Felipe de Jesús Andrade Espinoza

Expediente 1074/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1074/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
24/04/2019

Partes del expediente

  • Felipe de Jesús Andrade Espinoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución emitida en autos, por la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó la protección de la justicia de la unión en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se sobreseyó y se negó el amparo en el mismo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, primer párrafo, del mencionado acuerdo, en razón de que se negó la medida cautelar solicitada. Por lo que se refiere al duplicado del incidente destrúyase el mismo en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez en Materia Penal de Puruándiro, Michoacán, las constancias que remitió al presente juicio en apoyo a su informe justificado, consistentes en la causa penal 53/2014 y su acumulado 55/2014, mismos que obran en tres tomos de pruebas, por ser innecesaria su retención, sin que resulte necesario acusar recibo de dichas constancias, pues con el acuse de entrega del servicio de mensajería acelerada es más que suficiente para tenerlas por recibidas. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1074/2018, promovido por Felipe de Jesús Andrade Espinoza, por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Felipe de Jesús Andrade Espinoza, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Puruándiro, Michoacán y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, se registró con el número 1074/2018, se admitió mediante proveído de doce de diciembre de dos mil dieciocho (foja 13), se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. El once de enero de este año (foja 35) se reconoció el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Puruándiro, Michoacán; posteriormente, en auto de veinticinco de enero siguiente (foja 75), se reconoció también esa calidad a José Antonio Sandoval Tovar, en cuanto padre de la víctima directa del delito Antonio de Jesús Sandoval Montenegro. Finalmente, en auto de veinticinco de enero de este año (foja 77) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado es atribuido a una autoridad con residencia en el territorio en que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados por la parte quejosa es: El exceso en la aplicación de la prisión preventiva y cese de la misma en perjuicio del quejoso, dentro del proceso penal 55/2014, que se le instruye por los delitos de contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión de narcótico con fines de comercio, en agravio de la sociedad y de homicidio calificado en perjuicio de Antonio de Jesús Sandoval Montenegro. El cual atribuye a las responsables siguientes: Juez Mixto de Primera Instancia; Agente Segundo del Ministerio Público; Éstas con residencia en Puruándiro, Michoacán; y, Director del Centro de Reinserción Social de La Piedad, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto que se le atribuye al Agente Segundo del Ministerio Público, con residencia en Puruándiro, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 21), al señalar que entre sus facultades no está determinar situaciones inherentes a la prisión preventiva; comunicado con el cual se le dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido. No obstante lo anterior, el promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de esa autoridad responsable, aun cuando se le dio la vista respectiva con el informe justificado rendido por ésta, a pesar que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Se justifica lo señalado, porque además de que la existencia del acto reclamado a la autoridad indicada, fue negada de forma lisa y llana, dicha aseveración tampoco generó motivo alguno para que en suplencia de la queja deficiente este juzgador conminara a tal autoridad a probar su dicho, en este caso, la negativa del acto a ella atribuido, porque la naturaleza de su aseveración la liberó de la carga probatoria y la trasladó al inconforme, quien afirmó la transgresión a sus derechos, a partir de la actuación de ese ente de gobierno, por eso a éste correspondía la acreditación de sus argumentos. Por consiguiente, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad señalada en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que respecta a la misma. