Felipe de Jesús Martínez Cárdenas

Expediente 623/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
623/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
05/06/2019

Partes del expediente

  • Felipe de Jesús Martínez Cárdenas

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO AUTO QUE TUVO POR DESECHADA LA DEMANDA Y SE ORDENA ARCHIVO...

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista en vía de notificación personal al QUEJOSO FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ CÁRDENAS, EL AUTO DE VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, que en lo conducente dice: "Personería Se tiene por recibido el escrito presentado por Felipe de Jesús Martínez Cárdenas, por su propio derecho, por el cual promueve juicio de amparo, contra actos de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en Guaymas. Formación y registro de expediente En consecuencia, se ordena formar expediente, anotar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 623/2019 y su registro en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. Desechamiento Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al advertirse del escrito inicial un motivo indudable y manifiesto de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo, en lo conducente, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. (.)" Del análisis integral de la demanda de amparo, es dable concluir que el acto reclamado consiste en la omisión de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en Guaymas, de dictar laudo en el expediente laboral 559/2018. En el caso, este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto legal aludido en primer término en su fracción invocada dispone que: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que: Artículo 107. El amparo indirecto es procedente: (.) V. Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). Del primer dispositivo transcrito se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo. De la interpretación del diverso numeral se desprende que el juicio de amparo indirecto excepcionalmente procede contra actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual, el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Partiendo de ello, sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no resulta procedente el juicio de amparo indirecto cuando se impugnen violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) de rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En el caso, el peticionario de amparo manifestó bajo protesta de decir verdad que el nueve de abril de dos mil diecinueve se decretó el cierre de instrucción en el expediente laboral 559/2018, del índice de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en Guaymas. Asimismo, en relación a los preceptos constitucionales violados, expresó que se violan sus derechos fundamentales establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante jurisprudencia obligatoria para este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, determinó que cuando un particular ".se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite." Igualmente, resolvió que si bien "uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta." Lo anterior, salvo que el Juez de Distrito advierta una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso el juicio de amparo indirecto, sería procedente por excepción. Así, para estar en condiciones de determinar si en el dictado de sus resoluciones, la autoridad incurre en una dilación que transgreda los plazos y términos que señalan los preceptos legales que rigen las materias de donde derivan los actos reclamados, debe atenderse entre otras circunstancias a la naturaleza y carga de trabajo de los diferentes órganos jurisdiccionales encargados de impartir justicia; de ahí que, tomando en consideración que los Tribunales del Estado como la responsable, cuentan con un número considerable de juicios que deben resolver, no es dable pensar que el plazo transcurrido entre la fecha en que el promovente refiere que se turnó el expediente laboral de origen a la sala de dictámenes para la elaboración del proyecto de laudo, esto es, el nueve de abril de dos mil diecinueve, y la fecha en que presenta su demanda de amparo, pueda llevar a concluir que la responsable hubiese incurrido en una dilación excesiva que arroje una paralización del asunto para efectos de hacer procedente el juicio constitucional. Por identidad jurídica y las razones que la integran es apoyo de lo anterior, la tesis VI.2o.T.17 L (10a.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado En Materia de Trabajo del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, página 1966, Materia Laboral, PROCEDIMIENTO LABORAL. ABIERTA DILACIÓN O SU PARALIZACIÓN TOTAL. PECULIARIDADES QUE DEBEN CONSIDERARSE EN CADA CASO PARA VERIFICAR EL INCUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 838 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DETERMINAR LA CONFIGURACIÓN DE AQUÉLLA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", estableció que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, la autoridad que conozca del asunto debe sujetarse a los plazos y términos que los rigen, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones y que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente cuando se interponga contra actos de esta naturaleza, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, a menos de que del contenido de la propia demanda de amparo se advierta que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total de éste, pues en tal caso, la demanda es procedente. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 445, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Novena Época, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Séptima Sección - Acceso a la Justicia, página 1497, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.", fijó el alcance del derecho fundamental garantizado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la obligación de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, debe atender a la naturaleza y carga de trabajo de los diferentes órganos jurisdiccionales, que implica un tiempo suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales, sin que los plazos y términos lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Así, partiendo de las anteriores premisas, para establecer cuándo se está en presencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, en caso de incumplimiento del término previsto en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, debe atenderse a las peculiaridades de cada caso concreto, como podrían ser: a) el plazo que prevé la ley respectiva para la emisión de la resolución de que se trate; b) la naturaleza de ésta; c) la complejidad del asunto; y, d) los antecedentes del caso, entre otros; sin que sea factible establecer un término fijo y genérico que aplique en todos los asuntos. Aunado a lo anterior, debe decirse que en el caso concreto no se actualizan los supuestos de excepción a que se refiere la tesis recién invocada, toda vez que, en principio, no se advierte que exista una paralización total del procedimiento de origen que derive de la omisión de dictar laudo que el promovente refiere en su demanda de amparo; ello, pues tal conducta omisiva no constituye en sí misma una suspensión de dicho juicio, sino que se traduce en la falta de actuar por parte de la autoridad responsable dentro del plazo que la legislación aplicable establece para ello. Lo anterior es así, ya que la omisión combatida tampoco conlleva una dilación abierta en el procedimiento natural que haga procedente el juicio de amparo indirecto, ya que para ello la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado un parámetro mínimo objetivo a fin de otorgar certeza jurídica a los justiciables, el cual permite definir cuándo una dilación procedimental en materia laboral puede considerarse como una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización; situación que no se actualiza en el caso concreto, tal como se verá a continuación. En efecto, la citada Sala, en la ejecutoria de nueve de enero de dos mil diecinueve, resolvió la contradicción de tesis 294/2018, en la que determinó que para la procedencia del amparo en el que se reclamen dilaciones presuntamente excesivas de las Juntas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, deben de transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales, desde la fecha que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse o diligenciarse la omisión reclamada. De dicha ejecutoria, por contradicción derivó la jurisprudencia 2a./J. 33/2019, de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. En ese orden de ideas, se reitera que en el caso concreto no existe una abierta dilación al procedimiento que traiga consigo una paralización de éste, dado que el veinte de mayo de dos mil diecinueve, feneció el término que prevén los artículo 885, 886 y 887, todos de la Ley Federal del Trabajo para la emisión del laudo correspondiente y el diecisiete de mayo del año en curso se presentó la demanda de amparo que se atiende. Se afirma lo anterior, en razón de que el promovente señala bajo protesta de decir verdad, que el cierre de instrucción se decretó el nueve de abril de dos mil diecinueve, de ahí que el término con el que contaba la responsable para dictar el laudo -veinticinco días-, feneció el veinte de mayo de dos mil diecinueve, sin contar los días trece, catorce, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de abril de dos mil diecinueve, uno, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de mayo de dos mil diecinueve, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, como se expuso en líneas precedentes, no existe una dilación excesiva en el procedimiento de origen con motivo de la omisión combatida, ya que no ha mediado el plazo de cuarenta y cinco días naturales establecido en la citada ejecutoria, mismo que comprende del veintiuno de mayo al cuatro de julio del presente año. En las relacionadas circunstancias, se determina desechar la demanda de amparo respecto al acto consistente en la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 559/2018 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, con sede en Guaymas, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada a sentido contrario, y con apoyo en el diverso artículo 113, todos de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Benito Juárez número 396-B entre Calles 4 y 5, Colonia Buganvilias (sic) de esta ciudad. Ahora, se tiene a José María Grajeda Ochoa, Jesús Adrián Rodríguez Smith, Carlos Javier Flores Flores, Reyna Cristina Benavides Juárez, Edgar Antonio Fragozo Jimenes y Carlos Alberto Fregozo Jiménez por autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Transparencia En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de éstos. Digitalización del expediente En cumplimiento a la circular 2/2014, de tres de octubre de dos mil catorce, y a los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica, se instruye al Secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso..."

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