Felipe Alejo Mendoza
Expediente 464/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 20 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 464/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 03/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Felipe Alejo Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Acapulco, Guerrero; tres de noviembre de dos mil dieciséis.Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria.Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda y sentencia respectiva, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; al igual que el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda de amparo, sentencia definitiva y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el citado cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir de este auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo antepuesto, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto.Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión.Notifíquese.Así lo proveyó y firma el licenciado César Israel Santes Quevedo, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho en términos del primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia del Titular, de lo que tomó nota la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, conforme al oficio número CCJ/ST/5593/2016, signado por el Secretario Técnico de dicha Comisión; asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario adscrito al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 464/2016. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Felipe Alejo Mendoza, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades (en su denominación correcta) y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA: 1. Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo. EJECUTORA: 2. Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado Responsable de la Coordinación Regional Región Costa Chica. Residentes en Ometepec, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "Reclamo de la autoridad señalada como Responsable Ordenadora la ilegal ORDEN DE REAPREHENSIÓN, girada en mi contra y de las autoridades señaladas como Responsables Ejecutoras reclamo la EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO, que pretendan darle a la Orden de reaprehensión girada en mi contra (.)." SEGUNDO. Mediante auto de seis de mayo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada con el número 464/2016; se solicitó a las autoridades responsables rindieran informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al representante social adscrito al Juzgado responsable la intervención legal que le compete; se ordenó a la tercero interesada y por diverso de doce de julio siguiente a los restantes y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en varias ocasiones se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción XII de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se trata de un acto restrictivo de la libertad de imposible reparación cuya emisión se reprocha a una autoridad judicial dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral del escrito de demanda y demás constancias que obran en el sumario, se precisa que aun cuando el quejoso señaló en su demanda de amparo como acto reclamado la "orden de reaprehensión" y su posible ejecución; del informe justificado se advierte la existencia de una orden de reaprehensión emitida en su contra el veinte de abril de dos mil dieciséis, en la causa penal número 204-III/2014, y su ejecución. TERCERO. La Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, pues al respecto manifestó que el veinte de abril de dos mil dieciséis, se libró orden de reaprehensión en contra del aquí quejoso Felipe Alejo Mendoza, dentro de la causa penal 204-III/2014, que se le instruye por el delito de lesiones y daños imprudenciales, el primero en agravio de María Nolasco Bautista, Miguel Encarnación Nolasco, Lucio Encarnación Nolasco, Luciana Laureana Francisco, el menor Jesús Manuel Encarnación Laureano, Adelina Pascasia Gordiano, Claudia Guadalupe Alejandrino, Rafael Catarino Ramos y Doroteo Pantaleon Bautista, y el segundo de Mercedes Leonardo Godínez; lo que además se corrobora con la copia certificada de las constancias que conforman el citado expediente penal remitida como apoyo a su informe justificado; la cual cuenta con valor probatorio pleno por ser un documento público, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en la que obra el acto reclamado, por lo cual, quedó acreditada su existencia. Asimismo, la autoridad ejecutora aceptó el acto reclamado, al referirse que en sus libros de gobierno se encuentra registrada el referido mandamiento de captura en contra del aquí quejoso. CUARTO. Ahora bien, las partes legitimadas en el presente juicio no alegan causas de improcedencia, ni se advierte la actualización de alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación. Así, tenemos que la parte quejosa sólo se limitó a sostener como motivo de disenso, que se violan en su perjuicio las garantías individuales previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque no existen motivos para que el Juez responsable ordenara su reaprehensión. Precisado lo anterior, es necesario tener presente los antecedentes de la orden de reaprehensión cuestionada extraídos de las actuaciones que conforman la causa penal de origen instruida en contra del quejoso, valoradas en el considerando que antecede. 1).