Felipe de Jesús Arjona Azcorra

Expediente 955/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 19 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
955/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • Felipe de Jesús Arjona Azcorra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se ordena agregar el oficio proveniente de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad; mediante el cual, acusa recibo del toca original 24/2022, acumulado al diverso 104/2020, que se ordenó remitirle por auto de once de agosto en curso; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario con quien actúa, el licenciado Diego Jezreel Nieto Bianchi. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; once de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de veinticinco de julio de dos mil veintidós, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia que en su punto resolutivo primero, negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento con lo dispuesto en el inciso b), del artículo 18, del Acuerdo General sin número, de veintitrés de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es depurable, una vez que trascurran tres años, en virtud de que se trata de un juicio en el que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal; y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que es susceptible de depuración, en el indicado término, pues se concedió la suspensión definitiva solicitada; lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar y devuélvanse a la Sala responsable las documentales que remitió como apoyo a su informe justificado. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el incidente de suspensión que de él deriva, coinciden en su totalidad con los expedientes electrónicos correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con quince minutos del veinticinco de julio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del licenciado Diego Jezreel Nieto Bianchi, Secretario con quien actúa y da fe, procede a celebrar la misma. Acto seguido, el Secretario procede a dar cuenta al Juez con las constancias que integran el presente sumario y con el informe justificado de la Presidenta de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad (promoción 15129, foja 75), así como con el emplazamiento de la tercera interesada Irma Elisabet Noh Poot alias Irma Elizabeth Noh Poot (foja 65) y su escrito de apersonamiento (promoción 13049, foja 55). A lo que el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede, por rendido el informe de la responsable en comento, el cual obra agregado con conocimiento de las partes y por emplazada a la tercera interesada, por lo que celébrese la audiencia constitucional en el presente asunto. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa (fojas 8 a 32) y por la autoridad responsable (anexo I de pruebas). A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, por lo que se declara cerrada esta etapa. A continuación, se declara abierto el periodo de alegatos y el Secretario da cuenta con el escrito de la tercera interesada Irma Elisabet Noh Poot alias Irma Elizabeth Noh Poot (promoción 13049, foja 55); asimismo, certifica que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda: ténganse por formulados los alegatos del indicado tercero interesado y por hecha la certificación secretarial; con lo anterior, se cierra este periodo procesal. Seguidamente, al no existir diligencias pendientes por desahogar, el Juez que preside esta audiencia pronuncia la resolución que corresponde, en los siguientes términos: Visto para resolver el juicio de amparo 955/2022-IX-B, promovido por Felipe de Jesús Arjona Azcorra; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el cinco de abril de este año, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el seis de abril siguiente a este órgano jurisdiccional, compareció Felipe de Jesús Arjona Azcorra, a solicitar el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. TRÁMITE. Por auto de siete de abril de la anualidad, se admitió a trámite la demanda bajo el número 955/2022-IX-B; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa, la cual tuvo verificativo, previos diferimientos, al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES: PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 60 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclamó de la Presidenta de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad: - La resolución dictada el nueve de marzo de dos mil veintidós en el toca 24/2022, en la que confirmó la sentencia interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil veintiuno que declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones y notificaciones interpuesto en el juicio ejecutivo mercantil 745/2019 y, en consecuencia, declaró nulo el emplazamiento y todo lo actuado con posterioridad. TERCERA. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Presidenta de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo expresó al rendir su informe justificado (promoción 15129, foja 75). Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Lo que se corrobora con las constancias remitidas por la responsable, relativas a los tocas de apelación 104/2020 y 24/2022, que remitió como apoyo al indicado informe; documental que alcanza eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. CUARTA. Causales de improcedencia. Una vez determinada la certeza del acto combatido y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, ya sean advertidas por este órgano federal o señaladas por las partes, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Al respecto la tercera interesada Irma Elisabet Noh Poot alias Irma Elizabeth Noh Poot señala que es improcedente el presente juicio de amparo, virtud a que el acto reclamado se dictó en cumplimiento a la resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veinte dictada en el toca de apelación 104/2020, en el que se ordenó admitir a trámite el incidente de nulidad interpuesto en el juicio de origen, por lo que dice deriva de un acto consentido, ya que se debió impugnar esa resolución y no la que ahora impugna. Además, invoca la tesis III.1o.A.11 K sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Mayo de 1996, visible a página 582, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Sin embargo, no le asiste la razón a la indicada tercera interesada, ya que, por una parte, contrario a lo que señala, el aquí quejoso sí promovió juicio de amparo contra la resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veinte dictada en el toca de apelación 104/2020, pues como se aprecia de las constancias del sumario constitucional 975/2020, del índice de este juzgado, el veintiuno de octubre de ese año presentó demanda de amparo en el que señaló como acto reclamado dicha resolución (fojas 9 a 16); por ende, no puede considerarse como un acto consentido. Aunado a que, como se señaló en auto de seis de noviembre de dos mil veinte emitido en el controvertido antes indicado, al momento del dictado de dicho acto, no causaba un perjuicio actual, real y efectivo al referido, por lo que la acción se tornó improcedente bajo el siguiente argumento: "De manera que es incuestionable que dicha determinación judicial (admisión de un incidente de nulidad de notificaciones), no causa un perjuicio actual, real y efectivo a la parte quejosa, pues a lo más, únicamente tendrá como consecuencia que se admita a trámite el incidente de nulidad de notificaciones, lo que no implica afectación alguna a derechos sustantivos, sino que únicamente tiene un alcance procesal. Máxime que de la narrativa de su demanda de amparo no se patentiza afectación alguna en su esfera de derechos sustantivos. Y en todo caso, aquella lesión la produciría la resolución que resuelva el incidente de nulidad de notificaciones, en el hipotético supuesto de que se declarara fundado y ordenara la reposición del procedimiento, dejando sin efectos la sentencia correspondiente, lo que desde luego, en este momento, constituye un escenario futuro e incierto." De esa forma, resulta infundado el motivo de inejercibilidad hecho valer por la tercera interesada. QUINTA. Conceptos de violación. No advirtiendo algún otro motivo de improcedencia que se actualice de oficio o que hayan propuesto las partes, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTA. Estudio del asunto. Son ineficaces en una parte, infundados en otra e inoperantes en una más los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Con el fin de un mejor entendimiento del asunto que nos ocupa, previo al estudio de fondo, es oportuno establecer los antecedentes del acto reclamado como sigue: 1. Mediante sentencia definitiva dictada el treinta de enero de dos mil veinte en el juicio ejecutivo mercantil 745/2019, de la estadística del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, entre otras cosas, se declaró procedente la acción intentada por Felipe de Jesús Arjona Azcorra, aquí quejoso, y se condenó a la demandada Irma Elisabet Noh Poot alias Irma Elizabeth Noh Poot al pago de la suerte principal, intereses moratorios y a los gastos y costas generados (fojas 27 a 40 del anexo I de pruebas). 2. Mediante escrito recibido el cuatro de febrero de dos mil veinte dentro del juicio natural, la demandada interpuso incidente de nulidad de actuaciones (fojas 41 a 54 del anexo I), el cual fue inadmitido por auto de catorce de febrero siguiente (foja 61 del anexo I). 3. Inconforme con tal determinación, la indicada demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido por auto de tres de marzo de dos mil veinte, en el que además se declaró que causó ejecutoria la sentencia definitiva (foja 80 del anexo I) y mediante resolución de veintitrés de septiembre de ese año, dictada por la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado en el toca 104/2020, se declaró fundado y se revocó el auto impugnado, por lo que se ordenó admitir el indicado incidente de nulidad (fojas 123 a 129 del anexo I). 4. Posteriormente, por resolución interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil veintiuno dictada en el juicio ejecutivo mercantil de origen por el Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, se declaró procedente el referido incidente y, en consecuencia, nulo el emplazamiento de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, así como todo lo actuado con posterioridad (fojas 154 a 159 del anexo I). 