Felipe Bermudez Saldaña
Expediente 198/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 198/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/06/2021
Partes del expediente
- Felipe Bermudez Saldaña
Actuaciones
- Principal
Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta. Recepción de autos. Se acusa recibo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, del Sexto Circuito, de: 1. los autos originales del juicio de amparo en que se actúa y 2. copia certificada del testimonio de la ejecutoria de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, pronunciada en el toca R.A.-312/2020;, recibidos por este órgano federal el siete de junio del año en curso. Comuníquese a las partes la llegada de los autos originales del juicio en que se actúa y la resolución dictada por la superioridad, en los siguientes términos: "PRIMERO. Queda intocado el sobreseimiento en el juicio por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en la aplicación de las normas impugnadas atribuidas a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, el refrendo y la publicación de aquellas, del Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial del Estado. - SEGUNDO. En la materia del recurso competencia delegada al tribunal colegiado, se confirma la sentencia sujeta a revisión. - TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo que se revisa por cuanto hace a los restantes actos reclamados a las demás autoridades responsable, que se precisan en el resultado primero de este ejecutoria." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archivo de asunto Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales", publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido; toda vez que en el presente sumario constitucional se dictó sentencia definitiva. Valoración Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3°, fracción XVIII del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que no es necesario que se otorgue el termino de los noventa días a que se refiere el citado artículo. Destrúyase el presente expediente toda vez que mediante sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, se sobreseyó en el presente juicio biinstancial; en consecuencia, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los citados numerales 12 y 14; en virtud que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c) del referido Acuerdo General. Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, visto su contenido se provee: EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO COMUNICA EL AUTO DE RADICACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN. Téngase a la superioridad informando que registró el citado recurso con el número R.A.-312/2020, y lo admitió.
- Principal
Agréguese el escrito de cuenta presentado por Sergio Anaya Méndez autorizado de la parte quejosa... y... SE PROMUEVE RECURSO DE REVISIÓN. Se tiene por interpuesto el medio de defensa promovido contra contra la sentencia dictada en autos, en términos del artículos 81 fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo. Distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios en términos de los artículos 88 y 89 de la invocada Ley. Remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, los autos originales de este juicio, así como el original y una copia simple del escrito de agravios, una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído. Fórmese el expedientillo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
V I S T O para resolver el juicio de amparo 198/2020, promovido por... y...; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla,... y..., demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican: III.- Autoridades Responsables: III.1.- Del planteamiento de Inconstitucionalidad de Normas Generales Legales consistentes en los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda para el Estado de Puebla y el artículo 29, fracción 1, inciso a de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2020, se señalan:... SEGUNDO. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1o, 11, 14, 16, 31, fracción lV y 133 Constitucionales. TERCERO. Por acuerdo de once de febrero de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo en sus términos y se registró como 198/2020; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción la intervención legal que le compete quien formuló pedimento; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado. CUARTO. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se ordenó continuar con la tramitación del presente asunto, por lo que se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo lugar en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII Constitucionales, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se reclaman normas aplicables dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden a plenitud del estudio íntegro de la demanda y sus anexos, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, página 255, con el rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Así, del análisis integral de la demanda y de las constancias allegadas al presente juicio, se advierte que la quejosa reclama:... TERCERO. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, consistente en la aplicación y ejecución de las normas generales impugnadas, toda vez que al rendir su informe justificado, dicha autoridad negó el acto que se le atribuyó fojas 111 y 112, sin que la parte quejosa aportara medio de prueba que lograra desvirtuar tal negativa; razón por la cual, el acto que se reclama a la autoridad responsable resulta inexistente. Cabe destacar que la parte quejosa reclamó el Decreto por el que se expide la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el seis de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89, que prevén el canje y expedición de placas de circulación de los vehículos inscritos en el Registro Estatal Vehicular, previo pago de derechos, entre otros casos, cuando el Ejecutivo de la entidad establezca los Programas de Canje de Placas respectivo; así como el diverso Decreto por el que expide la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2020, publicado en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en específico, el numeral 29, fracción I, inciso a, que establece el monto que debe pagarse, entre otros, por el derecho del servicio relativo al canje de placas de circulación, con motivo de su sola entrada en vigor, es decir, como norma de naturaleza autoaplicativa. En tales condiciones, no es posible que exista ejecución