Felipe Contreras Gómez
Expediente 66/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 66/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Felipe Contreras Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es depurable una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, de conformidad con lo establecido en la fracción I, inciso b), del Artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años a que alude el numeral 9 del Acuerdo General en cita, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de junio de dos mil veintiuno, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, LA SENTENCIA DE CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de julio de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 66 2021 I 1, y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. En el Buzón Judicial de la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, el dos de febrero de dos mil veintiuno, se recibió la demanda de amparo, misma que fue turnada a este juzgado, el tres del citado mes y año. En su escrito de demanda **, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que a continuación se señalan: III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Señalo como Autoridad Ordenadora a la Jueza de Control, Licenciada **, con domicilio ampliamente conocido en el edificio de Ciudad Judicial, ubicado en calle Barranco Azul sin número de la colonia Toribio Ortega, en esta ciudad. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: De la responsable, se reclama el inconstitucional auto de vinculación a proceso, dentro de la causa penal 5515 2020, dictado en mi contra, el día 28 de diciembre de 2020, como probable responsable del delito de VIOLENCIA FAMILIAR. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos violentados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente como juicio de amparo 1 2021 I 1, se admitió a trámite, se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a juicio a la parte tercera interesada y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, la audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que se trata de un asunto en materia penal, que tiene ejecución en el territorio respecto del cual se ejerce jurisdicción. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3 2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40 2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esa forma se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama el auto de vinculación a proceso, emitido en la causa penal 5515 2020, el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, decretado en su contra por los delitos de Violencia Familiar y Lesiones previstos y sancionados en los artículos 193 y 129, fracción II, del Código Penal del Estado, por hechos ocurrido el dieciséis de noviembre de dos mil veinte. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes de los cuales se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI 2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que le endilga el quejoso. Ello, pues fue claro en señalar que en la causa penal 5515 2020, el veintiocho de noviembre de dos mil veinte, dictó Auto de Vinculación a Proceso, al aquí quejoso **, por hechos que la ley señala como delito de Violencia Familiar y Lesiones previstos y sancionados sin prejuzgar en los artículos 193 y 129, fracción II, del Código Penal del Estado, por hechos ocurrido el dieciséis de noviembre de dos mil veinte, en un horario aproximado de las doce horas con treinta minutos y trece horas, en el domicilio ubicado en Calle **, en esta ciudad, en perjuicio de **. Además, para corroborar la certeza del acto impugnado, la Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, a su informe con justificación adjuntó cuatro discos compactos que contienen la videograbación de la audiencia inicial celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, la continuación de la audiencia inicial de veintitrés de noviembre del año próximo pasado y la audiencia inicial de veintiocho de diciembre del año pasado, en la causa penal 5515 2020, seguida en contra del quejoso **; así como copia certificada del auto de vinculación a proceso de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, índice cronológico de las audiencias de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, así como, veintitrés y veintiocho de diciembre de dos mil veinte. A tales probanzas se les reconoce valor probatorio pleno, dado que fueron certificadas por autoridades en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197, 202 y 210 A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°. La tasación asignada a las documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, en la que se dispone: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. La valoración de las videograbaciones tiene sustento en la jurisprudencia 1a. J. 26 2019 10a., de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 67, junio de dos mil diecinueve, Tomo II Materia Común, visible en la página 1014, con registro 2020051, de rubro y texto: VIDEOGRABACIONES. LAS OFRECIDAS POR LAS PARTES COMO PRUEBA EN EL AMPARO INDIRECTO, TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y DEBEN SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO. Los artículos 75, 119, 122, 123 y 124 de la Ley de Amparo, en atención al principio pro persona y el derecho de acceso a la justicia, deben interpretarse en el sentido que los avances científicos y tecnológicos pueden incorporarse como parte del acervo probatorio. Así, a las videograbaciones que las partes ofrezcan como prueba, en cualquier soporte, deberá dárseles el tratamiento de una prueba documental, al tratarse de información que se encuentra plasmada en un soporte distinto al papel pero que posee las mismas características y busca el mismo objetivo, por lo que podrán presentarse en amparo indirecto, en los términos previstos en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, con anterioridad a la audiencia constitucional, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la misma y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Ahora bien, en caso de que el ofrecimiento de una videograbación se haga como inspección judicial, el juzgador deberá admitirla, aclarando que se tratará como prueba documental, a efecto de garantizar el derecho a una adecuada defensa y el derecho a probar. De manera que, se tiene como cierto el acto que la parte quejosa imputa a la autoridad responsable para los efectos de este juicio de amparo. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Cuarto. Análisis de la causa de improcedencia por lo que respecta al auto de vinculación a proceso por el delito de Lesiones, previsto y sancionado por el artículo 129, fracción II, del Código Penal del Estado. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre las causas de improcedencia que se estiman actualizadas. Lo anterior, considerando por las razones que informa la tesis I.11o.T.1 K 10a., publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, página 2675, del contenido: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUEZ DEBE INDAGAR O RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SI AQUÉLLA SE ACTUALIZA, Y SI EL INDICIO SE CONOCIÓ EN EL RECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL DEBE REVOCAR LA SENTENCIA IMPUGNADA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE AQUÉL REALICE LA INDAGATORIA. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, por lo que deben estudiarse por el juzgador aunque no las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, regla que debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales, cuando éstas se adviertan mediante un indicio; por consiguiente, si de las constancias de autos el Juez advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio, oficiosamente debe indagar y, en todo caso, allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza y sobreseer en el juicio, o bien, en caso contrario, abordar el fondo del asunto, sin que obste a lo anterior que las pruebas documentales deban ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la ley citada, de manera que las exhibidas con posterioridad no podrán tomarse en cuenta porque, de hacerlo, se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal. No obstante, esa regla general no opera cuando se acredite un motivo de sobreseimiento conforme al artículo 63 de la propia ley, aun con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional o después de dictada la sentencia, como pudiese acontecer al promoverse el recurso de revisión, donde puede presentarse una prueba documental de la cual derive la existencia de un indicio, al no haber limitación alguna para ello, por lo que el órgano colegiado, al ocuparse del recurso de revisión, tiene la facultad para sobreseer en el juicio, valorando esas pruebas cuando aparezca fehacientemente demostrada o sobrevenga una causal de improcedencia, sin que exista obstáculo para que se revoque el fallo impugnado y se ordene la reposición del procedimiento. Análisis de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de la materia, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en un procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; Dispositivo del que se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclamen actos emanados de un procedimiento judicial, y por virtud de un cambio de situación jurídica en dicho procedimiento, las violaciones que se aleguen en contra del acto reclamado, deban considerarse consumadas irreparablemente, por no poder decidirse al respecto, sin afectar la nueva situación jurídica. En el presente caso el quejoso **, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el auto de vinculación a proceso de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, emitido en la causa penal 5515 2020, por hechos que la ley señala como delito de Violencia Familiar y Lesiones previstos y sancionados sin prejuzgar en los artículos 193 y 129, fracción II, del Código Penal del Estado, por hechos ocurrido el dieciséis de noviembre de dos mil veinte, en un horario aproximado de las doce horas con treinta minutos y trece horas, en el domicilio ubicado en Calle **, en esta ciudad, en perjuicio de **. Ahora bien, de las constancias que integran el cuadernillo precisado al principio de esta sentencia, se desprende que el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se emitió el siguiente acuerdo: 3642. CONSTANCIA DE ASISTENCIA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO, LA LICENCIADA **, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, hace constar que se apersonaron en la cuarta sala de apelación del Distrito Bravos, la licenciada ***, agente del Ministerio Público; el licenciado **, Defensor Particular; así como la víctima y EL IMPUTADO ***Lo que se hace constar con fundamento en el numeral 82 de la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado. CONSTE 3516 SOBRESEIMIENTO PARCIAL POR PERDÓN EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO, LA LICENCIADA **, JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, hace constar que la víctima ** ha otorgado el perdón por lo que respecta al delito de LESIONES, previsto y sancionado por el artículo 129 fracción 111del Código Penal del Estado, es por lo que, de conformidad con los artículos 327, 328 Y 329 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se decreta el SOBRESEIMIENTO PARCIAL DE LA PRESENTE CAUSA PENAL. Lo que se hace constar con fundamento en el numeral 82 de la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado. CONSTE. 