5. Inconforme con esa determinación, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Presidenta de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, bajo el número de toca 24/2022, quien confirmó la resolución impugnada (fojas 206 a 214 del anexo I). Esta resolución es la que precisamente constituye el acto reclamado en este controvertido constitucional. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa refiere como motivos de disenso, en esencia, que el acto reclamado transgrede lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, el principio de seguridad jurídica, ya que: a) Desatendió la jurisprudencia P./J. 30/94, así como la tesis II.2o.C.1 K (10a.). El primer criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 82, octubre de 1994, visible a página 12, del rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES, INCIDENTE DE. NO PROCEDE CONTRA ACTUACIONES PRACTICADAS CON ANTERIORIDAD AL DICTADO DE LA SENTENCIA EJECUTORIA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que la cosa juzgada constituye la verdad legal y que por ende, en su contra no cabe admitir recurso ni prueba alguna, porque de aceptarse lo contrario se destruiría la firmeza que corresponde a la sentencia ejecutoria. De lo que se sigue que en toda controversia jurisdiccional que ha concluido con dicha sentencia cierra toda posibilidad de procedencia del incidente de nulidad de actuaciones, respecto de las practicadas con anterioridad a la emisión de dicho fallo, ya sea en primera instancia, en segunda o durante la tramitación de la etapa de ejecutorización; y que así mismo las actuaciones de una fase del proceso sólo se pueden impugnar mediante dicho incidente, mientras no se concluya cada periodo procesal, pues no puede destruirse la firmeza que ha adquirido el juicio a través de un simple incidente de naturaleza accesoria al pleito principal, toda vez que la única manera de atacar ese tipo de resoluciones es a través de los recursos que establece la ley o del juicio de amparo, en su caso." Y la segunda, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 3, visible a página 1740, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. SU ILEGALIDAD NO ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES, SINO A TRAVÉS DEL AMPARO INDIRECTO, AUNQUE EL QUEJOSO CONOZCA DEL JUICIO ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, Y AUN CUANDO ÉSTA NO HAYA CAUSADO EJECUTORIA, SI NO TUVO LA OPORTUNIDAD PROCESAL PLENA DE PROMOVER EL REFERIDO INCIDENTE ANTES DE EMITIRSE DICHO FALLO. APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 1/2012 (10a.) (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). De conformidad con la jurisprudencia 3a./J. 19/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 58, octubre de 1992, página 17, de rubro: "PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIÉNES TIENEN ESE CARÁCTER, EN MATERIA CIVIL.", si el promovente del amparo que aduce no haber sido emplazado al juicio, tiene conocimiento de éste antes de que se dicte la sentencia de primer grado, debe promover el incidente de nulidad de notificaciones contra el referido emplazamiento para, en su caso, impugnarlo después como violación procesal al promover la demanda de amparo directo contra la sentencia definitiva, en términos del artículo 159, fracción I, de la Ley de Amparo. Sin embargo, tal criterio no es aplicable cuando debido a la premura en el conocimiento del asunto, no se tiene la oportunidad plena de promover el referido incidente, ya sea porque el afectado no se incorpora al juicio como lo manda la ley, o bien, porque debido a la proximidad con el dictado de la sentencia no dispone del término legal completo de tres días para hacer valer dicha incidencia, en términos del artículo 1.188 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. En estos casos, aunque el conocimiento del acto reclamado se tenga antes del dictado de la sentencia primigenia, se debe promover la acción de amparo en la vía indirecta desde luego y no el incidente de nulidad de notificaciones, pues no sería jurídico exigir la tramitación de dicha incidencia cuando no se dan las condiciones procesales suficientes para ello; pero, además, tal forma de proceder debe prevalecer, aunque tampoco haya adquirido firmeza la referida sentencia, puesto que aquel criterio que obligaba a plantear como agravio en la apelación la falta de emplazamiento, cuando el conocimiento del juicio se tenía antes de que la sentencia causara ejecutoria, ha sido superado por la jurisprudencia P./J. 1/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, página 5, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL." Esto, porque se actualiza una violación procesal real y efectiva en perjuicio de sus intereses y derechos. b) La autoridad señala que no basta que el actuario adscrito al Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado haya cumplido con todos y cada uno de los requisitos que marca la ley al