lugar a realizar pronunicamiento en cuanto a la suspensión provisional que solicita el promovente, puesto que dicha medida suspensional se encuentra condicionada a la vida del juicio constitucional, lo cual no se actualiza en el presente asunto al haberse desechado de plano. Se cita en apoyo a lo anterior la tesis aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, página 2321, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SU PRONUNCIAMIENTO ESTÁ CONDICIONADO A LA VIDA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si bien es verdad que del texto del artículo 113 de la Ley de Amparo, en contraste con el diverso numeral 145 de la ley abrogada, se advierte que el legislador suprimió la parte final de este último, donde señalaba que cuando del examen al escrito de demanda se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia debía desecharse de plano: "...sin suspender el acto reclamado"; sin embargo, dicha supresión en su redacción actual, no significa permisión en cuanto a que al desechar de plano la demanda, sea factible proveer sobre la solicitud de la suspensión del acto reclamado, ya que no debe soslayarse que la figura de la suspensión en el juicio de amparo se ha concebido como una cuestión accesoria de aquél, esto es, la medida cautelar tiene como conditio sine qua non, la admisión a trámite de la solicitud de amparo, puesto que sus efectos consisten en interrumpir transitoriamente la ejecución del acto reclamado, hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoria. De lo anterior se concluye que aunque la determinación de desechamiento de una demanda de amparo por motivo manifiesto e indudable, se encuentre sub júdice, en su caso, por virtud de su impugnación mediante el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley citada, ello no implica que en tanto se resuelve este último, el Juez de Distrito deba proveer sobre la suspensión del acto reclamado, puesto que esta medida se encuentra condicionada a la vida del juicio constitucional, lo cual no se actualiza cuando la demanda fue desechada de plano." Reanudación de plazos. En primer término cabe establecer que de conformidad al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2º, cabe precisar que el tres de agosto del año en curso, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, según su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de julio del año en curso; en consecuencia, en acatamiento al mismo se ordena hacer saber a las partes lo siguiente: 1. Se reanudan los plazos y términos procesales, por lo que se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada por el Consejo de la Judicatura Federal, del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, con las siguientes precisiones: a) Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio; es decir, la reanudación de los plazos comenzará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; b) En los juicios de amparo y en los juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional; c) La notificación de los asuntos resueltos y engrosados durante la contingencia sanitaria, que no se hubiese podido practicar antes de la entrada en vigor del acuerdo general en cita, se realizará de manera escalonada, debiendo concluirse a más tardar el uno de octubre de dos mil veinte; y, d) El emplazamiento en los juicios nuevos que no se hubiese podido practicar antes de la entrada en vigor del acuerdo general 21/2020 que se cumplimenta, se realizará de manera escalonada, debiendo concluirse a más tardar el uno de octubre de dos mil veinte. 2. Atención al público en general, al respecto se precisa lo siguiente: a) Tratándose de comunicaciones no procesales, se podrá brindar atención a las personas vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos; y, b) Tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se podrán practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, sin menoscabo de los casos en los que puedan llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes; lo que es aplicable incluso cuando la tramitación de un expediente se realice bajo el esquema tradicional y no mediante el modelo de juicio en línea. En la inteligencia de que cuando pese a la posible utilización de los mecanismos antes previstos, sea indispensable que las partes acudan físicamente al órgano jurisdiccional o cuando éstas deseen asistir personalmente a consultar los expedientes ante la imposibilidad de hacerlo por otros medios, deberán generar una cita en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, que se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea, "Servicios jurisdiccionales", dentro del que encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. En el entendido de que la generación de citas, es un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso está condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. En el entendido de que, de ser el suscrito quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 6 del acuerdo en cita. Reanudación de plazos y términos En atención a las consideraciones precisadas en párrafos precedentes, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada por el Consejo de la Judicatura Federal, del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, y se reanudan los plazos y términos procesales, los cuales, comenzarán a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Juicio en línea Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea "juicio en línea"; quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Así, quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. Domicilio y autorizados. Téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el ubicado en los estrados de este juzgado; y por autorizados a los licenciados Mario Alejandro Valenzuela Bacasegua, Liliana Méndez Manríquez, Guadalupe Moran Valenzuela, Eleazar Enrique Talamante Irazoqui y/o Rosario Geovani Heredia Puente, únicamente para oír y recibir notificaciones al tratarse de un asunto en materia administrativa y no tener registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales que para tal efecto se lleva en el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente.
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