Felipa González Gómez

Expediente 746/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
746/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
28/07/2023

Partes del expediente

  • Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado y Municipios
  • Felipa González Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguense los oficios enviados electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual, acusa recibo del recurso de queja interpuesto por Adán Román Rodríguez, autorizado de la quejosa Felipa González Gómez, contra el auto de cuatro de julio del año en curso, e informa que se registró con el número ********************; de lo que se toma conocimiento. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito con evidencia criptográfica de ********************, autorizado de la quejosa ********************, mediante el cual interpone recurso de queja contra del auto dictado el cuatro de julio de dos mil veintitrés. Al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse sobre la presentación del recurso, ríndase el informe expresando que es cierto que este Juzgado Federal dictó el auto de cuatro de julio de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo. En ese tenor, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común respectiva la boleta de turno de dicho medio de impugnación y, una vez generada ésta, remítase a la Superioridad el oficio, boleta de turno y escrito de expresión de agravios de manera digitalizada. Asimismo, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado que conozca del medio de defensa hecho valer que, se pone a su disposición el expediente electrónico del presente sumario y que en caso de requerir cualquier constancia que no se encuentre disponible, previa solicitud, se remitirá a la brevedad posible, para lo cual, se proporciona el teléfono 55 53 87 05 00 extensión 1240. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; cuatro de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de la quejosa ********************, por medio del cual desahoga la prevención formulada en autos de dieciséis y veintisiete de junio del año en curso; por tanto, se procede a proveer lo conducente. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por la quejosa consiste en: La omisión de dar contestación al formato de aceptación de la pensión presentado el doce de abril de dos mil veintitrés, lo que se traduce en la omisión de pagarle la pensión que le fue otorgada mediante oficio ********************. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A.J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. En el presente asunto, el suscrito considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Tales preceptos establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridades que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales en el que el Estado Mexicano es parte; asimismo, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, se considera como "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de otras personas, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Ahora, en el caso que nos ocupa, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa señala como acto reclamado: la omisión de dar contestación al formato de aceptación de pensión presentado el doce de abril de dos mil veintitrés, esto es, la omisión de pagarle la pensión que le fue otorgada mediante oficio ********************. Primeramente, debe destacarse que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios (conforme a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios) que cumple con la función de prestar el servicio público de seguridad social a través del otorgamiento de servicios de salud, pensiones y créditos. Además, tiene reconocido un doble carácter: 1. como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas por los poderes públicos del estado y sus servidores públicos, caso en el que actúa como autoridad en una relación de supra a subordinación; y 2. como ente asegurador, en sustitución del patrón, caso en el cual, actúa en un plano de igualdad. Es este último supuesto el que interesa al caso concreto, pues la omisión reclamada está íntimamente relacionada con la actuación de las autoridades responsables en su carácter general de entes aseguradores, en sustitución de las obligaciones del patrón (poderes públicos del estado); esto es, en un plano de coordinación en relación con el servidor público o sus beneficiarios. Ahora, en relación con el tema de que se trata, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 341/2015, estableció que existen dos supuestos excepcionales de procedencia del juicio de amparo tratándose de actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de ente asegurador, los cuales son: 1. Cuando se busque obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados, aduciendo la inconstitucionalidad de la norma aplicada; como sucede, por ejemplo, en tratándose de la negativa de una pensión con base en un artículo de la Ley del Seguro Social cuya constitucionalidad se cuestiona. 2. Cuando se reclame al Instituto Mexicano del Seguro Social la violación al derecho de petición tutelado en el artículo 8° constitucional, para el único efecto de que de que el funcionario o empleado público emita una respuesta; en la inteligencia de que ésta no podrá ser materia de ampliación de la demanda de amparo, sino en el evento de controvertirse, debe hacerse en la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, ninguno de los dos supuestos de excepción se cubre en este asunto, toda vez que la parte quejosa no se duele de la inconstitucionalidad de alguna norma general en la que se haya sustentado una negativa de otorgarle alguna pensión; ni tampoco se advierte que se haya alegado una violación al derecho de petición de forma autónoma, pues lo que se pretende impugnar por esta vía, es que las autoridades responsables hagan efectivo el dictamen por el que se le otorgó una pensión (a través del pago que se le realice) y no que den respuesta a determinada solicitud. En ese contexto, no se está en ninguno de los supuestos excepcionales de procedencia del juicio de amparo señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en la finalidad de obtener la protección efectiva del derecho humano a la seguridad social, mediante la impugnación de la constitucionalidad de la norma legal aplicada por la responsable, ni se planteó la falta de contestación a su petición por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.) , que señala: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." No pasa desapercibido que la tesis transcrita se refiera al Instituto Mexicano del Seguro Social y no a las autoridades designadas como responsables (Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios), pues en el caso concreto ambas instituciones comparten las mismas características y funciones de ente asegurador, precisamente, porque a través de ellos se otorgan a los particulares diversas prestaciones de seguridad social, como son las pensiones. Por ello, se insiste, la relación jurídica que une al Instituto citado con sus asegurados y sus beneficiarios no es la de un órgano fiscal autónomo y, por ende, cuando actúa frente a ellos no lo hace con su potestad de autoridad, pues actúa en sustitución del patrón (poderes públicos) porque no está investido de imperio; esto es, en una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad. Al respecto, se invoca, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 