momento de llevar a cabo la notificación, pues su fe pública no puede convalidar las alteraciones y contradicciones en que incurra, con lo que se impide garantizar a los ciudadanos el cumplimiento de la misma, siendo que no se demostró que dicho fedatario haya incurrido en alteraciones, contradicciones o hechos absurdos. Esto, ya que si bien se asentó un diverso nombre de la persona a notificar, lo cierto es que se realizó de esa manera en razón de que así lo manifestó la parte actora y de que al momento de identificarse así lo señaló la parte demandada. c) La prueba a la que otorgó valor probatorio pleno viola el principio de contradicción porque es imposible que Irma Elisabet Noh Poot alias Irma Elizabeth Noh Poot se haya encontrado en el municipio de Oxkutzcab el veinticinco de octubre dedos mil diecinueve, porque la persona con la que se atendió la diligencia de emplazamiento afirmó ser ella y exhibió su credencial. d) Declaró inatendibles sus argumentos señalados en sus agravios tercero y cuarto; sin embargo, al momento de admitir el incidente nulidad ya había causado estado la sentencia definitiva. Los motivos de disenso planteados en el inciso a) devienen ineficaces, ya que con las manifestaciones que hace valer la parte quejosa no se controvierten en forma alguna los argumentos torales sostenidos por la responsable, en ese aspecto, relativos a que no era procedente el análisis de las supuestas violaciones procesales de tener por admitido el incidente de nulidad de notificaciones, puesto que todas esas cuestiones ya habían sido objeto de estudio en el diverso toca de apelación 104/2020, de su índice; por lo que declaró los agravios expuestos en esos términos como inatendibles. De ahí que si tales argumentos sostenidos por la Sala ad quem, no fueron impugnados por el promovente del amparo, con los conceptos de violación expresados; los mismos deben subsistir sosteniendo el sentido del acto reclamado, con independencia de su legalidad o ilegalidad, al no actualizarse en el caso, alguno de los supuestos previstos para la suplencia de la deficiencia de la queja. A mayor abundamiento, debe decirse que igualmente no le asiste la razóna a la parte quejosa en lo que expone al respecto, ya que la jurisprudencia de rubro: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES, INCIDENTE DE. NO PROCEDE CONTRA ACTUACIONES PRACTICADAS CON ANTERIORIDAD AL DICTADO DE LA SENTENCIA EJECUTORIA.", dispone, en esencia, lo siguiente: - Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que la cosa juzgada constituye la verdad legal y que por ende, en su contra no cabe admitir recurso ni prueba alguna, porque de aceptarse lo contrario se destruiría la firmeza que corresponde a la sentencia ejecutoria. - Que toda controversia jurisdiccional que ha concluido con dicha sentencia cierra toda posibilidad de procedencia del incidente de nulidad de actuaciones, respecto de las practicadas con anterioridad a la emisión de dicho fallo, ya sea en primera instancia, en segunda o durante la tramitación de la etapa de ejecutorización. - Que las actuaciones de una fase del proceso sólo se pueden impugnar mediante dicho incidente, mientras no se concluya cada periodo procesal, pues no puede destruirse la firmeza que ha adquirido el juicio a través de un simple incidente de naturaleza accesoria al pleito principal, toda vez que la única manera de atacar ese tipo de resoluciones es a través de los recursos que establece la ley o del juicio de amparo. Sin embargo, este criterio jurisprudencial no es aplicable al caso concreto, porque al momento de la interposición del incidente de nulidad de actuaciones no había causado ejecutoria la sentencia definitiva dictada en el juicio ejecutivo mercantil 745/2019. En efecto, no obstante que el treinta de enero de dos mil veinte se había dictado sentencia definitiva en el juicio ejecutivo mercantil 745/2019, Irma Elizabeth Noh Poot interpuso incidente de nulidad contra el emplazamiento ahí realizado por escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veinte, siendo que el auto por el cual se declaró que la sentencia causó ejecutoria, fue dictado hasta el tres de marzo de esa anualidad, por lo que es evidente que la hipótesis legal del referido criterio no encuentra sustento en los hechos de los que deriva el acto reclamado. Esto es así, ya que como se aprecia de las constancias remitidas por la responsable, el cuatro de febrero de dos mil veinte se notificó a la indica demandada la sentencia definitiva, es decir, el mismo día que interpuso el incidente de nulidad materia del acto reclamado, por lo que no es factible sostener que se encontrara en aptitud de impugnar la referida sentencia mediante el recurso de apelación correspondiente, ya que en ese momento no tenía noticia de que se hubiese dictado la resolución de mérito, por lo que jurídicamente no puede obligársele a ello si no existe la certeza plena del conocimiento oportuno del dictado de la sentencia. Sin que obste para determinar lo anterior que, como se señaló anteriormente, mediante auto de tres de marzo de esa anualidad se declaró que la sentencia definitiva