3732. SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO SE ACEPTA FRACCIÓN VII CNPP y 3739. SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO SE ACEPTA FRACCIÓN XIV CNPP. EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO, LA LICENCIADA ** JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, hace constar que se admitió la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, imponiéndose a ** las condiciones previstas en las fracciones VII, y XIV del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por un plazo de DOCE MESES, contados a partir del día de hoy, por lo que fenecerán el día veintitrés de junio del dos mil veintidós, dichas condiciones consisten: VII. Someterse a tratamiento psicológico, que para tal efecto designe el Instituto de Servicios Previos al Juicio, bajo un modelo especializado para erradicar la violencia con perspectiva de género. XIV. Abstenerse de causar cualquier tipo de molestia o agresión, ya sea verbal o física, en la persona de la víctima. Además, la víctima ** ha manifestado que se ha cubierto el pago por concepto de la reparación del daño, es por lo que se da por satisfecha del mismo. Lo que se hace constar con fundamento en el numeral 82 de la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado. Documental a la que se le reconoce valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Por lo que, en el caso que nos ocupa operó un cambio de situación jurídica en el procedimiento del cual derivó el auto de vinculación reclamado, al menos tan sólo por lo que respecta al delito de lesiones. Lo anterior es así, ya que el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la víctima **, otorgó el perdón por el delito de lesiones, previsto y sancionado por el artículo 129, fracción III, del Código Penal del Estado, de conformidad con los artículos 327, 328 y 329 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y la Juez responsable decretó el sobreseimiento parcial de la causa penal 5515 2020. Asimismo, en la misma data, se admitió la suspensión condicional del proceso, imponiéndose al aquí quejoso **las condiciones previstas en las fracciones VII, y XIV del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por un plazo de doce meses, las cuales fenecerán el veintitrés de junio del dos mil veintidós, dichas condiciones consisten en: VII. Someterse a tratamiento psicológico, que para tal efecto designe el Instituto de Servicios Previos al Juicio, bajo un modelo especializado para erradicar la violencia con perspectiva de género. XIV. Abstenerse de causar cualquier tipo de molestia o agresión, ya sea verbal o física, en la persona de la víctima. Además, la víctima **, manifestó que se ha cubierto el pago por concepto de la reparación del daño, es por lo que se da por satisfecha del mismo. Lo anterior, hace evidente que la situación jurídica que se constriñe ahora por un acto diverso al originalmente reclamado vinculación a proceso, por lo que respecta al delito de lesiones, imposibilita el estudio constitucional de éste, sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso; por tanto, las violaciones que eventualmente hubieren sido cometidas, se consideran consumadas de modo irreparable, ya que el auto de vinculación reclamado fue substituido por la resolución emitida el veintitrés de junio del año que transcurre. Al actualizarse el cambio de situación jurídica, automáticamente debe declararse la improcedencia en el juicio de amparo promovido contra la anterior situación vinculación a proceso por el delito de lesiones, ya que los actos originados en aquella instancia o etapa procesal no podrán ser destruidos, sin alterar la nueva situación jurídica, pero se insiste únicamente por lo que respecta al delito de lesiones, previsto y sancionado por el artículo 129, fracción III, del Código Penal del Estado, pues en torno a este delito sí opera el perdón del ofendido. En apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia número I.7o.P. J 3, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1600, del Tomo XX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Novena Época, del tenor siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional. Quinto. Análisis de la inconstitucionalidad del auto de vinculación a proceso por el diverso delito de Violencia Familiar, previsto y sancionado en el artículo 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua. Ahora bien, toda vez que el delito de Violencia Familiar se persigue de oficio, sin que opere el perdón del ofendido, es evidente que subsiste el auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso por el citado delito, por ende, se procederá al estudio de su constitucionalidad en los siguientes términos: El análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama respecto del delito de Violencia Familiar, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente dispone: 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De dicha norma se desprende que los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso consisten en la expresión de lo siguiente: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. En relación con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisan: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; I. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señalada como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. De estos dispositivos se advierten, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a Que se haya formulado imputación, b Que se haya otorgado oportunidad al imputado para declarar, c Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación, y d Que se mencionen los datos personales del imputado. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la tesis de jurisprudencia XVII.1º.P.A. J 26 9ª, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1940, del Libro V, Febrero 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Décima Época y número de registro 160331, del rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse garantías individuales distintas a las consagradas en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que, si bien dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, que: a Debe constar por escrito; b Provenir de autoridad competente; y, c En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Establecido lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues la Jueza de Control responsable remitió copia certificada, ya valorada, del registro escrito del mismo; fue dictado por autoridad competente conforme a los artículos 15, fracción II, 77, 82 y 105, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pues lo dictó una Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, especializada en materia penal, respecto de hechos que ocurrieron dentro del ámbito de su jurisdicción. Lo anterior, previa formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público; además, el quejoso estuvo asistido en todo momento de sus defensores particulares; asimismo, se le dio la oportunidad de declarar respecto del hecho ilícito que se le imputó, haciéndole saber el derecho que