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Puruándiro, Michoacán, pues así lo manifestó al rendirlo (foja 56). Asimismo, debe presumirse como cierto el acto que se le atribuye al Director del Centro de Reinserción Social de La Piedad, Michoacán, en términos del artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, pues pese a que fue debidamente emplazado a esta contienda constitucional, como se aprecia del acuse que obra a foja 32 -del que se desprende que recibió el oficio el veintiséis de diciembre del año pasado- dicha autoridad fue omisa en rendir su informe justificado. Aunado a lo anterior, la certeza del acto reclamado se corrobora con las constancias que la juez de la causa acompañó como soporte de su informe justificado, consistente en el duplicado del proceso penal 55/2014, en tres tomos. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Quinto. Estudio causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Sexto. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado consistente en el exceso en la aplicación de la prisión preventiva y cese de la misma en perjuicio del quejoso, dentro del proceso penal 55/2014, que se le instruye por los delitos de contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión de narcótico con fines de comercio, en agravio de la sociedad y de homicidio calificado en perjuicio de Antonio de Jesús Sandoval Montenegro. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En ellos toralmente, argumentó lo siguiente: Que se encuentra privado de su libertad desde hace más de cuatro años, por lo que se viola su derecho fundamental a la libertad personal; Que por ello, debe asumirse que la prisión preventiva a la que se encuentra sujeto, viola en su perjuicio la presunción de inocencia y además, se torna en una pena anticipada; Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demora prolongada de la prisión preventiva puede llegar a constituir por sí misma, una violación de las garantías judiciales; y, Que en el caso también ha transcurrido el plazo razonable de dos años que fijó como parámetro para la duración de la prisión preventiva la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicho conceptos son infundados, como se anotará enseguida, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien resuelve, considera que lejos de beneficiar al quejoso lo perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, además que la resolución reclamada, a través de la cual se confirmó el auto de formal prisión, no transgrede los derechos fundamentales de la quejosa previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Para sostener el sentido que se asume en esta sentencia, debe señalarse que si bien es cierto que como lo aduce el quejoso, el artículo 20 Constitucional dispone que la prisión preventiva no podrá exceder de dos años, como se observa de la parte siguiente: "ARTÍCULO 20, APARTADO B, PENÚLTIMO PÁRRAFO La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención." También lo es que dicho numeral contiene una restricción para su actualización, la cual consiste en que la prolongación de la prisión preventiva, no se deba al ejercicio del derecho de defensa del inculpado y como se adelantó anteriormente, este juzgador considera infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, porque de un análisis del proceso penal del que deriva el acto reclamado se advierte el ejercicio del derecho de defensa por parte del inculpado. Para sostener dicha postura, en primer término tenemos que, procesalmente hablando el término juicio, consiste en una discusión jurídica entre las partes intervinientes y cuya difusión y resolución se somete al conocimiento de un juez o tribunal, capacitado especialmente para resolver sobre la cuestión. Por derecho de defensa, puede entenderse el derecho fundamental que asiste a todo imputado y a su abogado defensor a comparecer inmediatamente en la instrucción y a lo largo de todo el proceso penal a fin de poder contestar con eficacia la imputación o acusación contra aquél existente, articulando con plena libertad e igualdad de armas los actos de prueba, de postulación e impugnación necesarios para hacer valer dentro del proceso penal el derecho a la libertad que asiste a todo ciudadano que, por no haber sido condenado, se presume inocente. De tal manera que la defensa opera como un factor de legitimidad de la acusación y de la sanción penal. También confluyen en la defensa otras garantías y derechos como la audiencia del procesado, la contradicción procesal, el derecho a la asistencia técnica del abogado, el uso de medios de prueba, el derecho a no declarar contra sí mismo o declararse culpable. La Declaración Universal de Derechos Humanos expresa, junto al derecho a la presunción de inocencia, el derecho de toda persona acusada de delito a un juicio público en el