- Mediante pedimento número 93/2014, el Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Abasolo, consignó sin detenido, la averiguación previa ABA/SC/01/0127/2014, que integró en contra del aludido quejoso, por el delito lesiones y daños imprudenciales, el primero en agravio de María Nolasco Bautista, Miguel Encarnación Nolasco, Lucio Encarnación Nolasco, Luciana Laureana Francisco, el menor Jesús Manuel Encarnación Laureano, Adelina Pascasia Gordiano, Claudia Guadalupe Alejandrino, Rafael Catarino Ramos y Doroteo Pantaleon Bautista, y el segundo de Mercedes Leonardo Godínez; mismo que fue radicado en auto de diez de octubre de dos mil catorce, por razón de turno y territorio, ante la Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo, bajo el número de causa penal 204-III/2014, mientras que el cuatro de noviembre de dos mil catorce se libró en su contra mandamiento de captura por los delitos antes indicados. 2).- El ocho de diciembre de dos mil catorce quejoso Felipe Alejo Mendoza compareció ante el juez de la causa bajo los efectos de la suspensión provisional otorgada en el juicio de amparo 1261/2014, radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, por lo que en auto de esa fecha se le decretó su detención virtual, y se le tomó su declaración preparatoria. 3).- Por acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil quince, previa solicitud del quejoso, se le concedió la libertad personal bajo caución, para lo cual debía depositar dentro del término de quince días una fianza de $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), o bien, se internara voluntariamente en el centro de reinserción social de aquella ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo así se libraría en su contra la correspondiente orden de reaprehensión; determinación que se le notificó el cinco de octubre de dos mil quince, y a su defensa el dos de septiembre anterior. 4).- Por auto de tres de diciembre de dos mil quince, ante el incumplimiento del quejoso en el depósito de la fianza antes citada se le concedió nuevamente el término de quince días hábiles para que exhiba la cantidad de $71,058.55 (setenta y un mil cincuenta y ocho pesos 55/100 moneda nacional), para que seguirá gozando de su libertad provisional bajo caución otorgada, o bien, se internara voluntariamente en el centro de reinserción social de aquella ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se ordenaría su reaprehensión; determinación que se notificó al citado procesado y a su defensa el cuatro de dicho mes y año. 5).- Previa petición del procesado por acuerdo de catorce de enero de dos mil dieciséis, se le concedió una prórroga de treinta días para que exhibiera la fianza aludida, o se internada voluntariamente, apercibido que de no hacerlo, se ordenaría su reaprehensión; lo que se notificó a él y a su defensa el cinco y catorce de febrero del año en curso, respectivamente. 6.- Atento a la solicitud de reducción de fianza del procesado, mediante acuerdo de treinta de marzo del año en curso, se le redujo la caución para que continuaran disfrutando del beneficio de su libertad caucional, por la cantidad de $63,090.96 (sesenta y tres mil noventa pesos 96/100 moneda nacional), concediéndole un término improrrogable de diez días hábiles siguientes a su notificación, con el apercibimiento que de no hacerlo se debería recluir voluntariamente, o se le libraría la correspondiente orden de reaprehensión; lo que se notificó a su defensa el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis y al procesado el cuatro de abril siguiente. 7).- Previa certificación de veinte de abril de dos mil dieciséis, por auto de esa fecha ante el incumplimiento por parte del quejoso Felipe Alejo Mendoza, de depositar la fianza por la cantidad de $63,090.96 (sesenta y tres mil noventa pesos 96/100 moneda nacional), a fin de que siguiera gozando de su libertad personal, se hizo efectivo el apercibimiento de treinta de marzo de dos mil dieciséis y se ordenó su reaprehensión; lo que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Establecido lo anterior, es infundado el motivo de disenso aludido, para arribar a dicha determinación se tiene presente lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, en los cuales se encuentran consagradas las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, y en lo que interesa para el presente asunto, la primera se traduce en el hecho de que la responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que del segundo se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. Por su aplicación, se invoca la jurisprudencia número 204 de la Segunda Sala del más Alto Tribunal de la Nación, que aparece publicada en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que textualmente dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En este punto, es necesario recordar que tratándose de resoluciones emitidas por un órgano jurisdiccional dentro de un procedimiento (como el que nos ocupa), la garantía de legalidad puede colmarse ante la falta de cita de los fundamentos relativos, con la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en consideración para orientar el sentido de una determinación, de modo que esos argumentos conduzcan a la norma aplicable; y así el gobernado esté en aptitud de conocer sobre bases objetivas, el por qué de esa determinación y no otra, para procurarse una adecuada defensa. Orienta la anterior determinación el criterio aislado integrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 143, del Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. Precisado lo anterior, conforme a la reseña de los antecedentes se aprecia que la libertad personal del impetrante se encuentra sujeta a disposición del juez natural; y en esa tesitura, al no encontrarse vigente alguna medida cautelar en favor del quejoso, y no haber depositado la fianza fijada para que continuara gozando de su libertad provisional, es evidente que su conducta contumaz trajo como consecuencia su reaprehensión, pues se ubicó en el supuesto a que se refiere el artículo 153, párrafo primero, en relación con el numeral 152, fracción II, ambos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero que en su orden establecen: "Artículo 153.