Felipa Nava Cuamatzi
Expediente 488/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 488/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Felipa Nava Cuamatzi
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de siete de octubre de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, siete de octubre de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado remite ejecutoria. Agréguese el oficio signado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 488/2022-Vll, del índice de este órgano jurisdiccional, así como copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 118/2022, de su índice, que en su único punto resolutivo establece lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente; asimismo, se ordena destruir las copias con las que se integró el cuaderno de antecedentes con motivo del recurso interpuesto, a excepción de las constancias originales las cuales deberán glosarse al presente asunto. Además, comuníquese a la parte promovente Felipa Nava Cuamatzi, que la Superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto de veintidós de abril de dos mil veintidós. Se ordena archivo. Ahora bien, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental. Atento a lo anterior, se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 81 90 extensión 1308, (dentro de un horario de nueve treinta a trece horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, trece de junio de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado de Circuito informa admisión de recurso. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Felipa Nava Cuamatzi, en contra el auto de veintidós de abril de dos mil veintidós, dictada por este Juzgado de Distrito, siendo registrado con el número 118/2022, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veintidós de abril de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, veintidós de abril de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Felipa Nava Cuamatzi, contra actos del Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 488/2022-III. Desechamiento de demanda. En primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se advierte que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". En este orden de ideas, en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de ésta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". El artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. A su vez, el artículo 5º, fracción II, del citado ordenamiento, refiere que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; asimismo, establece que para los efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En la especie la parte quejosa señala como autoridades responsables a: "1. Director General del Colegio de Estudios y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (.) 2. Colegio de Estudios y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (.) 3. Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros de la Secretaría de Educación Pública (.) 4. Directora de Promoción del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (.)" De quienes reclama: "La declaración de improcedencia y/o negativa para la promoción vertical de la convocatoria del proceso de promoción a cargos con función directiva o de supervisión en educación media superior ciclo escolar 2022-2023. Conforme a lo anterior, se debe verificar si en el caso concreto el acto reclamado constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Cobra aplicación al caso la tesis I.13o.A.29 K, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA." Así como la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Así, para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo deben reunirse las cualidades siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. De esta manera, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control de constitucionalidad, en vía de amparo, se ubica dentro de tales relaciones, es decir, de supra a subordinación, la cual tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En conclusión, es autoridad para efectos del juicio de amparo, aquel ente de hecho o de derecho que, con apoyo en una norma jurídica, emite actos unilaterales que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica del particular, dentro de una relación de supra a subordinación, siendo nota distintiva y determinante para identificar a una autoridad para efectos del amparo la relativa a que exista una relación de supra a subordinación. Estas relaciones, se regulan por el derecho público que prevé los procedimientos para resolver los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, el procedimiento contencioso-administrativo en el ámbito ordinario; mientras que, en el ámbito constitucional, destaca el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tal motivo, la Constitución contiene una serie de derechos fundamentales como limitaciones frente a la actuación de los órganos del Estado, ya que impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las que actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, de tal suerte que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos ley prevé los procedimientos o juicios ordinarios necesarios para resolverlas. La nota distintiva de estas relaciones es que las partes se colocan en el mismo plano, de tal suerte que los actos que surjan son de naturaleza particular y, por ende, el amparo resulta improcedente. De ahí que, el concepto de autoridad para efectos del amparo por regla general excluye los actos de particulares, siempre y cuando estos no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo, respecto de los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que este excepcionalmente resulta procedente contra actos de particulares. Ahora, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros tiene por objeto regular los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o supervisión. Tarea que se le confiere a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal, por conducto de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros como órgano administrativo desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gestión, quien, a