causó ejecutoria, lo que no impacta en el análisis del acto reclamado porque dicha determinación se encontraba supeditada a lo que resolviera la Sala responsable respecto del incidente, al haber sido promovido éste con anterioridad, pues el trámite de ese medio incidental se interrumpió con motivo de que el catorce de febrero de dos mil veinte el Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado lo inadmitió y por lo cual, la demandada interpuso el respectivo recurso de apelación que, a la postre, se declaró fundado y determinó admitirlo. De ahí que no puede considerarse que la referida jurisprudencia sea exactamente aplicable al caso concreto. Por otro lado, respecto a la tesis del rubro: "EMPLAZAMIENTO. SU ILEGALIDAD NO ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES, SINO A TRAVÉS DEL AMPARO INDIRECTO, AUNQUE EL QUEJOSO CONOZCA DEL JUICIO ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, Y AUN CUANDO ÉSTA NO HAYA CAUSADO EJECUTORIA, SI NO TUVO LA OPORTUNIDAD PROCESAL PLENA DE PROMOVER EL REFERIDO INCIDENTE ANTES DE EMITIRSE DICHO FALLO. APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 1/2012 (10a.) (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).", debe decirse que en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, no es vinculante para ninguna autoridad del país, porque no se trata de un criterio obligatorio. Respecto al concepto de violación enumerado en el inciso b), tampoco le asiste la razón a la parte quejosa, por lo que se debe declarar infundado. En efecto, como acertadamente lo estableció la Sala responsable, no es posible otorgar valor probatorio al emplazamiento de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, porque existe una prueba documental de carácter público que destruyó la fe pública del actuario que la practicó. Cierto es que, al actuario de un órgano jurisdiccional, por el ejercicio de sus funciones, le es dotado de fe pública por disposición de ley, por lo que sus actuaciones gozan de certeza y hacen prueba plena para acreditar lo que en ellas asientan. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia IV.2o. J/4 del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, mayo de 1995, visible a página 265, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Sin embargo, dicha presunción de legalidad no es irrestricta pues, contrario a lo señalado por la parte quejosa, la fe pública puede ser desvirtuada con pruebas fehacientes porque no tiene el alcance de convalidar alteraciones y contradicciones en las que incurra el fedatario. Sustenta lo anterior la jurisprudencia VI.2o.C. J/189 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, septiembre de 2000, visible a página 620, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO ILEGAL. LA FE PÚBLICA DE QUE ESTÁ INVESTIDO EL FUNCIONARIO QUE LO PRACTICA, NO CONVALIDA LAS ALTERACIONES Y CONTRADICCIONES EN QUE INCURRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Es verdad que la finalidad que persigue la ley, en lo que a determinadas notificaciones se refiere, es la de que se practiquen, preferentemente, con la persona a quien va dirigida la notificación, sobre todo cuando se trata del llamamiento a juicio, ya que así se desprende del texto del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla; pues se infiere que de esa manera la persona notificada, al tener conocimiento de la existencia del juicio al que se le llama, está en posibilidad de hacer valer en el mismo todos los derechos que la ley procesal le concede; sin embargo, no puede jurídicamente sostenerse la legalidad del emplazamiento cuando, por ejemplo, en la constancia correspondiente, el actuario que la practicó haya asentado que primero se constituyó en un domicilio donde dejó el citatorio y que, el día siguiente, se "volvió a constituir" en otro, pues la circunstancia de que tal funcionario esté investido de fe pública, no convalida las marcadas contradicciones en que incurra; por lo cual se concluye que, precisamente en atención a la fe pública que merecen los actos de los funcionarios con potestad para otorgarla y a las alteraciones o contradicciones que se desprenden del acta respectiva, resulta evidente que no se le puede atribuir valor probatorio alguno, ya que es de explorado derecho que las afirmaciones contradictorias violan las reglas generales de la lógica, las cuales señalan que no puede una cosa ser y dejar de ser al mismo tiempo." Así como, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo II, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1988, visible a página 55, del rubro y texto siguientes: "ACTUARIO, FE PUBLICA DEL, NO PUEDE DESVIRTUARSE SINO CON PRUEBAS FEHACIENTES Y CONTUNDENTES. Si bien es cierto que la fe pública de que está investido un actuario judicial no convalida las marcadas alteraciones y contradicciones en que incurra, también lo es que no puede aceptarse que esa fe quede desvirtuada con pruebas que no demuestren en forma fehaciente y contundente las respectivas alteraciones o contradicciones en que haya podido incurrir ese funcionario, por lo que si se toma en cuenta lo antes asentado, resulta