Felipa Renteria Cabrera y Otros.
Expediente 246/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 246/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 15/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Felipa Renteria Cabrera
- Felipa Renteria Cabrera y Otros.
- María Guadalupe Flores Luna y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
I. Pronunciamiento en relación con el cumplimiento -inexistencia de materia para su ejecución-. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, resulta procedente que este órgano jurisdiccional se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Sin embargo, de las constancias que remitió la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esta juzgadora considera que en el caso concreto dejó de existir la materia para su ejecución, por lo que tampoco se actualiza el supuesto previsto en el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, para remitir los autos al Tribunal Colegiado. El último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo , contempla la posibilidad de que el órgano judicial de amparo pueda emitir una declaración en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas o materiales, con la finalidad de que remita los autos al superior -que en este caso sería al Tribunal Colegiado-, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley. Por otra parte, pero en el mismo orden de ideas, el artículo 214 de la Ley de Amparo establece que ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, a menos que no exista materia para la ejecución y así lo determine el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. De lo anterior, se concluye que la Ley de Amparo prevé dos figuras diversas que pueden llegar a actualizarse cuando se presenta un impedimento técnico para el cumplimiento de una sentencia de amparo: 1) La imposibilidad material o jurídica; y, 2) La inexistencia de materia para su ejecución. El primer supuesto se actualiza cuando por factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo no están en condiciones de restituir a la persona quejosa en el pleno goce del derecho violado en los términos de la propia ejecutoria; lo cual no significa que la ejecutoria carezca de efectos o deje de cumplirse, pues, en todo caso, ante la eventualidad surgida se busca una alternativa al cumplimiento original. En cambio, la hipótesis relativa a la falta de materia para la ejecución de la sentencia, implica que los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que motivó la concesión del mismo; en otras palabras, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para restablecer una determinada situación antes de la violación denunciada. Caso concreto. no existe materia para la ejecución de la sentencia, toda vez que por virtud de que las personas trabajadoras, aquí personas quejosas, se dieron por pagadas de la condena total dictada en la sentencia del juicio natural de origen, recibiendo las cantidades destacadas en los términos relatados e inclusive manifestaron su conformidad y recibieron en propia mano las contancias relativas a los estados de cuenta del SAR, AFORE, INFONAVIT e IMSS, y solicitaron el archivo del asunto como totalmente concluido, lo que la autoridad responsable acordó de manera favorable. Por lo anterior, es evidente que en el juicio laboral de origen los efectos de la protección constitucional cesaron, razón por la cual no es dable estimar que existe imposibilidad jurídica o material para cumplir la ejecutoria de amparo, sino como se explicó, en el caso no existe materia para la ejecución de la sentencia; de ahí que resulta innecesario remitir los autos al Tribunal Colegiado para los efectos que prevé el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, lo que además encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (10a.), de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO.", citada con anterioridad. Es así, puesto que en este asunto no se actualiza la hipótesis prevista en ese criterio relativo a una imposibilidad para cumplir con una ejecutoria de amparo; toda vez que, en el caso, el amparo quedó sin efecto jurídico, en virtud de existir una manifestación expresa de la voluntad por parte de las personas trabajadoras actoras, aquí personas quejosas, en el juicio laboral de origen, en la que externaron que se daban por pagadas de la totalidad de la condena en los términos ya relatados y además solicitaron el archivo del asunto como total y definitivamente concluido. En tales condiciones, no queda más que concluir que ha dejado de existir la materia para la ejecución del fallo. II. Archivo. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, como el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. III. Valoración del expediente. De conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es CONSERVABLE en su integridad y deberá transferirse al área coordinadora de archivos en un plazo de tres años, por lo que en términos del numeral 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Conservable" mediante uso de sello. IV. Valoración del incidente de suspensión. SUSPENSIÓN DEFINITIVA NEGADA. En virtud que en el presente asunto se negó la suspensión definitiva, el cuaderno original del incidente de suspensión relativo es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, por encontrarse en el supuesto a que se refiere el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, anótese en la carátula del expediente a través de sello, la leyenda "Destruible". V. Devolución de constancias a autoridad responsable. Por último y por no ser necesario conservar en este Juzgado, devuélvase las constancias que remitió la autoridad responsable Tribunal Laboral del Primer Distrito judicial del Poder Judicial del Estado, con las cuales se formó un tomo de pruebas, previo glose de la carátula respectiva; sin que haya necesidad de solicitar acuse de recibo, dado que la constancia de entrega del oficio con el que se remitan, resulta apta para acreditar su recepción. Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO PARTE QUEJOSA Y CITATORIO PARTE TERCERA INTERESADA ACUERDO DE FECHA QUINCE DE JUNIO DEL AÑO 2023 I. Pronunciamiento en relación con el cumplimiento -inexistencia de materia para su ejecución-. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, resulta procedente que este órgano jurisdiccional se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Sin embargo, de las constancias que remitió la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esta juzgadora considera que en el caso concreto dejó de existir la materia para su ejecución, por lo que tampoco se actualiza el supuesto previsto en el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, para remitir los autos al Tribunal Colegiado. El último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo , contempla la posibilidad de que el órgano judicial de amparo pueda emitir una declaración en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas o materiales, con la finalidad de que remita los autos al superior -que en este caso sería al Tribunal Colegiado-, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley. Por otra parte, pero en el mismo orden de ideas, el artículo 214 de la Ley de Amparo establece que ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, a menos que no exista materia para la ejecución y así lo determine el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. De lo anterior, se concluye que la Ley de Amparo prevé dos figuras diversas que pueden llegar a actualizarse cuando se presenta un impedimento técnico para el cumplimiento de una sentencia