por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, toda vez que la parte quejosa no impugnó las referidas disposiciones normativas con motivo de un acto concreto de aplicación, esto es, en su carácter de heteroaplicativas, sino por considerar que su sola entrada en vigor le causa perjuicio; por ende, el acto que se atribuyó a la referida autoridad es inexistente. Tampoco es cierto el acto reclamado al Gobernador del Estado de Puebla, consistente en la expedición del Acuerdo y/o Programa General de Canje de Placas de los vehículos inscritos en el Registro Estatal Vehicular del Estado de Puebla, toda vez que al rendir su informe de ley negó su existencia fojas 123 a 134, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtué dicha negativa, motivo por el que debe tener como inexistente el aludido acto reclamado. Por su parte, el Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla, no se pronunció sobre la existencia o inexistencia del acto reclamado consistente en la publicación de Acuerdo y/o Programa General de Canje de Placas de los vehículos inscritos en el Registro Estatal Vehicular del Estado de Puebla fojas 81 a 83; sin embargo, dicho acto debe tenerse como inexistente, dado que el Gobernador de la Citada Entidad federativa negó la expedición del aludido ordenamiento general por tanto, si no existe emisión de la norma reclamada, menos aún puede existir su publicación. Además, si bien en términos del artículo 89 de Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla, el ejecutivo estatal tiene facultad para establecer los programas de canje de placas respecto de los vehículos inscritos en el registro estatal vehicular, a la fecha de presentación de la demanda y de la emisión de la presente sentencia, no se ha emitido el aludido ordenamiento legal según consta en autos, lo que se corrobora con el anexo del oficio con registro 8211 presentado el diecinueve de agosto de dos mil veinte, en el que el representante del Gobernador del Estado de Puebla, señaló que no existe el acuerdo cuestionado. Asimismo, si bien la parte quejosa manifestó en su demanda bajo protesta de decir verdad, la existencia futura pero cierta del acto reclamado, tal aseveración no desvirtúa la negativa formulada por la autoridad responsable; menos aún, releva a la parte quejosa de probar la existencia del acto reclamado cuando éste es negado por la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 1002199, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 156, tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Octava Época, que dice: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. En ese orden el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, establece:... Luego, como lo prevé dicho numeral, se debe decretar el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia; por lo que, si en el presente juicio de amparo la parte quejosa omitió aportar pruebas que desvirtúen las negativas de los actos reclamados a las autoridades responsables Gobernador, Secretaría de Planeación y Finanzas y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Puebla, procede sobreseer el presente juicio constitucional respecto de los actos reclamados a dichas autoridades. CUARTO. Son ciertos los actos reclamados al Gobernador y Congreso del Estado de Puebla, consistentes en la sanción y promulgación del Decreto por el que se expide la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el seis de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89 -que prevén el canje y expedición de placas de circulación de los vehículos inscritos en el registro estatal vehicular, previo pago de derechos, entre otros casos, cuando el ejecutivo de la entidad establezca los programas de canje de placas respectivo-; así como del Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, publicado en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en específico, el numeral 29, fracción I, inciso a, que establece el monto que debe pagarse, entre otros, por el derecho del servicio relativo al canje de placas de circulación, ambos con motivo de su sola entrada en vigor, dado que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior además, en aplicación del principio jurídico según el cual el derecho no es materia de prueba, que se encuentra implícito en el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de garantías, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo; pues al tratarse de disposiciones de observancia general, que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, su existencia no es materia de prueba en el juicio. Al respecto, se cita la tesis jurisprudencial... sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, del rubro y texto: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Por su parte, el Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado aceptaron los actos reclamados consistentes en el refrendo y publicación de las normas tildadas de inconstitucionales fojas 81 a 83 y 107 a 108. QUINTO. Ahora, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor, se estudia de forma oficiosa y preferencial, si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. I. CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL, AMBOS DEL ESTADO DE PUEBLA. Al respecto, las autoridades responsables Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Puebla, refieren que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 108, fracción III de la Ley de Amparo, los cuales señalan lo siguiente: ... Luego entonces, tomando en consideración que en el presente asunto se reclamaron entre otros, el refrendo y publicación del Decreto por el que se expide la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla, así como el Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal de 2020, actos que se atribuyen al Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Puebla, sin que se impugne por vicios propios, el juicio de amparo resulta improcedente respecto de dichos actos y por den debe sobreseerse en el juicio por dichos actos y autoridades. II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XII, DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. Por otra parte, la suscrita estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que las disposiciones normativas impugnadas son de naturaleza heteroaplicativa, no autoaplicativa -como lo reclaman los peticionarios- y, por ende, no les causan perjuicio alguno, dado que requieren de un acto concreto de aplicación para estimar que se transgredió su esfera de derechos. En efecto, este Juzgado de Distrito considera que respecto a los actos reclamados