Felipe Alain Osorno Velázquez
Expediente 1558/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1558/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 17/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Felipe Alain Osorno Velázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
::Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el veintiséis de abril de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, glósese el original de los cuadernos incidentales, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Por otro lado, con apoyo en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el original del incidente de suspensión es destruible una vez transcurrido el plazo de tres años, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. En observancia a la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses, como lo indica el referido numeral.
- Principal
En Cancún, Quintana Roo, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de abril de dos mil veintidós, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 1558/2021-IV, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Osvaldo Hernández Romero, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da cuenta con la promoción con registro 7159; de igual forma, da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos; en consecuencia, el Juez acuerda: agréguese el pedimento presentado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado y hágase relación en la etapa correspondiente de la presente audiencia; asimismo, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase la fotocopia certificada que solicita, previa toma de razón a satisfacción de este juzgado. Por otra parte, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable Titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos y Transporte, con sede en esta ciudad, ofrecieron pruebas documentales, sin que las demás partes ofrecieran medio de convicción alguno; en consecuencia, el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas relacionadas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza y toda vez que no quedan pruebas pendientes que acordar, se tiene por concluida esta etapa de la audiencia. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló; luego, el Juez acuerda: toda vez que las partes no formularon alegatos, dese por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1558/2021-IV, promovido por Felipe Alain Osorno Velázquez, por propio derecho, contra actos del Titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos y Transporte, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido por razón de turno en esa misma data a este juzgado de distrito, Felipe Alain Osorno Velázquez, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos contra actos del 1] Titular, 2] Fiscal del Ministerio Público y 3] Agentes del Ministerio Público, todos de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos, Zona Norte, con sede en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que hace consistir en: "V.- ACTO RECLAMADO.- - - - Que la autoridad responsable me haya quitado el vehículo de mi propiedad sin una orden judicial, o mandato escrito de autoridad competente que funde y motive su resolución. Y que se niegue hacer entrega al quejoso del vehículo marca CHEVROLET, tipo CAMARO, color NARANJA IMOLA, con placas de circulación DKC7885 del estado de Campeche, con número de serie 2G1F91EWXB996985, número de motor HECHO EN CANADA y año modelo 2011, con número de factura de folio FA000001174 de fecha 22 de AGOSTO de 2011, expedida por la empresa ´CHEVROLET AGUINACO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.´a favor de la señora ELIZABETH HERNANDEZ VILLAGOMEZ. - - - La sustracción del vehículo marca CHEVROLET, tipo CAMARO, color NARANJA IMOLA, con placas de circulación DKC7885 del estado de Campeche, con número de serie 2G1F91EWXB996985, número de motor HECHO EN CANADA y año modelo 2011, con número de factura de folio FA000001174 de fecha 22 de AGOSTO de 2011, expedida por la empresa ´CHEVROLET AGUINACO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.