Felipa Cortés Lara
Expediente 204/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 204/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/11/2018
Partes del expediente
- Felipa Cortés Lara
Actuaciones
- Principal
Se expide la copias solicitadas
- Principal
Causa estado auto de desechamiento. Se remite al archivo
- Principal
Desechamiento Esta juzgadora estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo, en virtud de que advierte de oficio que de manera manifiesta e indudable se actualiza la diversa causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción V, de la ley de la materia, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto que se tilda de inconstitucional no tiene una ejecución de imposible reparación. Para sustentar la anterior aseveración, es menester traer a colación el contenido de los preceptos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la normatividad de garantías, este último aplicado a contrario sensu, de cuyo contexto se obtiene que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que conlleva a desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la presente demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 113 de la Ley de Amparo. Sobre el tema, el Supremo Tribunal del País en la tesis de jurisprudencia 607, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, del rubro: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL"; así como la tesis jurisprudencial P./J. 24/92, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS"; ha establecido que, un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos humanos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos; y, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Lo anterior, aplicado al caso, conlleva a establecer que se actualiza la causal de inatacabilidad supraindicada, porque el acto reclamado se contrae a una violación procesal que podrá ser reparable en caso de obtener una sentencia favorable al resolverse el juicio plenario de posesión que dio origen al expediente 506/2018 o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener un fallo adverso) al combatirse la resolución que ponga fin al juicio de natural, conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo. En efecto, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que la ahora parte quejosa no obtenga una sentencia definitiva favorable, toda vez que la materia del acto reclamado versa en esencia, en la resolución del recurso de revocación que interpuso contra el auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por el Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con sede en Metepec, Estado de México, en el expediente 506/2018; mediante la cual determinó que son infundadas las inconformidades que hizo valer la aquí quejosa contra el auto en el que tuvo por aceptado y protestado el cargo conferido de la perito en materia de grafoscopía. Lo anterior es así, porque de acuerdo con el principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, éste sólo procede contra actos verificados durante la controversia cuando sean imposibles de reparar; esto es, en contra de aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por los derechos humanos consagrados en la propia Carta Magna o en tratados internacionales. En esa virtud, no existe ejecución irreparable, si las consecuencias de la posible infracción se extinguen sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado, y sin dejar huella en su esfera jurídica; por lo cual es evidente que no existe irreparabilidad cuando el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales, sin causar perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos, como propiedades, posesiones o derechos, al no implicar por sí mismo la obtención de una resolución desfavorable en la contienda judicial. Por tanto, la resolución que resuelve el recurso de revocación antepuesto en contra del auto por el que el juez responsable tuvo por aceptado y protestado el cargo de la perito en materia de grafoscopía, no es de imposible reparación, al no atentar, por sí mismo, contra ningún derecho sustantivo constitucional o convencional, máxime si se toma en consideración que todas las violaciones que pudieran surgir en el procedimiento ordinario civil en el que se ejerció la acción plenaria de posesión, son susceptibles de ser impugnadas en la vía de amparo directo, contra la última resolución dictada en la fase correspondiente, siendo la misma, aquella en la que en forma definitiva resuelva el juicio de origen, pudiendo ser reparada la infracción, y ello evidencia que dicho acto no transgrede algún derecho sustantivo constitucional o convencional. Por tanto, en virtud de que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es inconcuso que en el caso se actualiza la causal de improcedencia, contenida en el precepto 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el diverso precepto legal 107, fracción V, de la ley de la materia, esté último aplicado a contrario sensu. Para sustentar lo anterior, se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE". Por tanto, con sustento en los artículos 112, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo.
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