que le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. En términos semejantes se reitera este derecho en el Pacto de Nueva York y en el Pacto de San José de Costa Rica, resaltándose la comunicación libre y privada con el defensor y la irrenunciabilidad del derecho a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado. Por su parte, de acuerdo al citado autor, la defensa técnica, constituye una actividad esencial del proceso penal y admite dos modalidades: a) La defensa material que realiza el propio imputado ante el interrogatorio de la autoridad policial o judicial; y, b) La defensa técnica que está confiada a un abogado que asiste y asesora jurídicamente al imputado y lo representa en todos los actos procesales no personales. Los pactos internacionales también regulan la defensa oficial, como el "derecho irrenunciable" del imputado a ser asistido gratuitamente por un defensor proporcionado por el Estado, cuando no designare defensor. Por su parte, el autor en cita, refiere que el abogado goza de todos los derechos que la ley le confiere para el ejercicio de sus funciones en defensa de su patrocinado y que la ley reconoce expresamente su intervención desde que su defendido es citado o detenido por la policía a interrogar directamente al imputado, testigos o peritos a recurrir a un perito de parte, a participar en todas las diligencias de la investigación a aportar pruebas, presentar escritos tener acceso a los expedientes, recursos ingresar a establecimientos policiales y penales para entrevistarse con su patrocinado, en suma a expresarse con amplia libertad en el curso de la defensa, sea oralmente o por escrito siempre que no se ofenda el honor de las personas. Por ello, refiere, es indudable que la defensa técnica es un presupuesto necesario para la correcta viabilidad del proceso, pues aun cuando el imputado puede hacer uso de la autodefensa, resulta imprescindible la presencia y asistencia del abogado defensor en el curso del procedimiento. Así, la defensa técnica es la de mayor relieve en el procedimiento penal, pudiendo resumirse en las siguientes características principales: a) El derecho a la asistencia letrada consiste en la facultad que tiene el imputado de elegir un abogado de su confianza. En virtud de esa misma facultad, puede también revocar el nombramiento del defensor y designar a otro; b) La actuación del defensor no puede colisionar con la voluntad del defendido. El Abogado defiende los intereses del imputado y como tal se constituye en un alter ego procesal, algo así como el oído y la boca jurídica del inculpado; c) El derecho de defensa es irrenunciable. Si el inculpado asume una actitud pasiva en el proceso y no quiere defenderse, manifestando su rechazo a la asistencia de letrado, el ordenamiento jurídico prevé la actuación del defensor quien aparece en legitimo mecanismo de autoprotección del sistema, para cumplir con las reglas del juego de la dialéctica procesal y de la igualdad de las partes; y d) La defensa técnica es obligatoria. Debe manifestarse cuando el imputado ha sido detenido por la policía o cuando no estando en dicha situación ha de producirse el primer interrogatorio. Pero sobre todo es obligatoria la defensa técnica en el procedimiento penal, aun cuando la ley considera posible la intervención de persona idónea para asumir el cargo en la declaración del imputado Por cuanto hace a los principios fundamentales que comprende el derecho de defensa, tenemos que incorpora dentro de sí dos principios fundamentales del proceso penal: El de contradicción, de carácter estructural al igual que la igualdad; y El acusatorio, vinculado al objeto del proceso al igual que los de legalidad-oportunidad. El primero, se construye, sobre la base de aceptar a las partes del proceso penal, acusadora y acusada, la posibilidad efectiva de comparecer o acceder a la jurisdicción a fin de poder hacer valer sus respectivas pretensiones, mediante la introducción de los hechos que las fundamentan y su correspondiente práctica de pruebas, así como cuando se le reconoce al acusado su derecho a ser oído con carácter previo a la condena. La contradicción exige: 1. la imputación; 2. la intimación; y, 3. el derecho de audiencia. Para que el imputado pueda defenderse es imprescindible la imputación, la cual importa una relación clara, precisa y circunstanciada de un delito formulada por el Ministerio Público. Esta imputación debe ser conocida por el procesado - que es lo que se denomina intimación-, quien además debe tener el derecho de audiencia. El derecho a ser oído es una condición previa al pronunciamiento por el