incuestionable que no puede estimarse que un simple informe del centro de trabajo del arrendatario y su respectiva tarjeta de control de asistencia, sean suficientes para desvirtuar la fe pública con que cuenta el actuario que llevó a efecto la notificación para manifestarle a la demandada la voluntad del arrendador de dar por terminado el contrato respectivo." Lo anterior, no contraviene el principio de seguridad jurídica que debe imperar en todo acto de autoridad, relativo a que con base en la determinación que adopte la autoridad, los fundamentos de ley que plasme y la motivación que vierta, el justiciable pueda predecir con cierto grado de certeza en qué consiste la consecuencia jurídica que le puede atribuir a una conducta o actividad determinada de aquél. Por el contrario, dicha posibilidad de desvirtuar la fe pública del actuario judicial permite que la persona a la que se haya realizado la diligencia, tenga certeza de que su llamamiento al juicio o notificación tenga validez plena para que pueda considerarse que quedó vinculado a la litis correspondiente y con ello, satisfacer el principio de audiencia previa que prevé el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. Por otro lado, respecto a lo asentado por la parte quejosa en el sentido del nombre correcto de la demandada, es inoperante porque no fue una cuestión respecto de la cual se pronunció la autoridad responsable, es decir, no fue parte de la litis señalada en el acto reclamado. Aunado a que, respecto a los conceptos de violación señalados en los incisos c) y d), también devienen inoperantes porque no señaló argumentos lógico-jurídicos para evidenciar por qué el acto reclamado se aparta del derecho. Al respecto, conviene puntualizar que los conceptos de violación deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al qué se reclama y, en segundo lugar, a la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las pruebas. La conexión o relación de estas últimas sólo debe darse con los hechos, que son determinantes y relevantes para efectos de la pretensión, en virtud de ser el único extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la acción deducida. Por tal motivo, si el quejoso se limitó a realizar meras afirmaciones generales, sin sustento o fundamento, dejando de combatir los argumentos que conllevaron a la responsable a considerar inoperantes los agravios ante ella formulados, es evidente que tales conceptos de violación a la postre, resultan inoperantes y no pueden ser analizados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.4o.A. J/33 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Agosto de 2004, visible a página 1406, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES SI NO SE REFIEREN A LA PRETENSIÓN Y A LA CAUSA DE PEDIR. Los conceptos de violación o agravios deben indefectiblemente encontrarse vinculados y relacionados con el contexto litigioso que se sometió a la jurisdicción ordinaria. Como antecedente conviene puntualizar el contenido de la frase "pretensión deducida en el juicio" o petitum al tenor de lo siguiente: a) La causa puede ser una conducta omitida o realizada ilegalmente, o bien, el acto ilícito que desconoce o viola un derecho subjetivo que es motivo de la demanda y determina la condena que se solicita al Juez que declare en su sentencia, es decir, es la exigencia de subordinación del interés ajeno al propio; b) La pretensión o petitum es la manifestación de voluntad de quien afirma ser titular de un derecho y reclama su realización; c) El efecto jurídico perseguido o pretendido con la acción intentada y la tutela que se reclama; y, d) El porqué del petitum es la causa petendi consistente en la razón y hechos que fundan la demanda. Así las cosas, los conceptos de violación o agravios deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al qué se reclama y, en segundo lugar, a la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las pruebas (que son la base de lo debatido). La conexión o relación de estas últimas sólo debe darse con los hechos, que son determinantes y relevantes para efectos de la pretensión, en virtud de ser el único extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la acción deducida, tal como lo establecen los artículos 81 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En tal orden de ideas, si la quejosa no señala la parte de las consideraciones de la sentencia que reclama, motivo de controversia, o se limita a realizar meras afirmaciones, bien sean generales e imprecisas o sin sustento o fundamento, es obvio que tales conceptos de violación son inoperantes y no pueden ser analizados bajo la premisa de que es menester que expresen la causa de pedir." Si bien es cierto que el Tribunal Supremo ha establecido jurisprudencialmente que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el motivo por el cual estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren, es decir, por qué se apartan del derecho. De ahí que el suscrito califique como inoperantes esos conceptos de violación hechos valer por el promovente, ya que con tales argumentos no ataca frontalmente