Felipe Arturo Ramírez Ramírez

Expediente 1347/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1347/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
30/11/2021

Partes del expediente

  • Felipe Arturo Ramírez Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución del ocho de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que sobreseyó fuera de audiencia dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de documentos. Tomando en consideración que la parte quejosa exhibió un documento original; con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de esta anualidad, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por los documentos exhibidos. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. No se amplió demanda de amparo. Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de cinco de octubre de dos mil veintiuno se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días, contados a partir de que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, manifestara si era su deseo ampliar su demanda respecto al oficio *** de siete de septiembre de dos mil veintiuno En ese sentido, tomando en consideración que el aludido acuerdo le fue notificado a la parte quejosa el siete de octubre de dos mil veintiuno, sin que la parte quejosa haya hecho manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído de cinco de octubre de dos mil veintiuno, por lo que no se tiene por ampliada su demanda de amparo respecto de los actos reclamados antes referidos. Sobreseimiento fuera de audiencia -cesación-. En atención a lo anterior, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado atribuido, consistente en la omisión proveer en relación con el escrito presentado por la parte quejosa el doce de agosto de dos mil veintiuno ante las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio Puebla, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: *** Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. *** Bajo esa óptica, cabe precisar que de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que el siete de septiembre de dos mil veintiuno, el director de Desarrollo Urbano del municipio de Puebla acordó el escrito que presentó la parte quejosa, tal como se advierte de las constancias que en copia certificada anexó la responsable a su informe justificado, constancias con las cuales se le corrió traslado y se le previno para ampliar su demanda inicial, sin que hiciera uso de ese derecho. En consecuencia, dado que ha cesado la omisión de proveer en relación con el escrito presentado el doce de agosto de dos mil veintiuno ante la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Puebla, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 605, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a enero de 2009, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. *** En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. *** En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las catorce horas con cuarenta minutos del nueve de noviembre de dos mil veintiuno; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Diferimiento de audiencia constitucional. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a la parte quejosa en auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno a fin de que manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo, ya que dicho auto le fue notificado el siete del mes y año en cita, por lo que es inconcuso que se encuentra transcurriendo el citado plazo. En tal sentido, y para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose en su lugar las catorce horas con cuarenta minutos del nueve de noviembre de dos mil veintiuno; lo que se hace del conocimiento a las partes para los efectos legales conducentes. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Agréguese el oficio del director de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad oficiante. Con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por presentada la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, debiendo darse cuenta con ésta en la audiencia constitucional. En términos de lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de la referida autoridad a las personas que menciona. Canal de comunicación. Por otra parte, en atención lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a fin de mejorar la comunicación -no procesal- con las partes en el presente juicio de amparo y aminorar cualquier riesgo sanitario para ellos y el personal judicial, se le tiene por señala la cuenta de correo electrónico, a través de la cual se podrá establecer un canal de comunicación directa. Vista para ampliar. Ahora, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que: La autoridad oficiante en contestación a la petición formulada por la quejosa, el siete de septiembre de dos mil veintiuno emitió el oficio SDUyS/DDU/SUBS005698/09/21, así como la constancia de notificación realizada el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, vía correo electrónico. Por lo que para determinar si en el caso en análisis procede dar vista a la parte quejosa para que amplíe su demanda contra la respuesta a la solicitud de que se trata, conviene traer a colación el criterio jurisprudencial que publicó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diecisiete de enero de dos mil veinte en el Semanario Judicial de la Federación, en el sentido de que no resulta necesario agotar el principio de definitividad respecto de la respuesta emitida por la autoridad responsable durante el trámite del juicio de amparo promovido originalmente por violación al derecho de petición, cuando el quejoso opta por ampliar su demanda y combatir dicha respuesta, a fin de favorecer los principios de concentración y economía procesal que rigen el juicio constitucional, sin que ello implique que el tribunal de amparo se encuentre impedido para decretar el sobreseimiento con base en la existencia de alguna otra causa de improcedencia distinta a la de definitividad. En consecuencia, dicho criterio es aplicable en este caso, en virtud de que la parte quejosa reclamó violación al derecho de petición, dado que la autoridad responsable había omitido dar respuesta a la solicitud formulada por la parte quejosa el doce de agosto de dos mil veintiuno. En ese contexto, tomando en consideración que a la presente fecha obra en autos la respuesta a la solicitud de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la ley de la materia, requiérasele para que dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación personal que se le realice del presente acuerdo, manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo respecto del oficio SDUyS/DDU/SUBS005698/09/21 de siete de septiembre de dos mil veintiuno, así como la constancia de notificación realizada el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, vía correo electrónico, por el que la Secretaría responsable le dio respuesta a su petición. Se precisa a la parte quejosa que en caso de estimar conveniente ampliar su demanda inicial de amparo, ésta deberá cumplir con los requisitos que establecen los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo, para efecto de que este órgano de control constitucional esté en aptitud de proveer lo conducente. Bajo el apercibimiento, que de ser omisa este Juzgado Federal resolverá en la forma en que fue planteado el ocurso inicial de demanda, esto es, no se tendrá como acto reclamado el oficio SDUyS/DDU/SUBS005698/09/21 de siete de septiembre de dos mil veintiuno, así como la constancia de notificación realizada el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, vía correo electrónico, por el que la Secretaría responsable le dio respuesta a su petición. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 15/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Julio de 2003, página 12, del rubro y texto: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Así como la diversa de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo incorpora expresamente la figura de la ampliación de la demanda de amparo, para los casos en que no hayan transcurrido los plazos para su presentación, o bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Este segundo supuesto se actualiza cuando el quejoso tiene conocimiento de nuevos actos reclamados o autoridades responsables, o la necesidad de presentar conceptos de violación novedosos derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad, siempre que exista una estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. Ahora, si bien el supuesto es abierto, por lo regular el referido conocimiento deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En este caso, el cómputo del plazo para presentar la ampliación de demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe justificado y ordena dar vista al quejoso, excepto cuando se acredite plenamente, que antes de la mencionada notificación, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso el cómputo inicia a partir del día siguiente a ese conocimiento; sin que lo anterior esté vinculado con la vista que se otorga a las partes para imponerse del contenido del informe justificado, por ser actos procesales diferentes con finalidades también distintas, esto es, por un lado se encuentra la posibilidad de: (i) ampliar la demanda ante el conocimiento de actos, autoridades o aspectos novedosos relacionados -incorporando a la litis del amparo elementos que no habían sido integrados al juicio y, por ende, es necesario solicitar un nuevo informe justificado, ya sea a la propia autoridad o a una nueva-; y, por otro, (ii) imponerse del contenido del informe justificado respecto de argumentos y pruebas relacionados con el acto reclamado por el que originalmente se admitió la demanda. Una interpretación en la que se asumiera que el plazo para ampliar la demanda debe computarse a partir del día siguiente al del fenecimiento de la vista para imponerse del informe justificado, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido del artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento legal los plazos establecidos por el legislador." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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