Felipe de Jesus Marin Medina
Expediente 588/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 588/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Felipe de Jesus Marin Medina
Actuaciones
- Principal
Visto el contenido de la certificación de cuenta, de la que se advierte que no fue interpuesto el recurso de revisión ..... contra el auto dictado el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por .... consecuentemente, se declara que dicho auto ha causado estado. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el archivo definitivo del mismo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido en alcance a su informe justificado el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada de las constancias de emplazamiento realizado a las demandadas Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco e Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en el juicio obrero 772/2016. Ahora, del estado que guarda el presente expediente y del análisis que se realiza de forma integral al libelo de la demanda de amparo, de conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo en vigor se desprende que el acto reclamado en esta instancia constitucional es: "IV.- ACTO RECLAMADO: A) La omisión de la autoridad responsable de notificar y emplazar a los demandados H. AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO E INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (I.S.S.E.T); en el juicio laboral 772/2016 radicado en el Tribunal responsable, para que estén en aptitud de contestar la demanda laboral, en los términos y condiciones fijados en la Ley, lo que se traduce a una violación a mi garantía de administración de justicia pronta y expedita contenida en el artículo 17 constitucional". Mismo que resulta ser inexistente, por las razones que a continuación se expondrán: En primer lugar, resulta conveniente citar que el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, estipula que procede el sobreseimiento del juicio de amparo de presentarse cualquiera de las dos hipótesis subsiguientes: a) Que durante el curso del juicio, con las constancias de autos, se pruebe que el acto reclamado no existe. b) Que una vez desahogadas las pruebas en la audiencia constitucional, no se demuestre la existencia de los actos. En ambos supuestos la consecuencia es el sobreseimiento, solo que en el primero se puede decretar durante el curso del juicio (al "aparecer" prueba de la inexistencia) o en la audiencia constitucional, mientras que en el segundo la resolución se emite como etapa culminatoria de la audiencia constitucional. Ahora, del oficio TCYA/AMP/3114/2017, remitido por la responsable, se desglosa que mediante proveído de once de agosto de dos mil dieciséis, la junta responsable admitió a trámite la demanda laboral interpuesta por el aquí quejoso Felipe de Jesús Marín Median, contra el Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco e Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y señaló el día quince de septiembre de dos mil dieciséis, para la audiencia conciliatoria, auto que le fue notificado a la parte demanda el veinticinco y veintiséis de agosto del año próximo pasado (fojas 27 y 29); lo cual constituye el acto reclamado en el presente juicio. Luego, si el acto reclamado se hizo consistir en la falta de emplazamiento a las demandadas al juicio laboral 772/2016, y la presente instancia constitucional fue promovida el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, es evidente que al haber emplazado a juicio a éstas el veinticinco y veintiséis de agosto del año próximo pasado, se tiene que la omisión de que se duele el quejoso es inexistente. Lo que se robustece, con la fotocopia certificada que la autoridad señalada como responsable adjuntó a su informe con justificación, de la que se desprende que mediante proveído de veinticuatro de mayo pasado (fojas 15 y 16), acordó los escritos de contestación de demanda por parte del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco e Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, y ordenó correr traslado a la parte actora, aquí quejosa, de lo que se evidencia que dichos entes tuvieron conocimiento de la instauración del juicio laboral de marras, antes de la promoción del presente juicio de derechos fundamentales. Documentales a las que debe otorgárseles valor probatorio de conformidad con lo estatuido por los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con su artículo 2°, párrafo segundo, pues merecen eficacia probatoria plena. Es aplicable al caso, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia en el País, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo 79, Julio de 1994, página 15, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En mérito de lo expuesto, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia vertida en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 1° fracción I, concatenado con el 63, fracción IV, todos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispositivos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Lo anterior es así, pues de los informes rendidos por las autoridades responsables no se advierte que hayan emitido acto que irradie perjuicio a la esfera jurídica de la gobernada quejosa, por lo que, se actualiza la referida causal de improcedencia, lo que en consecuencia conlleva a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En efecto, si bien el numeral 1° de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, al disponer que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridades públicas o particulares en los casos previstos por la ley, que vulneren los derechos humanos reconocidos y los derechos fundamentales reconocidos para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y en ese sentido, se puede apreciar que el juicio de amparo constituye un instrumento o recurso por el cual se reconoce la posibilidad de plantear como objeto de estudio las violaciones que aleguen respecto de las controversias mencionadas, ello debe partir de la existencia de una infracción a sus derechos fundamentales por parte de las autoridades responsables y aquellos particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, lo que -como ya se dijo- no acontece en el caso que nos ocupa. Cabe señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo, el Juez de Distrito, resuelve abstenerse de analizar la violación de los derechos fundamentales por la quejosa a la autoridad responsable, y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales que conduzcan a determinar la improcedencia de éste en el curso del procedimiento, de modo que no tenga que esperarse hasta el momento de la celebración de la audiencia constitucional, para arribar a dicha conclusión, dado lo infructuoso que resulta esperar, para llegar al mismo resultado. Así, ante la evidente improcedencia del juicio de amparo, se torna factible sobreseer fuera de la audiencia constitucional, ya que ello opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada. De lo que se colige, que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En razón de lo expuesto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en al artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 1º, fracción I, concatenado con el 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, dejando sin efectos la hora y fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diecinueve minutos del cinco de junio de dos mil diecisiete. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Cabe precisar que la determinación adoptada no pugna con el derecho de acceso a la justicia que consagra el artículo 17 Constitucional, así como con los tratados internacionales, pues si bien éste se traduce en el derecho de todo gobernado a que se le imparta justicia por tribunales previamente constituidos; lo cierto es que ello deberá realizarse conforme a los plazos y términos que fijen las leyes, lo que de suyo implica que no se trate de un derecho absoluto e irrestricto, en tanto que está condicionado a la satisfacción de los supuestos o requisitos que establezca el legislador ordinario, los que a su vez deben sustentarse en los principios y derechos consagrados o garantizados en la Constitución General de la República, en atención a la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y al contexto constitucional en el que ésta se da. Ahora bien, los artículos 8° y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos establecen lo siguiente: "Artículo 8. Garantías Judiciales 1.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal, formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones, de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Artículo 25 Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Los postulados previstos en los numerales transcritos, en lo conducente, permiten evidenciar que la tutela judicial efectiva se compone de tres elementos, consistentes en lo siguiente: a) Derecho a la administración de justicia o garantía de tutela jurisdiccional. Consiste en un derecho público subjetivo, en tanto se incorpora a la esfera jurídica de todo gobernado para que, dentro de los plazos previstos en la legislación aplicable, pueda acceder a tribunales constituidos de forma independiente e imparciales, ante los cuales podrá plantear su pretensión o defenderse de la propuesta por otro sujeto en su contra. b) Al gobernado se le debe garantizar el paso ante la autoridad jurisdiccional con atribuciones legales para resolver una cuestión concreta prevista en el sistema legal, al grado de que se resolverá sobre los derechos en disputa, es decir, todo aquel que tenga necesidad de que se le administre justicia tendrá plena seguridad de recibirla en tanto de forma permanente habrá órganos jurisdiccionales estatuidos, con antelación al conflicto, para proporcionar ese servicio, sin más condición que las formalidades necesarias, razonables y proporcionales al caso para lograr su trámite y resolución. c) La implementación de los mecanismos necesarios para administrar justicia serán eficaces, al grado de permitir el desarrollo y continuidad del proceso, de forma tal que llegue hasta sus últimas consecuencias. De la interpretación de los numerales antes citados, se advierte la obligación del Estado Mexicano de implementar los mecanismos legales necesarios y suficientes para permitir a toda persona hacer efectivo su derecho de defensa a fin de que el acto considerado violatorio de derechos se atienda por una autoridad que con atribuciones legales sobre el mismo revise su legalidad o constitucionalidad o convencionalidad o todas a la vez, así como que el Estado Mexicano adquirió la obligación de preservar las condiciones para que toda persona tenga el acceso a un recurso legal cuando considere que se le violentaron derechos fundamentales o humanos. Por ello, la conjunción de estos postulados permite evidenciar que los artículos 17 de la Carta Magna, 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se complementan, al grado de estatuir las bases jurídicas necesarias al tenor de las cuales se posibilita el derecho de la tutela judicial de los gobernados; de ahí su conformidad, en tanto se direccionan a la misma finalidad mediante la especificación de los requisitos mínimos tendentes a hacer operante la prerrogativa de la tutela citada. Así se considera, porque las disposiciones internacionales en cita, disponen que toda persona tiene derecho a ser oída dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, y tienen derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que las amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales, para lo cual, que los Estados Partes deben garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal medio de defensa; a desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y, a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Tales disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, son en parte parangón del derecho de acceso a la justicia, que se consagra en el orden interno a través de lo contenido en el párrafo segundo del artículo 17 constitucional, al disponer: "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que no basta con que se les permita a las personas instar ante un órgano jurisdiccional un procedimiento; sino que es necesario que, de cumplirse con los requisitos justificados constitucionalmente y, ahora en los tratados internacionales, el acceso a la justicia sea efectivo en la medida en que las personas puedan obtener una resolución en la que se resuelva si les asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional han solicitado, mediante la aplicación de la ley al caso concreto. Entonces, es inconcuso que el acceso a la impartición de la justicia no es absoluto, no puede ejercerse de manera indiscriminada, pues está sujeto a los propios requisitos de términos y formas previstos por la ley; sin que desde luego ello implique, que dicha prerrogativa llegare a limitarse de forma injustificada, sino que se debe encausar con el fin de lograr que las instancias de justicia verdaderamente constituyan un mecanismo expedito, eficaz y confiable, al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan. En ese tenor, los presupuestos, requisitos o condiciones que el legislador establece para lograr tales fines, y cuyo