134/2011 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País4 , de contenido: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." No se soslaya que la parte quejosa aduzca que el juicio de amparo es procedente al tratarse de una violación directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 8), al reclamar un derecho de petición; sin embargo, tal cuestión la hace depender de la omisión del pago que reclama de forma destacada, es decir, como se dijo, no se trata de una solicitud de manera autónoma, sino derivado de la determinación de pensión de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Cabe precisar, que el criterio adoptado en la presente determinación, no implica que se violen los derechos de la parte quejosa consistente en contar con un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los Juzgados o Tribunales competentes, o de acceso a la justicia, pues tal acceso a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es perfectamente compatible con los requisitos de procedencia dispuestos por el legislador, que deben cumplirse para justificar la acción del aparato jurisdiccional, pues se trata de los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas para que el juzgador este en aptitud de conocer la cuestión de fondo que se le plantea. Pues así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 90/2017(10a.), localizable en la página 213, Tomo I, Libro 48, Noviembre de 2017, de la Décima Época, consultable en la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN." Asimismo, no se inadvierte que la quejosa alegue que el acto combatido transgrede en su perjuicio el derecho a la dignidad humana y al mínimo vital; sin embargo, lo cierto es que los aspectos que inciden en una pensión necesariamente se encuentran ligados de manera indirecta a diversos derechos fundamentales. No obstante ello, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que procede el juicio contencioso administrativo contra la omisión, actualización y cálculo de incrementos a las pensiones concedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, siempre que exista una negativa expresa o ficta que haya dado respuesta a una petición previa del pensionado; esto es, sujetó al gobernado a cuestionar ante los tribunales ordinarios la omisión, actualización o cálculos relacionados con su pensión, motivo por el cual, se insiste, que el presente juicio de amparo resulta improcedente. Dicho criterio fue sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 84/2018 (10a.), de rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO. De los artículos 14, fracción VI, de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, 2o., 3o.,14, fracción II, y 15, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa) conocerá del juicio contencioso administrativo promovido contra las resoluciones definitivas dictadas en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De dichas normas se deduce que tratándose de la Impugnación de la actualización y cálculo de incrementos a una pensión se requiere de una resolución dictada por el Instituto referido, lo que presupone que el actor, antes de acudir al juicio contencioso administrativo federal, debió gestionar ante la autoridad administrativa que se le otorgaran dichos incrementos, a fin de que se pronunciara de manera expresa o ficta su negativa a acordar de manera favorable la instancia ante aquélla planteada, máxime que en las tesis aislada 2a. X/2003 y de jurisprudencia 2a./J. 80/2017 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para la procedencia del juicio contencioso administrativo se requiere que se haya emitido un acto administrativo de autoridad, una resolución definitiva o la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, para que sea susceptible de impugnarse ante el Tribunal mencionado." No resulta inadvertido que la tesis transcrita se refiera al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y no al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, pues en el caso concreto ambas instituciones comparten las mismas características y funciones de ente asegurador, precisamente porque a través de ellos se otorgan a los particulares diversas prestaciones de seguridad social, como son las pensiones. En sintonía con el criterio referido, se concluye que si bien las cuestiones que inciden en una pensión se encuentran enlazadas de manera indirecta a los derechos fundamentales de los gobernados, tal situación no los exime de acudir a los tribunales ordinarios a cuestionar aspectos relacionados con una resolución expresa o ficta que involucra su cuota pensionaria. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia analizada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Vista la comparecencia de la quejosa Felipa González..., en la que ratifica como suya la firma que calza el escrito registrado con el número 9147, por medio del cual pretende desahogar la prevención formulada en auto de dieciséis de junio del año en curso. No obstante, se considera que no se desahoga en sus términos las prevenciones formuladas en proveído de dieciséis de los corrientes; esto es, que no realiza bajo protesta de decir verdad, cual fue o fueron las solicitudes que formuló en el escrito de doce de abril del año en curso, y que refiere no le ha dado respuesta la autoridad señalada como responsable; asimismo, tampoco realiza la narración precisa, breve y sucinta de los antecedentes del acto que reclama, así como de todos aquellos acontecimientos ocurridos con antelación y posterioridad de dicho acto y que por su estrecha relación, resulten relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo. Pues prácticamente reitera lo ya manifestado en el capítulo respectivo de su escrito inicial de demanda de amparo. En adición a lo anterior, debe señalarse que la quejosa en su escrito aclaratorio refiere que de la documentación que adjuntó asume que la autoridad responsable no le ha dado respuesta a su solicitud; sin embargo, los documentos que exhibió son: copia simple del dictamen CP/87446/2023 de fecha diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, emitido por el Presidente del Comité de Pensiones; formato de aceptación de doce de abril del año en curso, del que se advierte que la aquí quejosa manifestó al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), su aceptación de pensión por fallecimiento otorgada mediante oficio CP/87446/2023; pero en ese documento no formula ninguna petición; copia simple de la credencial para votar; y, un estado de cuenta de la institución bancaria BBVA. Por lo tanto, deberá precisar con claridad cuáles fueron las peticiones que formuló a la autoridad responsable en el escrito que refiere presentó el doce de abril del año en curso, y que argumenta no le ha dado respuesta. Lo anterior deberá realizarlo en el término y bajo el apercibimiento decretado el dieciséis de junio del año en curso; por lo que, cuenta con cinco días a partir de la legal notificación del presente proveído, para desahogar dicha prevención, considerando que fue notificado vía electrónica el veinte de los corrientes, y al haber presentado su escrito de desahogo en esa fecha. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 39/2012 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 400, libro VIII, Mayo 2012, Tomo I, Décima Época, cuyo rubro dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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