Felipe Cano Mendoza
Expediente 356/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 356/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Felipe Cano Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diez de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, sin que haya lugar a emitir pronunciamiento alguno, toda vez que por acuerdo de seis de diciembre de la presente anualidad, se ordenó el archivo del presente juicio. Por otra parte, del estado procesal de los autos se advierte que no obra en autos el oficio 16157/2021 dirigido a la autoridad responsable Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, por tanto, reexpídase la comunicación oficial citada. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los presentes autos y la certificación que antecede, se aprecia que mediante proveído de nueve de noviembre del año que transcurre, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, habiendo transcurrido el término de quince días que tiene la parte legitimada para inconformarse con esa resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, se entiende que existe conformidad con dicha determinación. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la citada ley, archívese el mismo. Entonces, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, ni aporta mayores elementos al acervo cultural, conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 18, fracción I, inciso b), del capítulo séptimo, relativo a la depuración de expedientes judiciales, se determina que una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído, este expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y sentencia respectiva. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que mediante oficio SEADS/1171/2021, se hizo del conocimiento a la Jueza Haydee Guadalupe Rodríguez Hernández, que en sesión ordinaria de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó su adscripción como titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del presente año, en sustitución del Juez Jacinto Figueroa Salmorán. En consecuencia, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, lo anterior, hágase del conocimiento de las partes por el término de tres días siguientes a aquél en que les surta efectos la notificación de este proveído, para que de ser el caso hagan valer lo que conforme a derecho corresponda. Cobra aplicación la jurisprudencia número 2a./J. 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, julio de 2010, Novena Época, visible en la página 312, con número de registro 164217, del rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Con ese propósito, conviene indicar que por resolución de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal, concedió la protección constitucional al quejoso Felipe Cano Mendoza, para el efecto de que la autoridad responsable Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a) Proveerá inmediatamente respecto del plazo que concedió a las autoridades demandadas en auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte. b) Ante la contumacia de las autoridades demandadas en el procedimiento natural en dar debido cumplimiento total a la sentencia de nulidad, debería pronunciarse respecto de la destitución de los servidores públicos en su carácter de autoridades demandadas y vinculadas con su cumplimiento, de conformidad con el último párrafo del artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. c) Debería realizar todos los actos que resulten necesarios para que se cumpla totalmente la sentencia de nulidad." Una vez que ésta causó ejecutoria, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Luego, mediante oficio 1204/2021, recibido en este órgano jurisdiccional el veintiséis de octubre del año en curso, la autoridad responsable, remitió copia certificada del auto dictado el veinticinco del citado mes y año, dentro del expediente de ejecución de sentencia número TCA/SS/017/2017, donde en un principio realizó un análisis de los antecedentes del citado juicio, y se pronunció respecto al cumplimiento dado por las autoridades demandadas; una vez analizado en su totalidad el acatamiento dado por las mismas (partes demandadas), arribo a la conclusión que la ejecutoria había sido cabalmente cumplida; asimismo, refirió que la parte actora había manifestado su conformidad con la consecución dada al fallo, ordenado el archivo del asunto como totalmente concluido; documental que adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2º. Mediante proveído de veintisiete de octubre del año en curso, este Órgano Jurisdiccional ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias que remitió la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera; apercibido que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento del fallo protector, se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó a la autorizada del quejoso el veintiocho de octubre del presente año, sin que oportunamente hubiera desahogado esa vista, por lo que este Juzgado Federal procede a pronunciarse sobre tal aspecto y para tal efecto se realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a la parte quejosa, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. En ese tenor, es evidente que la autoridad responsable al emitir el acuerdo de veinticinco de octubre del año en curso, en el cual en un principio realizó un análisis de los antecedentes del expediente de ejecución de sentencia número TCA/SS/017/2017, y se pronunció respecto al cumplimiento dado por las autoridades demandadas; y una vez analizado en su totalidad el acatamiento dado por las mismas (partes demandadas), arribo a la conclusión que la ejecutoria había sido cabalmente cumplida; asimismo, refirió que la parte actora había manifestado su conformidad con la consecución dada al fallo, ordenado el archivo del asunto como totalmente concluido; por lo que siguiendo los lineamientos establecidos por este juzgado federal, restituyó totalmente a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales que se estimaron vulnerados en la sentencia impugnada; en esas condiciones, es de concluirse que se acataron los términos en que se dictó y se tiene por cumplida la misma, sin exceso o defecto. Finalmente, se comisiona al actuario para que tratándose de los oficios girados a la autoridad responsable o tercero interesado con carácter de autoridad que aún no hayan reanudado labores o se encuentren cerradas por cualquier otro motivo (COVID- 19, entre otros), haga entrega de las comunicaciones una vez que éstas reanuden el servicio al público. Notifíquese por lista electrónica; y personalmente a la parte quejosa.
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