cumplimiento puede verificarse por el juzgador, según la legislación aplicable, al inicio del juicio, en el curso de éste o al dictarse la sentencia respectiva, no pueden ser fijados arbitrariamente, sino que deben tener sustento en diversos principios y derechos consagrados o garantizados en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, al atender, por ende, a la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y al contexto del bloque de constitucionalidad en el que ésta se actualice. Por tanto, al prever el artículo 61 de la Ley de Amparo, de manera genérica, la facultad y obligación del juez de amparo para invocar y examinar, oficiosamente, motivos de improcedencia del juicio de amparo y, en consecuencia, de conformidad con el numeral 63 de la misma ley, que se decrete el sobreseimiento de éste en caso de actualizarse alguna de las causales establecidas, no resultan restricciones jurídicas irracionales o discriminatorias, sino que son congruentes principios y figuras que rigen en el orden jurídico. Sirve de apoyo, la tesis aislada XVI.1o.A.T2K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Tomo 2, Marzo de 2012, Décima Época, página 1167, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSA PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74, DE LA LEY DE LA MATERIA RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de la compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías." Por tales motivos, no obstante que las causales de improcedencia, constituyan generalmente un impedimento legal para que se analice el fondo del asunto, lo cierto es que tienen la finalidad de resguardar derechos, principios, bienes o intereses constitucional y convencionalmente protegidos, lo que es congruente con el acceso a la administración de justicia tutelada por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida o inocua, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que su aplicación tiene un propósito legítimo, lo que es compatible con el derecho humano de trato. Ilustra lo anterior, la tesis aislada XVII.1o.C.T.15 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2274, Libro XIX, Tomo 3, Abril de 2013, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que señala: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato." De ahí que las causales de improcedencia del juicio de amparo, son perfectamente compatibles con el contenido de los artículos 8° y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, puesto que la efectividad del medio de impugnación, derivada del principio del acceso a la administración de justicia, solo implica que, potencialmente, cuando se cumplan los requisitos de procedencia correspondientes, el órgano judicial evalúe los méritos de fondo. Tiene aplicación por las razones que la informan, la tesis XVI.1º. A.T.5 K(10), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página 1753, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. SU EFECTIVIDAD NO IMPLICA SOSLAYAR LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. El citado artículo y numeral, de observancia obligatoria en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado, en distintas ejecutorias, que no basta que el recurso se prevea en la legislación interna del Estado o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea idóneo para remediar la violación o agravio que ocasione el acto materia de impugnación; sin embargo, tal declaración no significa que no haya restricción alguna para acceder al recurso, lato sensu, ya que la propia Corte, al resolver sobre la extemporaneidad de una demanda, asumió que debe guardarse un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional, por lo que, precisó que continuar con un proceso enderezado para lograr la protección jurisdiccional, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales previstas, acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos (Caso Cayara contra Perú, Excepciones Preliminares, sentencia de tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, párrafo 63). Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito ha considerado al respecto que todo proceso está sujeto a reglas fundamentales relacionadas con el acceso a la justicia y, una de ellas, es la vinculada, en un aspecto negativo, con la preclusión, figura procesal que lleva a la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso y permite que las resoluciones judiciales susceptibles de impugnarse a través de los recursos o medios ordinarios de defensa adquieran firmeza si no se ejerce ese derecho o no se hace en la forma legal prevista. Por tanto, la efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa, pues ello, además de contravenir el principio de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el recurrente obtendría un beneficio no previsto en la norma e, incluso, contrario a ella, con lo que, siguiendo a la Corte Interamericana, se pondría en duda la fuerza vinculante de los fallos y demeritaría la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar justicia, al inobservar las disposiciones legales que regulan el acceso a la protección de los derechos humanos." En esas condiciones, se reitera, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos humanos de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, se tiene que la causa de improcedencia que se invoca, no resulta violatoria del derecho humano del recurso judicial efectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y dese cuenta en el cuaderno incidental respectivo. Notifíquese, y personalmente al quejoso.
- Principal
Ténganse por recibidos los oficios signados por el ...mediante los cuales rinden su respectivo informe justificado; con sus contenidos, dese vista a las partes...para que manifiesten lo que a su interés convenga...Asimismo...se tiene por ofrecida como prueba de la responsable...la documental que acompaña...misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el escrito signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de...en consecuencia, con fundamento en...se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer el citado agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Remítase el original del mismo, así como los presentes autos, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, para la substanciación del recurso aludido. Por tanto, una vez que obren en el presente sumario las constancias de notificación a las partes del presente proveído, así como de la resolución recurrida, se remitirá a la Superioridad lo antes dicho, para que sirva proveer lo conducente. Notifíquese; y personalmente al quejoso.
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