Felipa Salinas Hernández

Expediente 623/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
623/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
01/09/2023

Partes del expediente

  • Felipa Salinas Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, intégrese a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta del Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, por el que devuelve las copias certificadas derivadas del presente juicio e informa que mediante ejecutoria de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, emitida en el recurso de queja ********************, el citado tribunal colegiado tuvo a bien resolver: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja". En consecuencia, con fundamento en los artículos 8 y 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete; acúsese el recibo correspondiente del oficio de cuenta, de la ejecutoria de mérito mediante oficio electrónico. Con lo anterior este Juzgado de Distrito toma conocimiento de lo determinado por el Tribunal Colegiado oficiante, en tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con los artículos 14, fracción III y 20, fracciones II y IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente principal en que se actúa se valora como DESTRUIBLE en el plazo de tres años. Asimismo, como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en cita, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso o digital que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra o, en su caso una firma digital, el cual es insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". En la inteligencia de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique se encuentra completamente integrado el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Iván Pantoja Salazar, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de abril de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los autos y de la certificación que antecede se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable, respecto de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. ... En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos, y se ordena el archivo del expediente una vez que quede firme esta resolución

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Cumplimiento a la prevención Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, intégrese a los presentes autos el escrito de cuenta de ********************, por medio del cual da cumplimiento a la prevención realizada por auto de diez de abril de dos mil veintitrés. Procedencia de la demanda y del escrito aclaratorio Vista la demanda de amparo promovida por ********************, en contra de los actos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y otra autoridad, por violación a los artículos 8°, 14, 16 y 17 constitucionales, en atención a su contenido, se provee. Acto reclamado De la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que el promovente ******************** reclama: Del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla: La falta de notificación personal del auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual la autoridad responsable requirió personalmente a la parte actora, aquí quejosa, dentro del juicio laboral ******************** De lo anteriormente precisado, no existe duda en cuanto a que en dicho procedimiento, el promovente figura como parte formal y material; toda vez que hace mención de ser parte actora dentro del juicio laboral ********************del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Análisis de causas de improcedencia Por lo que hace al acto reclamado consistente en la falta de notificación personal del auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve y como consecuencia todo lo actuado dentro del juicio laboral ********************de su índice, se provee: En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Causal de improcedencia Ahora bien, respecto al acto reclamado consistente en la falta de notificación personal del auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve y como consecuencia todo lo actuado dentro del juicio laboral ********************de su índice, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus acepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la tesis I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se localiza en la página 902, Tomo XV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Mayo de 2002, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En ese tenor, resulta destacar que de la lectura integral de la demanda que se atiende se advierte que el quejoso es parte actora dentro del juicio laboral ********************del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por lo que contra la falta de notificación personal del auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve y como consecuencia todo lo actuado dentro del juicio laboral ********************de su índice, procede el incidente sobre de nulidad de notificaciones, previsto en los artículos 761 y 762, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el diverso 752 del mismo ordenamiento, que en lo conducente disponen: "Artículo 761. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley. Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas. Artículo 752. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este Capítulo". Como se advierte de los numerales en cita, el incidente de nulidad notificaciones procede en contra de las notificaciones hechas indebidamente u omitidas dentro del procedimiento y cuyo resultado puede ser el de nulificar la notificación que no se haya hecho conforme a la ley de la materia, así como lo actuado con posterioridad a la misma. Así las cosas, la falta de notificación personal del auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve y como consecuencia todo lo actuado dentro del juicio laboral ********************de su índice, puede ser impugnada a través del incidente de nulidad de notificación. Por tanto, la quejosa debió promover dicho medio ordinario de defensa antes de acudir a la presente instancia constitucional, a fin de respetar el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, máxime que no se actualizan ninguno de los supuesto de excepción que establece la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia número 2a./J. 65/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a pagina 259, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo." Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XVIII, respecto del acto consistente en la falta de notificación personal del auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve y como consecuencia todo lo actuado dentro del juicio laboral ********************de su índice. Desechamiento parcial de la demanda de amparo En este sentido, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la citada Ley de Amparo, en consecuencia es procedente desechar la demanda de mérito únicamente por el acto reclamado consistente en la falta de notificación personal del auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve y como consecuencia todo lo actuado dentro del juicio laboral ********************de su índice, por encontrar motivos manifiestos e indudables de improcedencia, con apoyo en el artículo 113 de la ley citada. ...P..

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los autos y de la certificación que antecede se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable, respecto de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. Sir.. En mérito a lo anterior, se ha logrado el cumplimiento a la sentencia protectora dictada en este juicio, en virtud de que el efecto del amparo fue para generar una cita para que José Aureliano Luna Romero comparezca el día y hora fijados a realizar el trámite correspondiente a la apertura de la lista de sucesión de ejidatarios, respecto de la extinta ejidataria María Federica Romero Durán, que perteneció al ejido de San Francisco Totimehuacán, Puebla. Así, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el diez de marzo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable señaló el cuatro de mayo de dos mil veintitrés con la finalidad de que el quejoso José Aureliano Luna Romero, comparezca de manera personal a fin de llevar a cabo la apertura de lista de sucesión de ejidatario o comunero respecto de la extinta ejidataria María Federica Romero Durán, y señaló los requisitos para admitir a trámite la documentación respectiva. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos, y se ordena el archivo del expediente una vez que quede firme esta resolución. ...

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