Felipe Cruz Arreola
Expediente 1254/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1254/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Felipe Cruz Arreola
- Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, once de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 29, signado por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 29812/2022, a través del cual se le devolvieron dos tomos de pruebas formados con los autos originales de las diligencias de jurisdicción voluntaria ********************, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, así como el toca ********************, de su índice; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 5629/2022, signado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo directo civil 824/2022, en razón a que dicho Tribunal determinó que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Felipe Cruz Arreola, contra actos de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad; acúsese recibo de estilo. Por tanto, con apoyo en los artículos 45 y 107, de la Ley de Amparo este órgano jurisdiccional SE AVOCA A SU CONOCIMIENTO; por tanto, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 1254/2022. Por otra parte, toda vez que el tribunal de alzada remite los autos originales de las diligencias de jurisdicción voluntaria 514/2022, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, así como el toca I-280/2022, de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, acuse recibo al tribunal de alzada, y debido al volumen y para su mejor manejo, de los juicios en mención, con tales constancias fórmense dos tomos de pruebas con carátula en la que obren los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello, los cuales se ordenan conservarlos por separados. Es aplicable la tesis I.3o.C.104 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2342, del Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 162800, cuyo rubro y texto son los siguientes: "JUICIO DE AMPARO. LAS DOCUMENTALES EXHIBIDAS POR LAS AUTORIDADES SE DEBEN CONSIDERAR FORMALMENTE AGREGADAS AL EXPEDIENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE INTEGRE UN LEGAJO POR SEPARADO. En el juicio de garantías se reputan actuaciones judiciales todas las promociones y documentos con que el secretario dé cuenta al juzgador y éste ordene agregar al sumario, según se colige de los artículos 57, 61, 62, 63 y 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por consiguiente, cuando alguna autoridad exhibe determinadas documentales y, para facilitar su manejo, el Juez ordene integrar un legajo por separado, se debe considerar que las mismas obran formalmente agregadas al expediente. Estimar lo contrario significaría que las constancias no forman parte del sumario y ello impediría realizar cualquier trámite relacionado con las mismas." Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracciones IV y V, aplicados en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En relación a la primera fracción invocada del citado artículo 107, precisa señalar lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 16/2013 (10a.), por regla general, el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad. Para mayor comprensión de lo determinado por el Máximo Tribunal de País, resulta conveniente tener a la vista algunas de las consideraciones dadas en la ejecutoria que dio origen al criterio jurisprudencial antes mencionado, las cuales son del tenor siguiente: ".Por tanto, al no haber ninguna controversia, las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del artículo 114, fracción III. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN DILIGENCIAS DE."(13) (.) Ahora, de la transcripción anterior, así como de los principios de economía procesal y concentración, esta Primera Sala estima que el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la determinación que pone fin a los procedimientos de jurisdicción voluntaria, como actos provenientes de tribunales judiciales dictados fuera de juicio. Sin embargo, de acuerdo al inciso b) de la fracción III del artículo 107 constitucional,(16) en estos supuestos debe respetarse el principio de definitividad, por lo que, por regla general, el quejoso debe agotar todos los medios ordinarios de defensa correspondientes previstos en la ley. En este sentido, las legislaciones de Jalisco y Yucatán que se estudian prevén que contra los actos dictados en las diligencias de jurisdicción voluntaria procede la apelación,(17) por lo que debe agotarse dicho medio de defensa antes de estar en aptitud de promover el juicio de amparo indirecto. No obstante todo lo anterior, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo,(18) si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procederá excepcionalmente en su contra sin requerir que se emita la determinación final que proceda. En este mismo sentido, el Pleno de este Alto Tribunal aplicó, por analogía, la fracción IV, a los supuestos normativos contenidos en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, para permitir la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados durante el procedimiento de ejecución de sentencia, cuya ejecución afecte de manera inmediata derechos sustantivos.(19) Por último, con fundamento en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 constitucional antes citado, y en la jurisprudencia de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.",(20) en caso de que el acto emitido durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria sea de imposible reparación, el quejoso también se encuentra obligado a respetar el principio de definitividad. En conclusión, por regla general, el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo, en ambos casos, respetarse el principio de definitividad.