Felipa Cedillo Badillo
Expediente 1015/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1015/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Felipa Cedillo Badillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Así, este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El presente expediente es destruible, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Notifíquese, por oficio a las autoridades responsables, así como por lista electrónica a las demás partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; once de enero de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 1015/2022-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, ocho de noviembre de dos mil veintidós, turnado a este juzgado el mismo día, *******, promovió demanda de amparo en contra de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Segundo. Derechos fundamentales que la quejosa estimó vulnerados. La quejosa señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, una vez que se cumplió la prevención formulada el nueve de los mismos, se admitió a trámite la demanda, se solicitaron informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron como hora y fecha para la audiencia constitucional, misma que fue celebrada al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Cuarto. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. En el propio proveído de admisión, se ordenó notificar a la totalidad de las partes en este juicio, el oficio SEAD/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. De tal determinación, tuvieron conocimiento de la siguiente forma: la parte quejosa, el agente del Ministerio Público de la adscripción y la Junta responsable, el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós (fojas 20, 21 y 29, respectivamente) y el Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, el treinta de noviembre de dos mil veintidós (foja 26), sin que hayan efectuado manifestación alguna al respecto. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la quejosa reclamó lo siguiente, de las siguientes autoridades, a las que señaló como responsables: De la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad: La omisión de sustanciar el juicio laboral ******* en los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, al no gestionar eficazmente la obtención del informe ofrecido a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad: La omisión de atender el requerimiento inserto en el oficio ******* de veintinueve de junio de dos mil veintidós y emitir el informe ofrecido como prueba por la actora (aquí quejosa). Tercero. Inexistencia del acto reclamado. El Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado, a pesar de que le fue oportunamente instado como se desprende de las constancias respectivas (fojas 26 a 28); de manera de, acorde al artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, debería presumirse cierto el acto que le fue atribuido por la accionante del amparo. Empero, de las constancias que integran el juicio de origen, enviadas en copia certificada por la Junta responsable, no se deduce que en momento alguno ésta le haya hecho llegar el oficio ******* relativo al requerimiento que le formuló en auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós. Es así, aunque ordenó emitirlo, del juicio natural no obra acuse de recibo alguno que ponga de manifiesto que el mismo fue entregado a la dependencia requerida; y al ser precisamente la Junta responsable, la rectora del expediente laboral, le concernía advertir tal situación y ordenar eficazmente la entrega de ese oficio, sin que así lo haya hecho. Las constancias remitidas por la Junta responsable, adjuntas a su informe con justificación, poseen valor probatorio pleno, de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es el Secretario de Acuerdos de su adscripción. De modo que, al no haberse transmitido la comunicación ******* al Instituto de referencia y no haber sido enterado del requerimiento que se le formuló en auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, evidentemente, deviene inexistente el acto omisivo que le fue atribuido, al ser imposible para la autoridad en cita, contestarlo, por la simple razón de que desconoce su contenido. Razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Cuarto. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado por la quejosa a la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje (foja 30), con sede en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado, así lo aceptó. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Para corroborar lo anterior, dicha autoridad remitió copia certificada de las constancias que integran el juicio de origen, de las que se desprende: La existencia del juicio laboral *******; Que en auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós (foja 74), instó al Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, por primera vez, el informe ofrecido como prueba por la actora (aquí quejosa); sin que haya constancia alguna que ponga de manifiesto que el oficio respectivo haya sido entregado a dicha dependencia; Que en auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós (foja 79), requirió nuevamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, tal informe; sin que exista constancia alguna que evidencie la entrega del oficio relativo a tal dependencia, como ya se puso de manifiesto; Que en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, es decir, una vez que tuvo conocimiento de este juicio de amparo, instó nuevamente a tal instituto el informe en cita y en esta ocasión, sí se entregó el oficio relativo, como se desprende del sello tocante, visible a foja 84. Finalmente, la Junta responsable informó que en su auto de diez de enero de dos mil veintitrés, tuvo por recibido el informe que instó del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad; por lo que, al acotar que no había pruebas pendientes por desahogar, concedió un periodo de dos días a las partes para formular alegatos. Las constancias remitidas por la Junta responsable adjuntas a su informe justificado, ya valoradas, gozan de valor probatorio pleno, por las razones esgrimidas en el considerando que antecede. De igual modo, la documental que remitió dicha autoridad adjunta al oficio que se recibió en la audiencia constitucional, también tiene valor probatorio pleno en término de los numerales ya invocados, pues consta de firmas autógrafas de la autoridad emisora. De modo que, se tiene por cierto el acto reclamado a la Junta señalada como responsable. Quinto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se estima la actualización, de forma manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, en que se establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.) De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, este juicio de amparo, la quejosa se dolió, de la Junta responsable, de la omisión de sustanciar el juicio laboral ******* en los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, al no gestionar eficazmente la obtención del informe ofrecido a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Empero, como se desprende de la constancia con firmas autógrafas que la Junta responsable hizo llegar en esta fecha y que se tuvo por recibida en la audiencia constitucional celebrada en este asunto, la Junta responsable informó que en su auto de diez de enero de dos mil veintitrés, tuvo por recibido el informe que instó del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad; por lo que, al acotar que no había pruebas pendientes por desahogar, concedió un periodo de dos días a las partes para formular alegatos. Así, se estima que las cosas han vuelto al estado que guardaban antes de la violación constitucional alegada por la quejosa, tal como si se le hubiese otorgado el amparo instado, pues la Junta responsable obtuvo el informe que requirió del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad. Por lo tanto, como se anunció, durante la tramitación de este juicio de amparo, cesó el acto omisivo reclamado y es pertinente sobreseer este juicio, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de la legislación de la materia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Así como la diversa tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, respecto de los actos precisados en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia, por los motivos ahí esgrimidos. Notifíquese; mediante oficio a las responsables y por lista electrónica a las demás partes. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que para el día de hoy se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional. No obstante, existe imposibilidad jurídica para llevarla a cabo, toda vez que se encuentra en curso el término de quince días con que cuenta la autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social a través del Departamento de Servicio Jurídico para rendir su informe con justificación, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Además, no ha surtido sus efectos la notificación realizada a la parte quejosa relativa al auto en que se recibió el informe justificado rendido por la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; de modo que no median, al día de hoy, los ocho días que exige el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Por lo que, a efecto de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del once de enero de dos mil veintitrés. Finalmente, notifíquese este proveído por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.JAIP
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.JAIP
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