su vez, contará con las unidades administrativas y el personal que requiera para el cumplimiento y el ejercicio de sus atribuciones. Estas relaciones de trabajo, que surjan con motivo de estos procedimientos de selección de personal, con las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y los organismos descentralizados (servidor público-Estado), se regirán por la legislación laboral aplicable. Bajo esa línea argumentativa, si los actos que en esta vía se combaten derivan de un proceso de selección para acceder a una diversa categoría dirección y supervisión, el cual se rige por las reglas determinadas en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, es incuestionable que no les reviste la característica de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo sino que tienen su origen y efectos en una determinación que se circunscribe exclusivamente al plano laboral. Ya que la finalidad de las convocatorias es contratar a una persona para desempeñar un servicio en virtud del nombramiento a expedir con funciones directivas o de supervisión en la especie, de Director o equivalente. Por tanto, la conducta desplegada, reclamada por la quejosa a las autoridades que señala responsables, no genera ninguna determinación que sea posible de cuestionarse a través del juicio de amparo por no constituir actos de autoridad susceptibles de ser analizados en esta instancia porque deriva del vínculo jurídico existente entre la misma quejosa en su carácter de Directora del plantel al servicio del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, a través de las autoridades escolares señaladas como responsables en su carácter de patrón o empleador, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de los tribunales del trabajo; de ahí que en la emisión de estos actos no se actúa con potestad de imperio. Sirve de sustento a esta determinación la jurisprudencia 2a./J. 14/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con el registro digital 2021827, de rubro: "ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LAS DETERMINACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, DERIVADAS DE UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ASCENSO A UN NIVEL O CATEGORÍA SUPERIOR PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO, CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR UNA PLAZA AL QUEJOSO Y SU ENTREGA A UN TERCERO. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, y con diversos precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los requisitos que deben satisfacerse para considerar que un acto es de autoridad para efectos del juicio de amparo, consiste en que exista un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Ahora bien, las determinaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, derivadas de un concurso de oposición para la promoción de ascenso a un nivel o categoría superior para los trabajadores de la educación del Estado, consistentes en la negativa a otorgar una plaza al quejoso y su entrega a un tercero, no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre dicha Secretaría y los docentes o servidores de la educación que aspiran a ser promovidos o ascendidos a un nivel más alto dentro de la misma estructura educativa estatal es de coordinación y no de supra a subordinación, pues: a) Deriva de una relación laboral-burocrática entre el Estado como patrón (no como autoridad o ente superior) y el servidor público como trabajador; y, b) Del artículo 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente abrogada, se advierte que las diferencias en las relaciones de trabajo que surjan entre el personal al que se refiere la propia ley y las autoridades educativas y organismos descentralizados, se rigen por la legislación laboral aplicable y, en consecuencia, serán dirimidas ante los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia, característica propia de las relaciones de coordinación, por lo que si el quejoso no está de acuerdo con el resultado del concurso de oposición o con sus consecuencias, puede impugnarlo por la vía laboral. Por tanto, las acciones realizadas en el procedimiento de selección, atento a los argumentos expuestos en este fallo y con apoyo en el criterio de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, son considerados como actos derivados de una relación de coordinación (Estado patrón-trabajador frente a la dependencia pública), esto es, del nexo laboral de la quejosa con el Estado, acorde con el marco jurídico que la define. De modo que los posibles vicios que la justiciable pudiera atribuirles a los actos reclamados, no cambian o transforman la naturaleza de la relación obrera de coordinación, ni la convierten en una de supra a subordinación, para dar lugar a un acto de autoridad. En tales condiciones, al estar en presencia de actos que no se reclaman a las autoridades responsables en su calidad de órganos del Estado en una relación de supra-subordinación; sino en un plano de coordinación, al tratarse de los empleadores de los agremiados que pertenecen a los sindicatos quejosos, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. En tales condiciones, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Mismo criterio ha sustentado el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito al resolver el recurso del amparo en revisión 203/2021, derivado del juicio de amparo indirecto 2/2021, del índice de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, lo cual se tiene como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Zenón Ramos Castillo y Nelly Cante Hernández, toda vez que sí cuentan con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Domicilio. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en Avenida diego Muñoz Camargo, npumero dieciséis (16)n en la zona Centro de la Ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos, sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. Por otra parte, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Publicación de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
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