los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse, ya que no realiza razonamiento alguno capaz de ser analizado. Es decir, no combatió la consideración toral y tesis que sirvieron de sustento a la autoridad responsable para confirmar la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones, el cual hizo consistir en: - Que si bien el emplazamiento de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve cumplió con los requisitos legales, no puede sostenerse jurídicamente la legalidad del emplazamiento por las meras afirmaciones del actuario si estas no ocurrieron, como se demostró con la documental pública ofrecida por la demandada. - Para sustentar lo anterior, la responsable invocó la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación. Volumen 103-108, Cuarta Parte, visible a página 147, del rubro: "EMPLAZAMIENTO ILEGAL. LA FE PUBLICA DE QUE ESTA INVESTIDO EL FUNCIONARIO QUE LO PRACTICA, NO CONVALIDA LAS ALTERACIONES Y CONTRADICCIONES EN QUE INCURRA." y la diversa jurisprudencia VI.2o.C. J/189 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Septiembre de 2000, visible a página 620, del rubro: "EMPLAZAMIENTO ILEGAL. LA FE PÚBLICA DE QUE ESTÁ INVESTIDO EL FUNCIONARIO QUE LO PRACTICA, NO CONVALIDA LAS ALTERACIONES Y CONTRADICCIONES EN QUE INCURRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)." De acuerdo con lo anterior, cabe convenir, que aun cuando el accionante expone argumentos que guardan relación con el punto de la resolución reclamada; sin embargo, en ellos perdió de vista, que de acuerdo con la técnica jurídica que impera en el caso, primeramente era necesario que rebatiera el razonamiento toral a través del cual la responsable determinó confirmar la resolución que declara procedente el incidente nulidad, en tanto que aquel discernimiento contiene el punto de interés del que no se ocuparon los conceptos de violación en estudio, ya que únicamente se concretó a señalar: 1. Que el hecho de que se haya asentado el nombre incorrecto de la demandada no invalida la diligencia, 2. Que la prueba a la que se le otorgó valor probatorio contraviene el principio de contradicción, y 3. Que declaró inatendibles sus agravios tercero y cuarto, no obstante ya había causado ejecutoria la sentencia definitiva. Empero, con éstos no controvirtió los razonamientos expuestos en la resolución reclamada, pues se insiste, no señaló los razonamientos lógico-jurídicos en los que apoye sus argumentos y que evidencien por qué el acto reclamado se aparta del derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el tomo XVI, Diciembre de 2002, tesis 1a./J. 81/2002, en la página 61 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 185425, cuyo rubro y texto indican lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." De ahí que las consideraciones hechas por la responsable deben subsistir sosteniendo el fallo combatido, con independencia de su legalidad o ilegalidad, al no operar en la especie la suplencia de la queja deficiente por no darse alguna de las hipótesis del numeral 79 de la ley de materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia II.3o. J/22 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 56, Agosto de 1992, visible a página 48, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION, INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Son inoperantes los razonamientos expresados como conceptos de violación, si no atacan debidamente las consideraciones de la sentencia reclamada, puesto que al no estar facultados los tribunales de amparo a suplir la deficiencia de la queja, con excepción de los casos permitidos por la ley de la materia, no se puede analizar oficiosamente la inconstitucionalidad de la resolución combatida." Así como la diversa jurisprudencia XXI.1o. J/19 del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Septiembre de 2001, visible a página 1137, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE, COMBATIENDO EL FONDO DEL ASUNTO, NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES QUE LA RESPONSABLE TOMÓ EN CUENTA PARA DECLARAR INOPERANTES LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS. Si la responsable emite declaratoria de inoperancia respecto de los agravios formulados, y el quejoso esgrime argumentos orientados a combatir el fondo del asunto, mas no a desvirtuar las consideraciones que aquélla tomó en cuenta para dictar el fallo reclamado, ello trae como consecuencia que los conceptos de violación se estimen inoperantes." En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación expuestos, lo que legalmente procede se negar a la parte quejosa, el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. SÉPTIMA. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a la Felipe de Jesús Arjona Azcorra, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos señalados en la consideración sexta de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración séptima de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración octava de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  4. Incidental

