Felipe Bazán Domínguez
Expediente 951/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 951/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Felipe Bazán Domínguez
Actuaciones
- Principal
MESA IV Agréguese el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, mediante el cual acusa recibo del diverso por el que este órgano jurisdiccional le remitió los autos originales del juicio de amparo 951/2018-IV-A; asimismo, comunica que aceptó la competencia declinada, asumiendo el conocimiento del presente asunto, el cual se registró bajo su índice con el número de amparo 1606/2018-III. Por otra parte, del estado de autos se advierte que en proveído de veintidós de octubre pasado, se reservó acordar lo conducente, respecto del exhorto 207/2018-IV, del índice de este Juzgado, diligenciado por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, que contiene las constancias de notificación del directo quejoso; hasta en tanto, se tuviera conocimiento del juzgado que le correspondió conocer, lo que ya aconteció. En virtud de lo anterior, remítanse copia certificada de las promociones relativas al homólogo federal oficiante, vía interconexión. En consecuencia, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran seis meses, procédase a su destrucción.
- Principal
MESA IV. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, por el que devuelve diligenciado el exhorto 353/2018 II (número de orden 436/2018), de su índice, formado con motivo del diverso 207/2018 del índice de este juzgado. Acúsese recibo. Ahora bien, tomando en consideración que en diverso proveído de diecinueve de octubre del año en curso, este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, remitiendo los autos al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en turno, con sede en Toluca; estese en espera de que se tenga conocimiento a que Juez le correspondió conocer para acordar lo que corresponda.
- Principal
MESA IV Vista la demanda de amparo presentada por Víctor Hugo López Ramírez, quien se ostenta como defensor particular del quejoso Felipe Bazan Domínguez, contra actos del Director del Centro de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, Estado de México, Almoloyita y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1° y 22 Constitucionales, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el numeral 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 951/2018-IV-A. COMPETENCIA De inicio, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público; por tanto, preferentes. Se arriba a esa conclusión, ya que los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, imponen la obligación de los Jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja. Al caso es aplicable la jurisprudencia 679, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos cincuenta y seis, Tomo VI, del Apéndice de 1917-1995, Octava Época, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Sobre esa base, de la lectura de la demanda de amparo, se aprecia que el promovente señala como actos reclamados: La incomunicación, malos tratos, aislamiento y segregación de los que es objeto el quejoso, incluyendo la negativa de proporcionarle alimento. Asimismo, refiere que recibió una llamada proveniente del lugar donde está recluído informándole que el quejoso se encontraba en un área de aislamiento, castigo y segregación. Ahora bien, como autoridades responsables señala: 1. El Director del Centro de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, Estado de México, Almoloyita. 2. El Director de Seguridad del Centro de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, Estado de México, Almoloyita. Así las cosas, si el promovente aduce que el directo quejoso está siendo sujeto de los actos que reclama, en el lugar de su reclusión y señala como autoridades del Centro de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, Estado de México, Almoloyita; es inconcuso que este Juzgado carece de competencia legal para conocer del juicio de amparo por cuestión de territorio, en atención a lo siguiente: El contenido de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, establecen: "ARTÍCULO 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación funcional de los artículos transcritos, se obtienen los criterios básicos para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: 1. Con independencia de donde radique la autoridad responsable, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al Juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión requieren de ejecución por parte de la misma autoridad o una diversa. Al caso es aplicable el criterio emitido por la entonces Sala Auxiliar del Máximo Tribunal, Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Séptima Parte, Materia Común, página 88, cuyo rubro y texto dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". 2. Para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales residentes en esas localidades será competente el Juez ante el que se presente la demanda de amparo. 3. En el supuesto de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito diverso al que se presentó la demanda de amparo, será competente el Juez donde se presentó la demanda. 4. Cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De los supuestos indicados, puede apreciarse claramente que para determinar la competencia de un Juez de Distrito, en principio debe atenderse a los efectos producidos por el acto desde la perspectiva de la ejecución material. En el caso, los actos reclamados consisten en la incomunicación, malos tratos, aislamiento y segregación de los que es objeto el quejoso, incluyendo la negativa de proporcionarle alimento, los cuales se están ejecutando, en el lugar donde se encuentra recluido, Centro de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, Estado de México, Almoloyita. Sobre esa base, se estima actualizada la primera de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37, de la Ley de Amparo. En vista de lo anterior, resulta competente para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa el Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en turno, con sede en Toluca. Al caso es aplicable la tesis aislada I.2o.P.21 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2498, Tomo 3, Libro XXIV, Septiembre de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA EL ASEGURAMIENTO MINISTERIAL DE BIENES INMUEBLES POR DELITOS FEDERALES. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE SE MATERIALICE LA ORDEN RESPECTIVA O SE LLEVE A CABO SU PRIMER ACTO DE EJECUCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tenerla, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama el aseguramiento ministerial de bienes inmuebles, el cual deriva de la indagatoria seguida por la probable comisión de delitos federales, es competente para conocerlo el Juez de Distrito del lugar donde se materialice la orden respectiva o se realice el primer acto de ejecución que, en la especie, se actualiza con la anotación marginal que hace la autoridad catastral en el Registro Público de la Propiedad, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el citado mandato de restricción constituye un acto de aplicación de diversos dispositivos sustantivos y adjetivos federales penales, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el juzgador que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario, se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en turno, con sede en Toluca, la demanda original, para que a su vez la remita al Juez de Distrito en turno, que le corresponda, solicitándole a éste el acuse de recibo e informe si acepta la competencia declinada; fórmese el cuaderno de antecedentes. SUSPENSIÓN DE PLANO No obstante lo anterior, tomando en consideración la naturaleza de los actos reclamados consistentes en la incomunicación, malos tratos, aislamiento y segregación de los que es objeto el quejoso, incluyendo la negativa de proporcionarle alimento; se provee de la siguiente forma. En inicio, se impone traer a contexto los numerales 15, párrafos primero y segundo, y 126 de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado." "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento." En ese tenor, SE DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN de los actos reclamados consistentes en la la incomunicación, malos tratos, aislamiento y segregación de los que es objeto el quejoso, incluyendo la negativa de proporcionarle alimento, que sufre el directo quejoso Felipe Bazan Dominguez, para el efecto de que CESEN DE INMEDIATO. En la inteligencia que las autoridades responsables deberán informar dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento de esta determinación, al Juez que asuma la competencia. Apercibidas que de incumplir con lo que aquí se ordena, se impondrá multa por la cantidad equivalente a cincuenta días de Unidad de Medida y Actualización, acorde a lo previsto en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, así como el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; sin perjuicio de proceder en su contra por el delito previsto en el numeral 265, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que los actos combatidos se encuentran en las hipótesis previstas en el artículo 126, antes transcrito. La suspensión decretada, surte efectos hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables el auto de ejecutoria que se dicte en el presente asunto. DOMICILIO DEL PROMOVENTE Por otra parte, se advierte que el promovente solicita el ingreso al expediente electrónico y proporciona para tal efecto el nombre de usuario vhlopez7, señalándolo como medio para oír y recibir notificaciones. Atento a lo anterior, dígase que con fundamento en el artículo 3, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; se autoriza al promovente, para consultar el expediente en que se actúa por el sistema electrónico establecido para tal efecto, con el nombre de usuario "vhlopez7". Por tanto, procédase a realizar la presente notificación y las subsecuentes por vía electrónica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. NOTIFICACIÓN DE ESTA DETERMINACIÓN Y RATIFICACIÓN DE DEMANDA Toda vez que, como se dijo, se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, ALMOLOYITA, el cual se encuentra fuera del territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2, de la ley en la materia, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; gírese atento exhorto, vía interconexión al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno; para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, tenga por bien comisionar al actuario judicial de su adscripción, a efecto de que realizar las siguientes diligencias: Se constituya en las instalaciones del referido centro de reclusión y notifique al directo quejoso FELIPE BAZAN DOMÍNGUEZ, el presente proveído. Asimismo, de fe del estado físico en que se encuentra el quejoso, debiendo cerciorarse si aquél se encuentra incomunicado, sujeto a malos tratos, aislado o segregado, incluso lo cuestione sobre la negativa a proporcionarles alimentos. Levantando acta pormenorizada al respecto. De igual manera, se solicita notifique mediante oficio a las autoridades responsables, el contenido de este acuerdo; y para tal efecto, se remiten los oficios respectivos para que en auxilio de las labores de este juzgado proceda a entregarlos y recabar las constancias relativas. En observancia al artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo vigente, se faculta al Juez exhortado para que habilite días y horas inhábiles; solicitándole de la manera más atenta que se sirva devolver la comunicación de que se trate, por la misma vía en la que se remite. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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