órgano jurisdiccional no sólo de sentencias sino, inclusive, de decisiones interlocutorias que conforman la situación del imputado durante el procedimiento. Y, en tercer lugar, que este principio se extiende: 1. al respeto a la integridad corporal del imputado: 2. al rechazo a los tormentos y a todo acto de interrogatorio que propenda al error (preguntas capciosas y sugestivas o amenazas o promesas previas); 3., A la facultad de abstenerse voluntariamente de declarar; y, 4.Al derecho de probar y controlar la prueba, en cuanto necesidad de equiparar las posibilidades del imputado respecto a las del acusador. El segundo, es decir, el principio acusatorio, indica la distribución de roles y las condiciones en que se debe realizar el enjuiciamiento del objeto procesal penal; de modo que, se entiende por principio acusatorio aquel según el cual no ha de ser la misma persona quien realice las averiguaciones y decida después al respecto. El principio acusatorio tiene cuatro notas esenciales: a) Ejercicio y mantenimiento de la acusación por un órgano distinto al Juez, así como la exigencia de una acción pública. b) La división del proceso en dos fases y las tareas propias de cada una de ellas de investigación y decisión respectivamente, han de ser conferidas a órganos diferentes con el fin de evitar un probable y posible prejuzgamiento por parte del juez sentenciador. Rige la máxima de la prohibición de la identidad entre instructor y decisor. c) Relativa vinculación del órgano jurisdiccional a las pretensiones de las partes, en atención a la acusación fiscal. La vinculación del órgano jurisdiccional es de carácter temático, es decir, al hecho penalmente antijurídico, de suerte que sobre él órgano jurisdiccional tiene facultad para completarlo y resolverlo en toda su extensión. El Juez no está obligado a aceptar el título de condena ni la petición de pena, aunque la desvinculación no alcanza a los hechos imputados, que han de permanecer inmutables, sino a la calificación jurídico - penal siempre que respete el bien o interés jurídico vulnerado. d) Una cuarta nota esencial del principio acusatorio, es la prohibición de la "reformatio in peius" o reforma peyorativa, .El Juez revisor, que conoce de un grado concreto, no puede agravar más a un apelante de lo que ya lo estaba por la resolución o sentencia recurrida, salvo que el apelado impugne también independientemente la sentencia o se adhiera a la apelación ya iniciada. El Juez ad quem está vinculado por los límites objetivos y subjetivos de la impugnación, que de rebasarse afectaría irrazonablemente el derecho de defensa. Sentado lo anterior tenemos que, el derecho de defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado, que se compone de un cúmulo de garantías procedimentales y que no sólo se circunscribe a ofrecer medios probatorios, con independencia que, el imputado decida o no, hacerlas valer. En abono a lo anterior, debemos acudir al Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, aplicable a este asunto, el cual, para lo que nos interesa señala: "ARTICULO 29.- Presentación del indiciado ante la Representación Social.- Cuando el indiciado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio Público, se procederá de inmediato en la siguiente forma: I.- Se hará constar por quien haya realizado la detención o ante quien aquél haya comparecido el día, hora y lugar de la detención o de la comparecencia, así como, en su caso, el nombre y cargo de quien la haya ordenado. Cuando la detención se hubiese practicado por una autoridad no dependiente del Ministerio Público, se asentará o se agregará, en tal hipótesis, la información circunstanciada suscrita por quien la haya realizado o haya recibido al detenido; II.- Se le hará saber la imputación que existe en su contra y el nombre del denunciante o querellante; III.- Se le harán saber los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, particularmente en la averiguación previa, los siguientes: a) No declarar si así lo desea, o en caso contrario, declarar asistido por su defensor; b) Tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza, o si no quisiere o no pudiere designar defensor, se le designará desde luego un defensor de oficio; c) Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguación; d) Que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación, sin afectar el sigilo de la misma respecto de diversos indiciados o hechos no relacionados con él; e) Que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca y que se tomarán en cuenta para dictar la resolución que corresponda, concediéndosele el tiempo