de amparo: 1) La imposibilidad material o jurídica; y, 2) La inexistencia de materia para su ejecución. El primer supuesto se actualiza cuando por factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo no están en condiciones de restituir a la persona quejosa en el pleno goce del derecho violado en los términos de la propia ejecutoria; lo cual no significa que la ejecutoria carezca de efectos o deje de cumplirse, pues, en todo caso, ante la eventualidad surgida se busca una alternativa al cumplimiento original. En cambio, la hipótesis relativa a la falta de materia para la ejecución de la sentencia, implica que los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que motivó la concesión del mismo; en otras palabras, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para restablecer una determinada situación antes de la violación denunciada. Caso concreto. no existe materia para la ejecución de la sentencia, toda vez que por virtud de que las personas trabajadoras, aquí personas quejosas, se dieron por pagadas de la condena total dictada en la sentencia del juicio natural de origen, recibiendo las cantidades destacadas en los términos relatados e inclusive manifestaron su conformidad y recibieron en propia mano las contancias relativas a los estados de cuenta del SAR, AFORE, INFONAVIT e IMSS, y solicitaron el archivo del asunto como totalmente concluido, lo que la autoridad responsable acordó de manera favorable. Por lo anterior, es evidente que en el juicio laboral de origen los efectos de la protección constitucional cesaron, razón por la cual no es dable estimar que existe imposibilidad jurídica o material para cumplir la ejecutoria de amparo, sino como se explicó, en el caso no existe materia para la ejecución de la sentencia; de ahí que resulta innecesario remitir los autos al Tribunal Colegiado para los efectos que prevé el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, lo que además encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (10a.), de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO.", citada con anterioridad. Es así, puesto que en este asunto no se actualiza la hipótesis prevista en ese criterio relativo a una imposibilidad para cumplir con una ejecutoria de amparo; toda vez que, en el caso, el amparo quedó sin efecto jurídico, en virtud de existir una manifestación expresa de la voluntad por parte de las personas trabajadoras actoras, aquí personas quejosas, en el juicio laboral de origen, en la que externaron que se daban por pagadas de la totalidad de la condena en los términos ya relatados y además solicitaron el archivo del asunto como total y definitivamente concluido. En tales condiciones, no queda más que concluir que ha dejado de existir la materia para la ejecución del fallo. II. Archivo. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, como el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. III. Valoración del expediente. De conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es CONSERVABLE en su integridad y deberá transferirse al área coordinadora de archivos en un plazo de tres años, por lo que en términos del numeral 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Conservable" mediante uso de sello. IV. Valoración del incidente de suspensión. SUSPENSIÓN DEFINITIVA NEGADA. En virtud que en el presente asunto se negó la suspensión definitiva, el cuaderno original del incidente de suspensión relativo es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, por encontrarse en el supuesto a que se refiere el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, anótese en la carátula del expediente a través de sello, la leyenda "Destruible". V. Devolución de constancias a autoridad responsable. Por último y por no ser necesario conservar en este Juzgado, devuélvase las constancias que remitió la autoridad responsable Tribunal Laboral del Primer Distrito judicial del Poder Judicial del Estado, con las cuales se formó un tomo de pruebas, previo glose de la carátula respectiva; sin que haya necesidad de solicitar acuse de recibo, dado que la constancia de entrega del oficio con el que se remitan, resulta apta para acreditar su recepción. Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA. ACUERDO DE 01/06/2023. Durango, Durango, a uno de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda el presente auto, agréguese el oficio para que surta sus efectos legales correspondientes que remite el Tribunal Laboral del Primer Distrito Judicial, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado y téngase por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella, se proveerá lo conducente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Causa estado. Vistos los presentes autos, dado que de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes legitimadas para ello, hubiera recurrido la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia de la Unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Requiere cumplimiento. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal Laboral del Primer Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango, para que dentro de término tres días, de cumplimiento A los extremos fijados en la sentencia de nulidad, consistentes en: "De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la sentencia son los siguientes: 1). Que la autoridad responsable Tribunal Laboral del Primer Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango deje insubsistente la resolución de tres de febrero de dos mil veintitrés, relativa a la solicitud de las personas trabajadoras de despachar ejecución de la sentencia dictada en el juicio laboral 83/2021 de su índice; y, 2). Emita una nueva determinación en la que: 2.1 Provea sobre la solicitud de entregar por parte de la patronal demandada, los documentos relativos a los estados de cuenta del SAR y AFORE, así como los que acrediten la afiliación al INFONAVIT e IMSS, o bien, para que afilie a las personas trabajadoras de manera retroactiva a partir del primero de febrero de dos mil dieciocho; 2.2 Explique pormenorizadamente por qué entregó a cada una las personas quejosas la cantidad de $***** (******* moneda nacional) y por qué concepto se constituyó la entrega de esa cantidad líquida; y, en su caso, explique detalladamente si dicha cantidad contempló o no los daños y perjuicios que se pudieron generar a las personas quejosas con motivo del amparo directo 94/2022 que promovió la patronal demandada, en el que se resolvió negarles el amparo solicitado. 3. Todo lo anterior con plenitud de jurisdicción, sin más limitación que la de abstenerse de incurrir en los vicios expuestos en la presente sentencia. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de incumplir con el requerimiento, sin causa justificada, con fundamento en los ya citados artículos, así como los diversos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida de Actualización vigente al momento del eventual incumplimiento. Asimismo, en términos de los referidos artículos 192 y 193, se les apercibe que en caso de incumplimiento se remitirá el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación a la autoridad competente. Además, conforme a los artículos 195 y 197 de la ley de la materia, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime la responsabilidad a las autoridades responsables, pero se tomará en consideración como atenuante en la sanción penal que en su caso se les imponga; aunado a ello, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las responsabilidades antes citadas. Notifíquese.
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