´, vinculado con la carpeta de investigación FGE/BJ/FERVYT/COLAB/12/115/2021 A pesar de que el quejoso es ajeno a dicha investigación, posterior a ello, me hicieron firmar una declaración, todo esto sin un asesor jurídico, dejándome en estado de indefensión, por lo mencionado en dicho documento DESCONOZCO el contenido del mismo. - - - Que la autoridad responsable omita entregar al quejoso la unidad antes mencionada, a pesar de que el quejoso es un tercero ajeno a los actos relacionados en la carpeta de investigación." SEGUNDO. Radicación, prevención y admisión de la demanda. Recibida la demanda de amparo el treinta de diciembre de dos mil veintiuno en este juzgado de distrito, por auto de treinta y uno de diciembre siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 1558/2021-IV y se previno a la parte quejosa para que la aclarara; cumplida la prevención, el catorce de enero de dos mil veintidós se admitió a trámite; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción la intervención que le compete, quien formuló el pedimento 284/2022 en el sentido de negar el amparo a la parte quejosa; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en la especie se reclaman actos emitidos por autoridades administrativas en materia penal, con ejecución material dentro del ámbito territorial de este juzgado de distrito. SEGUNDO. Jurisprudencia y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto, que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, se hacen consistir en reclamado el aseguramiento del vehículo marca Chevrolet tipo Camaro, color naranja imola, Modelo 2011, con número de serie 2G1F91EWXB996985, con placas de circulación DKC7885 del Estado de Campeche, con número de factura con folio FA000001174, decretado dentro de la carpeta de investigación FGE/BJ/FERVYT/COLAB/12/115/2021, del índice de la de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos y Transporte, Zona Norte y su ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El 1] Titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos y Transporte, Zona Norte, por sí y en representación de los 2] y 3] Agentes del Ministerio Público de su adscripción (autoridad señalada en la demanda de amparo como i] Fiscal del Ministerio Público y ii] Agentes del Ministerio Público, adscritos a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos y Transporte, Zona Norte), al rendir informe justificado negó la existencia de los actos que se les reclama. Sin embargo, esa afirmación debe desvirtuarse con el contenido de las constancias que en fotocopia certificada remitió la propia responsable, consistentes en fotocopia certificada de la carpeta de investigación FGE/BJ/FERVYT/COLAB/12/115/2021, que cuenta con valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º. En efecto, de dichas constancias destaca el acuerdo ministerial de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se decretó el aseguramiento del vehículo marca Chevrolet tipo Camaro, color naranja imola, Modelo 2011, con número de serie 2G1F91EWXB996985, con placas de circulación DKC7885 del Estado de Campeche. Por tanto, son ciertos los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, precisados en el considerando tercero de esta sentencia. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: "Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora, en el presente caso, respecto de los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5°, fracción I, de la propia ley, porque no se demostró que los actos reseñados afecten el interés jurídico de la parte quejosa. Al respecto, el artículo 61, fracción XII, y el diverso 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, tendiendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]." De los numerales reproducidos se advierte que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien le afecte el acto reclamado en sus intereses jurídicos o legítimos, y por esa razón, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo. Es oportuno señalar que la legitimación de la causa, en el juicio de amparo, se identifica con el interés jurídico o legítimo. El interés jurídico se traduce en la titularidad de un derecho subjetivo, cuyo desconocimiento o violación de su contenido da motivo al ejercicio de la acción constitucional, con la finalidad de que le sean reconocidos los derechos sustantivos identificados con el quejoso. Por otro lado, el interés legítimo se identifica con la afectación del acto reclamado a la esfera jurídica de la parte quejosa en virtud de una situación especial de ésta frente al orden jurídico, es decir, un agravio indirecto, que le da legitimación en la causa para promover el juicio de amparo, toda vez que de concederse éste, su declaratoria de inconstitucionalidad traería consigo una ventaja para la parte promovente. En ese orden de ideas, es pertinente señalar que hay interés legítimo cuando una conducta de la autoridad es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el derecho, y éste no tiene un interés subjetivo para impedir esa conducta o imponer una distinta, pero sí para reclamar a los tribunales la inobservancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle con el objeto de defender esa situación de su interés. Por otra parte, se precisa que cuando se reclama un acto proveniente de un órgano jurisdiccional, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo, es decir, le corresponderá comprobar su interés