(.)" (Lo resaltado es propio) De las anteriores consideraciones se advierte, en lo que interesa, que las diligencias de jurisdicción voluntaria constituyen actos dictados fuera de juicio, mismos que, por regla general, el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo, en ambos casos, respetarse el principio de definitividad. En atención a este último supuesto de excepción y tomando en consideración la segunda fracción del mencionado artículo 107, respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J.37/2014(10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora, en relación a lo anterior el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que tales actos son aquéllos que causan una afectación cierta e inmediata a los derechos sustantivos tutelados por las garantías constitucionales. Tiene aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Ahora bien, la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de veintinueve de septiembre del año en curso, dictada en el toca I-280/2022 por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, que revocó la determinación emitida en primera instancia por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 514/2022. De esta manera, en términos del marco jurídico previamente reseñado, en contra del aludido acto reclamado es improcedente el juicio de derechos fundamentales promovido, puesto que no constituye la resolución final de las diligencias de jurisdicción voluntaria de origen, ni tampoco se ubica dentro de los casos de excepción a la regla descrita en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que éste no afectan de manera directa dichos derechos. Lo anterior es así, si se atiende a que del escrito de demanda de amparo de cuenta, se advierte que el acto reclamado tiene como origen la resolución del toca número I-280/2022, formado con motivo del recurso de apelación hecho valer por el aquí quejoso, en contra del auto de seis de julio de dos mil veintidós, dictado por la Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre rectificación de superficie, medidas y colindancias 514/2022, en la que había decretado el sobreseimiento en dichas diligencias, para ahora tener al aquí quejoso oponiéndose al trámite de esas diligencias, declarando contencioso el procedimiento de conformidad con el artículo 1157 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, sujetándose a los lineamientos del juicio que corresponda y concediéndole el término de ocho días al opositor, para que presente su demanda, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, a petición de los promoventes de las diligencias, se continuará el cauce legal de las mismas. De ahí que, el acto que se reclama en la presente instancia Constitucional, por un lado, no constituye el último acto que puso fin a las diligencias de jurisdicción voluntaria de origen, puesto que ello está condicionado a que la parte opositora aquí quejosa, dentro del término legal concedido, presente su demanda contenciosa, ya que de no darse esa condición, los promoventes de las referidas diligencias estarán en aptitud legal de solicitar la continuación de ese procedimiento fuera de juicio -diligencias de jurisdicción voluntaria-. Y, por otro lado, se advierte que el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional tratándose de actos intermedios dentro de unas diligencias de jurisdicción voluntaria, no se actualiza, porque no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros. Ello es así, ya que únicamente constituyen meras transgresiones a derechos adjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, porque no afectan los derechos sustantivos del agraviado ni decide el fondo de la litis planteada, pues su única consecuencia es que se continúe con el procedimiento de jurisdicción voluntaria de forma contenciosa, hasta el dictado de la resolución definitiva en el mismo, que de serle favorable al impetrante, borraría los efectos de tal violación como si el acto jamás hubiese existido, evitando que se emita una resolución que constituya un derecho a favor de quien promovió, y que continuaría surtiendo efectos hasta en tanto se tramita y resuelve el juicio contencioso. Es ilustrativa al caso, toda vez que no se está en el supuesto de que el aquí quejoso acuda en su carácter de tercero extraño a las diligencias de jurisdicción voluntaria de origen, a fin de que se le respete su derecho a intervenir en dichas diligencias, por las razones que informa, por analogía e identidad jurídica la Jurisprudencia PC.XVI.A. J/14 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Civil, Libro 31, Junio de 2016, Tomo III, página 1987, que establece: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SOBRE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EL TERCERO CON LEGITIMACIÓN PARA INTERVENIR, CONTRA TODO LO ACTUADO EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, A FIN DE QUE SE RESPETE SU DERECHO A OPONERSE. De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley Agraria, la resolución del procedimiento de jurisdicción voluntaria de prescripción adquisitiva, tiene por efecto declarar la adquisición de derechos sobre la parcela o tierras ejidales de que se trate y ordenar la expedición del certificado correspondiente. Por su parte, de los artículos 530 y 533 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley Agraria, según lo dispone su artículo 167, deriva que si al procedimiento se opone parte legítima, el mismo debe concluir, para que la controversia se tramite por la vía contenciosa. En tal virtud, procede el juicio de amparo indirecto que se promueve contra todo lo actuado en un procedimiento de jurisdicción voluntaria de prescripción de derechos agrarios que ha concluido, contra todo lo actuado en éste, si derivado de los términos de la respectiva resolución, esto es, de su contenido y los alcances que se le imprimen, se advierte que se produce en el quejoso una afectación por la cual sea posible apreciar que le corresponde el carácter de interesado que contempla el artículo 48 indicado y, por lo tanto, que tiene legitimación para intervenir; pues en ese supuesto, es factible concretar los efectos del amparo, ya que al reclamar que no tuvo oportunidad de integrarse para hacer valer su derecho a oponerse, los efectos de la tutela federal, consistirán en que se le respete esa posibilidad y, con ello, su derecho de audiencia, ya que al manifestar su