Felipe de Jesús Dávila Lagunas

Expediente 1125/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1125/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
06/09/2017

Partes del expediente

  • Felipe de Jesús Dávila Lagunas
  • Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    IV. Declaratoria de estado. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, el acuerdo de catorce de agosto último, por el que se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia, no fue recurrido por alguna de las partes; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado estado. Archivo del asunto. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de autos, del que se advierte que la parte quejosa reclamó la sentencia interlocutoria de tres de julio de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en el juicio ejecutivo mercantil 476/2016, en la que se declaró improcedente el incidente de liquidación de gastos y costas promovido por el quejoso. Mediante escrito presentado el veintiséis de julio último, precisó que la cantidad a que fue condenado en el juicio principal, lo fue por 100, 000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N). Ahora bien, con fundamento en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en presente juicio, por las siguientes consideración: Del dispositivo transcrito se infiere que los elementos con los cuales se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal; c) Que a través de ese recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado o revocado. En primer lugar, debe decirse que el principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Federal. En ese orden, los antecedentes destacados revelan que el auto impugnado, no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio constitucional, toda vez que en contra de tal determinación debió hacer valer el recurso de revocación como medio de defensa ordinario, en términos de lo dispuesto en el artículo 1334, del Código de Comercio, por el que pudo lograr su modificación, revocación o nulificación. Tal dispositivo dispone: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." En consecuencia, si lo que la quejosa reclama es la sentencia interlocutoria de tres de julio de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en el juicio ejecutivo mercantil 476/2016, en la que se declaró improcedente el incidente de liquidación de gastos y costas promovido por el quejoso, es incuestionable que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la interlocutoria reclamada carece de definitividad para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que procede en su contra el medio de impugnación a que alude el artículo 1334, del Código de Comercio, consistente en el recurso de revocación, por virtud del cual pudo ser modificada, revocada o confirmada la interlocutoria reclamada. Lo anterior se sustenta, además, en que tratándose de actos dictados en el procedimiento judicial, la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo únicamente señala como excepciones al principio de definitividad, los actos que importen peligro de privación de la vida, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, los actos privativos de la libertad o cuando se trate de terceros extraños a juicio, sin que este asunto se ubique en alguna de esas hipótesis. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 30/2013, visible en la página 401, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Civil, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro en el IUS 2005047, la cual no ha sido superada por otra ejecutoria, Décima Época, de rubro "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012)." De igual forma, la jurisprudencia 1ª./J.59/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 51/2010, publicada en la página 157, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro en el IUS 163734, la cual no ha sido superada por otra ejecutoria, Novena Época, cuyo rubro y es del tenor siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS." Corolario a lo anterior, debe precisarse que en el caso no se actualiza la excepción al principio de definitividad que establece el último párrafo de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en estudio, conforme al cual, cuando la procedencia del recurso o medio ordinario de defensa este sujeto a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente, será optativo para el agraviado agotarlo o acudir de inmediato al juicio de amparo; ello es así, en razón de que precisamente a través de la Jurisprudencia del Alto Tribunal, la procedencia del recurso o medio de defensa legal ya no se encuentra sujeta a interpretación adicional, sino que debe estimarse que ya no existe materia ni motivo de interpretación alguna, porque el aspecto toral ha quedado definido por jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máxime cuando involucra un aspecto de procedencia del juicio de amparo. En relación con lo anterior, sirve al caso la Tesis XXVII.1o. (VIII Región) 6 K (9a.) del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, consultable en la página tres mil setecientos setenta y dos del Libro Tercero, diciembre de dos mil once, Tomo Cinco, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE ÉSTA, LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA EXACTAMENTE APLICABLE AL CASO, EN LA QUE SE DEFINE CIERTO ASPECTO QUE DIRECTAMENTE DA LUGAR A LA ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA." Ello es así, porque con independencia de que el acto reclamado pueda ocasionar en la esfera jurídica del solicitante de amparo, perjuicios de imposible reparación en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, dicha circunstancia no constituye una excepción al principio de definitividad, el cual necesariamente debe observarse, con independencia de que el acto reclamado tenga o no una ejecución de imposible reparación. Así lo estableció el Alto Tribunal en los criterios jurisprudenciales de aplicación obligatoria para este tribunal, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL." "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD." Aunado a lo anterior, cabe destacar que la determinación adoptada en torno a la improcedencia del juicio de amparo por falta o incumplimiento del principio de definitividad, no pugna ni es contraria al marco jurídico internacional adoptado por el Estado Mexicano en materia de Derechos Humanos, toda vez que la nueva normatividad en derechos humanos no es incompatible con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ni se opone en forma alguna a éste, sino por el contrario, es parte de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva que deben ser considerados como bienes constitucionalmente tutelados, en conjunto, de manera interdependiente e indivisible, pues no debe perderse de vista que el juicio de amparo continúa siendo un medio extraordinario de defensa constitucional, y no un recurso. En apoyo a lo anterior, se comparte por analogía, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU ACTUALIZACIÓN COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO NO DESCONOCE LA NUEVA NORMATIVIDAD QUE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS RIGE EN EL ESTADO MEXICANO." Aunado a lo anterior, es de verdad jurídica el hecho de que el promovente es parte en el juicio de origen, por lo tanto de acuerdo a la fracción VI, del artículo 1,094 del Código de Comercio, es claro que la parte quejosa estuvo en aptitud de promover el medio de impugnación de mérito, antes de acudir a instar la acción constitucional, lo que conlleva a determinar la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se intenta. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro en el IUS 187016, la cual no ha sido superada por otra ejecutoria, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL". En consecuencia, se deja sin efectos el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTAAL TERCERO INTERESADO EL ACUERDO DE FECHA CATORCE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE: Visto el estado procesal de autos, del que se advierte que la parte quejosa reclamó la sentencia interlocutoria de tres de julio de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en el juicio ejecutivo mercantil 476/2016, en la que se declaró improcedente el incidente de liquidación de gastos y costas promovido por el quejoso. Mediante escrito presentado el veintiséis de julio último, precisó que la cantidad a que fue condenado en el juicio principal, lo fue por 100, 000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N). Ahora bien, con fundamento en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en presente juicio, por las siguientes consideración: Del dispositivo transcrito se infiere que los elementos con los cuales se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal; c) Que a través de ese recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado o revocado. En primer lugar, debe decirse que el principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Federal. En ese orden, los antecedentes destacados revelan que el auto impugnado, no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio constitucional, toda vez que en contra de tal determinación debió hacer valer el recurso de revocación como medio de defensa ordinario, en términos de lo dispuesto en el artículo 1334, del Código de Comercio, por el que pudo lograr su modificación, revocación o nulificación. Tal dispositivo dispone: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." En consecuencia, si lo que la quejosa reclama es la sentencia interlocutoria de tres de julio de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en el juicio ejecutivo mercantil 476/2016, en la que se declaró improcedente el incidente de liquidación de gastos y costas promovido por el quejoso, es incuestionable que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la interlocutoria reclamada carece de definitividad para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que procede en su contra el medio de impugnación a que alude el artículo 1334, del Código de Comercio, consistente en el recurso de revocación, por virtud del cual pudo ser modificada, revocada o confirmada la interlocutoria reclamada. Lo anterior se sustenta, además, en que tratándose de actos dictados en el procedimiento judicial, la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo únicamente señala como excepciones al principio de definitividad, los actos que importen peligro de privación de la vida, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, los actos privativos de la libertad o cuando se trate de terceros extraños a juicio, sin que este asunto se ubique en alguna de esas hipótesis. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 30/2013, visible en la página 401, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Civil, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro en el IUS 2005047, la cual no ha sido superada por otra ejecutoria, Décima Época, de rubro "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012)." De igual forma, la jurisprudencia 1ª./J.59/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 51/2010, publicada en la página 157, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro en el IUS 163734, la cual no ha sido superada por otra ejecutoria, Novena Época, cuyo rubro y es del tenor siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS." Corolario a lo anterior, debe precisarse que en el caso no se actualiza la excepción al principio de definitividad que establece el último párrafo de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en estudio, conforme al cual, cuando la procedencia del recurso o medio ordinario de defensa este sujeto a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente, será optativo para el agraviado agotarlo o acudir de inmediato al juicio de amparo; ello es así, en razón de que precisamente a través de la Jurisprudencia del Alto Tribunal, la procedencia del recurso o medio de defensa legal ya no se encuentra sujeta a interpretación adicional, sino que debe estimarse que ya no existe materia ni motivo de interpretación alguna, porque el aspecto toral ha quedado definido por jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máxime cuando involucra un aspecto de procedencia del juicio de amparo. En relación con lo anterior, sirve al caso la Tesis XXVII.1o. (VIII Región) 6 K (9a.) del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, consultable en la página tres mil setecientos setenta y dos del Libro Tercero, diciembre de dos mil once, Tomo Cinco, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE ÉSTA, LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA EXACTAMENTE APLICABLE AL CASO, EN LA QUE SE DEFINE CIERTO ASPECTO QUE DIRECTAMENTE DA LUGAR A LA ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA." Ello es así, porque con independencia de que el acto reclamado pueda ocasionar en la esfera jurídica del solicitante de amparo, perjuicios de imposible reparación en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, dicha circunstancia no constituye una excepción al principio de definitividad, el cual necesariamente debe observarse, con independencia de que el acto reclamado tenga o no una ejecución de imposible reparación. Así lo estableció el Alto Tribunal en los criterios jurisprudenciales de aplicación obligatoria para este tribunal, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL." "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD." Aunado a lo anterior, cabe destacar que la determinación adoptada en torno a la improcedencia del juicio de amparo por falta o incumplimiento del principio de definitividad, no pugna ni es contraria al marco jurídico internacional adoptado por el Estado Mexicano en materia de Derechos Humanos, toda vez que la nueva normatividad en derechos humanos no es incompatible con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ni se opone en forma alguna a éste, sino por el contrario, es parte de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva que deben ser considerados como bienes constitucionalmente tutelados, en conjunto, de manera interdependiente e indivisible, pues no debe perderse de vista que el juicio de amparo continúa siendo un medio extraordinario de defensa constitucional, y no un recurso. En apoyo a lo anterior, se comparte por analogía, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU ACTUALIZACIÓN COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO NO DESCONOCE LA NUEVA NORMATIVIDAD QUE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS RIGE EN EL ESTADO MEXICANO." Aunado a lo anterior, es de verdad jurídica el hecho de que el promovente es parte en el juicio de origen, por lo tanto de acuerdo a la fracción VI, del artículo 1,094 del Código de Comercio, es claro que la parte quejosa estuvo en aptitud de promover el medio de impugnación de mérito, antes de acudir a instar la acción constitucional, lo que conlleva a determinar la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se intenta. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro en el IUS 187016, la cual no ha sido superada por otra ejecutoria, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL". En consecuencia, se deja sin efectos el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional.

  4. Principal

    IV. APERSONAMIENTO Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene por apersonado al tercero interesado *** , al presente juicio de amparo, asimismo, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y se tiene como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el que designa. AUTORIZADOS. Por otra parte, se tiene por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, limitación que subsistirá hasta en tanto registren en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales en Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito su cédula profesional o autorización para ejercer la profesión de licenciado en derecho.

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