Felipe de Jesús Lizárraga Valdez
Expediente 381/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 19 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 381/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 13/12/2018
Partes del expediente
- Felipe de Jesús Lizárraga Valdez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa y a la tercero interesada Kimberly Monserrat Inzunza Llamas, por conducto de su representante legal Víctor Samuel Inzunza Contreras, el auto de trece de diciembre de dos mil dieciocho, en términos del artículo 26, fracción III, en relación el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, que en lo conducente dice lo siguiente: Ensenada, Baja California, trece de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes en proveído de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto, sin que las partes hubieren realizado manifestación al respecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada por este juzgado el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (fojas 173 a 189), se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Felipe de Jesús Lizárraga Valdez, para el efecto de que la autoridad responsable Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado, con sede en Mexicali, Baja California, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución de ocho de junio de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal N-0126/2018, aquí reclamada. 2. En su lugar, dictara otra en la que siguiendo los lineamientos del fallo protector, revocara la resolución apelada de uno de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el cuaderno de ejecución 117/2017, por la Juez de Control Especializada en Ejecución del Partido Judicial de Ensenada y le ordenara a dicha juzgadora que diera el trámite correspondiente a alguno de los beneficios liberatorios conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que, con libertad de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera. Al no haber sido recurrida dicha sentencia, por auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado, con sede en Mexicali, Baja California (fojas 209 y 212). En acatamiento a ello, mediante oficio recibido en este juzgado el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado, con sede en Mexicali, Baja California, remitió copia certificada de la resolución que dictó el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el toca penal N-0126/2018 en la que resolvió lo siguiente: [.]1°. En cumplimiento a la Ejecutoria de AMPARO INDIRECTO número 381/2018-i, interpuesto por FELIPE DE JESÚS LIZÁRRAGA VALDEZ, ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, pronunciada el día diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, la cual CAUSÓ EJECUTORIA el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, se deja INSUBSISTENTE la sentencia dictada por esta Cuarta Sala, el ocho de junio de dos mil dieciocho, en el toca penal N-0126/2018. 2°. Se REVOCA la resolución apelada de uno de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el cuaderno de ejecución 117/2017, por la Juez de Control Especializada en Ejecución del Partido Judicial de Ensenada Licenciada AMALIA GUTIERREZ DE LA PEÑA. 3°. Se ordena a la Juez de Control Especializada en Ejecución citada, dé el trámite correspondiente a alguno de los beneficios liberatorios conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal. 4°. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda [.]. Con lo cual se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera. A las probanzas relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fue objetada ni redargüida de falsedad. En las relatadas condiciones, este juzgador federal determina que la autoridad responsable Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado, con sede en Mexicali, Baja California, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que con la sentencia que dictó el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, demostró que dejó insubsistente la resolución de ocho de junio de dos mil dieciocho, que dictó en el toca penal N-0126/2018; asimismo, siguiendo los lineamientos del fallo protector, revocó la resolución apelada de uno de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el cuaderno de ejecución 117/2017, por la Juez de Control Especializada en Ejecución del Partido Judicial de Ensenada y le ordenó a dicha juzgadora que diera el trámite correspondiente a alguno de los beneficios liberatorios conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que, con libertad de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera, como se advierte de las documentales que allego y que fueron valoradas con antelación. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al determinarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Ahora bien, dado que en el asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese personalmente.
- Incidental
Ensenada, Baja California, trece de diciembre de dos mil dieciocho. Vista; la certificación secretarial que antecede y toda vez que en esta misma fecha se dictó un proveído en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos incidentales, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el mismo, ordenando el archivo de aquél expediente como asunto totalmente concluido; y al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos de los artículos Décimo Primero, Vigésimo, fracción II y último párrafo, y Vigésimo Primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual, el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA Kimberly Monserrat Inzunza Llamas, por conducto de su representante legal Víctor Samuel Inzunza Contreras, EL AUTO DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE LO SIGUIENTE: Ensenada, Baja California, treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Vistos, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo y anexa diversas documentales a fin de acreditar el mismo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a las partes por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que en derecho convenga, transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, tráiganse los autos a la vista para dictar lo procedente en relación al cumplimiento dado por parte de la autoridad responsable. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vista, la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha no se interpuso recurso de revisión y todas las partes fueron notificadas de la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa, respecto a los actos reclamados a la autoridad responsable Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado, con sede en Mexicali. Por tanto, con fundamento en los artículos 2o., 86, 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, y en apego a lo dispuesto en el considerando sexto de la ejecutoria de amparo, requiérase a la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado, con sede en Mexicali, para que dentro del plazo de tres días hábiles, al en que quede notificada del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, atendiendo a las gestiones que deben realizar para lograr el cumplimiento aludido..
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