Felipe Anguiano Alquicira

Expediente 474/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
474/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
16/08/2017

Partes del expediente

  • Felipe Anguiano Alquicira
  • Juez Sexagésimo Cuarto del Reclusorio Preventivo Varonil Sur

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad de México, a dieciséis de agosto de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo, es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en los cuadernos incidentales. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención del anexo remitido, devuélvase al Juzgado Sexagésimo Cuarto Penal de esta ciudad, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 474/2017, promovido por Felipe Anguiano Alquicira, contra acto del Juez Sexagésimo Cuarto Penal de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el uno de junio de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante del amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Al día siguiente se admitió a trámite la demanda con el orden 474/2017; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como a la representación social adscrita al juzgado responsable; finalmente, se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por reclamarse acto después de concluido el juicio, que se atribuye a autoridad con residencia en esta ciudad, donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado, tal criterio que es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda y de las constancias de autos, se precisa que el acto reclamado consiste en la resolución de diecisiete de mayo pasado emitida por el Juez Sexagésimo Cuarto Penal de esta ciudad, en la causa penal 111/2008, en que se resolvió el recurso de revocación hecho valer por el sentenciado contra la determinación de doce de mayo anterior, en que se concluyó que no es procedente el incidente no especificado de reindividualización de la pena impuesta. No es óbice a lo anterior que al haberse admitido la demanda se haya tenido como acto reclamado la resolución que desechó el incidente no especificado hecho valer por el amparista, porque como se anunció, del análisis integral de la demanda y de las constancias de autos, se advierte que lo que en realidad se reclama es la resolución indicada en el párrafo que antecede. TERCERO. Es cierto el acto reclamado del juez responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se acredita con el testimonio de diversas constancias relacionadas con la causa indicada que remitió en apoyo a dicho informe, entre las cuales se encuentra la resolución reclamada, documental que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni este juzgado advierte de oficio que se actualice alguna, procede analizar los conceptos de violación contenidos en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Materia Común, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que procede negar la protección constitucional solicitada. Ahora, para sustentar el sentido de esta resolución, se considera conveniente hacer una breve reseña de los antecedentes del asunto, consistentes en que: 1. El treinta y uno de julio de dos mil ocho se sentenció al quejoso a una pena de veinte años de prisión, por la comisión del ilícito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro express; contra esa determinación interpuso recurso de apelación del que conoció la Segunda Sala Penal de esta ciudad, la que al resolver el toca 1252/2008, modificó dicha resolución sólo respecto de la reparación del daño proveniente de la comisión del delito señalado, confirmando la pena de prisión impuesta. 2. Mediante escrito presentado en la oficialía de partes del juzgado responsable el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el quejoso promovió incidente no especificado respecto de la reducción de la pena, el que fue resuelto el veintinueve siguiente, haciéndose de su conocimiento que la sanción impuesta fue acorde con el grado de culpabilidad que se le determinó, siendo este el mínimo, además de que no era procedente su solicitud, en virtud de que dicha cuestión tenía el carácter de cosa juzgada. 3. Por escrito presentado el nueve de mayo pasado en la oficialía de partes del juzgado de origen, el quejoso nuevamente promovió incidente no especificado a fin de que se reindividualizara la pena de prisión impuesta, sin que se considerara el estudio de personalidad que le fue practicado; respecto del cual el juez responsable al considerar que era de obvia resolución el doce siguiente, resolvió de plano que no era procedente, en virtud de que como se le informó mediante resolución de veintinueve de abril de dos mil dieciséis el grado de culpabilidad impuesto fue el mínimo, por lo que no se puede reducir dicho grado, además de que los artículos por los que se le sancionó no han sido reformados ni derogados, por ende no se está en el supuesto de haya una pena más benéfica. 