jurídico. Sobre el tema, es aplicable la siguiente jurisprudencia: "Época: Décima Época Registro: 2019456 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 08 de marzo de 2019 10:11 h Materia(s): (Común) Tesis: 2a./J. 51/2019 (10a.) INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En el presente asunto, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional alegando una afectación a su derecho de propiedad respecto del vehículo automotor que defiende; por tanto, el análisis del interés se realizará a la luz del interés jurídico. Luego, para una mejor comprensión, conviene citar los siguientes antecedentes de los actos reclamados, que se deducen de la fotocopia certificada de la carpeta de investigación de origen, que fue valorada previamente: 1. El nueve de diciembre de dos mil veintiuno, Oscar Fernando Gómez Celis, Agente de la Policía Ministerial de Investigación, Zona Norte, puso a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos, con sede en esta ciudad, el vehículo marca Chevrolet tipo Camaro, color naranja imola, Modelo 2011, con número de serie 2G1F91EWXB996985, con placas de circulación DKC7885 del Estado de Campeche. Lo anterior, pues refirió que a las catorce horas de ese día, al estar realizando labores de su adscripción a bordo de su vehículo oficial, específicamente en el estacionamiento de la tienda comercial "Soriana", ubicada sobre la Avenida Kabah con Andrés Quintana Roo, de esta ciudad, tuvo a la vista el vehículo materia de la puesta a disposición y al acercarse, advirtió que el número de serie ubicado en el lado izquierdo del tablero, no cumplía con las normas de fabricación de la marca Chevrolet, por lo que esperó al conductor, quien llegó al lugar después de unos minutos y accedió a una inspección de su automotor. Al verificar el número de motor, pudo advertir el número real de serie de fabricación, el cual al ser ingresado en la página de registro público vehicular, arrojó reporte de robo del año dos mil catorce. 2. Por acuerdo ministerial de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos, con sede en esta ciudad, decretó el aseguramiento del vehículo marca Chevrolet tipo Camaro, color naranja imola, Modelo 2011, con número de serie 2G1F91EWXB996985, con placas de circulación DKC7885 del Estado de Campeche. Luego, el quejoso pretende acreditar su interés jurídico bajo el argumento que es el actual propietario vehículo automotor que defiende en esta instancia constitucional, ya que dice haberlo adquirido el siete de octubre de dos mil veintiuno, mediante compraventa celebrada con el anterior propietario del automóvil, Édgar Adrián Mena Tamayo, en la ciudad de Mérida, Yucatán. Al respecto, es conveniente tener en cuenta el contenido de los artículos 1762 y 1855, del Código Civil para el Estado de Quintana Roo , que establecen que son bienes propiedad de los particulares todas las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente, y de las que no puede aprovecharse ninguno sin consentimiento del dueño o autorización de la ley, en atención a que solamente el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes. Tratándose de vehículos de motor, la titularidad de las prerrogativas patrimoniales, por regla general, se acredita mediante la exhibición de la factura o carta factura de los mismos, en éste último supuesto se deberá proporcionar los medios de prueba necesarios para acreditar tanto las condiciones o modalidades en que obtuvo esa propiedad (compraventa de contado, a través de un crédito, etcétera), como las circunstancias por las que la factura está en posesión de otra persona o incluso, ha sido extraviada o destruida. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias siguientes: "Registro digital: 169501 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: I.4o.C. J/29 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Junio de 2008, página 1125 Tipo: Jurisprudencia FACTURAS. SU VALOR PROBATORIO DEPENDE DE LOS HECHOS QUE SE QUIEREN ACREDITAR, DEL SUJETO CONTRA QUIEN SE PRESENTEN Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES. La interpretación sistemática y funcional de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y 1391, fracción VII, del Código de Comercio; en relación con los usos mercantiles y la doctrina especializada en derecho fiscal y mercantil, hace patente que las facturas adquieren distinto valor probatorio, en atención al sujeto contra quien se emplean, los usos dados al documento y su contenido. Así, contra quien la expide, hace prueba plena, salvo prueba en contrario, como comprobante fiscal, documento demostrativo de la propiedad de un bien mueble, documento preparatorio o ejecutivo de una compraventa comercial, etcétera; contra el sujeto a quien va dirigida o cliente, ordinariamente