le asistía a guardar silencio, quien ejerció este derecho. Luego, se tiene que la Jueza de Control responsable, estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, son constitutivos de los delitos entre otro, el de violencia familiar previsto y sancionado, sin prejuzgar, en el artículo 193, cometido de manera dolosa, en términos del numeral 18, fracción I; de consumación instantánea, de conformidad con el artículo 17, fracción I; y como autor de conformidad con numeral 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Pues bien, antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos por el Juez de Control responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, es menester precisar que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, esto con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo objetivos, subjetivos y normativos, propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Lo anterior implica que la comprobación de la configuración del hecho ilícito, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª. J. 35 2017 10ª, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto, de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Penal, Décima Época y número de registro 2014800, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1 existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2 la ley señale como delito a ese hecho y 3 exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones comprobar por establecer y cuerpo del delito por hecho que la ley señala como delito, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí como sucede en el sistema mixto , con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Precisado lo anterior, se tiene que el 193, del Código Penal del Estado de Chihuahua, disponen lo siguiente: Artículo 193. A quien ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté, o haya estado unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; tutela o curatela; concubinato; o bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y el tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia familiar. Los actos de violencia a que se refiere el presente artículo se entenderán en los términos de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La educación o formación del menor no será en ningún caso considerada justificación como forma de maltrato. Cuando, a sabiendas de que la mujer se encuentra embarazada, el agente ejecute la conducta descrita en el primer párrafo, la pena se incrementará en una mitad. Este delito se perseguirá de oficio. Conforme a tal norma, para que los hechos materia de la imputación, configure el delito que nos ocupa, es necesario que el sujeto activo, haya ejercido algún acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté, o haya estado unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; tutela o curatela; concubinato; o bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho. Pues bien, la Juez de Control responsable, acertadamente estimó que los hechos materia de la imputación, en esta etapa procesal, sí configura el mencionado ilícito, y para determinarlo tomó en cuenta los datos que se desprenden de la denuncia realizada por la víctima **, quien el dieciséis de noviembre de dos mil veinte, ante la agente del Ministerio Público, así como de los agentes Municipales, manifestó que se encontraba en el restaurant de nombre **, que en ese lugar estaba una empleada de nombre **, así como ** en el segundo piso, que llegó el aquí quejoso tomado, que sonó su celular y el quejoso trató de quitárselo, negándose ella, es cuando él le aprieta el cuello y le pega con el puño en el ojo y la nariz, posteriormente la vuelve a tomar del cuello, introduciéndole dos dedos en la boca, ella grita, lo que trae como consecuencia que intervenga la empleada de nombre ** quien se colgó del brazo del quejoso con la finalidad de que la soltara; asimismo, la víctima refiere que tuvo que morderlo para que la dejara, manifestando que empezó a sangrar por la nariz y fue cuando habló al 911. Aunada a tal declaración, también se tienen los datos que se desprenden de lo manifestado ante la agente policial, la agente del Ministerio Público, los agentes Ministeriales, el médico legista adscrito a la Fiscalía General del Estado Zona Norte, la entrevista de dos psicológos el primero de ellos con data de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, quien le encontró una afectación grave, recomendando cuarenta y cinco sesiones de terapia, luego la examinó una psicóloga de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien le diagnosticó un nivel de riesgo grave para ser susceptible de violencia y un alto grado de vulnerabilidad y recomendó tratamiento psicológico. De los datos que se desprenden de las citadas declaraciones y entrevistas, acertadamente la Jueza de Control responsable otorgó valor convictivo, en atención a que la víctima denunció los hechos ante las autoridades competentes como lo son la agente Ministerial, la agente del Ministerio Público, con previo conocimiento de las consecuencias de conducirse con mendacidad, además, su dicho está corroborado con lo manifestado por los agentes Municipales, ante la agente Ministerial, agente del Ministerio Público y médico legista, al referir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos que nos ocupan, sin que hasta este momento procesal, como lo indicó la Juez responsable, obren datos que demuestren que se condujo con mendacidad. Luego, la Jueza de Control responsable tomó en cuenta los datos que se desprenden de los dictámenes médicos de dieciséis y dieciocho de noviembre de dos mil veinte, de los cuales se indicó que presentaba lesiones, encontrando una alteración en la salud. Lo que efectivamente es conteste con lo manifestado en el parte médico, y que las lesiones encontradas en la víctima, se encuentran dentro del lapso en que ocurrieron los hechos, lo que, como precisó la Jueza de Control responsable, es coincidente en cuanto al tiempo en que ocurrieron los hechos. Relacionado con lo anterior, como lo precisó la Jueza de Control responsable, se cuenta con las entrevistas realizadas a la víctima el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, por dos psicólogas, la