Felipe Castillo Córdova

Expediente 702/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
702/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, En Representación del Titular del Área de Auditorias, Quejas Y Responsabilidades del Órgano Interno de Control En el Instituto Mexicano del Seguro Social, Xalapa, Veracruz
  • Felipe Castillo Córdova

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito con residencia en Boca del Río, Veracruz, al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada el dos de febrero de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial 1/2023, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO. Se declara que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, Veracruz, es legalmente competente, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo que se formó con la demanda formulada por ******************** contra los actos y las autoridades puntualizados y señaladas en el resultando primero de esta ejecutoria, por lo que con testimonio de ella, remítasele el expediente relativo y su tomo de pruebas, para los efectos legales a que haya lugar. SEGUNDO. Para su conocimiento, envíese testimonio de la presente resolución al Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Poza Rica, Veracruz." Glósese a los autos el oficio y anexo de mérito, acúsese recibo al Tribunal oficiante, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se declaró carecer de competencia legal para conocer y resolver el asunto. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó incidente alguno. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Visto el oficio del Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele informando que admitió el conflicto competencial suscitado por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado y este órgano jurisdiccional, radicándolo bajo el número de conflicto competencial 1/2023. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Visto el oficio del Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en Boca del Río; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele informando que insiste en la declinación de la competencia y ordenó remitir el juicio de amparo 568/2022 de su índice al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en turno, con sede en Boca del Río, Veracruz, a fin de que resuelva el conflicto competencial. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Visto el oficio proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo ******************** de su índice, así como un tomo de pruebas anexo, consistente en los autos originales del expediente administrativo ******************** del índice de la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en Xalapa de Enríquez, Veracruz. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 702/2022, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA PLANTEADA Ahora bien, de la lectura de la sentencia de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz, se advierte que el titular de dicho juzgado declinó la competencia para conocer y resolver del juicio de amparo promovido por ********************, a favor de este órgano jurisdiccional por estimar que se configura la hipótesis prevista en el artículo 37 primer párrafo, de la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que el auto reclamado considera que es de aquellos de naturaleza negativa con carácter positivo con ejecución en el lugar donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. Sin embargo, una vez impuesta de la totalidad de las constancias que integran al aludido juicio de amparo, de manera respetuosa, la suscrita estima carecer de competencia por las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal". "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". Las bases constitucionales que regulan el juicio de amparo, establecen que éste procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, de autoridades Federales que restrinjan la soberanía de los Estados, o de autoridades de las entidades que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal Señalan, además, que el amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas, contra actos u omisiones de autoridades administrativas, se interpondrá ante el Juez de Distrito cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Lo que denota, en lo que interesa, que la competencia territorial en el juicio de amparo se fija atendiendo a la ejecución del acto reclamado. En esa línea, los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, fijan las reglas para determinar la competencia por territorio de la siguiente manera: "Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de apelación son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Las normas reproducidas retoman lo establecido en el orden fundamental, respecto a que es juez competente para conocer del juicio de amparo indirecto, el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde: a) El acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto no requiere de ejecución material, el del lugar donde se haya presentado la demanda. Como se ve, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Asimismo, es de esclarecer que el texto del artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, debe aplicarse conforme a la letra contenida en el precepto, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico o algún otro para desentrañar su sentido y alcance, esto es, para conocer la verdadera intención de su creador. Lo anterior tiene justificación también en que al aplicarse textualmente el precepto analizado, se evitaría en gran medida la existencia de conflictos competenciales, lográndose de ese modo una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de acceso expedito a la administración de justicia y de audiencia, los cuales implican la posibilidad de que los justiciables puedan acudir a la tutela jurisdiccional con el mínimo de