se emplea como documento preparatorio o ejecutivo de una compraventa comercial o de la prestación de servicios, respecto de los cuales la factura produce indicios importantes sobre la relación comercial y la entrega de las mercancías o prestación de los servicios, susceptible de alcanzar plena fuerza probatoria si es reconocida o aceptada por dicho sujeto, en forma expresa o tácita, o si se demuestra su vinculación al acto documentado por otros medios, y contra terceros, que generalmente se presentan para acreditar la propiedad de bienes muebles, puede alcanzar la suficiencia probatoria respecto de ciertos bienes, cuando exista un uso consolidado y generalizado, respecto a un empleo para dicho objetivo como ocurre con la propiedad de los automóviles, y tocante a otros bienes, la factura sólo generará un indicio importante sobre la adquisición de los bienes descritos, por quien aparece como cliente, que necesitará de otros para robustecerlo, y conseguir la prueba plena. En efecto, las facturas son documentos sui géneris, porque no son simples textos elaborados libremente por cualquier persona, en cuanto a contenido y forma, sino documentos que sólo pueden provenir legalmente de comerciantes o prestadores de servicios registrados ante las autoridades hacendarias, mediante los formatos regulados jurídicamente sujetos a ciertos requisitos para su validez, y a los cuales se les sujeta a un estricto control, desde su elaboración impresa hasta su empleo, y cuya expedición puede acarrear serios perjuicios al suscriptor, requisitos que, en su conjunto, inclinan racionalmente hacia la autenticidad, como regla general, salvo prueba en contrario. Así, los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, exigen la impresión, de los formatos por impresor autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que se consigne en ellos el nombre del comerciante o prestador de servicios, la fecha de la impresión, un número de folio consecutivo, datos del expedidor y del cliente, incluido el Registro Federal de Contribuyentes de ambos, relación de las mercancías o servicios, su importe unitario y total, etcétera. Por tanto, su contenido adquiere una fuerza indiciaria de mayor peso específico que la de otros documentos privados, simples, al compartir de algunas características con los documentos públicos. Asimismo, la factura fue concebida originalmente con fines fiscales, para demostrar las relaciones comerciales por las cuales debían pagarse o deducirse impuestos, pero en el desarrollo de las relaciones mercantiles han adquirido otras funciones adicionales, como la de acreditar la propiedad de los vehículos automotores ante las autoridades de tránsito y otras, reconocidas inclusive en la normatividad de esa materia; respecto de otros bienes se ha venido incorporando en la conciencia de las personas como generadoras de indicios de la propiedad; entre algunos comerciantes se vienen empleando como instrumentos preparatorios o ejecutivos de una compraventa comercial o prestación de servicios, que se expiden en ocasión de la celebración del contrato respectivo, para hacer una oferta (preparatorio), o para que el cliente verifique si la mercancía entregada corresponde con la pedida, en calidad y cantidad, y haga el pago correspondiente, y en otros casos se presenta con una copia para recabar en ésta la firma de haberse recibido la mercancía o el servicio. Por tanto, las facturas atribuidas a cierto comerciante se presumen provenientes de él, salvo prueba en contrario, como sería el caso de la falsificación o sustracción indebida del legajo respectivo. Respecto del cliente, partiendo del principio de que el documento proviene del proveedor y que a nadie le es lícito constituirse por sí el título o documento del propio derecho, se exige la aceptación por el comprador, para que haga fe en su contra, de modo que sin esa aceptación sólo constituye un indicio que requiere ser robustecido con otros elementos de prueba, y en esto se puede dar un sinnúmero de situaciones, verbigracia, el reconocimiento expreso de factura, ante el Juez, o de los hechos consignados en ella; el reconocimiento tácito por no controvertirse el documento en el juicio, la firma de la copia de la factura en señal de recepción del original o de las mercancías o servicios que éste ampara, etcétera. Empero cuando no existe tal aceptación, serán necesarios otros elementos para demostrar la vinculación del cliente con la factura, que pueden estar en el propio texto de la factura o fuera de ella. Así, si la firma de recibido proviene de otra persona, es preciso demostrar la conexión de ésta con el cliente, como dependiente o factor, apoderado, representante o autorizado para recibir la mercancía. Un elemento importante para