Felipe Augusto López Salas
Expediente 2536/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2536/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Felipe Augusto López Salas
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a este expediente para que obre como legalmente corresponda, el memorial suscrito por Guillermo Mauricio Alán de Rosenzweig de Rosenzweig, apoderado general de Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, tercero interesado en los presentes autos, por el que solicita copia certificada de todo lo actuado en este asunto; y con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, proceda la secretaría a expedir a costa del ocursante las copias certificadas que solicita, y entréguese las mismas previa identificación y recibo que se otorgue en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la licenciada Gladys Villarreal Sabido, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
MESA VI. Mérida, Yucatán, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, en la especie lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo al advertirse una causal notoria y manifiesta de improcedencia. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la denegación de justicia por parte de la autoridad responsable, de ejercer acción penal en la carpeta de investigación UNATD-G1/010679/2019, a pesar de haberlo solicitado mediante escrito de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, ante el Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Robo. Pues bien, a criterio de quien esto acuerda es improcedente el juicio de amparo respecto al acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, mismo que ha sido detallado en líneas que anteceden, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia. En el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, en relación con los numerales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en tanto que, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa debió impugnar ante la autoridad judicial (Juez de Control), la omisión reclamada a la autoridad responsable, respecto a su petición de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, ante el Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Robo, en la carpeta de investigación UNATD-G1/010679/2019, para que se realicen las diligencias necesarias para la continuación de la carpeta de investigación a fin de que proceda a la judicialización de la misma. En efecto, el artículo 61, en la fracción XXIII de la Ley de Amparo, y el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen: "Ley de Amparo (.) "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (.) "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". Del primero de los numerales antes transcritos se advierte, que el juicio de amparo es improcedente, cuando así lo establezca la Constitución Federal o la propia Ley de Amparo. Por su parte, el numeral 20 de la Ley Fundamental establece que la víctima u ofendido puede impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En efecto, de los numerales antes mencionados se desprende que el Constituyente previó el derecho de la víctima u ofendido de impugnar ante la autoridad judicial, esto es, ante el Juez de Control, entre otras cosas, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Asimismo, para una mayor comprensión en necesario citar lo dispuesto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, orden jurídico que rige el acto reclamado, se dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Del citado transcrito precepto legal se advierte que las determinaciones del Agente del Ministerio Público, entre ellas, la abstención de dicha autoridad en la investigación de los delitos, son susceptibles de ser impugnadas ante el Juez de Control. Es decir, el control judicial previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido pueden ocasionar la revocación de la determinación del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal, mismo que deberá agotarse antes de acudir al juicio de derechos fundamentales. En efecto, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se considera un auténtico recurso ordinario, toda vez que contiene elementos suficientes para someter a control judicial, entre otras cosas, las abstenciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, pues regula: a) La autoridad ante quien debe promoverse -el Juez de control-; b) En quién recae la legitimación para impugnar -víctima u ofendido-; c) El plazo para su interposición -dentro de los diez días posteriores a su notificación-; d) La instancia que la conocerá -el Juez de control-; e) Su substanciación -mediante una audiencia a la que serán citadas previamente las partes-; y, f) Un supuesto para declararla sin materia -la inasistencia de la víctima u ofendido-, a pesar de haber sido debidamente citados. Bajo esa óptica, y tomando en consideración que en el presente asunto se reclama la denegación de justicia del Ministerio Público respecto a un escrito presentado, así como en la investigación del delito, e integración de la carpeta de investigación en autos del expediente UNATD-G1/010679/2019, es evidente que contra el acto reclamado, no es procedente el juicio de amparo indirecto, dado que en su caso, sólo será reclamable en la vía constitucional, aquella que emita el Juez de Control, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se dice lo anterior, toda vez que cuando la víctima, el ofendido o el representante legal de estos, reclamen las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, previo a acudir al juicio de amparo, deberán interponer los medios ordinarios de defensa (Control Judicial, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales), es decir, estarán obligados a agotar el principio de definitividad. Dicho principio que rige al juicio de amparo en materia penal, y encuentra su justificación en el hecho de que al conocerse de un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal, lo cual no acontece en el presente asunto. Además, que sostener que es innecesario agotar el medio de impugnación ordinario -control judicial-, previo a la promoción de la demanda de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio de amparo, dejando sin eficacia la intención del legislador permanente, pues bastaría aducir que una omisión, abstención o resolución del fiscal investigador, durante la integración de la carpeta de investigación es violatoria de derechos humanos, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando al Juez de Distrito que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. De ahí que si la parte quejosa no agotó el principio de definitividad a que se encuentra obligada, debiendo ejercer el control judicial en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser este el medio de defensa idóneo contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, en autos de la carpeta de investigación UNATD-G1/010679/2019, la cual constituye el acto reclamado en el presente juicio, entonces, es notoriamente improcedente, según lo anotado en párrafos que anteceden, máxime que el sentido del control judicial previsto en el citado numeral, permite mediante la figura del Juez de Control y las audiencias a su cargo judicializar los actos ministeriales ejerciendo precisamente un control que además de velar la legalidad, garantice las formalidades esenciales del procedimiento, según lo dispone el artículo 14 Constitucional y lo dispuesto en la normativa en derechos humanos aplicable, pues mediante este control se garantiza también el control constitucional y convencional pero en forma difusa. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Alonso Román Cuevas Ocampo, quien se ostenta asesor jurídico del directo quejoso Felipe Augusto López Salas en contra actos del Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Robo, al actualizarse en este asunto la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en vigor en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los razonamientos expuestos evidencian la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****************; lo anterior en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de la materia; sin embargo, en el momento que pretendan ejercer alguna de las facultades amplias a las que refiere dicho precepto, verifíquese si están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, y de ser así, podrán realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos de la autorizante. Igualmente, se autoriza a las personas señaladas para tal efecto el uso de aparatos electrónicos, a fin de capturar las actuaciones que obran en los presentes autos; hágase del conocimiento del ocursante que se accede a su petición, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Referente al a consultar el expediente de manera electrónica, de conformidad con las fracciones IV y V del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del presente expediente vía electrónica al ocursante mediante la clave de usuario "ALONSOCO", siempre y cuando la clave de usuario proporcionada sea correcta y se encuentre debidamente registrada. Atento a lo anterior, se ordena al Analista Jurídico SISE de este juzgado, para que habilite la consulta de dicho expediente, con el privilegio del trabajo a distancia y haciendo uso de los medios tecnológicos, ello en atención al Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, y posteriores modificatorios, en los que se determinó adoptar una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello la propagación del coronavirus COVID-19. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente al promovente.
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