Felipa Mejia Euresti

Expediente 1535/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1535/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/09/2022

Partes del expediente

  • Felipa Mejia Euresti

Actuaciones

  1. Principal

    ...agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa y en atención a su contenido, y siendo innecesaria la retención de las constancias que indica en la promoción de cuenta, se acuerda su devolución a la promovente, teniéndose como autorizados para recibirlas a los citados en el escrito de cuenta; lo anterior, previa razón de recibo que se deje en autos para constancia...

  2. Principal

    ...el auto de uno de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda promovida por Felipa Mejía Euresti, sin que lo hiciera.... HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido...

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta; agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes el oficio 30800/2022 que remite la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 314/2022-A1, orden 384/2022-A1, toda vez que de la constancia que se anexa, se advierte que el diez de agosto del año en curso, fue notificado Cristóbal Gerardo Rosales Gómez por medio de lista. En ese contexto, acúsese el recibo de estilo; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Luz Soledad Zamudio Rangel, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    ...Vista la cuenta, téngase por recibido el oficio 8339/2022-II del Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 1232/2022 de su índice, y comunica que en proveído de quince de julio del año en curso, se declaró legalmente incompetente para conocer del mismo. Regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número 1535/2022-1, por ser el ordinal progresivo que le corresponde, y fórmese expediente. En atención a las consideraciones expuestas en el proveído de referencia, este órgano de control constitucional acepta la competencia legal para conocer la demanda presentada por Felipa Mejía Euresti, y como lo dispone el artículo 48 de la Ley de Amparo, comuníquese esta determinación al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, en vía de acuse de recibo y para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, analizada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y otras autoridades, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la suspensión, revocación, cancelación o falta de pago de la pensión por viudez por muerte del pensionado. Sin embargo, en el caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." En la porción normativa transcrita se encuentra contenido el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, sustentado en que supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, de existir algún medio ordinario de defensa que la quejosa no hubiese interpuesto, el amparo resulta improcedente. Además, este principio, responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos humanos o fundamentales de los gobernados, por lo que, antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos. En el caso, el acto reclamado emana del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en virtud de ser unidades administrativas; constituyendo el mismo la suspensión, revocación, cancelación o falta de pago de una pensión otorgada a una viuda por muerte del pensionado, determinación que puede ser impugnada mediante el juicio contencioso administrativo, tal como se advierte del artículo 2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Tal numeral dispone: Por su parte, el diverso numeral 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal Administrativo. "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: . VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;." De los numerales transcritos se advierte que los presupuestos de procedencia del referido juicio contencioso son: a) las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y b) contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando los controvierta en unión del primer acto de aplicación, y que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra actos administrativos que se dicten en materia de pensiones civiles a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En el caso, la suspensión, revocación, cancelación o falta de pago de otorgar la pensión a Felipa Mejía Euresti por muerte del pensionado, es un acto administrativo dictado en materia de pensiones a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que pudo ser impugnado a través del juicio contencioso administrativo federal, en términos del segundo párrafo del numeral 2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Juicio a través del cual puede lograrse que la resolución reclamada se confirme, revoque o modifique, como lo establece el precepto legal 52 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que dice: "Artículo 52.- La sentencia definitiva podrá: I. Reconocer la validez de la resolución impugnada. II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada. III. (DEROGADA, D.O.F. 13 DE JUNIO DE 2016) IV. Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en Las fracciones II y III, del artículo 51 de esta Ley, el Tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, cuando corresponda a la pretensión deducida, también podrá indicar los términos conforme a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad administrativa. En los casos en que la sentencia implique una modificación a la cuantía de la resolución administrativa impugnada, la Sala Regional competente deberá precisar, el monto, el alcance y los términos de la misma para su cumplimiento. Tratándose de sanciones, cuando dicho Tribunal aprecie que la sanción es excesiva porque no se motivó adecuadamente o no se dieron los hechos agravantes de la sanción, deberá reducir el importe de la sanción apreciando libremente las circunstancias que dieron lugar a la misma. V. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además: a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa. b) Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados. c) Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto de aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las leyes de la materia de que se trate. d) Reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al ente público federal al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos." La citada ley administrativa establece requisitos similares a los contenidos por los numerales 128, 131, 132 y demás relativos a la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia obligatoria, en la cual dejó sustentado que para los particulares es forzoso agotar el juicio contencioso administrativo federal, contemplado en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de acudir al juicio de amparo, en tanto que dicho ordenamiento prevé la figura de la suspensión sin exigir mayores requisitos que los previstos para el juicio constitucional. Tal criterio fue sostenido en la jurisprudencia 2ª./J. 27/2016 (10ª.) por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo II, Marzo de 2016, página 1194, (registro 2011289), que dice: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Consecuentemente, al quedar de manifiesto que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo, se concluye que la quejosa, previamente a la presentación de la demanda de amparo, debió cumplir con el principio de definitividad, agotando el citado juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia 2ª./J. III/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 326, (registro 177279), que señala: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.- Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva." Bajo esa óptica, atendiendo a las consideraciones antes expuestas, de conformidad con en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, en el domicilio ubicado en calle Benito Juárez, número 1513 entre Camilo Manso y Leandro Valle, C.P. 87000 Zona Centro de la Ciudad de Victoria, Tamaulipas; ahora bien, dado que el mismo se encuentra fuera del lugar de residencia de este Juzgado, con apoyo en los artículos 26, fracción I, incisos a) y c), y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y en el numeral 298, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, de acuerdo a su artículo 2°, gírese atento exhorto vía sise a Felipa Mejía Euresti, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, personal a su cargo proceda a lleva a cabo el emplazamiento ordenado, con copia simple de la demanda de amparo que se le remite por esta vía adjunto al exhorto correspondiente; además, deberá requerirla para que dentro del términos de tres días contado a partir de que se le notifique este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerla, las subsecuentes aún las de carácter personal se le harán por medio de lista. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Así como con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese personalmente.

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