acreditar esa relación, sería la prueba de que la entrega de la mercancía se hizo en el domicilio del cliente o en alguna bodega o local donde realiza sus actividades, porque al tratarse del lugar de residencia habitual, del principal asiento de los negocios del cliente, o simplemente de un lugar donde desempeña actividades, se presume la existencia de cierta relación de éste con las personas encontradas en el inmueble, como familiares, apoderados, empleados, etcétera, a los cuales autoriza explícita o expresamente para recibir en su nombre las cosas o servicios pedidos. Otras formas para probar la conexión de quienes recibieron las mercancías o servicios a nombre del cliente, podrían ser a través de elementos externos a la factura, como documentos donde conste la relación de mandato, poder, de trabajo, de parentesco; testimoniales, confesionales con el mismo fin, etcétera. Sin embargo, si a final de cuentas los elementos indiciarios de la factura no se robustecen, el documento no hará prueba contra el cliente de la relación comercial o la entrega de los bienes o prestación de los servicios que pretende amparar. Por último, cuando la factura se presenta contra terceros, puede tener pleno valor probatorio, con base en los usos mercantiles conducentes con las previsiones legales específicas aplicables, pero en lo demás sólo formarán indicios cuya fuerza persuasiva dependerá de las otras circunstancias concurrentes." "Registro digital: 2022970 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Administrativa, Civil Tesis: 1a./J. 4/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, Abril de 2021, Tomo I, página 271 Tipo: Jurisprudencia CARTA FACTURA. CUANDO SE CONCATENE CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA PUEDE ACREDITAR LA PROPIEDAD DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR EN UN JUICIO DE TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si en los procedimientos de tercería excluyente de dominio, la carta factura podía o no tener valor probatorio para demostrar la propiedad de los vehículos que fueron materia de embargo, en consideración a las características, temporalidad y finalidades por las que era expedido ese documento. - - - Criterio jurídico: Ante la imposibilidad de exhibir la factura, la carta factura adminiculada con otros medios de prueba puede acreditar la titularidad sobre un vehículo automotor materia de una tercería excluyente de dominio, resultando insuficiente por sí misma. - - - Justificación: Para determinar el valor convictivo que puede generarle al juzgador la carta factura para la demostración de la propiedad de un vehículo automotor, al emplear las reglas de la racionalidad general y de la experiencia, debe considerar las posibilidades fácticas de que, quien se ostente como su propietario, pueda exhibir la factura del mismo. Por lo que para tal efecto, este último deberá proporcionar los medios de prueba necesarios para acreditar tanto las condiciones o modalidades en que obtuvo esa propiedad (compraventa de contado, a través de un crédito, etcétera), como las circunstancias por las que la aludida factura está en posesión de otra persona o incluso, ha sido extraviada o destruida. Ello, a fin de que con base en esos medios de prueba, el juzgador esté en aptitud de determinar si era o no exigible la presentación de la factura y, en su defecto, pueda la carta factura generar un mayor grado de certeza sobre la titularidad del vehículo. Lo anterior, al margen de la temporalidad de la carta factura pues lo relevante es que sobre los fines administrativos a los que podría estar ligada a esa temporalidad, está la posibilidad de que quien verdaderamente sea el propietario de un automóvil pueda demostrarlo, no obstante la imposibilidad justificada de exhibir la factura respectiva o, incluso, una carta factura más reciente." Sobre esta base, para el ejercicio de la acción constitucional, en el caso específico, el quejoso se encuentra obligado a acreditar, precisamente, que cuenta con la titularidad de las prerrogativas patrimoniales afectas al vehículo marca Chevrolet tipo Camaro, color naranja imola, Modelo 2011, con número de serie 2G1F91EWXB996985, con placas de circulación DKC7885 del Estado de Campeche; ya que solo de esa manera puede demostrarse la afectación a su esfera jurídica. Luego, resulta pertinente señalar también que el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que para que un documento de los denominados "factura" -que representa ulteriores actos traslativos de dominio-, sirva para acreditar el interés jurídico de su tenedor, debe reunir ciertos requisitos, consideraciones que plasmó en la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 190371 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Civil