primera adscrita a la Fiscalía General del Estado Zona Norte, y la segunda de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que como ya se dijo en párrafos precedentes, el primero encontró una afectación grave, recomendó cuarenta y cinco sesiones de terapia, y la segunda encontró un nivel de riesgo grave para ser susceptible de violencia y un alto grado de vulnerabilidad y recomendó tratamiento psicológico. A los datos que arrojó dicho estudio clínico psicológico, la Jueza responsable acertadamente les otorgó valor convictivo, pues fue practicado por personas con conocimientos especiales en la materia y elaborado en auxilio de la Representación Social, sin que se advierta que se haya conducido con dolo o malicia, en otras palabras, que haya sido parcial. Así pues, como lo consideró la Jueza responsable, de conformidad con los artículos 272, 368 y 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el dictamen médico y psicológico ya descrito, es posible estimar demostrado, en este momento procesal, que a la víctima se le detectaron lesiones, físicas y emocionales, causadas en la fecha que indicó la víctima, esto es, el dieciséis de noviembre de dos mil veinte. Por último, como lo señaló la Jueza de Control responsable, se cuenta con el parte informativo proporcionado por el agente Ministerial **, quien entrevistó a la víctima, agente que asentó el lugar donde ocurrieron los hechos, con la serie fotográfica que anexó a su informe, lugar que corresponde al precisado por la Representación Social como aquel en el que ocurrieron los hechos que nos ocupan; datos a los que puede otorgarse valor probatorio, ya que tal como lo consideró la Jueza responsable, derivan del ejercicio de las funciones de auxilio de la agente ministerial de referencia, esto en términos del artículo 132, fracciones I, V, VII, X, XIV y XV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así pues, tal como lo concluyó la Jueza responsable, con los datos de prueba descritos y valorados es posible concluir, en este momento procesal, que probablemente el dieciséis de noviembre de dos mil veinte, a la víctima se le ocasionaron lesiones lo que motivo que sufriera violencia familiar, quien cuenta con la calidad específica requerida, pues como ya se precisó la violencia familiar puede ser desde una agresión física, una palabra, un insulto, un grito, estrujar, tales como poner las manos sobre el cuello, golpearla con el puño, sobre alguna persona a la que esté, o haya estado unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; tutela o curatela; concubinato; o bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, como ocurrió en el presente caso. lo subrayado es propio Por lo expuesto, tal como lo concluyó la Jueza de Control responsable, en esta etapa procesal se encuentra demostrado que la víctima, en el momento en que ocurrieron los hechos, el dieciséis de noviembre de dos mil veinte, en el interior del domicilio ubicado en calle **, en esta ciudad, fue agredida por el aquí quejoso **, con quien tenía una relación con por más de quince años, dos de ellos, casados, como se desprende del Acta de Matrimonio, exhibida por la agente del Ministerio Público, por lo que se configura el hecho que la ley señala como violencia familiar, previsto y sancionado, sin prejuzgar, por el artículos 193, cometido de manera dolosa en términos del numeral 18, fracción I; de consumación instantáneo de conformidad con el artículo 17, fracción I; y como autor de conformidad con numeral 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado. En otro aspecto, como lo mencionó la Jueza responsable, la defensa del aquí quejoso, en la audiencia de vinculación a proceso, ofreció dos entrevistas realizadas por la licenciada ** al menor hijo de la víctima de iniciales ** y a ** quien también fue entrevistada por los municipales. Sin embargo, como acertadamente lo estimó la Jueza de Control responsable, los argumentos hechos por la defensa no prosperan, porque transciende a la vida sentimental de la víctima, lo cual no se encuentra sujeto a revisión, sin que se combatan los hechos que le fueron formulados al quejoso; sin embargo, los dos entrevistados ubican al defenso en el restaurant el dieciséis de noviembre de dos mil veinte, ambos dan cuenta que la víctima traía un moretón en la cara, refieren que forcejearon y que intentó quitarle el celular; luego, de dichos relatos se desprende que efectivamente la víctima se vio en la necesidad de morderlo, ya que se sintió agredida, o tal vez que se sintió en peligro y procuró su defensa. Ahora bien, como señaló la Jueza responsable, respecto al diverso acto de no vinculación a proceso, decretado por diverso Juez, el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el cual según el defensor la agente del Ministerio Público no proporcionó ningún dato nuevo de investigación, argumentando que no se puede, optar por otra determinación ya que según a su criterio sería tanto como revocar el criterio del Juez anterior apoyándose en la tesis aislada con número de registro 2017177, sin embargo el rubro de esa tesis dice que si el Ministerio Público omite informar al juez de control lo ya precisado, él falta a su deber de lealtad que rige el sistema acusatorio, se recalca es un criterio aislado, que no obliga a la Juzgadora a aplicarlo, en todo caso recae sobre una conducta del agente del Ministerio Público, además el tribunal tiene un sistema en la computadora en donde se registra todo, por lo que obviamente se tiene conocimiento que ya había un auto de no vinculación a proceso, lo destacado por el defensor es que en esa vinculación fue por dos motivos, esto es, por una fecha diversa entre el hecho materia de la imputación y la fecha que se desprende de los datos de investigación que tenía el agente del Ministerio Público, y el domicilio de los hechos, lo que condujo a una no vinculación, la cual no impide que el Ministerio Público vuelva a pedir formulación de imputación y, hubiera sido factible lo asentado por la defensa, si dicha no vinculación fuera porque le faltaron datos que estableciera la existencia de ese hecho delictivo, sin embargo, el único motivo por el que no se vinculó a proceso fue por una omisión del agente del