Felipe Cárdenas Hernández
Expediente 873/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 873/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Felipe Cárdenas Hernández
Actuaciones
- Principal
CÚMPLASE
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, once de diciembre de dos mil veinte. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Felipe Cárdenas Hernández, contra actos del Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliaciín y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, otra[s] autoridad[es], por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Se registró en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 873/2020-V-A. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda. Este juzgador procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. La parte quejosa señala como acto reclamado: IV.- LA OMISIÓN QUE DE LA AUTORIDAD SE RECLAMA.- 1.- A la Junta a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, la omisión de radicar la demanda laboral presentada el quince de octubre de dos mil veinte. 2.- Al Secretario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, la omisión de señalar fecha y hora dentro del plazo previsto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, para la celebración de la audiencia de Conciliación, demanda y Excepciones. 3.- Al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, reclama por vía de consecuencia la omisión de emplazar a juicio a los demandados señalados en el escrito de demanda. Una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como con el artículo 8 constitucional, que establecen: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. De la interpretación armónica de los citados artículos, debe precisarse que el primero refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el segundo de dichos numerales contempla la procedencia del sobreseimiento en el juicio de amparo, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Finalmente, el artículo 8 constitucional dispone que toda persona tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud o instancia escrita, que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o de cualquier índole; y, ante ese escrito que se les eleve, el Estado y sus autoridades, en virtud de la relación jurídica consignada en el artículo 8 constitucional, tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud. Ahora bien, a efecto de analizar los alcances de la garantía prevista en el artículo 8 constitucional, es necesario hacer las siguientes consideraciones: El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8 Constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. Además, es de precisarse que no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. De igual forma, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8 constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo. Esta consideraciones encuentran sustento en la tesis XXI.1o.P.A.36 A, visible en la página 1897, del Tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es de rubro y contenido siguiente: DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8 constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo. Asimismo, es necesario destacar que si bien el derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional impone la obligación de las autoridades de hacer recaer a una petición escrita, pacífica y respetuosa un acuerdo también por escrito, el cual debe emitirse en breve término, entendiéndose por esto último, el plazo relativo a los trámites burocráticos de rigor, como lo son, los trámites y términos a que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan. Por lo tanto, el retardo por el trámite propio que se le debe dar a un escrito no tiene relevancia jurídica para conceder la protección constitucional, dado que el derecho que consagra el precepto en comento, consiste en que a toda petición hecha a la autoridad por escrito y de manera pacífica y respetuosa, recaiga en breve término el acuerdo respectivo, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud física de poder emitir el acuerdo o resolución que proceda. Además, el derecho fundamental consagrado en favor de los particulares en el precepto de referencia no implica que en una sola resolución se decida en definitiva sobre lo pedido, pues si para ello se requiere de un trámite especial, éste debe de cubrirse previamente a resolver en definitiva la petición formulada por el particular. Al respecto, son aplicables las tesis visibles en las páginas 318, del Tomo X, Octubre de 1992, y 331 del Tomo XI, Marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que son de rubro y contenido siguiente: DERECHO DE PETICION. QUE DEBE ENTENDERSE POR BREVE TERMINO Y CUAL ES AQUEL EN QUE LA AUTORIDAD DEBE DICTAR EL ACUERDO RESPECTIVO Y DARLO A CONOCER AL PETICIONARIO. No es verdad que sea necesario que transcurran más de cuatro meses sin dar respuesta a una petición formulada en términos del artículo 8 constitucional para considerar transgredido dicho precepto, puesto que sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el citado precepto constitucional. En efecto, la respuesta a toda solicitud debe hacerse al peticionario por escrito y "en breve término", debiéndose entender por éste como aquel en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. En consecuencia, es inexacto que los funcionarios y empleados cuenten con un término de cuatro meses para dar contestación a una solicitud." PETICION, DERECHO DE. TERMINO. Si bien es cierto que el artículo 8 constitucional establece que la autoridad debe dictar un acuerdo escrito y hacerlo conocer en breve término al peticionario, ese breve término a que se refiere dicho precepto debe comprender el plazo relativo a los trámites burocráticos de rigor, esto es, a los trámites y términos a que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan; por lo tanto, el retardo por el trámite propio que se le debe dar a un escrito no tiene relevancia jurídica para conceder la protección constitucional, dado que la garantía que consagra el precepto en