al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Puebla, consistentes, en el ámbito de su competencia, en la iniciativa, discusión, aprobación, expedición, sanción y promulgación del Decreto por el que se expide la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el seis de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89, que contemplan el canje y expedición de placas de circulación de los vehículos inscritos en el Registro Estatal Vehicular, previo pago de derechos, entre otros casos, cuando el ejecutivo de la entidad establezca los programas de canje de placas respectivo; así como del Decreto por el que expide la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2020, publicado en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en concreto, el numeral 29, fracción I, inciso a, que prevé el monto que debe pagarse, entre otros, por el derecho del servicio relativo al canje de placas de circulación, ambos con motivo de su sola entrada en vigor, el juicio de amparo es improcedente, toda vez que la sola entrada en vigor de las normas reclamadas no le depara perjuicio alguno a la parte quejosa y, por ende, no tiene interés jurídico para reclamarlas... En esta medida, la legitimación debe atender a los principios que rigen al juicio de amparo, particularmente los de instancia de parte y agravio personal y directo. La importancia del principio de agravio personal y directo radica desde su propia concepción, al entenderse como el daño o perjuicio, una ofensa o violación a los derechos sustantivos fundamentales que la Constitución tutela. Por tal motivo, cuando no se actualiza esta circunstancia entonces la acción intentada se torna improcedente. Razones las anteriores que permiten sostener que la legitimación para instar la acción de amparo está reservada únicamente para quien resienta un agravio, con motivo de un acto de autoridad, en uno de sus derechos tutelados en la Constitución Federal, legitimándolo para solicitar la restitución en el goce del derecho violado. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico o legítimo, debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En consecuencia, la noción de perjuicio para efectos del juicio constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el Tribunal de Amparo demandando el cese de esa trasgresión y su consiguiente reparación. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 704, tomo XIV, julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama. En el caso particular, la parte quejosa aduce que con la sola emisión de las normas generales reclamadas existe una afectación a sus derechos subjetivos reconocidos por las leyes, toda vez que como propietarios o poseedores de vehículos automotores que están inscritos en el registro estatal vehicular de la entidad, se les impone la obligación de llevar a cabo un canje de placas, no obstante que con las que actualmente cuentan están vigentes, siendo que, en su oportunidad se pagó la contribución respectiva derechos y se llevó a cabo el procedimiento administrativo para su obtención... Una vez precisado el tipo de interés que se requiere en el presente caso para instar la acción de amparo, resulta conveniente precisar que todos los gobernados cuentan con dos momentos fundamentales para impugnar las leyes, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general: con motivo de su sola vigencia o contra el primer acto de aplicación... Así, la procedencia del juicio constitucional contra leyes por simple oposición o disidencia ideológica, sin mediar la violación a un derecho de las personas, vaciaría el sistema de pesos y contrapesos contemplado por nuestra Constitución, de lo que se deriva el deber de los jueces y juezas de verificar cuidadosamente que la función de control constitucional que ejerzan sea activada sólo cuando se actualice el principio de agravio de parte El actual contenido del artículo 103, fracción I, Constitucional, establece que los tribunales de la Federación resolverán, entre otras cuestiones, las controversias que se susciten por normas generales que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, si las normas generales pueden combatirse en el juicio constitucional por vulnerar derechos humanos, la procedencia de la acción se condiciona a la existencia del principio de agravio. Por tanto, el juicio de amparo procede contra normas generales que se estimen violatorias de los derechos humanos y/o garantías constitucionales cuando exista un principio de afectación, para lo cual en la ley se contemplan dos momentos posibles: a por su sola entrada en vigor, y b cuando existe un acto de aplicación. Así, para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, la jurisprudencia de la Suprema Corte introdujo la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas, en función de las posibilidades de afectación de una norma general. En la actualidad -desde la novena época- el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de individualización incondicionada, con el cual se ha entendido, desde entonces, la noción de norma autoaplicativa, como aquella norma que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto, con lo que se superó la antigua idea de autoejecución, con la cual se explicaba esta categoría de normas. En este orden de ideas, el concepto de distinción se basa en la noción de contenido normativo condicionado; si se trata de un contenido normativo incondicionado, la norma es autoaplicativa. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. De lo anterior, se desprende que el criterio de clasificación de heteroaplicabilidad y autoaplicabilidad es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues, sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, legítimo o simple, el concepto de individualización incondicionada no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Así pues, tratándose de interés jurídico que es el que se requiere en el presente juicio, se entenderá que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos ocurren en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando esos efectos trascienden en la afectación de un derecho subjetivo; es decir, cuando de forma personal y directa se creen, transformen o extingan situaciones concretas de derecho, en dos escenarios distintos: a esas normas establezcan obligaciones de hacer o no hacer directamente a los particulares, o b generen hipótesis normativas cuya actualización inmediata traigan aparejadas consecuencias jurídicas para ellos. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas. En ambos casos se entiende que la noción de afectación es un agravio personal y directo a un derecho subjetivo, por lo que cabría afirmar que la parte quejosa es destinataria directa de estas normas. Acotado lo anterior, como se señaló en la precisión del acto reclamado, la parte quejosa impugna la iniciativa, discusión, aprobación, expedición, sanción y promulgación del Decreto por el que se expide la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el seis de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89 -que contemplan el canje y expedición de placas de circulación de los vehículos inscritos en el registro estatal vehicular, previo pago de derechos, entre otros casos, cuando el ejecutivo de la entidad establezca los programas de canje de placas respectivo-; así como del Decreto por el que expide la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en concreto, el numeral 29, fracción I, inciso a que prevé el monto que debe pagarse, entre otros, por el derecho del servicio relativo al canje de placas de circulación, ambos con motivo de su sola entrada en vigor. Ahora bien, para mejor comprensión del asunto, resulta oportuno citar el contenido de los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado el seis de diciembre de dos mil diecinueve; y 29, fracción I, inciso a, de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, publicado en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, que establecen lo siguiente:... Por ello, resulta claro que la parte quejosa fue omisa en allegar algún medio de prueba idóneo con el que acreditara que llevó a cabo el canje de placas a que se refieren los numerales tildados de inconstitucionales; ello es así, en virtud de que no basta acreditar que son propietarios de diversos vehículos para considerar que el establecimiento genérico para llevar a cabo el pago por canje de placas les irroga un perjuicio en su esfera de derechos. De ahí que, si en la especie, los quejosos no acreditaron en modo alguno haber erogado determinado numerario por el pago del derecho de canje de placas al haberse establecido dicho programa, es evidente que no queda probado que el contenido de dichas disposiciones normativas se haya materializado sobre la esfera de derechos de los peticionarios. Es decir, los quejosos fueron omisos en aportar pruebas fehacientes que demostraran que la autoridad les hubiera impuesto la obligación de pagar el derecho por el canje de placas proveniente de un programa en el que se hubiera establecido tal circunstancia; por tanto, las normas reclamadas no les causan perjuicio alguno por su sola emisión, pues, ello sucederá, hasta que se emita el aludido programa y/o se pague el derecho correspondiente por ese concepto. Por tanto, si la parte accionante de amparo prescindió exhibir los medios de prueba para demostrar el primer acto de aplicación en su esfera de derechos -dada la naturaleza heteroaplicativa de las normas impugnadas-, resulta evidente la falta de interés jurídico para reclamar en esta instancia el actuar de las autoridades responsables. Por ende, si el ejercicio de la acción constitucional se reserva sólo a quien como titular de un derecho legítimamente tutelado recibe un perjuicio por un acto de autoridad o por la ley y, en la especie, la parte quejosa no demostró la existencia de ese primer acto de aplicación; entonces, se debe concluir que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo no fue demostrado plenamente. En consecuencia, se concluye que la sola entrada en vigor de las disposiciones normativas reclamadas no afectan la esfera jurídica de la parte quejosa, ya que, se reitera, los artículos 82, 83, fracción IV, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla y 29, fracción I, inciso a, de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, vigentes a partir del uno de enero de dos mil veinte, son disposiciones normativas de naturaleza heteroaplicativa, toda vez que es necesaria la realización de un acto para que dichos artículos adquieran individualización, esto es, la existencia de un acto concreto de aplicación para que se actualice un perjuicio; circunstancia que no quedó acreditada en este caso. Como una consideración adicional, conviene señalar que para reclamar normas de aplicación incondicionada no basta tener la seguridad de que su aplicación resulta inminente, pues con relación a la posibilidad de combatir en el amparo los actos de tal naturaleza, es inaplicable al juicio de amparo contra leyes, porque en este tipo de asuntos los actos no deben ser inminentes sino efectivos. Ello es así, porque cuando se promueve un juicio de amparo contra normas generales alegando que su sola expedición causa perjuicio al amparista, es requisito indispensable que la parte solicitante del amparo a más tardar en la audiencia constitucional, acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla cuando se reclama con motivo de su entrada en vigor o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos cuando se impugna con motivo del primer acto de aplicación; ya que no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de la hipótesis de la norma, puesto que aunque ello aconteciera, sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 77/97, con número de registro 196954, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 382, tomo VII, enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio. En las relatadas condiciones, al ser las normas impugnadas de naturaleza heteroaplicativa y no acreditarse respecto de ellas el acto concreto de aplicación que actualice un perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa, es que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de las autoridades responsables y actos reclamados precisados, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Cabe precisar, que el sobreseimiento decretado en el presente juicio respecto de los actos reclamados materia del presente considerando, por no haberse acreditado el primer acto concreto de aplicación de la norma reclamada, de ninguna manera impide a la parte quejosa para en posterior oportunidad, acudir al juicio de amparo a efecto de impugnar los preceptos que tilda de inconstitucionales, pero esto, cuando en realidad se apliquen en su perjuicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio amparo por... y..., contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero en relación con el considerando segundo, en términos de los considerandos tercero y quinto, puntos I y II, de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
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