Tesis: P./J. 7/2001 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Enero de 2001, página 9 Tipo: Jurisprudencia FACTURAS "ENDOSADAS" A FAVOR DE QUIEN SE PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES Y EL "ENDOSO" ES DE FECHA CIERTA. El tercero extraño al juicio natural, cuando se le embargan bienes de su propiedad, sin que hubiese intervenido en alguna forma en el procedimiento, puede acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías, presentando ante la autoridad jurisdiccional la factura donde se describan los bienes materia del embargo, siempre y cuando, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 2034, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicados supletoria y analógicamente, respectivamente, dicho documento no haya sido objetado, la factura detalle los bienes embargados, y el llamado "endoso", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. Esto último se entenderá desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio; pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Del anterior criterio, se observa que los requisitos que deben imperar en una factura endosada, son: a) Que no hayan sido objetadas; b) Que identifiquen los bienes de forma tal que permitan fijar su identidad con los que fueron materia de afectación por la autoridad señalada como responsable; y, c) Que la cesión de derechos sea de fecha cierta. En el caso la parte quejosa exhibió para acreditar su interés jurídico el original de la factura FA000001174 de veintidós de agosto de dos mil once, expedida por la empresa Chevrolet Aguinaco y Compañía, Sociedad Anónima de Capital Variable a favor de Elizabeth Hernandez Villagomez, en cuyo reverso se advierte endosada a favor del amparista; documento que cuenta con valor probatorio en términos de los artículos 133 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º, por tratarse de un documento privado. Luego, del análisis de la factura en cita, se estima que los primeros dos requisitos se encuentran satisfechos, el primero ya que de autos no se advierte que la factura exhibida por la parte quejosa haya sido objetada. Respecto al inciso b) se estima que existe identidad entre el bien asegurado y el señalado por el aquí quejoso. Sin embargo, por lo que hace al requisito establecido en el inciso c), se ha establecido que para efectos del juicio de amparo un documento adquiere fecha cierta, en tres supuestos: 1) Desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva. 2) A partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, 3) Desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio. En el caso, se estima que la factura endosada al aquí quejoso, no es de fecha cierta. En efecto, en lo particular conviene precisar que la firma al reverso de una factura, entraña un acto jurídico de compraventa, de conformidad con la ley sustantiva civil, en virtud de que el dueño de un vehículo se obliga a transmitir a otro contratante los derechos de propiedad de un bien mueble, voluntad que manifiesta al plasmar su firma al reverso de la factura que detalla dicho bien, que normalmente se acompaña con la expresión "cedo los derechos de la presente factura", en tanto que el otro contratante, a su vez, se obliga a pagar un precio cierto y en dinero a cambio del automotor. Bajo ese contexto, el derecho de propiedad que dice ejercer el aquí quejoso sobre el bien mueble y que trata de demostrar con una factura en cuyo reverso aparece la firma de la persona titular de los derechos sobre dicho bien, por ser un documento de naturaleza privada, debe satisfacer los mencionados requisitos en el sentido que su endoso sea de fecha cierta. Por tanto, a fin de que el "endoso" contenido a favor del quejoso en la factura de que se trata adquiriera fecha cierta, debió haber acudido a la oficina recaudadora correspondiente a realizar el pago del impuesto respectivo o que alguno de los firmantes hubiese fallecido o se hubiera presentado dicha documental (previo al presente juicio de garantías), a diversa autoridad jurisdiccional o fedatario público, circunstancias que no se advierten de autos. De ahí que, como se anticipó, la factura a que se ha hecho referencia resulta insuficiente para demostrar el interés jurídico de la parte quejosa, puesto que de considerar lo contrario, se desnaturalizaría la prueba documental dándole un valor que no tiene, esto es, no se pueden acreditar datos respecto de lo que no se encuentra plasmado en él; por tanto, carece de valor probatorio pleno para los efectos que fue ofrecido, pues en el mejor de los casos, sólo genera la presunción de que se pretendió realizar la traslación de la propiedad de ese vehículo y que quien porta esos documentos se ostenta como poseedor del mismo. En esa tesitura, una