oposición, la jurisdicción voluntaria concluirá anticipadamente, evitando que se emita una resolución que constituya un derecho a favor de quien promovió, y que continuaría surtiendo efectos hasta en tanto se tramita y resuelve el juicio contencioso. Así como la Tesis: XXVII.3o.12 C (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Civil, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, página 2870, que dice: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL OPOSITOR QUE COMPARECE AL PROCEDIMIENTO, NO PUEDE CONSIDERARSE PERSONA EXTRAÑA PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). Conforme a los artículos 834, 837 y 839 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, en el procedimiento de jurisdicción voluntaria sólo es parte material el promovente, de ésta, pero puede comparecer cualquier otra persona que se estime afectada para oponerse a la realización de las diligencias de que se trate quien, además, tiene derecho a interponer el recurso de apelación contra las providencias de jurisdicción voluntaria dictadas, concretamente contra el desechamiento de la oposición planteada. De esta manera, se denota que en el citado ordenamiento procesal se establece un procedimiento regulado por disposiciones jurídicas expresas para llevar a cabo actos concatenados bajo la dirección del Juez de origen, dentro del cual, se contempla a los opositores como partes advenidas al mismo. En este tenor, si el quejoso compareció voluntariamente en calidad de opositor, aun cuando su oposición sea desechada, pierde la calidad de tercero extraño, porque está en aptitud de intervenir e interponer recursos, es decir, ser oído en derecho por el juzgador, por lo que su situación para efectos del juicio de amparo indirecto no se rige por el artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia." Sin que pase inadvertido el contenido de la Jurisprudencia 1a./J. 117/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que la misma analizó un supuesto distinto al tratarse de una legislación del Estado de Hidalgo, en la que concluyó en ese caso en particular, en el sentido de que al presentarse oposición de parte legítima, el procedimiento de jurisdicción voluntaria debe darse por concluido, dejando a salvo los derechos del promovente, sin mayor trámite y sin algún otro acto procesal, salvo la declaratoria del órgano jurisdiccional en el sentido de que dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria se presentó oposición de parte legítima, motivo suficiente para concluirlo; lo que no ocurre en la legislación aplicable en la materia en el Estado de Michoacán, específicamente en su artículo 1157, el cual expresamente señala: "Que si a la solicitud promovida se opusiere alguno que tenga derecho para hacerlo, el negocio se hará contencioso y se sujetará a los trámites establecidos para el juicio que corresponda. El Juez, al declarar contencioso el asunto, señalará un término de ocho días al opositor para que presente su demanda. Si no lo verificare dentro del término establecido, a petición del promovente, se declarará infundada la oposición y continuarán las diligencias de jurisdicción voluntaria sus trámites". En las relatadas condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente el juicio de derechos fundamentales y, por ende, procede desechar de plano la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en avenita Silvestre Guerrero, número 390, colonia Nueva Chapultepec, en esta ciudad de Morelia, Michoacán. Autorizando para tal efecto a Valentín García Flores y José Jesús Díaz Rodríguez, quienes gozarán de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, se advierte que se encontró el dato inherente a las cédulas profesionales número 4114500 y 2472539, que acredita a los referidos autorizados como licenciados en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil y únicamente para recibir notificaciones a Alma Sonia Pérez Vieyra y Ismael Urquiza Ruiz, en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer la citada profesión, toda vez que al efectuar una revisión en el sistema antes señalado, no se encontraron datos inherentes a las cédulas profesionales de estas últimas. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Así también, desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para la práctica de las notificaciones relacionadas con el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente.
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Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número STPS/117/DGAJ/DCT/6256/2022, suscrito por el Director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en ausencia de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, de los Subsecretarios del Trabajo, de Empleo y Productividad Laboral, del Titular de la Unidad de Administración y Finanzas y del Director General de Asuntos Jurídicos, con sede en la Ciudad de México, en representación del Presidente de la República, quien fue señalado como autoridad responsable, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por otro lado, con apoyo en los numerales 9o y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, téngasele designando como delegados a las personas que indica y señalado como domicilio para recibir notificaciones el de su oficina principal. Finalmente, en relación a los correos electrónicos y número de teléfono que proporciona se tendrán únicamente como medios de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario, en términos del artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19; lo anterior es así, toda vez que estos medios de comunicación son únicamente para entablar comunicaciones no procesales; sin embargo, queda expedito su derecho, para que, si así lo desea, solicite el acceso al expediente electrónico y la notificación electrónica, esto es, se pase al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, proporcionando para ello su nombre de usuario registrado con la firma FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación). Notifíquese.
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