Felipe Cruz Morales

Expediente 167/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
167/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
11/06/2021

Partes del expediente

  • Presidente Municipal del R. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza.
  • Felipe Cruz Morales
  • Maribel Contreras Montoya y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, por medio del cual remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 73/2021. 2. Acuerdo. Téngase al citado tribunal comunicando que al resolver el recurso de queja 73/2021, interpuesto por Felipe Ortiz Morales y Maribel Contreras Montoya, contra el acuerdo de tres de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo en los autos del juicio de amparo 167/2021, se declaró infundado. 3. Acuse. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y acúsese el recibo correspondiente. 4. Instrucción. Se instruye a la Secretaría encargada de trámite, para que agregue al este juicio de amparo, las actuaciones que integran el legajo de antecedentes respectivo, a partir del oficio 8144/2020-ARL, dirigido al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a efecto de facilitar el manejo del expediente y no duplicar las actuaciones. 5. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 5.1 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 5.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 5.3 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    1. Recurso de queja. Téngase por recibido el escrito electrónico que remiten los quejosos ****, mediante el cual interponen recurso de queja en contra del proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. 2. Tramitación de medio de impugnación. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, tramítese el recurso de queja hecho valer y remítanse de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, original y copia del escrito de expresión de agravios, así como copia certificada del presente juicio, para los efectos legales correspondientes. 3. Informe. De conformidad con el artículo 101 de la Ley de Amparo, se ordena rendir el informe relativo a la queja interpuesta por la parte quejosa contra el auto en el cual se desechó la demanda de amparo, en el entendido de que es cierto tal acto, en virtud de que este órgano jurisdiccional dictó el proveído de tres de marzo del año en curso. 4. Instrucción. Se instruye a la Secretaría para que bajo su más estricta responsabilidad, remita original y copia del escrito de expresión de agravios, así como copias certificadas de los autos del presente juicio, en el entendido que deberán ser remitidas dichas copias debidamente integradas, foliadas, rubricadas y entreselladas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para la substanciación del recurso correspondiente.

  3. Principal

    1. Informe justificado y vista. Se agregan al expediente el oficio remitido vía electrónica por el Subjefe jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en representación de la autoridad responsable Director General de Transportes Militares, con sede en Ciudad de México, mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, se ordena poner dicho documento a la vista de las partes para que se imponga del mismo, de conformidad con el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. 1.1 Instrucción. La Secretaría encargada de la mesa de trámite deberá hacer relación puntual de estos informes en la audiencia constitucional, en observancia del artículo 124 del citado ordenamiento legal. 1.2 Delegados. Con fundamento en el artículo 9, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades responsables antes mencionadas, a los que indican en sus informes de cuenta. 2. Promoción. Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable mencionada en párrafos precedentes, por medio del cual informa su imposibilidad de remitir constancias referentes al acto reclamado. 2.1 Acuerdo. Sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento, toda vez que mediante este proveído se le tiene rindiendo el informe justificado solicitado para resolver el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    Notificación personal. 1. Recepción de juicio de amparo. Se tiene por recibido el escrito de demanda promovida por ...contra actos del Presidente Municipal del Republicano Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza, y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 167/2021, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo.1 De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4.2 1 El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. 2 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, de rubro y texto siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes... 3 Publicada en la página novecientos sesenta y tres, del tomo XXIII, junio de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 174899, que dice: HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. Además, la tesis de jurisprudencia número XXII. J/12, que sustenta el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito.4 3.2 Oportunidad de la presentación de la demanda. Precisado lo anterior, en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo.5 De conformidad con la citada fracción, el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueve dentro del plazo previsto para ello en la ley de la materia. En ese sentido, con la finalidad de sostener la actualización de la causal de improcedencia en cita, es menester hacer referencia que los numerales 17 y 18 de la ley de la materia6. De estos numerales se evidencia que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contado de la forma que estatuye el numeral 18 de la citada ley, que por regla general es la siguiente: i) A partir del día siguiente al en que hubiese surtido efectos la notificación al quejoso del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; ii) A partir del día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, iii) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. Así entonces, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado sea consentido por el quejoso tácitamente, entendiéndose por 4 Publicada en la página doscientos noventa y cinco, del tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro electrónico 199531, que es de la literalidad siguiente: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 5 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; (.) 6 Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. esto, cuando la demanda de amparo se presente fuera del término de quince días, establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Asimismo, en materia penal, la fracción IV de dicho numeral, establece como excepción en tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; casos en los cuales la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En la especie, el acto reclamado no entraña un ataque a la libertad personal, ni los diversos establecidos en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por ende, no se está en el caso de excepción previsto en tal numeral, lo cual conduce a determinar que el término para presentar la demanda de amparo es de quince días. En ese contexto, la causa que torna inejercitable la acción de amparo en el caso que nos ocupa, tiene lugar cuando éste no se promueve dentro del plazo genérico de quince días que consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, cuando no se está en algunas de las excepciones que pueden llegar a la imprescriptibilidad de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de derechos fundamentales, significa que consintió una u otro de forma tácita. Lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional (fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida), no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular, cobra con el transcurso del tiempo. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece tres momentos desde los cuales debe computarse el plazo de quince días para acudir al juicio de amparo, mismos que se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ese acto o ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008, consideró que conforme al artículo 21 de la abrogada Ley de Amparo, correlativo ahora al numeral 18 de la legislación vigente, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo reclamado o, bien, desde el día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. De esa ejecutoria surgió la jurisprudencia 115/2010, del Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación.7 También se precisó la intención clara del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio biinstancial, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo cual se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, pues basta con la actualización de uno de esos supuestos (el que cronológicamente se presente primero), para su operancia. Además, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, pues es suficiente que en la demanda, el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado para que se constituya el punto de partida para la contabilización del cómputo que ha de constituirse como la oportunidad de interposición del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre un dato diverso; sin embargo, en el presente caso existe prueba fehaciente de que el justiciable conoció el acto reclamado. En efecto, como se señaló, la parte quejosa hace consistir en su demanda como acto reclamado, el aseguramiento y retención del vehículo pick up, marca Dodge Ram 1500 Quad Cab, modelo 2004, con número de serie 1D7HU18N64S759538, placas de circulación EL7173A del Estado de Coahuila de Zaragoza; que en realidad consiste en la desposesión de dicho automotor por parte del Síndico Municipal de Nava, Coahuila, fuera de procedimiento. Sobre lo que la parte quejosa, admite bajo protesta de decir verdad que tuvo pleno conocimiento del acto reclamado desde la fecha de su ejecución, esto es, desde el veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Inclusive, atendiendo a ello, previamente intentó promover sendos juicios de amparo que le fueron desechados por las razones previamente señaladas, lo que evidencia que desde aquel momento tenía conocimiento de la desposesión del vehículo que alega fue objeto fuera de procedimiento. En las relatadas consideraciones, es dable afirmar que los accionantes del amparo se hicieron sabedores del aseguramiento y retención desposeción- del vehículo sobre el que se ostentan como 7 Visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, registro digital 163172, que precisa: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar... ??????????????? ??????????????? ???????????????

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