Felipe de Jesús García Morán
Expediente 2/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 08/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Felipe de Jesús García Morán
- Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Magistrado Presidente de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, visto su contenido y como lo solicita, devuélvasele los tomos de prueba consistentes en el original del toca civil 515/2018, del índice de la Sala responsable, así como dos testimonios del expediente 679/2017, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, que remitió en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo vigente en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por Soledad Bernabé Franco, quien se ostenta como autorizada del quejoso Felipe de Jesús García Morán, ahora bien, visto su contenido, no ha lugar a acordar favorablemente su petición, toda vez que no cuenta con las facultades amplias del artículo 12 de la Ley de Amparo, como se desprende del proveído de cuatro de enero del año en curso (foja 9). NOTIFÍQUESE.
- Principal
V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 2/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Felipe de Jesús García Morán por su propio derecho, mediante escrito presentado el tres de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad, que por razón de turno le tocó conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos reclamados a la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado; que hizo consistir en: la resolución de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, pronunciada en el toca familiar número 515/2018, por el declara improcedente el recurso de queja interpuesto en contra de la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro del Estado de Oaxaca; que estima violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- Por auto de cuatro de enero de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional requirió al promovente del amparo, para que presentara nuevamente original y copias de la demanda de amparo, al no haber continuidad en las páginas de la misma; cumplido el requerimiento, por proveído de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, este Juzgado admitió la demanda, solicitó a la responsable su informe justificado, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Representante Social de la Federación adscrita, señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que se trata de un asunto de naturaleza civil; que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia y tendrá ejecución en ésta. SEGUNDO. La Presidenta de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al rendir el informe justificado en nombre de dicha sala, conviene en la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con el expediente original del toca familiar 515/2018, y copias certificadas deducidas del expediente 679/2017 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro. TERCERO. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis que hacen improcedente el juicio de garantías, por ser su estudio preferente y de orden público, atento a lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en la Jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, que dice: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, este órgano jurisdiccional advierte se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo". En el caso, del expediente original del toca familiar 515/2018, y copias certificadas deducidas del expediente 679/2017 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según el numeral 2° de ésta, se desprende lo siguiente: La Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en el expediente 679/2017 previo requerimiento, por auto de once de diciembre de dos mil diecisiete, tuvo al aquí quejoso Felipe de Jesús García Morán, promoviendo en la vía sumaria civil solicitud de declaración de estado de interdicción a Lydia Gómez García viuda de García o Lidia Gómez García. Mediante escrito de catorce de junio de dos mil dieciocho, el inconforme ofreció entre otras pruebas la pericial en psicología para determinar el estado mental de Lydia Gómez García viuda de García o Lidia Gómez García. En atención a ello, la juez natural por auto de veintidós de junio de dos mil dieciocho, proveyó parcialmente respecto de la prueba pericial ofrecida. Al no estar conforme con lo acordado, el aquí quejoso promovió recurso de queja, correspondiendo su conocimiento a los Magistrados de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, órgano colegiado que el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, en el toca familiar 515/2018, declaró improcedente la queja interpuesta. [Resolución materia del acto reclamado]. Ahora, el Pleno del Alto Tribunal de la Nación ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, es procedente el juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Es así, pues partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento en que se producen no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esta causa, en términos del numeral 170, fracción I, de la ley de la materia, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se expresó, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. En ese contexto, el acto reclamado que se constriñe en la resolución de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, pronunciada por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca familiar 515/2018, declaró improcedente la queja interpuesta, en contra del auto de veintidós de junio de dos mil dieciocho, dictado por la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en el expediente 679/2017, referente a la prueba pericial ofrecida por el aquí quejoso Felipe de Jesús García Morán, no produce una ejecución irreparable, pues no vulnera en su perjuicio derecho fundamental alguno tutelado por las garantías individuales, debiéndose combatir en el amparo directo que en su caso se promueva en contra del fallo que ponga fin al procedimiento, pues sólo trae como consecuencia el que se continúe el trámite del juicio, y la posibilidad de obtener incluso una sentencia favorable a sus intereses, caso en el cual se tornarían intrascendentes las violaciones de que se duele. Máxime que en la especie no se colige que el acto reclamado afecte en forma cierta e inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa, sino únicamente de índole procesal. Los razonamientos que preceden encuentran apoyo en la tesis de jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, localizable en la página: 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". Los criterios jurisprudenciales invocados, a pesar de haber sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, resultan aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se oponen a ésta. En ese contexto, al hacerse patente la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de garantías. No impide resolver en la forma apuntada, la circunstancia que no se haya emplazado a juicio a la tercera interesada Lydia Gómez García viuda de García o Lidia Gómez García, en virtud que el sentido de la presente resolución, no le causa perjuicio alguno. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee en el presente juicio de garantías 2/2019, promovido por Felipe de Jesús García Morán. NOTIFÍQUESE.
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