Felipe de Jesús Castillo Pérez

Expediente 143/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
143/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/03/2021

Partes del expediente

  • Felipe de Jesús Castillo Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se determina: El auto por el cual se desechó la demanda de amparo ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dos de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la razón de cuenta de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria adscrita a este Juzgado de notificar el proveído de veinticinco de febrero del año en curso, por los motivos que ahí expone. Ahora, en el escrito de demanda se advierte solicitud de acceso para la consulta del expediente electrónico y notificaciones por esa vía, con el usuario: **********, correspondiente a **********, persona quien firmó electrónicamente la demanda de amparo. En consecuencia, al efecto se provee: a) Se faculta al personal adscrito autorizado para que proceda realizar las gestiones necesarias ante los órganos correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar la autorización que se solicita, por el medio mencionado, relativa al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. b) En caso ser factible lo anterior, habilítese a la persona referida para que conforme a los lineamientos de las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, pueda acceder vía internet a este juicio de amparo Sólo para la consulta del auto de veinticinco de febrero pasado y el presente proveído. c) Se comisiona a los actuarios adscritos para que notifiquen electrónicamente el auto de veinticinco de febrero pasado y esta determinación, conforme al artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", bajo los términos que establece el artículo 55, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese; personalmente al personal encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, electrónicamente el auto de veinticinco de febrero pasado y esta determinación. Acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Visto el escrito de demanda de amparo indirecto recibida vía electrónica, al parecer promovida a favor de **********, contra actos de la 1. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Cosamaloapan, Veracruz, y otras autoridades. Fórmese expediente. Regístrese con el número 143/2021-III que le correspondió. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. FIRMA. Congruente con ello, se advierte la actualización de causa de improcedencia del presente juicio constitucional que resulta de relacionar el arábigo 61, fracción XXIII; en relación con los diversos 5°, fracción I; 6; y, 15 de la Ley de Amparo. De esos preceptos se advierte el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. Pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona, pero sólo en los casos en que la ley lo permita. Ahora, la demanda de amparo recibida vía electrónica carece de firma electrónica por parte del directo promovente **********. Asimismo, es importante destacar que el artículo 15 del aludido cuerpo legal indica que cualquier persona podrá promover amparo en nombre del quejoso pero sólo si en el caso en concreto se trata de diversos actos específicos. Entre ellos, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento e incomunicación y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover la demanda de amparo. Por su parte, el precepto 6° de la ley de la materia establece que la demanda de amparo sólo puede ser promovida por la persona a quien agravie o perjudique el acto reclamado, por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona. Pero sólo en los casos en que la ley lo permita, plasmando su voluntad con la firma autógrafa que obre en ella. En el caso, el escrito de demanda no fue suscrito electrónicamente por el promovente **********. No se actualiza alguno de los supuestos contenidos en el numeral 15 de la ley reglamentaria para que otra persona la promueva en su nombre. En el contexto del escrito no se advierte esté privado de su libertad con motivo de algún acto de los referidos en el citado precepto (privación a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, etcétera). Además, los actos reclamados los atribuye a un Juzgador actuando dentro de un proceso penal en concreto. Por lo que, se trata de actos dentro de procedimiento. Sin que tampoco se actualice la hipótesis que contempla el artículo 14 de la ley de la materia. La firma electrónica corresponde a **********, persona diversa a quien al parecer es el quejoso. Aunado a que éste, de haberse firmado por el directo peticionario de derechos humanos el escrito de demanda, sólo tendría el carácter de autorizado en este sumario. Sin facultades para iniciar la acción constitucional, al no estar en alguno de los supuestos permitidos por la ley. Por lo tanto, se tiene por no formulada la demanda. Como se dijo con antelación, la firma electrónica del directo agraviado (salvo las excepciones de