necesario para ello, siempre que no se traduzca en entorpecimiento de la averiguación y las personas cuyos testimonios ofrezca se encuentren en el lugar donde aquélla se lleve a cabo. Cuando no sea posible el desahogo de pruebas ofrecidas por el indiciado o su defensor en la indagatoria, una vez consignada ésta, el juzgador resolverá sobre la admisión y práctica de las mismas; y, f) Que se le conceda, inmediatamente que lo solicite, su libertad provisional bajo caución, conforme lo dispuesto por la fracción I del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los términos del artículo 493 de este Código. Para efectos de los incisos b) y c) se le permitirá al indiciado comunicarse con las personas que él solicite, utilizando el teléfono o cualquier otro medio de comunicación del que se pueda disponer, o personalmente, si ellas se hallaren presentes. De la información al indiciado sobre los derechos antes mencionados, se dejará constancia en las actuaciones; IV.- Cuando el detenido fuere un indígena o extranjero que no hable o no entienda suficientemente el español, se le designará un traductor que le hará saber los derechos a que se refiere la fracción anterior. Si se tratare de un extranjero, la detención se comunicará de inmediato a la Secretaría de Gobernación; y, V.- En todo caso, se mantendrán separados a los hombres y a las mujeres en los lugares de detención o reclusión. ARTICULO 232.- Datos para el acta de la declaración preparatoria.- En el acta relativa a la declaración preparatoria se hará constar: I.- Nombre y apellidos del indiciado, apodos si los tuviera, el lugar de nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, en su caso el grupo étnico indígena al que pertenece, idioma, residencia o domicilio y ocupación, oficio o profesión; II.- El ingreso diario del declarante; si tiene bienes patrimoniales y cuáles son éstos; y, III.- Si antes ha sido procesado, cuándo, por qué motivo y ante qué autoridad, qué sentencia se dictó y si cumplió la pena que se le impuso. Además se hará del conocimiento del indiciado: a) En qué consiste la denuncia o querella, así como los nombres de sus acusadores y de los testigos que declaren en su contra, a fin de que conozca el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo; se le preguntará si es su voluntad declarar y en caso de que así lo desee se le examinará sobre los hechos consignados; al efecto, el juez lo interrogará sobre la participación en los hechos imputados, pudiendo su defensor hacerle todas las preguntas conducentes a su defensa, mismo derecho que también tendrá el Ministerio Público. Si el indiciado decidiere no declarar, el juez respetará su voluntad dejando constancia de ello en el expediente; b) El derecho que tiene a defenderse por sí mismo y a designar defensor, advirtiéndole que si no lo hace, el juez le nombrará uno de oficio; c) El derecho a la libertad caucional, si ésta procede conforme a la ley, y el procedimiento para obtenerla; d) El derecho que tiene a que su defensor se halle presente en todas las diligencias y a pedir, si está detenido, se le cite por conducto del tribunal siempre que lo estime necesario; y, e) Todas las garantías que le otorga el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Que se le recibirán todos los testigos y las pruebas que ofrezcan en los términos legales, ayudándole para obtener la comparecencia de las personas que solicite, siempre y cuando estén domiciliadas en el lugar del juicio; así como que será sentenciado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, o antes de un año si la pena máxima excediera de ese tiempo; y que le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Como se ve, las porciones normativas anteriormente transcritas, establecen las siguientes prerrogativas relacionadas con el derecho de defensa del inculpado: El derecho que tiene a defenderse por sí mismo y a designar defensor, advirtiéndole que si no lo hace, el juez le nombrará uno de oficio; El derecho a la libertad caucional, si ésta procede conforme a la ley, y el procedimiento para obtenerla; El derecho que tiene a que su defensor se halle presente en todas las diligencias y a pedir, si está detenido, se le cite por conducto del tribunal siempre que lo estime necesario; y, Todas las garantías que le otorga el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como son: Que se le recibirán todos los testigos y las pruebas que ofrezcan en los términos legales, ayudándole para obtener la comparecencia de las personas que solicite, siempre y cuando estén domiciliadas en el lugar del juicio; así como que será