Felipe Cortéz Lara

Expediente 771/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
771/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
13/08/2019

Partes del expediente

  • Felipe Cortéz Lara
  • Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla (foja 39): ".Una vez que se declare ejecutoriada la presente resolución, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo y en cumplimiento a las facultades que le otorga la ley, dicte el laudo a que se refiere el artículo 83 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, en el juicio laboral D-530/2015 de su índice; lo que deberá realizar de forma inmediata, en virtud de que los plazos establecidos en el citado cuerpo de normas han transcurrido en exceso; y, El Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y notifique dicha resolución a la parte aquí quejosa en los términos previsto en la Ley de la materia..." Asimismo, mediante oficio recibido el treinta de julio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que remitió copias certificadas de la resolución dictada en forma de laudo de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral D-530/2015 (fojas 57 a 74). Por auto de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa con tales documentos, mismo que se le notificó el seis de agosto del año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales exhibidas por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que ya que remitió copias certificadas de la resolución dictada en forma de laudo de ocho de julio de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral D-530/2015. Asimismo, mediante oficio recibido el treinta y uno de julio del año en curso (foja 77), la autoridad responsable remitió copias certificadas de las constancias de notificación a las partes, respecto de la resolución dictada en forma de laudo que se habla en el párrafo que antecede. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de depuración en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por los Magistrados del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual remiten copias certificadas de las constancias de notificación a las partes, respeto del laudo de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral D-530/2015, lo que será tomado en consideración al momento de determinar si la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo se encuentra o no cumplida.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de los Magistrados del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual remite copia certificada de la resolución dictada en forma de laudo de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral D-530/2015. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que concedió la protección constitucional, ha causado ejecutoria para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla [José Luis Ayala Corona], Magistrado Representante del Estado del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla [Juan Carlos Lezama Beristaín] y Representante de los Trabajadores del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla [Florisel Olivia Sánchez Vázquez], los tres integrantes y al Actuario adscrito al mismo Tribunal [Juan Alfredo Vázquez Zarate], para que dentro del término de tres días posteriores a la notificación de este proveído, den cabal cumplimiento a la presente ejecutoria, para lo cual deberán ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final del considerando sexto de la sentencia dictada el diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Se apercibe a las autoridades requeridas que de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero y segundo transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y se ordenará remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en turno para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no las exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se informa a las responsables que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se comunica a las autoridades citadas con antelación que, en términos del artículo 193, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo, las personas físicas que ostenten la titularidad de los cargos como autoridades responsables, seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; por lo que el presente requerimiento se entenderá dirigido a dichos substitutos, así como el apercibimiento decretado en el presente auto.

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