    VISTO, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 955/2022-IX-B, promovido por Felipe de Jesús Arjona Azcorra. R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. En la correspondiente demanda de amparo, Felipe de Jesús Arjona Azcorra, solicitó la suspensión definitiva del acto que reclamó a la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. SEGUNDO. Formación de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado en el juicio principal el siete de abril de dos mil veintidós, se admitió la demanda, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión y, en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Mediante resolución interlocutoria de veintidós de abril de dos mil veintidós, se resolvió la suspensión definitiva respecto de la autoridad Sala Colegiada Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. TERCERO. Regularización de procedimiento. Por auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se regularizó el procedimiento en el presente incidente de suspensión a fin de que la autoridad señalada como responsable Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se notifique y rinda su informe respectivo, por lo que se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental respecto de la citada autoridad responsable, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa, el acto que la parte quejosa reclama, que lo es: La resolución de nueve de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 24/2022, que ratificó la interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, mediante la cual declaró nulo todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 745/2019 incluso la sentencia definitiva dictada en el mismo a favor del hoy quejoso, ordenando emplazar nuevamente a Irma Elizabeth Noh Poot y/o Irma Elisabeth Noh Poot. SEGUNDO. Existencia de acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, pues así lo manifestó al rendir su informe previo. TERCERO. Análisis de la suspensión definitiva. Primeramente, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, pues deviene incuestionable que resulta necesario atender dicha característica, a efecto de determinar si pueden ser o no paralizados. En razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado. Hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación relativa, así como de la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con los artículos 128, interpretado en sentido contrario, y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, debe analizarse en primer término su naturaleza, el cual consiste en un acto positivo que por consiguiente tiene efectos y consecuencias sobre los cuales debe ocuparse la presente medida cautelar solicitada. Atento a lo anterior, se procede analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, que señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén; por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Cabe señalar que el interés suspensional se encuentra acreditado en la medida en que el quejoso es la parte actora en el juicio de donde emana el acto reclamado. Asimismo, es dable establecer que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de la providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que él o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. De acuerdo con la finalidad de la suspensión, el examen de su procedencia debe partir del análisis de la naturaleza del acto o actos reclamados, para arribar a la conclusión de si pueden ser o no paralizados, en razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado. Hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación relativa, así como de la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo. En este sentido, por lo que ve a los efectos y consecuencias del acto reclamado, se concede la medida cautelar solicitada para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan, y no se ejecute la determinación de declarar nulo todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil de origen e iniciarlo de nuevo, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo de donde emana el presente incidente; lo anterior, a fin de conservar la materia del juicio de amparo. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia visible en la página 27, del Tomo 76, de Abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que al rubro dice: "SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA". La anterior medida cautelar, se entenderá negada si a la fecha se encuentra íntegra y totalmente ejecutado el acto que se reclama, porque en tal caso los actos de ejecución revestirían el carácter de consumados contra los que resultaría improcedente dicha suspensión o bien si proviene de una ejecutoria de amparo, en cuyo caso las autoridades responsables tienen expedita su facultad para consumar dicho acto. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE CONCEDE a Felipe de Jesús Arjona Azcorra, la suspensión definitiva del acto reclamado de la autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución; por los motivos y para los efectos expuestos en el considerando tercero. Notifíquese y cúmplase.

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