Felipe Alejandro Bazán Ricardi

Expediente 368/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
368/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
22/05/2019

Partes del expediente

  • Felipe Alejandro Bazán Ricardi

Actuaciones

  1. Principal

    ...Del estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede hecha por el secretario de este juzgado, al haber transcurrido el término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, no se interpuso recurso de queja, en contra del proveído de siete de mayo de dos mil diecinueve, por medio del cual se desechó la demanda de amparo a que este juicio se refiere; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este juicio como concluido...

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE SIETE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, siete de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito signado por Felipe Alejandro Bazan Ricardi en su carácter de parte quejosa, a través del cual da cumplimiento a lo requerido en auto de veinticinco de abril del año en curso, toda vez que precisó el acto que reclama en esta vía constitucional. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo, así como el ocurso con que se da cuenta. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1910, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la promovente señala como acto reclamado en forma genérica, la omisión que causa la dilación del procedimiento de ejecución del laudo dictado el dos de diciembre de dos mil trece dentro del juicio laboral 1592/2011-IV del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, así como dictar requerimientos y aplicarlos de manera eficaz e imponer las medidas de apremio sin coacción alguna en el juicio laboral. Expresiones que para este Juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Precisado lo anterior, este Juzgado considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo , los cuales en esencia establecen, que el juicio de amparo es improcedente cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo y que la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en sala, es obligatoria, para este órgano jurisdiccional. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene que en el desarrollo de la ejecución forzosa de un laudo, debe imperar el principio de petición del ejecutante, ya que resulta necesaria su intervención y que no opera la oficiosidad en su desahogo por parte del tribunal obrero; asimismo, sostuvo que los alcances por los que se llegue a otorgar la protección constitucional únicamente deben limitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Tal criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), visible en la página dos mil setecientos setenta y uno, libro III, diciembre de dos mil once, tomo 4, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Ahora, como ya se dijo, de la demanda se desprende que el acto reclamado es la omisión por parte de la responsable para ejecutar el laudo de dos de diciembre de dos mil trece emitido en el juicio laboral 1592/2011-IV del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, así como dictar requerimientos y aplicarlos de manera eficaz e imponer las medidas de apremio sin coacción alguna en el juicio laboral; sin embargo, tal y como lo establece el artículo 223 de la Ley del Servicio Civil del Estado, dicho señalamiento es genérico, dado que la quejosa no precisa de manera concreta cuál es la omisión, acto o resolución de la etapa ejecutiva que estima le causa agravio, ya que únicamente se limita a expresar que la responsable se ha excedido en el cumplimiento de la ejecución del laudo, sin señalar actos concretos. Así, de los artículos 223 y 224 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, se advierte que una vez dictado el laudo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, tiene la obligación de ejecutarlo, pero al señalar "cuando se pida", se estima necesaria la intervención de la parte actora, aunado a que la fracción III, del artículo 102 , de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, establece que las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje prescriben en dos años, lo que implica el consecuente impulso procesal del trabajador, con la sanción que de no hacerlo, prescribirá la acción para ejecutarlo. En esa tesitura, debe destacarse que la continuación de la ejecución del laudo es siempre a petición de la parte titular del derecho, y que dicha solicitud debe hacerse cada vez que sea necesario, so pena de que inicie o reinicie el término prescriptivo de dos años, para ejecutar el laudo. Por su parte, es verdad que también en esa etapa el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, así con lo dispuesto en el artículo 25, numeral 2, inciso c) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en el que se establece la obligación de los Estados Partes de garantizar el pronto y efectivo cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso judicial, sin embargo, también lo es que la ejecución de laudo, una vez trascurrido el término de quince días siguientes a su notificación a la entidad pública demandada, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción. De ahí que, la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba, so pena que si no lo hace prescribe el derecho para ejecutar el fallo laboral. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2772, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo". En ese orden de ideas, el presente juicio de amparo es improcedente, pues se reclama genéricamente la omisión del tribunal responsable en tomar las medidas necesarias para lograr la eficaz e inmediata ejecución del laudo, dictado en el juicio laboral 1592/2011-IV, sin especificar en qué consisten estas; motivo por el cual se actualiza el sentir jurisprudencial señalado, dado que la parte quejosa parte del contexto jurídico de que la ejecución del laudo es oficiosa a través de la responsable, y por ello, considera que ha sido omisa en tomar las medidas necesarias para su inmediata ejecución, pero pasa por alto que a la autoridad responsable sólo le corresponde emitir dichas medidas para la ejecución cabal y pronta, previa solicitud que se haga. Máxime que para la procedencia del juicio de amparo es necesario que se reclame un acto u omisión en concreto, porque el juez de amparo debe constreñirse en todo tiempo a lo reclamado por los justiciables y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso o intervención del ejecutante pudieran o no llegar a materializarse. Apoya a la anterior determinación la Jurisprudencia PC.VII.J/L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 1469, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." De lo expuesto, queda plenamente demostrado el motivo notorio e indudable de improcedencia del juicio de garantías que se pretende instaurar, razón por la que, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Ismael Arroniz Palacios, que autoriza y da fe...

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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