sentenciado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, o antes de un año si la pena máxima excediera de ese tiempo; y que le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Dichas prerrogativas y las demás que dispongan los ordenamientos jurídicos aplicables, como se dijo, conforman en su conjunto el denominado derecho de defensa del inculpado, el cual en el caso, se considera ejercido ya que las constancias del proceso penal que la juez responsable acompañó a su informe justificado revelan que, precisamente en uso de su derecho a la defensa, el quejoso promovió recurso de apelación contra el auto de formal prisión dictado en su contra por el delito de narcomenudeo (foja 163, tomo de pruebas I); nombró como su defensor al público adscrito al juzgado responsable (foja 183, tomo de pruebas I); por conducto de su defensor ofreció diversos medios de prueba (foja 441, tomo de pruebas I); promovió ampliación de los medios de prueba que había ofertado (foja 887, tomo de pruebas II); promovió incidente de separación de las causa penales que se le instruyen en conjunto en el proceso penal del que deriva el acto reclamado, a saber narcomenudeo y homicidio (foja 1307, tomo de pruebas II); solicitó se tuviera al Agente del Ministerio Público consignador formulando las conclusiones tácitas de inculpabilidad (foja 1402, tomo de pruebas II); y, designó como defensores particulares (foja 1427, tomo de pruebas II). Bajo el anterior panorama, evidente resulta que en el caso la prolongación de la prisión preventiva a la que se encuentra sujeto el quejoso, se debe entre otras cuestiones, al ejercicio del derecho de defensa y ello actualiza la excepción de aplicación contenida en el artículo 20 Constitucional, esto es, que la prolongación no sea atribuible al derecho de defensa del inculpado. En ese punto es importante precisar que el criterio que se sostiene en esta sentencia en el sentido que la prolongación de la prisión preventiva oficiosa está justificada cuando el imputado ejerce su derecho de defensa, fue confirmado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión penal 161/2017, en el que al resolver un asunto análogo al que ahora se resuelve, sostuvo: "En tanto, como lo determinó el juez de Amparo en la resolución recurrida, también es acorde a derecho que la responsable luego de establecer la improcedencia del cese o revocación de la medida cautelar, al realizar la interpretación sistemática de los dispositivos jurídicos 20, apartado B), fracción IX, de la Constitución Federal, 161, 163 y 171, del Código Nacional de Procedimientos Penales, resolviera que la prisión preventiva impuesta el doce de febrero de dos mil dieciséis, debía prolongarse hasta por dos años (hasta el once de febrero de dos mil dieciocho) y/o en tanto durara el procedimiento penal ****, seguido en contra del quejoso ***. Lo anterior es de ese modo, porque en efecto, como lo advirtió el juzgador de Amparo, el Tribunal de Enjuiciamiento precisó en el acto reclamado que esa prolongación de la prisión preventiva oficiosa al impetrante de protección, estaba justificada en razón de que el imputado y su abogado particular optaron por ejercer su derecho de defensa, cuando decidieron que la situación jurídica del quejoso se determinara en forma definitiva mediante juicio oral. Sobre el particular, la autoridad responsable argumentó al emitir el acto reclamado, que al interpretar el artículo 20, apartado B, de la Constitución General de la República, se pone de manifiesto que el derecho de defensa comprende diversos derechos subjetivos y que, a la luz de lo dispuesto en la fracción VII, apartado A, del precepto constitucional ut supra, sólo cuando los imputados optan por un mecanismo de aceleración, se entiende que no se jercer ninguna petición de defensa y, como en el caso, el imputado optó por ser juzgado en audiencia de juicio oral, ello implica formal y materialmente que determinó ejercer su derecho de defensa; con lo cual se justifica plenamente la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva hasta por los dos años que, en los términos antes acotados, establece la norma fundamental del País en cita. Atentos a lo anterior, dicha premisa argumentativa de la autoridad responsable es correcta, porque en la especie existe plena certeza de que el impetrante de amparo y aquí recurrente ***, asesorado de su defensor particular, ciertamente optó por ser juzgado en audiencia de juicio oral y, además, acorde con los datos contenidos en el auto de apertura a juicio oral de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, se constata que, el inodado ejerció su