ley) es un requisito indispensable para darle trámite. Sin firma equivale a un simple papel sin voluntad de la parte quejosa que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar actos procesales tendientes a darle curso legal. Tal ausencia no puede considerarse una deficiencia que pueda ser corregida a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo. Constituye la carencia total de la expresión de la voluntad del ocursante de intentar esta vía. Así como el incumplimiento de uno de los principios rectores en el juicio de amparo. Por lo que, si se otorgara al promovente un término para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover con grave daño de la seguridad jurídica. Razón por la cual tampoco es procedente solicitar su ratificación. (...) TEMPORALIDAD. Por otra parte, aun cuando se tiene por no formulada la demanda, en atención al principio de exhaustividad es patente mencionar el tema de su temporalidad. En términos de la jurisprudencia número 1a./J. 36/2020 (10a.), con registro 2022103, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO SE RECLAME ALGUNA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL."; emitida en esta Décima Época por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 139; Materias Penal y Común. Del contenido de la ejecutoria que le dio origen se advierte la referida Sala sostuvo que por la naturaleza del nuevo sistema penal, las resoluciones se dictan en audiencia pública y de manera oral, con la asistencia del justiciable y su defensa. Que las videograbaciones y registros que se originan durante el desahogo de la audiencia pública quedan bajo resguardo del Juez de Control a través de las áreas de gestión de los centros de justicia, para que el futuro quejoso pueda acceder a su consulta, o bien, a la entrega de una reproducción fiel de las mismas. Que para poder sustentar de manera eficiente su defensa en una instancia constitucional debe tener acceso a las instalaciones judiciales respectivas. Sin embargo, por cuanto hace a los órganos jurisdiccionales del Estado de Veracruz, a pesar que mediante las circulares 3 y 5, de veintisiete de enero y diez de febrero de la presente anualidad, respectivamente, emitidas por el Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, se suspendieron labores; lo cierto es que en materia penal, se previó la implementación de guardias para la debida atención de asuntos inaplazables, a efecto de llevar a cabo las diligencias establecidas en los artículos 94 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 193, 194 y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Esto es, no suspendieron funciones, sino que continuaron con ellas en los términos de la referida circular. Incluso, en la mencionada circular número 5, considerando VI, se estableció que el personal de guardia atendería las citas que ya se encontraran programadas para la consulta de expedientes. Todo esto sin dejar de mencionar en ningún momento en la demanda se advierte manifestación relacionada con no haber tenido acceso a la reproducción de las videograbaciones de la audiencia y a los registros escritos. Sino que sólo plasma argumentos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de la determinación respecto al control de legalidad de la detención, medida cautelar y emisión del auto de vinculación a proceso. Congruente con ello, se advierte la actualización de la causa de improcedencia del presente juicio constitucional, contenida en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, respecto de los siguientes actos reclamados: - La ratificación de legalidad del control de la detención, emitida el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, dentro del proceso penal ********** por el Juez de Control del **********. - La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, dentro del citado proceso, por la probable comisión del delito de **********, previsto en el artículo 209 fracción I y VI del Código Penal para el Estado de Veracruz. - El auto de vinculación a proceso emitido el veintiséis de enero de dos mil veintiuno dentro del proceso penal y por los ilícitos antes citados. Igualmente, formula diversos argumentos y conceptos de violación de lo sucedido en las audiencias en las que se emitieron esos actos. Lo que pone de manifiesto estuvo presente en las mismas y, por lo tanto, desde las fechas indicadas (veintiuno y veintiséis de enero de dos mil veintiuno) se encuentra formalmente notificado de su emisión, de conformidad con el artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que reza: "Artículo 63. Notificación en audiencia Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código." Por ende, el término de quince días para interponer la demanda de amparo empezó a contar a partir del día siguiente al en que el quejoso fue notificado de los actos reclamados. En efecto, al estar presente en las audiencias de veintiuno y veintiséis de enero de dos mil veintiuno, esos mismos días conoció las determinaciones que ahora reclama. En