4. Contra dicha resolución el quejoso se inconformó, por lo que en proveído de quince de mayo siguiente, se admitió a trámite el recurso de revocación hecho valer, el que se resolvió el diecisiete de mayo pasado, en el sentido de que no es procedente revocar dicha determinación, tomando en consideración los siguientes argumentos: Que como se indicó, los artículos con los cuales se sancionó la conducta realizada por el sentenciado, no han sido reformados ni derogados, por lo que no se está en el supuesto de que exista una pena que le sea más benéfica. Sin que afecte al sentenciado el hecho de que se le niegue la reindividualización de la pena, en virtud de que el grado de culpabilidad que se le aplicó fue el mínimo, por lo que como se indicó no puede reducirse más. Siendo esta última resolución la que constituye el acto que por esta vía se reclama. Ahora bien, es menester destacar que la determinación reclamada constituye un acto de molestia, y como tal, está sujeto a las exigencias que prevé el párrafo primero del artículo 16 constitucional, que dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De la interpretación del párrafo primero del artículo anterior, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, a la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Consecuentemente, de la lectura integral del acto reclamado se advierte que el mismo está adecuadamente fundado y motivado, porque el juez responsable expuso las razones particulares que tuvo para arribar a la conclusión a la cual llegó, pues explicó los motivos por los que no es procedente revocar la resolución en que se resolvió la petición del amparista de reindividualizar la pena impuesta, con lo cual adecuó la litis sujeta a su potestad con la hipótesis normativa que estimó aplicable, ajustando su decisión a las exigencias establecidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 166 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". En ese orden, si la intención del quejoso es que se reindividualice la pena que le fue impuesta y que para ello no se tome en consideración el estudio de personalidad realizado, es incontrovertible que dicha solicitud no es procedente, como de manera acertada concluyó la responsable. Lo anterior es así, ya que del análisis de las constancias remitidas por la autoridad judicial responsable, se observa que ni el juez de origen ni la Segunda Sala Penal, tomaron en consideración el estudio de personalidad al momento de graduar la culpabilidad del amparista en la causa y toca respectivos. Por lo anterior se reitera, fue correcta la decisión del juez responsable de resolver que no es procedente revocar la resolución de doce de mayo pasado. Consecuentemente, es infundado el motivo de inconformidad expuesto por el quejoso relativo a que la reindividualización de la pena con motivo de la inconstitucionalidad de la porción normativa del último párrafo del artículo 72 del Código Penal para el Distrito Federal, declarada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una excepción a la cosa juzgada; lo anterior es así, porque en la especie no es admisible aplicar la nueva interpretación de la ley a una situación que tiene el carácter de cosa juzgada. Lo anterior encuentra sustento en la tesis I.1o.P.20 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Penal, criterio que este juzgado comparte y es de contenido siguiente: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PORCIÓN NORMATIVA DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 72 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, DECLARADA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE ORIGINÓ LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 20/2014 (10a.), NO ES APLICABLE EN BENEFICIO DE LOS SENTENCIADOS A LOS QUE SE LES TOMÓ EN CONSIDERACIÓN SU ESTUDIO DE PERSONALIDAD PARA GRADUAR SU CULPABILIDAD, NI CON BASE EN EL PRINCIPIO PRO PERSONA, AL EXISTIR COSA JUZGADA. La porción normativa del último párrafo del artículo 72 del Código Penal para el Distrito Federal, que permitía a la autoridad responsable tomar en cuenta los estudios de personalidad para graduar la penalidad, fue declarada inconstitucional por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el argumento de que nuestro orden jurídico se decanta por el paradigma del derecho penal del acto y rechaza a su opuesto, el derecho penal del autor; además, porque de acuerdo con el principio de legalidad, ninguna persona puede ser castigada por quien es, sino únicamente por las conductas delictivas que comprobadamente comete; criterio que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 20/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de marzo de 2014 a las 9:53 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 376, de título y subtítulo: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR NO DEBE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 175/2007]." Ahora bien, la inconstitucionalidad de la mencionada porción normativa es inaplicable en beneficio de quienes han sido sentenciados y que, en su momento, para graduar su culpabilidad se tomó en consideración el estudio de personalidad practicado en el proceso, incidiendo en la pena impuesta en la sentencia definitiva dictada en su contra, pues no debe emprenderse una reevaluación del grado de culpabilidad determinado al sentenciado, toda vez que esa cuestión ya fue resuelta definitivamente desde antes de que se cambiara y estableciera el nuevo criterio de la Suprema Corte, de modo que no resulta admisible aplicar la nueva interpretación de la ley a una situación que ya tiene el carácter de cosa juzgada. Por tanto, cuando no se está en los supuestos que permiten emprender una adecuación de la pena, sino ante la pretensión de aplicar un criterio de jurisprudencia -que efectúa una nueva interpretación de la ley-, a un caso que ya ha sido resuelto definitivamente, no procede hacer esa aplicación, ni siquiera con base en el principio pro persona, pues para llevar a cabo un ejercicio de interpretación más favorable al gobernado, debe estarse en una fase procesal que permita la aplicación de dicha interpretación, ya que, de no ser así, el aludido principio no implica dejar de observar, entre otros, el de cosa juzgada que impera en el caso concreto". De igual forma, es infundado el motivo de inconformidad en que afirma el quejoso que contrario a lo que afirma el juez responsable, resulta procedente su petición, en virtud de que para individualizar la pena que le fue impuesta se tomó en consideración el estudio tendente a conocer su personalidad; ello es así, ya que como se precisó, de la lectura de las sentencias de primera y segunda instancia, se advierte que no se tomó en consideración tal estudio para graduar su grado de culpabilidad, tan es así, que se le consideró como tal el mínimo, de ahí que como lo indicó dicho juzgador no se puede reducir el mismo. En esas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, lo que procede es negar a Felipe Anguiano Alquicira el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Felipe Anguiano Alquicira, contra el acto reclamado consistente en la resolución de diecisiete de mayo pasado emitida por el Juez Sexagésimo Cuarto Penal de esta ciudad, en la causa penal 111/2008, en que se resolvió el recurso de revocación hecho valer por el sentenciado contra la determinación de doce de mayo anterior, en que se concluyó que no es procedente el incidente no especificado de reindividualización de la pena impuesta.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa la sentencia de veintiuno de julio de dos mil diecisiete: " Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 474/2017, promovido por Felipe Anguiano Alquicira, contra acto del Juez Sexagésimo Cuarto Penal de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el uno de junio de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante del amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Al día siguiente se admitió a trámite la demanda con el orden 474/2017; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como a la representación social adscrita al juzgado responsable; finalmente, se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por reclamarse acto después de concluido el juicio, que se atribuye a autoridad con residencia en esta ciudad, donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado, tal criterio que es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda y de las constancias de autos, se precisa que el acto reclamado consiste en la resolución de diecisiete de mayo pasado emitida por el Juez Sexagésimo Cuarto Penal de esta ciudad, en la causa penal 111/2008, en que se resolvió el recurso de revocación hecho valer por el sentenciado contra la determinación de doce de mayo anterior, en que se concluyó que no es procedente el incidente no especificado de reindividualización de la pena impuesta. No es óbice a lo anterior que al haberse admitido la demanda se haya tenido como acto reclamado la resolución que desechó el incidente no especificado hecho valer por el amparista, porque como se anunció, del análisis integral de la demanda y de las constancias de autos, se advierte que lo que en realidad se reclama es la resolución indicada en el párrafo que antecede. TERCERO. Es cierto el acto reclamado del juez responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se acredita con el testimonio de diversas constancias relacionadas con la causa indicada que remitió en apoyo a dicho informe, entre las cuales se encuentra la resolución reclamada, documental que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni este juzgado advierte de oficio que se actualice alguna, procede