Felipe Aguila Hernández
Expediente 122/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 122/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Felipe Aguila Hernández
Actuaciones
- Principal
Toda vez que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de tres de febrero de dos mil dieciséis, consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, se requiere al quejoso para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este Juzgado a recoger el documento que exhibió en original con su escrito inicial de demanda, apercibido que de no hacerlo, en el referido plazo, dicho documento será destruido. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo vigésimo primero de dicho acuerdo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término que establece el diverso artículo décimo primero del Acuerdo General en cita, procédase a la destrucción del presente expediente.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Felipe Aguilar Hernández, por su propio derecho, contra actos del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza y otras autoridades. Fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese en el libro de gobierno con el número 122/2016-B. Procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Bajo este tenor, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, esto es, por surtirse la causal de improcedenciaEn la norma transcrita se encuentra consagrado el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo por cuanto hace a las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, pues si una resolución de esa naturaleza constituye el acto reclamado y en su contra procede algún recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, debe agotarse previamente esa instancia, antes de acudir a la vía constitucional, para que de esa manera sea respetado aquél principio que implica que el juicio de amparo sólo sea admisible contra actos definitivos, excepción hecha de los terceros extraños al juicio y los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, de los cuales no se surte ninguno en este caso. Tampoco se actualiza la excepción relativa a que cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. En tal virtud, si no se actualizan las excepciones que contempla dicho numeral para agotar tal principio pues por una parte ninguno de los actos reclamados encuadra en las hipótesis previstas en los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que quedaron precisadas con antelación, y por otro lado, de la demanda de amparo se advierte que el promovente, es parte dentro del expediente 1000/2013; es decir, no es tercero extraño al procedimiento; por tanto, se encontraba constreñido a agotar los medios de impugnación previstos en la ley ordinaria. Es así, pues en el caso, el quejoso reclama la falta de notificación y todos los actos realizados posteriormente de la sentencia definitiva en el juicio 1000/2013, promovido por José Leonardo Luna González. Ahora bien, del análisis integral de la demanda se advierte, en lo conducente, lo siguiente: a) En el Juzgado Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, se encuentra radicado el juicio 1000/2013, promovido por José Leonardo Luna González, en contra del quejoso. b) Una vez emplazado a dicho juicio, el aquí quejoso, dio contestación a la demanda respectiva. c) El cuatro de septiembre de dos mil catorce, se emitió sentencia en dicho juicio, en la que se condenó al quejoso al pago de las prestaciones reclamadas, mismas, que refiere le fueron requeridas el veintidós de enero de dos mil dieciséis. Ahora bien, en la especie, como ya se dijo, se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que, respecto del acto reclamado, la parte quejosa, al ser parte en el juicio y haber comparecido a éste, se encontraba obligada agotar el medio de defensa ordinario tendente a nulificar el acto lesivo. Se estima así, porque el acto combatido, es impugnable mediante el incidente de nulidad de actuaciones. Por lo anterior, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicias de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles y tiene determinado un procedimiento para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido a juicio, a fin de que el Juez responsable se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Entonces, al no haber interpuesto el citado incidente, es obvio que el quejoso no observó el principio de definitividad, pues con tal medio de defensa se pueden revocar, modificar o nulificar las actuaciones que son consecuencia de la notificación que reclama. Máxime si se toma en consideración que el promovente fue emplazado en su carácter de demandado al juicio natural, y éste dio contestación a la citada demanda instaurada en su contra, por lo que debió hacer valer el medio de impugnación que en este caso se plantea que es el incidente de nulidad de notificaciones; por lo que al no haber agotado como se dijo el principio de definitividad, se desecha la presente demanda por las razones apuntadas con antelación. En estas condiciones, se concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, dado que el promovente no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; esto es, no agotó el medio de defensa ordinario que procede contra el acto reclamado, lo que obliga a DESECHAR DE PLANO la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de amparo; máxime si se toma en cuenta que no existe duda en el suscrito para formarse un criterio distinto, ya que con las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causal de improcedencia invocada. Como lo solicita el quejoso, practíquensele ésta y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, mediante listas de acuerdos que se fijan en los estrados de este juzgado. Se tiene como autorizado a los profesionistas que menciona y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que indica. Se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio.
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