consecuencia, el plazo de quince días transcurrió en exceso. Descontando únicamente el uno y cinco de febrero de dos mil veintiuno, así como los días sábado y domingo, al ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. El plazo concluyó, para los actos emitidos el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, el dieciséis de febrero siguiente; y, para el auto de vinculación dictado el veintiséis de enero de la presente anualidad, el diecinueve de febrero posterior. De ahí que, estuvo en aptitud de hacer valer los medios de defensa que estimara conducentes a fin de defender el derecho que aduce le asiste en dicho término. Por tanto, si decidió promover el juicio de amparo el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, resulta evidente la extemporaneidad de la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados citados, al presentarse fuera del término que la propia ley marca... Cabe destacar que el acto reclamado no se encuentra en los supuestos de excepción previstos en las fracciones I a IV del citado artículo 17. Por lo que, resulta aplicable el término genérico de quince días para promover el juicio de amparo, que en este caso debe contarse a partir de que el quejoso fue notificado del acto reclamado. TRASLADO. El impetrante de derechos humanos señala también como acto reclamado: - El posible ordenamiento para el traslado fuera del centro de reinserción social de "**********". Al respecto, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. De una interpretación funcional y extensiva de los preceptos 49, 50, 51, 52 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permiten concluir que en materia de traslados, las determinaciones de las autoridades administrativas deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Asimismo, la persona privada de su libertad o sentenciada, tiene a su alcance la posibilidad de revocar las determinaciones del Juez de Control o Ejecución, según corresponda, ya sea contra traslados voluntarios o involuntarios, a través del recurso de apelación, previsto por los diversos 131 y 132, fracción VII de esa normativa. De ahí que la causa de improcedencia actualizada en este asunto puede ser -según la autoridad que la hubiera emitido- la contemplada por el arábigo 61, en su fracción XVIII, como la diversa XX de la Ley de la materia, que establecen el juicio de amparo es improcedente. Así, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional para promover la demanda que se analiza, la parte quejosa debe agotar la instancia ordinaria necesaria. No siendo ocioso culminar puntualizando, que no será hasta que el peticionario agote los recursos ordinarios contra la orden de traslado, sea cual sea su naturaleza, que podrá cuestionar esa decisión en la instancia extraordinaria de amparo. De lo cual se tiene plena certeza para concluir en la improcedencia del amparo. En consecuencia, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, al actualizarse de forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia antes señaladas...".

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Visto el escrito de demanda de amparo indirecto recibida vía electrónica, al parecer promovida a favor de **********, contra actos de la 1. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Cosamaloapan, Veracruz, y otras autoridades. Fórmese expediente. Regístrese con el número 143/2021-III que le correspondió. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. FIRMA. Congruente con ello, se advierte la actualización de causa de improcedencia del presente juicio constitucional que resulta de relacionar el arábigo 61, fracción XXIII; en relación con los diversos 5°, fracción I; 6; y, 15 de la Ley de Amparo. De esos preceptos se advierte el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. Pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona, pero sólo en los casos en que la ley lo permita. Ahora, la demanda de amparo (recibida vía electrónica) carece de firma electrónica por parte del directo promovente (Felipe De Jesús Castillo Pérez). Asimismo, es importante destacar que el artículo 15 del aludido cuerpo legal indica que cualquier persona podrá promover amparo en nombre del quejoso pero sólo si en el caso en concreto se trata de diversos actos específicos. Entre ellos, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento e incomunicación y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover la demanda de amparo. Por su parte, el precepto 6° de la ley de la materia establece que la demanda de amparo sólo puede ser promovida por la persona a quien agravie o perjudique el acto reclamado, por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona. Pero sólo en los casos en que la ley lo permita, plasmando su voluntad con la firma autógrafa que obre en ella. En el caso, el escrito de demanda no fue suscrito electrónicamente por el promovente Felipe de Jesús Castillo Pérez. No se actualiza alguno de los supuestos contenidos en el numeral 15 de la ley