analizar los conceptos de violación contenidos en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Materia Común, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que procede negar la protección constitucional solicitada. Ahora, para sustentar el sentido de esta resolución, se considera conveniente hacer una breve reseña de los antecedentes del asunto, consistentes en que: 1. El treinta y uno de julio de dos mil ocho se sentenció al quejoso a una pena de veinte años de prisión, por la comisión del ilícito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro express; contra esa determinación interpuso recurso de apelación del que conoció la Segunda Sala Penal de esta ciudad, la que al resolver el toca 1252/2008, modificó dicha resolución sólo respecto de la reparación del daño proveniente de la comisión del delito señalado, confirmando la pena de prisión impuesta. 2. Mediante escrito presentado en la oficialía de partes del juzgado responsable el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el quejoso promovió incidente no especificado respecto de la reducción de la pena, el que fue resuelto el veintinueve siguiente, haciéndose de su conocimiento que la sanción impuesta fue acorde con el grado de culpabilidad que se le determinó, siendo este el mínimo, además de que no era procedente su solicitud, en virtud de que dicha cuestión tenía el carácter de cosa juzgada. 3. Por escrito presentado el nueve de mayo pasado en la oficialía de partes del juzgado de origen, el quejoso nuevamente promovió incidente no especificado a fin de que se reindividualizara la pena de prisión impuesta, sin que se considerara el estudio de personalidad que le fue practicado; respecto del cual el juez responsable al considerar que era de obvia resolución el doce siguiente, resolvió de plano que no era procedente, en virtud de que como se le informó mediante resolución de veintinueve de abril de dos mil dieciséis el grado de culpabilidad impuesto fue el mínimo, por lo que no se puede reducir dicho grado, además de que los artículos por los que se le sancionó no han sido reformados ni derogados, por ende no se está en el supuesto de haya una pena más benéfica. 4. Contra dicha resolución el quejoso se inconformó, por lo que en proveído de quince de mayo siguiente, se admitió a trámite el recurso de revocación hecho valer, el que se resolvió el diecisiete de mayo pasado, en el sentido de que no es procedente revocar dicha determinación, tomando en consideración los siguientes argumentos: Que como se indicó, los artículos con los cuales se sancionó la conducta realizada por el sentenciado, no han sido reformados ni derogados, por lo que no se está en el supuesto de que exista una pena que le sea más benéfica. Sin que afecte al sentenciado el hecho de que se le niegue la reindividualización de la pena, en virtud de que el grado de culpabilidad que se le aplicó fue el mínimo, por lo que como se indicó no puede reducirse más. Siendo esta última resolución la que constituye el acto que por esta vía se reclama. Ahora bien, es menester destacar que la determinación reclamada constituye un acto de molestia, y como tal, está sujeto a las exigencias que prevé el párrafo primero del artículo 16 constitucional, que dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De la interpretación del párrafo primero del artículo anterior, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, a la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Consecuentemente, de la lectura integral del acto reclamado se advierte que el mismo está adecuadamente fundado y motivado, porque el juez responsable expuso las razones particulares que tuvo para arribar a la conclusión a la cual llegó, pues explicó los motivos por los que no es procedente revocar la resolución en que se resolvió la petición del amparista de reindividualizar la pena impuesta, con lo cual adecuó la litis sujeta a su potestad con la hipótesis normativa que estimó aplicable, ajustando su decisión a las exigencias establecidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 166 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". En ese orden, si la intención del quejoso es que se reindividualice la pena que le fue impuesta y que para ello no se tome en consideración el estudio de personalidad realizado, es incontrovertible que dicha solicitud no es procedente, como de manera acertada concluyó la responsable. Lo anterior es así, ya que del análisis de las constancias remitidas por la autoridad judicial responsable, se observa que ni el juez de origen ni la Segunda Sala Penal, tomaron en consideración el estudio de personalidad al momento de graduar la culpabilidad del amparista en la causa y toca respectivos. Por lo anterior se reitera, fue correcta la decisión del juez responsable de resolver que no es procedente revocar la resolución de doce de mayo