Felipe Arturo Rangel Cardoza
Expediente 357/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 357/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Felipe Arturo Rangel Cardoza
- Sala Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz
- María Estefany Guerrero Sánchez
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio 511/2018-C, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, al que adjunta testimonio de la resolución dictada en la queja 125/2018, interpuesto por los quejoso María Estefany Guerrero Sánchez y otros, en contra del auto de treinta de abril de dos mil dieciocho, misma que resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja número 125/2018, interpuesto por María Estefany Guerrero Sánchez, Eduardo Oliverio Ruíz González y Felipe Arturo Cardoza, en contra del acuerdo dictado el treinta de abril de dos mil dieciocho por el Juez Décimo Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, en el juicio de amparo indirecto número 357/2018, mediante el cual desecho, por improcedente, el libelo de amparo." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; y háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que mediante resolución de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca Del Río, Veracruz, declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto en que desechó la demanda; en consecuencia, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones III y IV, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse desechado la demanda que dio origen a los presentes autos por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo con posterioridad al NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por María Estefany Guerrero Sánchez, Eduardo Oliverio Ruiz González y Felipe Arturo Rangel Cardoza, mediante el cual interponen recurso de queja en contra del auto de fecha treinta de abril del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo con la que se formó el presente expediente, por notoriamente improcedente; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101, de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación en relación con la materia de la queja, aceptándose como cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Ahora bien, como apoyo a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase copia certificada de todas las actuaciones que integran el juicio de amparo número 357/2018 a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, juntamente con el escrito original de agravios, y la copia correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado.
- Principal
Notificación a la parte quejosa en términos del artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo Xalapa, Veracruz, treinta de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por María Estefany Guerrero Sánchez, Eduardo Oliverio Ruiz González y Felipe Arturo Rangel Cardoza, contra actos del Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, con sede en esta ciudad. Al respecto se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 357/2018. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que al suscrito confieren los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. Ahora, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda, sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Por otra parte, cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página un mil novecientos diez, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." De la lectura a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los aquí promoventes de amparo, hacen consistir el acto reclamado en el acuerdo de siete de marzo de la presente anualidad, emitido en los autos del toca de revisión 13/2018, del índice de la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual se determinó desechar de plano el recurso de revisión que promovieran los ahora impetrantes de amparo, en contra del proveído de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por la Sala Regional Zona Sur del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Veracruz, por el que se declaró incompetente para conocer del juicio contencioso administrativo que promovieron, ordenando remitir las actuaciones al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial de Estado de Veracruz. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En la especie, el suscrito juzgador estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Lo dispuesto en el primer artículo transcrito debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé dicho numeral, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por lo que hace al último de los preceptos transcritos, interpretado a contrario sensu, establece que el juicio de amparo indirecto no será procedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Sobre el particular, es de indicarse que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, etcétera, porque esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; en tanto, los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores, sino que sólo producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir, al resolverse la controversia, en la medida que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Apoya lo antes expuesto la jurisprudencia por contradicción de tesis 3/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor es el siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.". El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". En la especie, debe considerarse que el presente juicio de amparo deviene improcedente, puesto que el acto reclamado consistente en el acuerdo de siete de marzo de la presente anualidad, emitido en los autos del toca de revisión 13/2018, del índice de la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual se determinó desechar de plano el recurso de revisión que promovieran los ahora impetrantes de amparo, en contra del proveído de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por la Sala Regional Zona Sur del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Veracruz, en el cual se declaró incompetente para conocer del juicio contencioso administrativo que promovieron, ordenando remitir las actuaciones al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, no afecta por el momento la esfera jurídica de los promoventes, ni los derechos humanos que a su favor tutela la constitución, por lo que no es de irreparable ejecución, puesto que cualquier afectación que éstos pudieren resentir, dependerá de actuaciones posteriores que se deben verificar dentro de esas mismas diligencias, como lo sería la aceptación de la competencia planteada a favor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial de Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. En ese tenor, será únicamente hasta ese momento que podrá apreciarse si se vulneró su defensa, causándole agravios, con el desechamiento del recurso de revisión que combate en esta vía, y de ser así, podrá combatir tal determinación a través del juicio de amparo indirecto que se llegara a promover en contra de la resolución por la que se haya aceptado la competencia planteada al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en caso que los aquí promoventes así lo consideraran conveniente a sus intereses. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.17/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis sustentada por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo y Segundo en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito, cuyo tenor es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Así mismo, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 267, sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor es el siguiente: "INCOMPETENCIA, DECLARACIÓN DE. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. La declaración de incompetencia de la autoridad de trabajo que inicialmente conoce de un juicio laboral y que remite los autos a la autoridad que estima competente, no constituye un acto de ejecución irreparable, pues no se sabe si aceptará o no la competencia la segunda autoridad, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial, razón por la que en ese estado, no es procedente el amparo indirecto." Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes y al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en cuestión. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en la demanda de amparo y como sus autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Nohemí Portugal Marcial y Viliulfo Olivares Grajales, ya que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con los registros 179299 y 95390, respectivamente, y con las restricciones que impone el segundo párrafo del citado artículo a Iracema Torres Guillen, Mario Alberto Góngora Facundo y Alam Olivares Lopez, pues en el referido sistema no aparece registro alguno a sus nombres, amén de que tampoco acreditaron contar con dicho documento. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de Justicia Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente al quejoso.
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