Felina Ríos Rasgado
Expediente 220/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 220/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Felina Ríos Rasgado
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el oficio 1482/2021, correspondiente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual, en lo que interesa, acusa recibo del diverso con el que se le remitió el cuaderno original del juicio de amparo 220/2021, del índice de este juzgado, promovido por *******, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintidós, con residencia en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; asimismo, informa que el referido Tribunal aceptó la competencia declinada y se avocó a su conocimiento del asunto, radicándolo bajo el número de expediente de amparo directo 66/2021, de su índice. Ahora bien, con fundamento en los artículo 214 de la Ley de Amparo, y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Con apoyo en el artículo el diverso numeral 21, inciso j) de, del Acuerdo en cita, se considera que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que en el presente asunto este juzgado declaró la incompetencia para conocerlo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del Acuerdo General en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, de conformidad con los preceptos 6, fracción II, 21 y 24 del citado Acuerdo General, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, procédase a la destrucción de este juicio de amparo, para posteriormente remitirse el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como previa generación de los documentos que establece el artículo 22 del referido Acuerdo General de mérito, a efecto de tener plena identificación del expediente. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de marzo de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto, con anexos, promovida por ******, quienes se ostentan como apoderados de la ejidataria Felina Ríos Rasgado, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintidós, con residencia en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, cuyo acto reclamado se hace consistir, en esencia en el acuerdo de doce de febrero del año en curso, mediante el cual se acordó la caducidad de la instancia y pone fin al juicio agrario 3433/2019, de su índice. En consecuencia, regístrese en el libro de Gobierno bajo el número 220/2021-A, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso. En principio, resulta conveniente establecer que la competencia es una cuestión de orden público, que previamente debe analizarse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte resolución que ponga fin a la instancia. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 67, Tomo 193-198 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro: "COMPETENCIA, INSTITUCIÓN DE ORDEN PÚBLICO. ACEPTADA POR UNA AUTORIDAD, NADA IMPIDE QUE PUEDA CUESTIONARSE DESPUÉS." En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional considera que carece de competencia legal por razón del acto que en ésta vía se reclama. Ello, con apoyo en los numerales 34, 47 y 170 fracción I, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; [.]". (Lo resaltado es propio). De los artículos trascritos, se obtiene que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, y que procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento; que por resoluciones que pongan fin al juicio, se entenderá las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. De igual manera, que cuando se presente una demanda de amparo ante un Juez de Distrito en la que se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo, se declarará que carece de competencia y de inmediato remitirá la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora, en el caso en estudio, el acto reclamado en esencia se hace consistir en la el acuerdo de doce de febrero del año en curso, mediante el cual se acordó la caducidad de la instancia y pone fin al juicio, dictado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintidós, con residencia en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en el expediente 3433/2019, de su índice. Luego, salvo mejor consideración, se estima que la resolución que pretende combatir la parte quejosa, consistente en una resolución que sin decidir en lo principal, pone fin al procedimiento, esto es, lo da por concluido, dictada por el Tribunal responsable, en la cual decretó la caducidad de la instancia por inactividad procesal y el archivo de dicho expediente como asunto total y definitivamente concluido. Lo anterior es así, pues de acuerdo con lo previsto en los artículos 170, 176, 178 y 179 de la Ley de Amparo, los Tribunales Colegiados son competentes para conocer del juicio de amparo directo, cuando el acto reclamado lo constituya una sentencia definitiva, un laudo o una resolución que ponga fin al juicio, aún sin decirlo en lo principal, dictado por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario, por el que puedan ser modificados o revocados. En consecuencia, se considera que resulta legalmente competente para conocer del presente juicio amparo, un Tribunal Colegiado de Circuito en vía directa. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 139/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo XVI, Diciembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como el criterio Tesis: XXIII.3o.5 A, sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, visible en la página 1257, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO Y NO MEDIANTE EL RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. La procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 198 de la Ley Agraria, cuyo conocimiento compete al Tribunal Superior Agrario, es de naturaleza restrictiva, pues únicamente puede interponerse respecto de las hipótesis específicas que se detallan en el citado precepto legal. Ahora bien, en el caso de la fracción II del mencionado numeral, que prevé la procedencia del aludido recurso contra la sentencia de los tribunales agrarios que resuelvan en primera instancia sobre la tramitación de un juicio agrario en que se reclame la restitución de tierras ejidales, supone, en principio, que mediante la señalada resolución se alteró, modificó o extinguió un derecho. De lo anterior se sigue que el recurso de revisión de que se trata, conforme al precepto y fracción citados, sólo es procedente precisamente contra la sentencia que dirime el fondo de la controversia planteada en un juicio agrario en el que se reclama por uno o varios miembros de un núcleo de población, en el ejercicio de derechos colectivos, la restitución de tierras ejidales, y no contra cualquier auto o resolución que, sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido, ya que el citado recurso se previó como excepcional, por la especial trascendencia de la cuestión que se resolvería en el fallo correspondiente. Por tanto, si en el juicio agrario que se tramita sobre restitución de tierras ejidales se dicta auto mediante el cual la autoridad responsable declaró la caducidad de la instancia por inactividad procesal, dado que tal resolución da por concluido el juicio agrario, en su contra procede el juicio de amparo directo, en términos de los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 158 de la Ley de Amparo, y no el recurso de revisión que prevé el artículo 198, fracción II, de la Ley Agraria, toda vez que a través de la declaración relativa a la caducidad de la instancia no se altera, modifica o extingue un derecho". De igual manera, orienta a lo anterior, la tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito consultable en la página 466, tomo IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, de rubro: "RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. SU SIGNIFICADO CONFORME A LAS REFORMAS DE LA LEY DE AMPARO." Asimismo, orienta a la anterior determinación, por sus consideraciones esenciales, la jurisprudencia 97/2017, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE DESECHA O NO ADMITE UNA DEMANDA O POR LA QUE SE NIEGA A CONOCERLA Y LA DEVUELVE AL ACTOR, POR ESTIMAR QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, SIN DECLINARLA EN FAVOR DE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora bien, para que se actualice este supuesto, en relación con la resolución por la que el a quo no admite o se niega a conocer de una demanda, por estimar que carece de competencia legal para ello, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano, ya que este supuesto produce los mismos efectos que la excepción de incompetencia por declinatoria, pues quedará supeditada a que el juez declinado acepte o rechace la competencia declinada, cuya decisión (con la que adquiere carácter de definitiva) será determinante para combatir la resolución de aceptación de la declinación de competencia, a través del amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Sin embargo, la resolución del juez que desecha o no admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido; de ahí que contra dicha decisión proceda el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad." De igual forma, orienta a la anterior determinación, la tesis XXVII.7 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1107, Tomo XVIII, Octubre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO Y PARA QUE SE SURTA LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO LA INEXISTENCIA DE RECURSO ORDINARIO ALGUNO POR EL QUE PUEDAN SER MODIFICADAS O REVOCADAS." En consecuencia, este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Adriel Guzmán Ríos y Aselia Guzmán Ríos, quienes se ostentan como apoderados de la ejidataria Felina Ríos Rasgado, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintidós, con residencia en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Dicho lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente juicio, así como las copias de la demanda de amparo, con anexos, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, para el efecto legal a que haya lugar. Se solicita atentamente el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones conducentes en los libros de gobierno y en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; o en su caso, que proporcionen un número de teléfono o correo electrónico, por medio del cual, de ser necesario, este órgano jurisdiccional pueda tener establecer comunicación con las pa´rtes, de conformidad con el referido Acuerdo General, dadas las medidas de contingencia. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios, para que el Actuario Judicial adscrito, logre llevarlas a cabo. Domicilio y autorizados. Ahora, toda vez que la parte promovente señala los estrados de este Juzgado, para oír y recibir notificaciones, el cual no es propiamente un domicilio procesal, con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales se les practicarán por lista de acuerdos. Como lo solicita, se tienen como autorizados de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones a las personas que nombra en su escrito inicial de demanda. Ley federal de transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Se autoriza al Secretario y/o Actuario para que firme los oficios correspondientes. Notifíquese por estrados a la parte promovente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 8,475 expedientes
- Federico Uriarte Cosme732/2021
- Feliciano Antonio Bueno427/2021
- Feliciano Parra Santiago26/2016
- Felicitas González Martínez423/2019
- Felicitas Vázquez Ravelo1130/2021
- Felicito García Juárez322/2018
- Felipa Altamirano Cortes1190/2021
- Felipa Elvira Camaño Rojas934/2021
- Felipa Elvira Camaño Rojas1220/2021
- Felipa Graciela Crespo Hernández838/2016
- Felipa Soledad Villavicencio Martínez444/2017
- Felipe Cholula Luengas874/2021