pasado. Consecuentemente, es infundado el motivo de inconformidad expuesto por el quejoso relativo a que la reindividualización de la pena con motivo de la inconstitucionalidad de la porción normativa del último párrafo del artículo 72 del Código Penal para el Distrito Federal, declarada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una excepción a la cosa juzgada; lo anterior es así, porque en la especie no es admisible aplicar la nueva interpretación de la ley a una situación que tiene el carácter de cosa juzgada. Lo anterior encuentra sustento en la tesis I.1o.P.20 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Penal, criterio que este juzgado comparte y es de contenido siguiente: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PORCIÓN NORMATIVA DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 72 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, DECLARADA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE ORIGINÓ LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 20/2014 (10a.), NO ES APLICABLE EN BENEFICIO DE LOS SENTENCIADOS A LOS QUE SE LES TOMÓ EN CONSIDERACIÓN SU ESTUDIO DE PERSONALIDAD PARA GRADUAR SU CULPABILIDAD, NI CON BASE EN EL PRINCIPIO PRO PERSONA, AL EXISTIR COSA JUZGADA. La porción normativa del último párrafo del artículo 72 del Código Penal para el Distrito Federal, que permitía a la autoridad responsable tomar en cuenta los estudios de personalidad para graduar la penalidad, fue declarada inconstitucional por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el argumento de que nuestro orden jurídico se decanta por el paradigma del derecho penal del acto y rechaza a su opuesto, el derecho penal del autor; además, porque de acuerdo con el principio de legalidad, ninguna persona puede ser castigada por quien es, sino únicamente por las conductas delictivas que comprobadamente comete; criterio que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 20/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de marzo de 2014 a las 9:53 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 376, de título y subtítulo: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR NO DEBE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 175/2007]." Ahora bien, la inconstitucionalidad de la mencionada porción normativa es inaplicable en beneficio de quienes han sido sentenciados y que, en su momento, para graduar su culpabilidad se tomó en consideración el estudio de personalidad practicado en el proceso, incidiendo en la pena impuesta en la sentencia definitiva dictada en su contra, pues no debe emprenderse una reevaluación del grado de culpabilidad determinado al sentenciado, toda vez que esa cuestión ya fue resuelta definitivamente desde antes de que se cambiara y estableciera el nuevo criterio de la Suprema Corte, de modo que no resulta admisible aplicar la nueva interpretación de la ley a una situación que ya tiene el carácter de cosa juzgada. Por tanto, cuando no se está en los supuestos que permiten emprender una adecuación de la pena, sino ante la pretensión de aplicar un criterio de jurisprudencia -que efectúa una nueva interpretación de la ley-, a un caso que ya ha sido resuelto definitivamente, no procede hacer esa aplicación, ni siquiera con base en el principio pro persona, pues para llevar a cabo un ejercicio de interpretación más favorable al gobernado, debe estarse en una fase procesal que permita la aplicación de dicha interpretación, ya que, de no ser así, el aludido principio no implica dejar de observar, entre otros, el de cosa juzgada que impera en el caso concreto". De igual forma, es infundado el motivo de inconformidad en que afirma el quejoso que contrario a lo que afirma el juez responsable, resulta procedente su petición, en virtud de que para individualizar la pena que le fue impuesta se tomó en consideración el estudio tendente a conocer su personalidad; ello es así, ya que como se precisó, de la lectura de las sentencias de primera y segunda instancia, se advierte que no se tomó en consideración tal estudio para graduar su grado de culpabilidad, tan es así, que se le consideró como tal el mínimo, de ahí que como lo indicó dicho juzgador no se puede reducir el mismo. En esas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, lo que procede es negar a Felipe Anguiano Alquicira el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Felipe Anguiano Alquicira, contra el acto reclamado consistente en la resolución de diecisiete de mayo pasado emitida por el Juez Sexagésimo Cuarto Penal de esta ciudad, en la causa penal 111/2008, en que se resolvió el recurso de revocación hecho valer por el sentenciado contra la determinación de doce de mayo anterior, en que se concluyó que no es procedente el incidente no especificado de reindividualización de la pena impuesta."

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