obstáculos para ser oídos en su defensa, cumpliendo siempre los requisitos constitucionales y legales de procedencia; así como la prontitud en la emisión de la determinación jurisdiccional a través de la cual se soluciona el pleito sometido a la jurisdicción de los jueces; en el entendido de que al realizarse esa interpretación de la norma legislativa, no pueden dejarse de considerar aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, el turno, grado y vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo. En suma, de conformidad con los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, previstos en los artículos 14, párrafo segundo, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al diverso 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; se concluye que el texto del artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, debe aplicarse de manera estricta a su texto, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico para desentrañar su sentido y alcance, pues en la condiciones anotadas, la intención del legislador quedó plasmada con toda claridad en el contenido de la norma. Por tanto, en la hipótesis de impugnaciones de actos carentes de ejecución material, el juez competente para resolver el conflicto es aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Expuesto lo anterior, es necesario precisar la naturaleza del acto reclamado, por lo que, del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso señaló como actos reclamados los siguientes: "RESPECTO DE LA AUTORIDAD ORDENADORA RECLAMO: El ilegal auto de fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós, notificado al suscrito en fecha tres de junio del mismo año, dictado dentro del expediente ******************** del índice de la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (autoridad señalada como responsable). (.) RESPECTO DE LA AUTORIDAD EJECUTORA RECLAMO: La ilegal notificación de fecha tres de junio del presente año, del auto descrito en el párrafo anterior, violatorio de mis derechos humanos, como en su momento oportuno se precisará dentro del presente escrito. Notificación realizada por correo electrónico desde la cuenta oficial de la Actuaria de la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa." Es decir, los actos reclamados consisten concretamente en: 1) El auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente ******************** del índice de la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por el que acordó no ha lugar a su lo solicitado por el ahora quejoso en su escrito, atinente a que se le restituyera a su fuente de trabajo con motivo de la resolución emitida por dicha autoridad en la que se declaró la nulidad de la resolución de treinta de abril de dos mil diecinueve dentro del expediente administrativo ********************. 2) La notificación de tres de junio de dos mil veintidós, atinente al acuerdo antes reclamado -veintitrés de mayo de dos mil veintidós-, realizada por el Actuario adscrito a la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Xalapa de Enríquez, Veracruz, mediante correo electrónico. Ahora bien, del oficio de cuenta se advierte que el Juzgado oficiante estimó carecer de competencia, porque consideró que los actos reclamados son de aquellos de naturaleza negativa con efectos positivos, sobre el argumento de que el auto reclamado produce efectos en el mundo fáctico real, aduciendo que mientras el quejoso no sea restituido en los derechos que contaba antes del cese al que fue sometido y que solicitó a la responsable, implicaba que permanecería separado de su empleo, y que no perciba su salario ni prestaciones. Por ende, estimó que los efectos positivos se materializan en el lugar donde debe ser reinstalado el quejoso, es decir, en esta ciudad, incluso por virtud de una eventual sentencia amparadora. Sin embargo, de manera respetuosa no se coincide con esas consideraciones en razón de que de un análisis exhaustivo de todas las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que, si bien, el quejoso presentó un escrito solicitando que con motivo de la resolución emitida por la Sala responsable, se le restituyera en su fuente de trabajo y se le cubrieran las prestaciones que dejó de percibir; a lo que no accedió la autoridad responsable sobre el argumento de que en la sentencia de nulidad de dos de marzo de dos mil veintiuno, no se ordenó la restitución y el pago del salario solicitado. De la resolución de dos de marzo de dos mil veintiuno, la Sala responsable únicamente en lo que interesa precisó: "En ese sentido, esta Sala estima que en el caso operó la prescripción de la facultad sancionadora de la autoridad, pues si entre la fecha en que inició el plazo para que operara prescripción y aquella en que el mismo fue interrumpido transcurrieron 2 años, 9 meses y 21 días, mientras que de la fecha en que dicho plazo reinició a aquella en que fue notificada la resolución impugnada transcurrieron 1 año, 4 meses y 13 días, resulta que pasaron 4 años, 2 meses y 4 días, excediendo en consecuencia el plazo de tres años establecido en el primer párrafo del artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Público. Así las cosas, toda vez que la resolución impugnada se emitió cuando ya había prescrito la facultad punitiva de la autoridad, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV, del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y, por ende, debe declararse su nulidad en términos del artículo 52, fracción II, del mismo ordenamiento. (.) Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículo 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo, se RESUELVE: I. Resultó infundada la causal de improcedencia que planteó la autoridad al contestar la demanda, en consecuencia; II. No se sobresee el presente juicio. III. La parte actora probó su pretensión, en consecuencia; IV. Se declara la nulidad de la resolución impugnada la cual quedó debidamente identificada en el resultando 1 de esta sentencia. V. Con este oficio que se gire al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, remítasele copia certificada del presente fallo dictado en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo ********************." Por lo tanto, de lo anterior se considera que el auto recaído a la petición del quejoso, es un acto negativo carente de ejecución, pues lo relativo a los derechos que le asisten al quejoso en razón de la nulidad decretada, será precisamente, y en su caso, el tópico a analizar en la sede constitucional; por lo cual se estima que se trata de un acto negativo meramente declarativo, puesto que con la emisión del mismo no se realiza o produce un cambio en la realidad o modifica un estado de cosas existentes, puesto que como se ve, su dictado no altera el estado de las cosas ni modifica el entorno o la esfera jurídica en que se encontraban antes de su dictado ni posterior a ello. Por sus consideraciones y similitud de circunstancias sirve de apoyo a lo anterior los criterios jurisprudenciales siguientes: "Registro digital: 2001260 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 68/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, página 604 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA. La negativa referida constituye un acto negativo carente de ejecución y, por tanto, la competencia para conocer del juicio de amparo promovido en su contra corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que la dictó, al actualizarse la regla competencial establecida en el tercer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, porque constituye un acto meramente declarativo. Lo anterior es así, ya que los actos negativos con efectos positivos o los de carácter estrictamente positivo producen un cambio en la realidad o modifican un estado de cosas existente, en cambio, los declarativos no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular. De ahí que, cuando la autoridad se niega a acordar favorablemente la solicitud de devolución de depósitos existentes en una subcuenta de vivienda ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no se provoca cambio alguno en el estado de las cosas, pues se mantiene la indisponibilidad del solicitante respecto de los recursos que solicita y se trata de un acto declarativo que no amerita una ejecución material." Registro digital: 2022488 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 60/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo II, página 1126 Tipo: Jurisprudencia "SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD EN EL QUE SE RECLAMA EL INCREMENTO A LA PENSIÓN JUBILATORIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA CUMPLIDA ES DE NATURALEZA DECLARATIVA Y, POR ENDE, NO REQUIERE EJECUCIÓN MATERIAL. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron una misma problemática jurídica arribando a posicionamientos contrarios, ya que mientras que para uno de los contendientes la resolución que declara el cumplimiento de una sentencia dictada en un juicio de nulidad, en la que se condenó a la parte demandada al cálculo de la cuota pensionaria con los incrementos respectivos, produce consecuencias y efectos meramente declarativos y, por tanto, resulta aplicable la regla de competencia territorial establecida en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, para el otro, la resolución que a través del estudio de los agravios de la queja por exceso o defecto, declara el cumplimiento de esa sentencia, a pesar de constituir un acto negativo simple, sí produce efectos y consecuencias positivos, por lo que la regla de competencia territorial aplicable es la establecida en el primer párrafo del referido numeral. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la resolución que declara el cumplimiento de una sentencia dictada en un juicio de nulidad en el que se reclama el incremento a la pensión jubilatoria, es de naturaleza declarativa, no requiere ejecución material y, por ende, es aplicable la regla de competencia territorial establecida en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Justificación: Lo anterior, porque constituye un acto reclamado cuyos efectos son de naturaleza declarativa, porque no trascienden ni modifican el estado material preexistente de las cosas, antes bien se concretan, simplemente, a reconocer el cumplimiento dado a la sentencia dictada en un juicio de nulidad, a través de las resoluciones de las autoridades administrativas. Lo cual significa que no requiere de ejecución material, porque una vez agotado el procedimiento de ejecución, la autoridad responsable solamente se limita a dar por buena la actuación de la autoridad demandada en el juicio natural, es decir, ese acto reclamado no tiene por efecto alguna orden o mandato para actuar o llevar a cabo algo, pues deriva de una etapa que ya concluyó y en la que finalmente se determinó el acatamiento por parte de la autoridad demandada a los lineamientos de la ejecutoria del juicio de nulidad. Ahora, si bien la ejecución material no mira sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico, lo cierto es que esos alcances no pueden llegar al extremo de considerar el aumento de la cuantía de la pensión, en los términos propuestos por la autoridad demandada en la resolución pronunciada en acatamiento a la decisión emitida en el juicio contencioso administrativo. Esto, pues de considerarlo así, no se estarían analizando los alcances materiales del acto reclamado, que en el caso particular se limitan a reconocer el cumplimiento a la sentencia dictada en un juicio de nulidad, sino los producidos por la resolución que emite la autoridad demandada en cumplimiento de la sentencia del tribunal administrativo, lo cual no constituye un criterio para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, ya que éste se limita a los alcances derivados del acto reclamado." Por otro lado, no debe perderse de vista el diverso acto reclamado consistente en la notificación de dicho auto reclamado, del cual, por su naturaleza y forma en que se llevó a cabo -correo electrónico- resulta inconcuso que no puede aparejársele ejecución en la jurisdicción de este Juzgado, pues dicha notificación se realizó mediante correo electrónico oficial. Por tanto, al no advertirse la existencia de un acto que se ejecute dentro de la jurisdicción de este juzgado y toda vez que el auto reclamado se estima que es de aquellos de carácter negativo carente de ejecución, es que se estime se actualice la hipótesis prevista en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, consistente en que dicha demanda de amparo debe conocerla el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda de amparo indirecto. Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2006529 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 17/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 500 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Aunado a lo anterior, suponiendo y sin conceder que para el caso en que a dicho auto reclamado llegase a considerársele de aquellos de naturaleza negativa con carácter positivo y que como consecuencia pudiera tener ejecución material en la jurisdicción de este juzgado -con motivo de la reinstalación del quejoso a su fuente de trabajado ubicada en esta ciudad-, debe decirse que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentren unos que deban tener ejecución material (auto reclamado); así como otros que no la requieran (la falta notificación del auto reclamado) en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó´ la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que la parte quejosa haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicho justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro. De ahí´ que resulte competente, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, por ser quien previno en el conocimiento de la demanda. Es aplicable la jurisprudencia que enseguida se cita, porque no se oponen a la Ley de Amparo vigente, de acuerdo con el artículo sexto transitorio de la legislación citada, de rubro y texto "Registro digital: 2003502 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 22/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, página 293 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO EJECUTADO MEDIANTE EXHORTO EN UN DISTRITO DISTINTO AL EN QUE SE LLEVA EL PROCESO, Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE CULMINÓ CON SENTENCIA EJECUTORIA DE CONDENA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO. Cuando el quejoso en el amparo indirecto señala como actos reclamados tanto el auto de exequendo ejecutado mediante exhorto en un Distrito distinto al en que se lleva el juicio ejecutivo mercantil de origen, como todo lo actuado en éste en el que ya existe sentencia ejecutoria de condena, resulta inconcuso que acorde con el artículo 36 de la Ley de Amparo, por un lado, la ejecución del citado auto constituye un dato que sirve para sostener que la competencia para conocer del juicio corresponde al juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecutó ese acto y, por otro, que las actuaciones que no requieren de ejecución material ocurridas durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil de origen en el que ya hay sentencia ejecutoria de condena, también sirven para sostener que la competencia para conocer del amparo corresponde al diverso juez de distrito con jurisdicción en el lugar de tramitación del juicio de origen, esto es, donde reside la autoridad que dictó las resoluciones reclamadas que no requieren ejecución material; de donde se sigue que ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional, sin embargo, ante la falta de regulación expresa para definir cuál debe avocarse a su conocimiento, se estima que la competencia se surte a favor del juez que previno, con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el segundo párrafo del citado artículo y, además, para facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad." De igual forma, la diversa: Registro digital: 2010698 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: I.16o.A.9 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II, página 1223 Tipo: Aislada COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, la orden de bloqueo de una cuenta bancaria y su materialización, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro." En esas condiciones, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgado, respetuosamente no acepta la competencia planteada. Por lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las principales constancias que fueron tomadas en consideración para la presente determinación, y hágase del conocimiento la misma al Juez Federal declinante, devolviéndosele a través de mensajería rápida, el expediente original, así como los anexos que remitió con el mismo, solicitándole atentamente se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente. Es por ello, que si en dicha resolución de la cual deriva la petición del ahora quejoso, en el sentido de que con motivo de ella le sea restituido a su fuente de trabajo y le sea cubiertas las prestaciones que dejó de percibir, también DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico, asimismo, que todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico, por lo cual, éste únicamente contendrá las promociones físicamente recibidas y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. RESERVA DE INFORMACIÓN Este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales y sensibles, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO EN LÍNEA De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese; y cúmplase. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.

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