derecho de defensa y virtud a ello, ofreció medios de prueba que le fueron admitidos en la etapa intermedia y debían ser desahogados en la audiencia de juicio oral; tal como, incluso, aconteció, porque acorde con los antecedentes precisados previamente en esta ejecutoria, el nueve de marzo de dos mil diecisiete el Tribunal de Enjuiciamiento llevó a cabo dicha audiencia y emitió sentencia condenatoria en su contra, la cual fue impugnada por **** mediante recurso de apelación. En consecuencia, la resolución recurrida de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, como lo determinó el juez de Amparo, es legal y, entonces, como se anticipó y ahora se reitera, es infundado el agravio precisado como b).(.)" Por otra parte, también se puntualiza que no pasan por alto para el que ahora resuelve, los siguientes criterios que sobre el tópico se localizan: Tesis 1a. CXXXVII/2012 (10a.), perteneciente a la décima época, registro 2001430, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XI, agosto de 2012, Tomo 1, página 492, de rubro y texto siguientes: "PRISIÓN PREVENTIVA. FORMA DE PONDERAR EL PLAZO RAZONABLE DE SU DURACIÓN. Conforme al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso. Ahora bien, una interpretación basada en el principio pro personae, con fundamento en la Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, permite definir la forma en que debe ponderarse si ha transcurrido un plazo razonable en la duración de la prisión preventiva, en atención a los factores siguientes: 1. Probabilidad de que el acusado cometió un delito merecedor de pena carcelaria, en donde el juzgador podría estimar que la medida cautelar provisional decretada ya no es imperiosa, lo que no prejuzga lo resuelto en el auto de formal prisión; 2. Peligro de fuga o evasión de la acción de la justicia, donde deben tenerse en cuenta la gravedad del delito y la eventual severidad de la pena, elementos que por sí solos son insuficientes para concluir que no ha transcurrido un plazo razonable de duración de la prisión preventiva; 3. Riesgo de comisión de nuevos delitos, en donde el peligro debe ser real; 4. Necesidad de investigar y posibilidad de colusión, circunstancias que deben evaluarse en asuntos donde el acusado puede impedir el curso normal del proceso judicial, dicha necesidad debe fundarse en un peligro efectivo; 5. Viabilidad de presión sobre los testigos, caso en que debe examinarse si existe un riesgo legítimo para éstos u otras personas; 6. Preservación del orden público, en donde por circunstancias excepcionales, la gravedad especial de un hecho delictivo y la reacción del público ante el mismo, pueden justificar la aplicación de la medida cautelar por cierto periodo; 7. Debida diligencia en la sustanciación del procedimiento, donde debe justipreciarse si las autoridades la han empleado; 8. Motivos expuestos por las autoridades judiciales para justificar la continuación de la medida, donde la información se analiza caso por caso para determinar la relevancia y suficiencia de las justificativas para la prisión preventiva; 9. Lapso constitucional de duración del juicio, donde debe constatarse si han transcurrido 4 meses en caso de delitos cuya pena máxima no excede de 2 años de prisión o 1 año si la pena excede de ese tiempo; 10. Ejercicio efectivo del derecho de defensa, el cual no debe ser un pretexto para que la autoridad alargue el proceso de manera injustificada; y 11. Eventualidad apoyada en datos de riesgo para el ofendido o la sociedad, donde el riesgo debe justipreciarse con elementos de convicción aportados por la Representación Social. Así, los jueces, fundándose en una prudente apreciación, deben evaluar en forma proporcional y razonada en cada caso dichos factores, a efecto de determinar si ha transcurrido un plazo razonable de permanencia del procesado sujeto a prisión preventiva. Tesis 1a. XL/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2014015, de rubro y texto siguientes: "PRISIÓN PREVENTIVA. FACTORES A CONSIDERAR PARA EL ANÁLISIS DE LA RAZONABILIDAD PARA LA PROLONGACIÓN DEL PLAZO PREVISTO EN LA FRACCIÓN VIII, DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL. En el juicio de amparo en revisión 27/2012, que dio lugar a la tesis 1a. CXXXVII/2012 (10a.) de rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA. FORMA DE PONDERAR EL PLAZO RAZONABLE DE SU DURACIÓN.", esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó la temática del plazo razonable para justificar la prolongación de la prisión preventiva. Sin embargo, con motivo de lo resuelto por el Tribunal Pleno en la contradicción de tesis 