vez analizada y valorada la documental en estudio, no se obtiene la certeza plena de que el promovente sea titular del derecho de propiedad del vehículo asegurado por la responsable, pues en el mejor de los casos, se insiste, sólo genera de manera presuncional que en su caso se ostenta como poseedor del mismo; esto es, no se acredita fehacientemente el interés jurídico para promover el amparo, el cual debió quedar demostrado plenamente, lo que no aconteció, pues sólo se realizó a base de indicios o presunciones. Es así, pues de esta manera, se evita que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales, puesto que al cumplirse con el requisito en estudio, se tiene la certeza de que dicho endoso fue impuesto antes del hecho impugnado (aseguramiento del vehículo). Sobre el particular resulta ilustrativa, contrario sensu, la tesis siguiente: "Registro digital: 186263 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: IV.2o.C.21 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de 2002, página 1291 Tipo: Aislada FACTURAS DE VEHÍCULOS. FECHA CIERTA DEL "ENDOSO" CONTENIDO EN ELLAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). El artículo 111 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León establece las reglas para la recaudación del impuesto sobre enajenación de automóviles, camiones y demás vehículos de motor, y precisamente en su fracción II indica que la oficina recaudadora, al efectuar el cobro del impuesto, expedirá el comprobante respectivo y sellará la factura o comprobante que ampare la propiedad del vehículo materia de la operación; de donde se sigue que para el pago de ese impuesto es necesario presentar la factura o el comprobante de propiedad respectivo. Ahora bien, si en autos aparece un recibo de pago identificado con determinado número, en el que se lee la denominación de la autoridad recaudadora, así como la declaración de diversos gravámenes, y de ese documento aparece que en determinada fecha la ahora quejosa realizó ante esa dependencia, en relación con el automotor descrito en la factura que obra en autos, el pago de esos gravámenes y el del impuesto sobre enajenación de automóviles, camiones y demás vehículos de motor, resulta inconcuso que desde el día en que se realizó dicho pago de impuestos, el endoso contenido en la factura de que se trata, hecho en favor de la quejosa, adquirió fecha cierta; máxime que enseguida de dicho endoso aparece puesto el sello de la mencionada autoridad, lo que corrobora la presentación de tal documento ante un funcionario público por razón de su oficio." En ese orden de ideas, se concluye que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico para reclamar el aseguramiento del vehículo que refiere es de su propiedad; por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y que por su aplicación relacionada con el artículo 63 fracción V del mismo ordenamiento, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos fundamentales. Resulta aplicable la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Felipe Alain Osorno Velázquez, por propio derecho, contra los actos reclamados, precisados en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Osvaldo Hernández Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
I. Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta remitida por el Titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos y Transporte, a través de la cual, en alcance a su informe justificado, remite fotocopia certificada de diversas constancias que integran el expediente relativo a la colaboración FGE/BJ/FERVYT/COLAB/12/115/2021 de su índice. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de las partes el oficio y constancias de cuenta para los efectos legales conducentes. De igual manera, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la prueba documental exhibida por la autoridad responsable y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. II. Diferimiento de audiencia constitucional. Finalmente, a efecto de dar oportunidad a las partes por el término de ocho días para imponerse del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere para las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de abril de dos mil veintidós.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias que integran el expediente relativo a la colaboración FGE/BJ/FERVYT/COLAB/12/115/2021 del índice de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos y Transporte, Zona Norte, con sede en esta ciudad, las cuales se pusieron a la vista en auto de uno de marzo de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere para las nueve horas con cuarenta minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintidós.
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