reglamentaria para que otra persona la promueva en su nombre. En el contexto del escrito no se advierte esté privado de su libertad con motivo de algún acto de los referidos en el citado precepto (privación a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, etcétera). Además, los actos reclamados los atribuye a un Juzgador actuando dentro de un proceso penal en concreto. Por lo que, se trata de actos dentro de procedimiento. Sin que tampoco se actualice la hipótesis que contempla el artículo 14 de la ley de la materia. La firma electrónica corresponde a José Manuel Viciconty Zapot, persona diversa a quien al parecer es el quejoso. Aunado a que éste, de haberse firmado por el directo peticionario de derechos humanos el escrito de demanda, sólo tendría el carácter de autorizado en este sumario. Sin facultades para iniciar la acción constitucional, al no estar en alguno de los supuestos permitidos por la ley. Por lo tanto, se tiene por no formulada la demanda. Como se dijo con antelación, la firma electrónica del directo agraviado (salvo las excepciones de ley) es un requisito indispensable para darle trámite. Sin firma equivale a un simple papel sin voluntad de la parte quejosa que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar actos procesales tendientes a darle curso legal. Tal ausencia no puede considerarse una deficiencia que pueda ser corregida a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo. Constituye la carencia total de la expresión de la voluntad del ocursante de intentar esta vía. Así como el incumplimiento de uno de los principios rectores en el juicio de amparo. Por lo que, si se otorgara al promovente un término para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover con grave daño de la seguridad jurídica. Razón por la cual tampoco es procedente solicitar su ratificación. Tiene aplicación exacta la Jurisprudencia 32/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Registro 2018943, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Asimismo, se cita la Jurisprudencia P./J. 8/2019, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Registro 2019715, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." TEMPORALIDAD. Por otra parte, aun cuando se tiene por no formulada la demanda, en atención al principio de exhaustividad es patente mencionar el tema de su temporalidad. En términos de la jurisprudencia número 1a./J. 36/2020 (10a.), con registro 2022103, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO SE RECLAME ALGUNA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL."; emitida en esta Décima Época por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 139; Materias Penal y Común. Del contenido de la ejecutoria que le dio origen se advierte la referida Sala sostuvo que por la naturaleza del nuevo sistema penal, las resoluciones se dictan en audiencia pública y de manera oral, con la asistencia del justiciable y su defensa. Que las videograbaciones y registros que se originan durante el desahogo de la audiencia pública quedan bajo resguardo del Juez de Control a través de las áreas de gestión de los centros de justicia, para que el futuro quejoso pueda acceder a su consulta, o bien, a la entrega de una reproducción fiel de las mismas. Que para poder sustentar de manera eficiente su defensa en una instancia constitucional debe tener acceso a las instalaciones judiciales respectivas. Sin embargo, por cuanto hace a los órganos jurisdiccionales del Estado de Veracruz, a pesar que mediante las circulares 3 y 5, de veintisiete de enero y diez de febrero de la presente anualidad, respectivamente, emitidas por el Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, se suspendieron labores; lo cierto es que en materia penal, se previó la implementación de guardias para la debida atención de asuntos inaplazables, a efecto de llevar a cabo las diligencias establecidas en los artículos 94 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 193, 194 y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Esto es, no suspendieron funciones, sino que continuaron con ellas en los términos de la referida circular. Incluso, en la mencionada circular número 5, considerando VI, se estableció que el personal de guardia atendería las citas que ya se encontraran programadas para la consulta de expedientes. Todo esto sin dejar de mencionar en ningún momento en la demanda se advierte manifestación relacionada con no haber tenido acceso a la reproducción de las videograbaciones de la audiencia y a los registros escritos. Sino que sólo plasma argumentos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de la determinación respecto al control de legalidad de la detención, medida cautelar y emisión del auto de vinculación a proceso. Congruente con ello, se advierte la actualización de la causa de improcedencia del presente juicio constitucional, contenida en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, respecto de los siguientes actos reclamados: - La ratificación de legalidad del