Felipa Gloria Lara Gutiérrez y Otros.

Expediente 1906/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1906/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
11/03/2016

Partes del expediente

  • Felipa Gloria Lara Gutiérrez
  • Felipa Gloria Lara Gutiérrez y Otros.
  • Integrantes de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje
  • Vania Belen León Lara
  • Vianey Yomira León Lara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la nueva Ley de amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el proveído de once de febrero de la anualidad que transcurre, que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de garantías en que se actúa; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 81, inciso d) y 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto QUEDA FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, glósese únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y resguárdese el duplicado de éste, hasta en tanto transcurran seis meses a partir del proveído que se dicta y, fenecido dicho plazo, procédase a su destrucción, conforme a lo que establece el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009; y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, el juicio en que se actúa es susceptible de ser DESTRUIDO, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia. De otra parte, al no ser necesaria su retención, devuélvase al Magistrado Presidente de la Sala responsable el original del toca de apelación 60/2014, de su estadística y dos discos formatos DVD certificados, que anexó a su informe con justificación; debiendo DE INMEDIATO ACUSAR POR SU RECIBO, apercibido que de no hacerlo así, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la nueva Ley de Amparo. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio obran diversos documentos exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, en relación con el undécimo, del Acuerdo General Conjunto 01/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se ordena notificar a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca al local que ocupa este juzgado a recoger las constancias exhibidas, apercibido que de no hacerlo, en el momento procesal oportuno, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la nueva Ley de amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el proveído de dieciséis de febrero de la anualidad que transcurre, que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de garantías en que se actúa; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 81, inciso d) y 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto QUEDA FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, el juicio en que se actúa es susceptible de ser DESTRUIDO, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrese al sumario en que se actúa únicamente para que obre como corresponda, el oficio y anexo de cuenta, por medio del cual el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje; remite copia certificada relativa al expediente paraprocesal 25/2014 en 148 fojas; lo anterior, toda vez que mediante misiva ingresada en este juzgado federal el quince de febrero del año en curso, se recibieron dichas constancias, acordándose lo conducente. En consecuencia, al no ser necesaria su retención, devuélvase al oficiante dicho anexo; debiendo acusar por su recibo, apercibido que de no hacerlo así, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciséis de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el Estado de México, por el cual rinde su informe justificado, y al efecto remite copias certificadas del expediente laboral 25/2014; por tanto, con éste dése vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Conforme a lo que establecen los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida y admitida la documental que anexa la autoridad oficiante, las que se tiene por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Ahora, de las constancias allegadas por el Presidente de la Junta Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el Estado de México, se advierte que, el veinticinco de noviembre de dos mil quince, se dictó auto respecto a la promoción presentada el diez de noviembre de dos mil quince por la aquí quejosa, así como las constancias de notificación realizadas a las partes, correspondientes. Por tanto, se colige que de las constancias enviadas por la autoridad responsable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, la cual señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] Del análisis gramatical del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce de la garantía violada. De la interpretación que se realiza de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto [por revocación], se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica y patrimonial. El segundo supuesto [por sustitución], se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 fracción I y II de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues el acto de autoridad por el que se acudió a la presente instancia consiste en: "La omisión de pronunciar acuerdo alguno en relación a la promoción depositada en fecha diez de noviembre de dos mil quince, en donde se solicitó la aclaración de la resolución incidental de designación de beneficiarios y/o en su caso, la aclaración de la Resolución Incidental de designación de beneficiarios." En efecto, en el caso ha sobrevenido una cesación ante la determinación que la responsable emitió el veinticinco de noviembre de dos mil quince, auto consistente en la promoción presentada a la misma el diez del mismo mes y año, en expediente laboral 25/2014, adjuntando copia certificada de dichas actuaciones, la cual se notificó a las partes el veintisiete de noviembre del año pasado; es decir, aun cuando el acuerdo fue dictado con antelación a la interposición del juicio de amparo en que se actúa, su notificación se llevó a cabo con posterioridad a ésta. De lo expuesto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, como en éste caso fue la violación al artículo 17° Constitucional. Luego, el sobreseimiento es decretado sin que se lleve a cabo la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar con la tramitación del juicio, ya que sólo trastocaría el principio de celeridad establecido en el citado artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales circunstancias y encontrándose plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de garantías con apoyo en la fracción III, del artículo 63 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 24, cuyo rubro es del contenido siguiente. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para las once horas con diez minutos del veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles en aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintinueve de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, México, por medio del cual, informa la imposibilidad de dar cumplimiento al requerimiento efectuado en trece de enero de dos mil dieciséis, remitiendo para acreditar su dicho copia certificada del acuse del oficio 469/2016, de su índice; circunstancias de las cuales toma conocimiento este órgano jurisdiccional. Atento lo anterior, dígasele a la autoridad oficiante que en cuanto cuente con las constancias solicitadas a la superioridad, deberá remitir a este juzgado de distrito, copias certificadas de dichas constancias, lo anterior con apoyo en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de la Materia; en la inteligencia que queda subsistente el apercibimiento decretado en auto de veintisiete de noviembre de dos mil quince

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