Felipe de Jesús García Gómez
Expediente 1338/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1338/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Felipe de Jesús García Gómez
Actuaciones
- Principal
Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede... sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo....archívese este expediente como definitivamente concluido...Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
... veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la razón asentada por el actuario adscrito...a fin de dar cumplimiento al auto de catorce de diciembre de esta anualidad (fojas 11 a 14), con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, notifíquese ese auto, así como los subsecuentes, mediante lista de acuerdos... Notifíquese.----catorce de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo escrita presentada ... fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1338/2017....Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, contra actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que, antes de acudir al juicio constitucional, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. El fundamento constitucional del principio de referencia está contenido en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción III, inciso b), que señala textualmente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]" Según se desprende de la anterior trascripción, la regla general que establece este principio, consiste en que cuando un acto autoritario viola derechos fundamentales, antes de acudir al juicio de amparo, deben agotarse el o los recursos ordinarios por virtud de los cuales puede ser modificado, revocado o destruido dicho acto. Asimismo, la propia ley reglamentaria del juicio de amparo establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio, la improcedencia del juicio. Al respecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XVIII, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" La anterior trascripción confirma la regla general que se deriva del principio de definitividad, según la cual, para que proceda el juicio de amparo, debe de tratarse de "actos definitivos" en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio, traiga como consecuencia -también por regla general- la improcedencia de la acción constitucional intentada, derivada del hecho de que existan recursos que pudieren interponerse contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo reclamadas, que no se agotaron previamente a la promoción del juicio de amparo De la lectura de la demanda de amparo, se desprende que los antecedentes del asunto son los siguientes: Ante el Juzgado Sexto de lo Civil, María Eugenia Morán del Campo (señalada como tercera interesada), demandó de Felipe de Jesús García Gómez (quejoso) y otros, la nulidad de contrato de compra venta y otras prestaciones; radicándose la demanda el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. El nueve de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo a la parte demandada contestando la demanda. El veintiséis de junio siguiente, el juez natural dictó un acuerdo señalando que en relación al proveído de nueve de mayo anterior, lo correcto era requerir al demandado, Notario Público número veinticinco en el Estado, para que dentro del término de tres días exhibiera la documental con la que acreditara tal carácter. Contra dicha determinación el ahora quejoso interpuso recurso de apelación, quedando radicado el dieciséis de agosto del año que transcurre con el número de toca civil 307/2017, del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El veintidós de noviembre último, la presidenta de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, declaró desierto el recurso de apelación interpuesto contra el proveído de veintiséis de junio anterior. Siendo este acuerdo el que constituye el acto reclamado. Ahora, el artículo 668 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, establece: "Artículo 668.- De los decretos y autos dictado por el Presidente de la Sala, aún de aquéllos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición que se interpondrá y substanciará en el mismo plazo y forma que la revocación." De la interpretación del dispositivo legal transcrito, se desprende que la reposición es un medio de impugnación contemplado para resoluciones de los tribunales de segunda instancia y procede contra decretos y autos dictados en esta instancia, aun de aquellos que serían apelables si se tratara de primera instancia, es decir, la reposición procede aun contra autos que en primera instancia serían apelables, lo cual excluye totalmente al recurso de apelación de la segunda instancia. ... desechar de plano la demanda de amparo promovida por Felipe de Jesús García Gómez, por conducto de su apoderado Raúl Pérez Juárez. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda; y por autorizados en términos del numeral 24, párrafo segundo, de la ley de la materia, a las personas que menciona, por así solicitarlo expresamente en el proemio de su demanda. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sea divulgado, se requiere su consentimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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