Felipe de Jesús Castillo Tzec

Expediente 1851/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1851/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/02/2023

Partes del expediente

  • Felipe de Jesús Castillo Tzec
  • Felipe de Jesús Castillo Tzec y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido y se ordena glosar a este expediente el oficio remitido por la Juez Interina del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con residencia en Ticul, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado, el despacho 112/2022-D-VII-PRINC-AMPARO del índice de este Juzgado, de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, a través del cual se ordenó llevar a cabo las pruebas de inspección judicial ordenadas en el presente juicio de amparo, en el citado proveído de la misma fecha. Dese de baja a dicha comunicación oficial haciendo la anotación respectiva en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el artículo 297 fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles del Estado aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se da vista a las partes con la constancia que contiene la diligencia de mérito, por el término de diez días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para el uso de sus derechos, si así lo estiman pertinente. Por otra parte, toda vez que de autos se advierte que la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, no ha dado total cumplimiento a lo requerido por este juzgado federal mediante proveído de veintiséis de enero del año en curso, en consecuencia, requiérasele nuevamente a dicha autoridad, para que en el término de tres días que al efecto se le concede, proporcione un profesionista que pueda fungir como perito que determine lo siguiente: ( La distancia que existe entre los predios marcados con los números ******************** en el cual se está construyendo la gasolinera y/o depósito y comercialización de combustibles y/o estación de servicio y los diversos predios ********************. Con el apercibimiento, que de no cumplir con esta determinación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado de este acuerdo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; al que acompaña diversas constancias relacionadas con el acto reclamado. Ahora bien, de la lectura del informe justificado y constancias anexas al mismo, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". (...) En virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas con cuarenta minutos del doce de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. (...)

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vistos los presentes autos de los que se advierte que en proveído de nueve de mayo del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada emitida en este asunto; en consecuencia, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con el auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito; con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 196 de la invocada Ley de la Materia, se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que por sentencia ejecutoriada firmada el treinta de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando asimismo la fecha en que se ordenó el archivo, para que el Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, proceda a su depuración. Finalmente, glósese a este expediente el escrito de Addy Patricia Sabido Baquedano, autorizada de la quejosa Dalia Isabel Pereyra Sosa, con las facultades que le otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo y en atención a lo que solicita, dígase que se esté a lo determinado en este acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, en representación del Director General de Catastro y Asistencia Técnica, mediante el cual acusa recibo de la sentencia de fecha uno de abril del dos mil veintidós con las que cumple el requerimiento realizado por este Juzgado. En virtud de lo anterior y vista la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo aplicable, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada el sentencia dictada el uno de abril de dos mil veintidós, en la que en su punto resolutivo primero sobreseyó el amparo por cuanto a unos actos y en el segundo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo prevénganse a la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, para que dentro del término de tres días siguientes contados desde que reciban el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, se sirvan informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo, o bien, los actos realizados para ese fin, en el entendido de que los efectos concedidos en el presente juicio de amparo fueron los siguientes: "..En el caso, una vez que se notifique que ha causado ejecutoria la sentencia de amparo, el Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, deberá realizar lo siguiente: 1. Deberá realizar las gestiones necesarias para realizar la calificación e inscripción del acta de asamblea ejidal de nueve de noviembre de dos mil diez, de ser procedente, debiendo remitir a este Juzgado las constancias que lo acrediten. En el entendido de que el efecto de la presente sentencia no es vinculante para que realice la calificación en determinado sentido, esto es, puede ser positiva o negativa de acuerdo a sus facultades." Debiendo remitir a este órgano jurisdiccional las constancias relativas a todo lo actuado con motivo de dicho ordenamiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del término legal que para tal efecto se les señala, se procederá conforme al artículo 193 de la citada legislación y acorde a lo estipulado en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal, esto es, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, ambos de la ley reglamentaria vigente en esta fecha, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, Secretario que autoriza y da fe.

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