293/2011, toda vez que existe una interrelación material entre las normas constitucionales y las de los tratados internacionales ratificados por México que reconocen derechos humanos y dado que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para esta Suprema Corte, siempre y cuando sea más favorable para la persona, criterio que se refleja en la tesis P./J. 21/2014 (10a.), de rubro: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.", resulta necesario hacer algunas acotaciones y diferenciaciones al criterio resultante de tal amparo en revisión a la luz de los nuevos lineamientos interamericanos. Por lo tanto, cuando en el transcurso de un proceso penal una persona solicite su libertad al estimar que se ha actualizado un plazo irrazonable para ser juzgada y, por ende, no se justifica la prolongación de su prisión preventiva, con fundamento en los artículos 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el juzgador competente deberá de tomar en cuenta y valorar lo siguiente: a) el artículo 20, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el texto vigente antes de su modificación el 18 de junio de 2008, no establece un plazo perentorio para la prisión preventiva, sino que señala un rango de tiempo máximo del proceso penal cuyo cumplimiento dependerá de las circunstancias del caso y del respeto y protección del derecho de defensa del inculpado; y b) consecuentemente, para determinar si se ha transgredido un plazo razonable para que una persona sea juzgada y, con ello, sea viable o no prolongar la prisión preventiva, el juzgador tendrá que analizar la: i) complejidad del caso; ii) la actividad procesal del interesado; y, iii) la conducta de la autoridad judicial y de otras que incidan en el proceso. Aunado a lo anterior, para no pasar por alto la preocupación que refleja el Poder Constituyente al establecer en la fracción I del apartado A, del citado artículo 20 constitucional, ciertos requisitos para que se pueda interrumpir la prisión preventiva durante el proceso del orden penal, el juzgador tiene la facultad para analizar excepcional y sucesivamente los elementos recién citados de complejidad y actividad procesal; si es necesaria la prolongación de la prisión preventiva con el fin de que el inculpado no eluda la acción de la justicia y se desarrolle de manera eficiente la investigación y, en su caso, si se encuentra acreditada o hay indicios suficientes sobre la existencia de causas externas que trasciendan en el proceso, tales como el peligro o la viabilidad de presión a testigos o víctimas o la sujeción del inculpado a otro proceso penal. Para ello, el juez correspondiente deberá hacer un análisis holístico de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean al proceso, aludiendo a criterios de necesidad y proporcionalidad y pudiendo tomar en cuenta la naturaleza del delito que se imputa, pero sin que ese único factor y sólo por ese elemento se decida prolongar la prisión preventiva". Sin embargo, en el caso no se estiman aplicables, porque el agravio toral del quejoso, se encamina a combatir que el término se prorrogó más allá del término razonable de dos años; sin embargo, como quedó anotado en los párrafos precedentes, el exceso en dicho plazo se estimará justificado, si se evidencía que el quejoso ejerció su derecho de defensa, lo cual como ya quedó asentado, sí se actualizó y dichos criterios se refieren a los factores a los que se debe atender para determinar si trascurrió o no un plazo razonable para el enjuiciamiento del inculpado. En tales condiciones, al considerarse infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Negativa que se hace extensiva respecto del acto atribuido al Director del Centro de Reinserción Social de La Piedad, Michoacán, pues éste no fue reclamado por vicios propios. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Felipe de Jesús Andrade Espinoza, por el acto, autoridad y motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. Segundo. Por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta resolución, la justicia de la unión no ampara ni protege a Felipe de Jesús Andrade Espinoza, contra el acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Puruándiro, Michoacán y al Director del Centro de Reinserción Social de La Piedad, Michoacán, materia de estudio en dicho apartado. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se notifica al tercero interesado por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el sentencia de veintiocho enero de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo

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