Felipe Alejandro Mayoral González
Expediente 847/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 847/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Felipe Alejandro Mayoral González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
MESA III-B "... Agréguese el escrito de la parte quejosa Felipe Alejandro Mayoral González, por medio del cual solicita copias de todo lo actuado en el expediente principal, así como del incidente de suspensión. Ahora, como se advierte de autos que mediante proveído de nueve de agosto de dos mil diecisiete (foja 12), se admitió a trámite dicha demanda de amparo, sin incidente se suspensión. En consecuencia, y como lo solicita la parte quejosa expídasele a su costa, copias de las documentales que solicita y existan en el presente asunto, previa identificación y razón de entrega que se deje en autos, de igual manera se autoriza a las personas que refiere en su escrito de cuenta para recibir dichas documentales, con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, en términos de su artículo 2º de la Ley de la Materia. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, en la ejecutoria de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, al resolver el recurso de queja 27/2016..."
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Se notifica mediante lista de acuerdos a la parte quejosa Felipe Alejandro Mayoral González, el proveído de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, que a la letra dice: (...) "Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo" (...)
- Principal
MESA III-B "... Vistos los autos y la certificación de cuenta; toda vez que por resolución de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo a la parte quejosa en el presente juicio, la cual no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 párrafo segundo y tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Comisionado de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Santa Lucia del Camino, Oaxaca, para que en el plazo de tres días computados legalmente, cumpla la ejecutoria de amparo de la que se le envió oportunamente y, desde luego, informe y acredite dicho cumplimiento; esto es, efectúen lo siguiente: Dejar insubsistente la resolución de ocho de agosto de dos mil diecisiete, dictada contra el quejoso FELIPE ALEJANDRO MAYORAL GONZÁLEZ, en la que se le impuso un arresto administrativo de treinta y seis horas, por faltas graves al servicio. Sin que dicho efecto llegue al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando al quejoso la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formalidades; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no existan disposiciones directamente aplicables para llevar a cabo el referido procedimiento, pues ante ello, al tenor del párrafo cuarto del artículo 14 constitucional, la autoridad competente deberá aplicar los principios generales que emanen del ordenamiento respectivo o de uno diverso que permitan cumplir con los fines de la garantía citada. En relación con dicho efecto, se invoca por identidad jurídica, la jurisprudencia siguiente: "AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES. Si se toma en cuenta que el fin que persiguió el Constituyente a través de la garantía de audiencia fue el de permitir que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, y no el de impedir que éstas ejerzan las facultades que les fueron conferidas para cumplir con los fines que constitucional o legalmente se les encomendaron, se concluye que cuando se declara la inconstitucionalidad de una disposición de observancia general por no prever un procedimiento en el que antes de la emisión de un acto privativo se respeten las formalidades esenciales a que se refiere el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en acatamiento del fallo protector, la respectiva autoridad administrativa o jurisdiccional podrá reiterar el sentido de su determinación, siempre y cuando siga un procedimiento en el que el quejoso pueda ejercer plenamente su derecho de audiencia. Ello es así, porque el efecto de la protección constitucional no llega al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando al quejoso la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formalidades; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no existan disposiciones directamente aplicables para llevar a cabo el referido procedimiento, pues ante ello, al tenor del párrafo cuarto del mencionado precepto constitucional, la autoridad competente deberá aplicar los principios generales que emanen del ordenamiento respectivo o de uno diverso que permitan cumplir con los fines de la garantía citada ". Máxime, que el artículo 114 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, dispone que los correctivos disciplinarios, serán aplicados mediante mecanismos ágiles y sencillos, sin que esto implique arbitrariedad en el ejercicio de esta facultad. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución dado que, siendo ilegal la orden de arresto, deviene ilegal el acto de autoridad tendente a su ejecución, máxime que no se reclama por vicios propios; ello de conformidad con la jurisprudencia siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta". (Jurisprudencia 102, Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 66, Quinta Época). De Igual manera, requiérase al Presidente Municipal Constitucional de Santa Lucia del Camino, Oaxaca, para que en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable Comisionado de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Santa Lucia del Camino, Oaxaca, para que en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable citada, en el mismo plazo de tres días, ordene a ésta, cumpla la ejecutoria en sus términos y remita las constancias respectivas. Apercibidos que de no cumplir o informar el impedimento legal que tengan para ello, con fundamento en el artículo 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cien días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que asciende a un monto total de $7,549.00 (SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, según publicación de diez de enero de dos mil diecisiete, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en términos de la Ley para Determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, es de $75.49 (SETENTA Y CINCO PESOS CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL)..."
- Principal
MESA III R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de garantías, promovido por FELIPE ALEJANDRO MAYORAL GONZÁLEZ, en términos de la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a FELIPE ALEJANDRO MAYORAL GONZÁLEZ, contra los actos y autoridades precisadas en la consideración segunda, por las razones y para los efectos descritos en las diversas séptima y octava de esta resolución. TERCERO. Se ordena al Secretario supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
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