control de la detención, emitida el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, dentro del proceso penal 5/2021 por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Séptimo Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz. - La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, dentro del citado proceso, por la probable comisión del delito de robo específico en su modalidad de robo de vehículo y robo especifico en su modalidad de detentación de vehículo con reporte de robo, previsto en el artículo 209 fracción I y VI del Código Penal para el Estado de Veracruz. - El auto de vinculación a proceso emitido el veintiséis de enero de dos mil veintiuno dentro del proceso penal y por los ilícitos antes citados. Igualmente, formula diversos argumentos y conceptos de violación de lo sucedido en las audiencias en las que se emitieron esos actos. Lo que pone de manifiesto estuvo presente en las mismas y, por lo tanto, desde las fechas indicadas (veintiuno y veintiséis de enero de dos mil veintiuno) se encuentra formalmente notificado de su emisión, de conformidad con el artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que reza: "Artículo 63. Notificación en audiencia Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código." Por ende, el término de quince días para interponer la demanda de amparo empezó a contar a partir del día siguiente al en que el quejoso fue notificado de los actos reclamados. En efecto, al estar presente en las audiencias de veintiuno y veintiséis de enero de dos mil veintiuno, esos mismos días conoció las determinaciones que ahora reclama. En consecuencia, el plazo de quince días transcurrió en exceso. Descontando únicamente el uno y cinco de febrero de dos mil veintiuno, así como los días sábado y domingo, al ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. El plazo concluyó, para los actos emitidos el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, el dieciséis de febrero siguiente; y, para el auto de vinculación dictado el veintiséis de enero de la presente anualidad, el diecinueve de febrero posterior. De ahí que, estuvo en aptitud de hacer valer los medios de defensa que estimara conducentes a fin de defender el derecho que aduce le asiste en dicho término. Por tanto, si decidió promover el juicio de amparo el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, resulta evidente la extemporaneidad de la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados citados, al presentarse fuera del término que la propia ley marca. Es aplicable la tesis jurisprudencial P./J. 12/2015 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 38 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Décima Época, Materia Común, Registro 2009174, de epígrafe y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Cabe destacar que el acto reclamado no se encuentra en los supuestos de excepción previstos en las fracciones I a IV del citado artículo 17. Por lo que, resulta aplicable el término genérico de quince días para promover el juicio de amparo, que en este caso debe contarse a partir de que el quejoso fue notificado del acto reclamado. TRASLADO. El impetrante de derechos humanos señala también como acto reclamado: - El posible ordenamiento para el traslado fuera del centro de reinserción social de "Cosamaloapan". Al respecto, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. De una interpretación funcional y extensiva de los preceptos 49, 50, 51, 52 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permiten concluir que en materia de traslados, las determinaciones de las autoridades administrativas deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Asimismo, la persona privada de su libertad o sentenciada, tiene a su alcance la posibilidad de revocar las determinaciones del Juez de Control o Ejecución, según corresponda, ya sea contra traslados voluntarios o involuntarios, a través del recurso de apelación, previsto por los diversos 131 y 132, fracción VII de esa normativa. De ahí que la causa de improcedencia actualizada en este asunto puede ser -según la autoridad que la hubiera emitido- la contemplada por el arábigo 61, en su fracción XVIII, como la diversa XX de la Ley de la materia, que establecen el juicio de amparo es improcedente. Así, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional para promover la demanda que se analiza, la parte quejosa debe agotar la instancia ordinaria necesaria. No siendo ocioso culminar puntualizando, que no será hasta que el peticionario agote los recursos ordinarios contra la orden de traslado, sea cual sea su naturaleza, que podrá cuestionar esa decisión en la instancia extraordinaria de amparo. De lo cual se tiene plena certeza para concluir en la improcedencia del amparo. En consecuencia, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, al actualizarse de forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia antes señaladas. Notifíquese personalmente.

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