Ministerio Público que deriva en una falta de congruencia entre la fecha en la cual le imputan al defenso los hechos y la fecha que vienen en los datos que trae para sustentar su imputación. Asimismo, la Juez de Control, respecto a las discrepancias de la narrativa hecha por la víctima ante su denuncia, los doctores, los psicólogos, incluso los policías, preciso que no se pueden hacer valer en esa etapa, lo único que tiene para resolver en ese momento son los datos que le indicaron que si se establecieron los eventos delictivos sobre esas dos conductas que dice la ley son delitos de lesiones y violencia familiar. De manera que, como concluyó la Jueza de Control responsable, en el momento procesal que nos ocupa, está demostrada la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, **, haya participado en la comisión del delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 193, cometido de manera dolosa en términos del numeral 18, fracción I; de consumación instantáneos, de conformidad con el artículo 17, fracción I; y como autor de conformidad con el numeral 21, fracción I, todos del Código de Procedimientos Penales del Estado, ocurrido el dieciséis de noviembre de dos mil veinte, en un horario aproximado de las 12:30 y 13:00 horas, en el domicilio ubicado en Calle **, en esta ciudad en perjuicio de **. Realizado el estudio oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, se procede a analizar los conceptos de violación que el quejoso esgrimió en su demanda de amparo y que, en esencia, son los siguientes: Aduce el quejoso que se vulneraron en su perjuicio los derechos de legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues: a El hecho de que la Juez a quo dictara auto de vinculación a proceso en su contra como probable responsable por el delito de violencia familiar, ya que anteriormente, diverso Juez dictó un auto de no vinculación a proceso a su favor, por no acreditarse en la fecha de los hechos, así como el domicilio donde se dice ocurrieron estos. b Que la Juez responsable dictó el auto de vinculación a proceso, violentando el derecho humano del debido proceso así como derechos fundamentales de seguridad jurídica y legalidad contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 19 constitucionales en relación con el artículo 14 párrafo tercero inciso a, ya que el domicilio en el que supuestamente ocurrieron los hechos es el ubicado en la Calle **, el cual es un domicilio inexistente, siendo una de las circunstancias que diverso Juez valoró determinando que este domicilio no estaba acreditado ya que de los mismos antecedentes narrados por el agente del ministerio público, se desprende que la víctima manifestó a los agentes de seguridad pública municipal, que los hechos ocurrieron en el domicilio ubicado en calle **, lo mismo ocurre con el croquis de hechos que hacen a los agentes aprehensores el cual es Calle **, en el inventario del vehículo que fue asegurado por los agentes de seguridad pública municipal, se desprende el mismo domicilio y por último los dos certificados de integridad física que se le practicaron a la víctima, donde señaló como domicilio en antes citado. c Por otra parte, la desestimación de testigos presenciales e incluso tratándose uno de los del hijo biológico de la víctima, y más aun de lo que refiere el médico legista al momento de valorar a la víctima, ya que este, en relación a la lesión que presentaba en el ojo, determinó que era una lesión con evolución de tres días, manifestación esta, del experto en materia que se concatena perfectamente con el dicho de los testigos, en el sentido que el dieciséis de noviembre de dos mil veinte, cuando la víctima llega al lugar a trabajar ya presentaba una lesión y que el origen de esta era un golpe con una televisión hecha el día domingo quince del citado mes y año, ya que si el médico valora a la víctima el día dieciocho y refiere que esa lesión ocurre el domingo quince de noviembre de dos mil veinte, tal y como lo manifestaron los testigos, la Juez de una manera inexacta precisa que si el médico la valoro el día 18 y los hechos fueron el día 16 entonces para ella si se dan los tres días. d Por último, el quejoso considera que la Juez se equivocó al dictar el auto de vinculación, ya que los datos de prueba que esgrimió el agente del ministerio público fueron incongruentes e insuficientes, dado que de los antecedentes que narra el agente del ministerio público la Juez debe llevar a cabo una ponderación o un juicio de razonabilidad para que estos sean suficientes para determinar que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión, en primera instancia ni siquiera podía entrar al estudio de los antecedentes, en segundo lugar, no podía revocar lo que hizo el Juez anterior, y por último no es posible vincular a proceso cuando no se dan las circunstancias que para el efecto prevé el artículo 19 Constitucional. Pues bien, el concepto de violación descrito en el inciso c, en el sentido de que la Juez de Control responsable no consideró los hechos vertidos de las entrevistas ofrecidas como prueba por parte de la defensa, así como que el médico valoró a la víctima el día dieciocho, manifestando que la lesión de la víctima tendría tres días de infringida, es infundado, pues la Jueza de Control responsable exteriorizó que las entrevistas realizadas por la defensa se dirigían a establecer la conducta de la víctima con el imputado; en cuanto a lo diagnosticado por el médico legista, lo que se trata de establecer es que la víctima efectivamente presentaba una lesión, no si ya traía lesiones anteriores, además la determinación de la misma, se robustece con lo manifestado por declaración de la víctima ante los agentes de seguridad pública, las evaluaciones con las psicólogas, la entrevista con la empleada del restaurant donde ocurrieron los hechos, así como en el informe policial que rindió la agente ministerial asignada por la Representación Social, como ya se precisó y expuso al momento de analizar el auto de vinculación a proceso reclamado. Ahora bien, el hecho de que las entrevistas que su defensa ofreció y desahogó durante la audiencia relativa, que como se dijo en el párrafo que precede solo se inclinaban a la conducta de la