- Se mandará a aprehender o reaprehender al inculpado en los supuestos de revocación de libertad previstos en el artículo anterior, salvo cuando el inculpado se presente voluntariamente o se constituya nueva garantía, en el caso de la fracción V, y cuando se apliquen los beneficios mencionados en la última parte de la fracción VII. (.)" "Artículo 152.- Se revocará la libertad en los siguientes casos: (.) II.- Incumpla el inculpado injustificadamente, las obligaciones inherentes a la libertad acordada o las órdenes legítimas del tribunal." Cabe destacar que previo a emitir la orden de reaprehensión, el juez de la causa mediante auto de treinta de marzo de dos mil dieciséis, notificado el cuatro de abril de la presente anualidad al quejoso, y el treinta y uno de marzo anterior a su defensa, les hizo saber las consecuencias que traería aparejada la omisión de enterar el numerario con el que garantizara el disfrute de su libertad caucional dentro del término concedido. En efecto la reaprehensión reclamada quedó condicionada a que el procesado cumpliera con dicha obligación para que continuara disfrutando de su libertad personal, pero es el caso que no cumplió con la carga procesal antes referida en el término concedido, con el objeto de continuar el procedimiento seguido en su contra; de ahí que se estima acertada la determinación de la responsable ordenadora en el sentido de proveer sobre la reaprehensión del procesado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 152, fracción II y 153 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero. En esa tesitura al resultar infundado el concepto de violación, y no existir queja deficiente que suplir en los términos previstos en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección constitucional por Felipe Alejo Mendoza en contra del auto de veinte de abril de la presente anualidad, dictado por la Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero, dentro de la causa penal 204-III/2014, instaurado en su contra. Determinación que se hace extensiva al acto atribuido a la autoridad ejecutora, pues no fue reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la atribuida a la autoridad ordenadora. No escapa a la consideración de quien aquí resuelve que la parte quejosa en su demanda de amparo refiera que no ha estado en posibilidad de depositar la caución fijada, porque rebasa su capacidad económica; lo que no puede ser objeto de análisis en el presente asunto, en razón de que el acto reclamado en esta instancia constitucional lo constituye la orden de reaprehensión girada en su contra en acuerdo de veinte de abril de dos mil dieciséis, no así el diverso de treinta de marzo de dos mil dieciséis, mediante el cual se le redujo la fianza fijada para que pudiera continuar gozando de su libertad provisional bajo caución concedida; máxime que tuvo expedito su derecho a reclamarlo por esta vía, sin que así lo haya hecho no obstante que se le notificó a él y a su defensa el cuatro de abril y treinta y uno de marzo del año en curso, respectivamente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Felipe Alejo Mendoza, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; seis de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Mixto de Paz del Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 138/2016 que se envió para notificar del inicio del presente juicio a los terceros interesados a los terceros interesados María Nolasco Bautista, Luciana Laureano Francisco, por si y en representación del menor Jesús Manuel Encarnación Laureano, Miguel Encarnación Nolasco, Lucio Encarnación Nolasco, Adelina Pascasia Gordeano, Claudia Guadalupe Alejandrino, Rafael Catarino Ramos y Doroteo Pantaleón Bautista. Acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Asimismo, se tiene por notificada del inicio del presente juicio a dichas partes procesales, y como de las constancias que se reciben, se advierte que éstas no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, además de que ha transcurrido el término de tres días otorgado para ello, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de diez de agosto del año en curso; por ende, las subsecuentes notificaciones que se le efectúen, aun las de carácter personal, hágansele por lista, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto designe domicilio en esta ciudad para tal efecto. Ahora bien, tomando en consideración que la celebración de la audiencia constitucional está programada para este día, es dable estimar que dichas partes procesales no tuvieron conocimiento de los informes justificados rendido por las autoridades responsables, con la anticipación de ocho días prevista en el artículo 117 de la Ley de Amparo; por lo tanto, se difiere de oficio la audiencia de mérito, y se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos sin proveer sobre el contenido del oficio signado por el Juez Mixto de Paz del Municipio de San Luis Acatlan, Guerrero; en razón de que en proveído de diez de agosto del año en curso, se tuvo por recibida similar información y se acordó lo correspondiente. Notifíquese.
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