comento, consiste en que a toda petición hecha a la autoridad por escrito y de manera pacífica y respetuosa, recaiga en breve término el acuerdo respectivo, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud física de poder emitir el acuerdo o resolución que proceda. Además, la garantía consagrada en favor de los particulares en el precepto de referencia no implica que en una sola resolución se decida en definitiva sobre lo pedido, pues si para ello se requiere de un trámite especial, éste debe de cubrirse previamente a resolver en definitiva la petición formulada por el particular. Pues bien, de acuerdo con la interpretación de los tribunales federales, se debe entender por breve término, aquél en que racionalmente puede estudiarse y acordarse la solicitud respectiva, y que en términos generales se ha considerado que dicho término no debe ser mayor a cuatro meses. Lo anterior siempre y cuando en la normatividad aplicable no se determine expresamente algún plazo específico para tal fin, o bien que establezca que la falta de respuesta en ese plazo debe considerarse como el acogimiento o negativa de lo solicitado; como sucede en el particular, pues la Constitución Política del Estado de Colima no regula el derecho de petición. Por lo que respecta al caso, dentro del juicio laboral existen múltiples plazos para que los órganos jurisdiccionales, y servidores públicos que participan en ellos, provean los diversos trámites que la secuela procesal exija, así como numerosas razones para que algunos de tales periodos no se observen a cabalidad, ya sea por la interposición de recursos, la excesiva carga de trabajo, fuerza mayor o hecho fortuito, etcétera, los cuales se encuentran previstos en como plazo genérico en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, el cual dispone un lapso de cuarenta y ocho horas como el plazo genérico para el dictado de resoluciones y autos, sin embargo no es el único dentro del juicio laboral, porque existen muchos más periodos legales, inclusive, algunos de ellos también computados por horas, de muy distinta naturaleza. Por lo que al resultar difícil establecer un lapso genérico de la duración de la demora que pueda ser establecido de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no, una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el amparo indirecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 294/2018, determinó a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda se acredita que la petición que el quejoso dice no ha sido proveída la presentó ante la responsable el quince de octubre de dos mil veinte. En este sentido, al tratarse la solicitud de la parte quejosa, de aspectos vinculados a dilaciones presuntamente excesivas de la Junta en el dictado de un proveído, es claro, que la autoridad responsable debe emitir un pronunciamiento en torno a su petición, en un término de cuarenta y cinco días naturales. En estas consideraciones, se tiene que resulta inexistente el acto esgrimido por el impetrante, al tener en cuenta que si el quejoso formuló su petición a la responsable el quince de octubre de dos mil veinte y la demanda de este juicio de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el ocho de diciembre de dos mil veinte, es decir, que entre ambas fechas han transcurrido veintinueve días, es evidente que no ha transcurrido aún el término de cuarenta y cinco días naturales, en que racionalmente puede estudiarse y acordarse la solicitud respectiva, esto aunado a que la junta responsable se encontraba suspendida, esto es, sin atención al público del treinta de octubre al veintitrés de noviembre de dos mil veinte, reanudando labores el veinticuatro de noviembre, siguiente. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 2ª./J.33/2019, que dice: De ese modo, este juzgado considera se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como con el artículo 8 constitucional, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, de la ley de la materia. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, en virtud de que el presente asunto versa sobre la materia laboral y la parte quejosa tiene el carácter de trabajador[a] en el asunto de origen, se tiene[n] y como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Yussef Velázquez Ignot, María del Pilar Pereyra Delgado, Elizeth Romero Caldelas, Mario Hernández del Ángel, Francisco Alfonso González Lara, Nestor Fernando Gómez Hernández, Isaías García Alvarado, José Porfirio Hernández Reyes, Ascención Sánchez Mendieta, Adela Alejandra Parada Andrade, Fernando Platas Madero y José Miguel Vázquez Roano. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea, asimismo, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.
- Principal
"...Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento signado por el autorizado en amplios términos de la parte tercera interesada con el cual interpone recurso de queja, contra la determinación que resuelve el incidente de nulidad de notificación de uno de diciembre de dos mil veinte. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 97, fracción, I inciso e), de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja; por tanto, notifíquese a las partes. De conformidad con los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir de su legal notificación, indiquen las constancias que deseen sean remitidas al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, para la substanciación del recurso de queja, apercibidos que, de no hacerlo, este órgano de control constitucional enviará las que estime pertinentes. Por otra parte, se comisiona a[l] la secretario[a] encargado[a] del trámite de este juicio de amparo, para que inmediatamente que esté debidamente integrado el asunto (que obren las constancias de notificación a las partes del auto recurrido y de este acuerdo), remita el original y copia del escrito de agravios y las constancias señaladas por las partes, debiendo rendir el informe materia de la queja al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito..."
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