víctima con el imputado, tal como lo indicó la Jueza responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, no resta valor probatorio a las declaraciones de la víctima, pues son circunstancias ajenas al hecho delictivo que nos ocupa y hasta el momento no existe dato alguno que permita vincular esa conducta de la víctima con ese hecho, por lo tanto los argumentos al respecto son infundados. Continuando, el concepto de violación descrito en el inciso b es infundado, pues contrario a lo que afirma el quejoso, tanto la declaración de la víctima, como el dictamen en medicina, el informe en psicología practicados, las fotos del lugar donde ocurrieron los hechos, fueron registrados por escrito, tan es así que la agente del Ministerio Público dio lectura a su contenido en la audiencia de vinculación a proceso. Por lo tanto, en este momento procesal, no existe controversia respecto al número donde ocurrieron los hechos, ya que lo único que está en controversia es el lugar donde vive la víctima, pero está claro que en la Calle **, en la negociación denominada Michelle fue donde tuvieron acontecimiento los hechos. En relación al inciso d que la Juez se equivocó al dictar el auto de vinculación, ya que los datos de prueba que esgrimió el agente del ministerio público fueron incongruentes e insuficientes, dado que de los antecedentes que narra el agente del ministerio público debe llevar a cabo una ponderación o un juicio de razonabilidad para que estos sean suficientes para determinar que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, en primera instancia ni siquiera podía entrar al estudio de los antecedentes, en segundo lugar, no podía revocar lo que hizo el Juez anterior, y por último no es posible vincular a proceso cuando no se dan las circunstancias que para el efecto prevé el artículo 19 Constitucional. Tales argumentos, en este momento procesal son infundados. Al respecto es menester insistir en que la Juez de Control responsable no otorgó valor probatorio a las diligencias practicadas durante la integración de la carpeta de investigación como medios de convicción propiamente, sino que, atendiendo al estándar probatorio que opera para la emisión de un auto de vinculación a proceso conforme al primer párrafo del artículo 19 Constitucional, tomó en cuenta únicamente los datos de prueba que de tales diligencias se desprendieron y que consideró constituyen indicios para demostrar en grado de probabilidad que los hechos denunciados configuran el delito ya precisado y que fue el imputado quien lo cometió. Por lo que, la cuestión relativa a la forma de obtención de los medios de convicción desahogados durante la integración de la carpeta de investigación, así como la atinente a la credibilidad de lo manifestado ante el agente del Ministerio Público por la madre de la víctima y por ésta, en el momento procesal que nos ocupa, no pueden ser apreciadas conforme al estándar de valoración correspondiente a un medio de convicción como tal, esto es, no puede exigirse que la información que de tales diligencias se desprende sea demostrada fehacientemente, de manera que tengan pleno valor probatorio, pues ese ejercicio de valoración corresponde a una etapa posterior del proceso penal, mientras que, se insiste, para dictar un auto de vinculación a proceso, como lo señala la norma constitucional invocada en el párrafo precedente, es suficiente que se cuente con datos de prueba con los que se demuestren los extremos indicados, en grado de probabilidad. Por último, el concepto de violación identificado con el inciso a en el sentido de que la Juez aquo dictara auto de vinculación a proceso en su contra como probable responsable por el delito de violencia familiar, ya que anteriormente, diverso Juez dictó un auto de no vinculación a proceso a su favor, por no acreditarse en la fecha de los hechos, así como el domicilio donde se dice ocurrieron estos, es infundado, sencillamente porque basa su dicho en una tesis aislada que no tiene obligación para la Juzgadora, sino en su caso para el agente del ministerio público, máxime que una no vinculación no impide que el Ministerio Público vuelva a pedir formulación de imputación, pues en esta ocasión no faltaron datos que estableciera la existencia de un hecho delictivo. Por lo tanto, al resultar debidamente fundado y motivado el auto de vinculación a proceso reclamado, pues se expusieron las razones y normas que demostraron, en grado de probabilidad, la comisión de los hechos señalados en la ley como el delito mencionado y la participación del aquí quejoso en su comisión, así como las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución, al no estar demostrada en su favor, hasta este momento, alguna excluyente de incriminación, ni la extinción de la pretensión punitiva y al resultar infundados los conceptos de violación formulados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso**, en relación al auto de vinculación a proceso dictado en su contra por la Jueza de Control responsable, el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 5515 2020, por su probable participación en el delito de violencia familiar, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en el artículos 193, cometido de manera dolosa, en términos del numeral 18, fracción I; de consumación instantáneo, de conformidad con el artículo 17, fracción I; y como autor de conformidad con numeral 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Chihuahua. En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 66 2021 I 1, promovido por **, respecto del auto de vinculación de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, emitido por la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del distrito judicial Bravos en funciones de Juez de Control, el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, en la causa penal 5515 2020, por lo que respecta al delito de lesiones, previsto y sancionado por el artículo 129, fracción III, del Código Penal del Estado de Chihuahua, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **, en relación con el auto de vinculación de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, emitido por la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del distrito judicial Bravos en funciones de Juez de Control, en la causa penal 5515 2020, respecto del delito de Violencia Familiar, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese, personalmente al quejoso y tercero interesada, por correo electrónico al agente del Ministerio Público de la adscripción y mediante oficio a la autoridad responsable y agente del Ministerio Público que intervino en el proceso 5515 2020. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **, hasta el día de hoy cinco de julio de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que mediante oficio *******, la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio adscrita al Tribunal Especializado en Violencia de Género del distrito judicial Bravos actuando en funciones de Jueza de Control, informó que en audiencia de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la víctima *******, otorgó el perdón por lo que respecta al delito de lesiones, previsto y sancionado por el artículo 129, fracción III, del Código Penal del Estado, por lo que, de conformidad con los artículos 327, 328 y 329 del Código Nacional de Procedimientos Penales, decretó el sobreseimiento -parcial- de la causa penal *******. Asimismo, indicó que admitió la suspensión condicional del proceso, imponiéndose al aquí quejoso ******* las condiciones previstas en las fracciones VII, y XIV del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por un plazo de doce meses, las cuales fenecerán el veintitrés de junio del dos mil veintidós, por lo cual se suspendió el proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 331, fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales. Atento a lo anterior, y a fin de estar en posibilidad de resolver conforme a derecho el presente juicio, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, se requiere a la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio adscrita al Tribunal Especializado en Violencia de Género del distrito judicial Bravos actuando en funciones de Jueza de Control, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de su notificación remita copia certificada de la audiencia celebrada el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, así como del registro de audio y video de la misma; apercibida que de no dar cumplimiento al presente auto, se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización que asciende a la suma de ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional, en términos de los ordinales 237, fracción I y 259 de la Ley de la Materia. Lo anterior, encuentra sustento en la Tesis I.11o.T.1 K, emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el libro 64, marzo de 2019, Tomo III, página 2675, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019418 que a la letra dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUEZ DEBE INDAGAR O RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SI AQUÉLLA SE ACTUALIZA, Y SI EL INDICIO SE CONOCIÓ EN EL RECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL DEBE REVOCAR LA SENTENCIA IMPUGNADA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE AQUÉL REALICE LA INDAGATORIA. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, por lo que deben estudiarse por el juzgador aunque no las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, regla que debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales, cuando éstas se adviertan mediante un indicio; por consiguiente, si de las constancias de autos el Juez advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio, oficiosamente debe indagar y, en todo caso, allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza y sobreseer en el juicio, o bien, en caso contrario, abordar el fondo del asunto, sin que obste a lo anterior que las pruebas documentales deban ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la ley citada, de manera que las exhibidas con posterioridad no podrán tomarse en cuenta porque, de hacerlo, se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal. No obstante, esa regla general no opera cuando se acredite un motivo de sobreseimiento conforme al artículo 63 de la propia ley, aun con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional o después de dictada la sentencia, como pudiese acontecer al promoverse el recurso de revisión, donde puede presentarse una prueba documental de la cual derive la existencia de un indicio, al no haber limitación alguna para ello, por lo que el órgano colegiado, al ocuparse del recurso de revisión, tiene la facultad para sobreseer en el juicio, valorando esas pruebas cuando aparezca fehacientemente demostrada o sobrevenga una causal de improcedencia, sin que exista obstáculo para que se revoque el fallo impugnado y se ordene la reposición del procedimiento. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Estado de autos Visto el estado de autos y de la certificación que antecede, se advierte que existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, programada para las nueve horas con cuarenta minutos de la fecha en que se actúa, en virtud de que el informe justificado rendido por el Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del distrito judicial Bravos en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, se recibieron el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, de tal modo que, no han transcurrido los ocho días de anticipación, referidos en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las nueve horas con veinte minutos del seis de abril de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, dadas las razones expresadas la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, Materia Común, que se consulta en la página 151, con registro 170081, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Felipe Alfredo Gómez Arteaga y Otros.199/2021
- Felipe Alfredo Gómez Artega y Otros.642/2019
- Felipe Álvaro Delgadillo Barrón630/2020
- Felipe Caro Bustillos441/2018
- Felipe Caro Bustillos y Otros.1016/2016
- Felipe Caro Vustillos y Otros.243/2017
- Felipe Cruz Torres146/2017
- Felipe de Jesús Álvarez López791/2022
- Felipe de Jesús García445/2021
- Felipe de Jesús Huerta Gonzales335/2019
- Felipe de Jesus Medina Hernandez564/2013
- Felipe de Jesús Rodríguez Viña8/2021